La disputa entre Estados Unidos y la Corte Penal Internacional (CPI) entró en una nueva fase: cuatro organizaciones estadounidenses de derechos humanos llevaron a la administración de Donald Trump ante un tribunal federal por las sanciones impuestas contra funcionarios y colaboradores del organismo. La acusación apunta a una preocupación que trasciende la política exterior: el posible debilitamiento de los mecanismos internacionales creados para investigar crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El caso coloca nuevamente en el centro el debate sobre hasta dónde puede llegar un gobierno cuando busca impedir que una institución internacional investigue delitos graves. De acuerdo con The Guardian, para las organizaciones demandantes, las medidas estadounidenses no solo afectan a jueces y fiscales de la CPI, sino también a abogados, defensores y grupos de la sociedad civil que colaboran con las víctimas. En otras palabras, sostienen que el costo de las sanciones puede terminar recayendo precisamente sobre quienes buscan justicia.
Derechos humanos contra Trump: una batalla que llega a los tribunales
El Comité de Servicio de los Amigos Estadounidenses, el Centro de Derechos Constitucionales, Human Rights Watch y el Instituto de la Sociedad Abierta presentaron la demanda ante un tribunal federal. Los grupos argumentan que las sanciones y las acciones emprendidas contra personas y organizaciones vinculadas con la CPI constituyen un ataque ilegal contra la justicia internacional y limitan su capacidad para investigar violaciones graves.
El origen inmediato de la disputa está en una orden ejecutiva firmada por Trump en febrero de 2025, mediante la cual se autorizaron sanciones contra funcionarios, jueces y otras personas relacionadas con el trabajo de la CPI. La medida se produjo después de que el tribunal emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes cometidos en Gaza.
La confrontación, sin embargo, tiene antecedentes más amplios. Estados Unidos no forma parte de la CPI y durante años ha cuestionado su jurisdicción y sus investigaciones. Bajo la actual administración, esa oposición se intensificó hasta convertirse en una estrategia que, según los demandantes, busca obstaculizar directamente el funcionamiento del tribunal.
¿Qué está en juego para los defensores de derechos humanos?
Las consecuencias de las sanciones no se limitan a una disputa diplomática. Las personas castigadas por Estados Unidos han enfrentado restricciones de viaje, congelamiento o cierre de cuentas bancarias y dificultades para acceder a servicios digitales. El peso global de las instituciones financieras y tecnológicas estadounidenses puede hacer que esas medidas tengan efectos incluso fuera del territorio estadounidense.
Para los grupos demandantes, el problema adquiere otra dimensión cuando las sanciones afectan indirectamente a organizaciones que no fueron designadas como objetivo. Los cuatro demandantes sostienen que las restricciones han dificultado representar a víctimas ante la CPI, presentar argumentos legales y políticos, investigar casos y colaborar con organizaciones palestinas sancionadas.
La preocupación también alcanza a los abogados. Katherine Gallagher, del Centro de Derechos Constitucionales, señaló que el riesgo de enfrentar sanciones civiles o penales la llevó a dejar de ejercer activamente ante la CPI. El caso plantea así una pregunta incómoda: ¿puede un gobierno determinar qué víctimas pueden ser representadas, qué casos pueden investigarse y ante qué tribunal puede buscarse justicia?
Una sanción puede detener mucho más que una cuenta bancaria
El impacto sobre Al Haq, una organización palestina de derechos humanos sancionada por la administración Trump, ilustra la dimensión social del conflicto. Su director, Shawan Jabarin, explicó que las restricciones llegaron a impedir el acceso a cuentas bancarias y el procesamiento de donaciones, dejando a alrededor de 45 personas sin salario.
Pero el efecto más profundo, según Jabarin, fue menos visible. Organizaciones y aliados estadounidenses que habían colaborado durante años con Al Haq comenzaron a cortar comunicaciones para evitar exponerse a posibles sanciones. El resultado fue un clima de temor que, más allá de los recursos financieros, afectó redes de investigación, defensa y cooperación.
Ese fenómeno revela una de las principales preocupaciones de la demanda: que el régimen de sanciones produzca un efecto disuasorio mucho mayor que el de las personas oficialmente castigadas. Si abogados, organizaciones, investigadores y donantes dejan de colaborar por temor a consecuencias legales, la capacidad de las víctimas para acceder a mecanismos de justicia también se reduce.
Derechos humanos contra Trump: el pulso por la independencia judicial
La ofensiva estadounidense contra la CPI tampoco se ha limitado a las sanciones. A principios del verano, el secretario de Estado Marco Rubio anunció una campaña para presionar a los países miembros con el objetivo de que abandonen el tribunal y contribuir a su desmantelamiento. Para las organizaciones demandantes, estas acciones forman parte de un mismo esfuerzo para debilitar una institución encargada de investigar crímenes internacionales.
James Goldston, director ejecutivo de Open Society Justice Initiative, calificó las medidas como un ataque al Estado de derecho, a jueces y fiscales independientes y a la sociedad civil. Desde esta perspectiva, el conflicto no se reduce a la relación entre Washington y La Haya: también involucra las condiciones necesarias para que defensores y organizaciones puedan trabajar sin temor a represalias políticas.
La demanda sostiene que las medidas podrían vulnerar las garantías constitucionales estadounidenses relacionadas con la libertad de expresión y asociación, además de entrar en tensión con obligaciones derivadas del derecho internacional. La disputa jurídica, por tanto, podría convertirse en un precedente relevante sobre los límites del poder ejecutivo frente a organizaciones que participan en mecanismos internacionales de rendición de cuentas.
Un litigio que se suma a una ofensiva más amplia
El nuevo caso no ocurre de manera aislada. En julio, Democracy in the Arab World Now (Dawn) y Taxpayer Alliance Against Genocide presentaron otra demanda relacionada con las sanciones. A estas acciones se agregan impugnaciones promovidas por algunas de las personas directamente sancionadas, entre ellas familiares de Francesca Albanese y tres jueces en ejercicio de la CPI.
La acumulación de litigios muestra que las medidas estadounidenses están generando una respuesta legal desde distintos frentes. Para las organizaciones de derechos humanos, el objetivo no es únicamente revertir sanciones individuales, sino cuestionar un sistema que, a su juicio, puede castigar a quienes colaboran con investigaciones sobre crímenes internacionales.
En el fondo aparece una discusión central para la responsabilidad social y la defensa de los derechos humanos: qué ocurre cuando las instituciones encargadas de exigir rendición de cuentas también se convierten en blanco de presiones políticas. Para los demandantes, permitir que el temor a sanciones determine quién puede investigar, representar o acompañar a las víctimas significaría erosionar uno de los principios básicos de la justicia: que la ley debe aplicarse sin favoritismos.
La demanda contra la administración Trump coloca a la CPI en el centro de una batalla que va mucho más allá de Palestina. Sudán, Ucrania, Afganistán y otros escenarios donde existen investigaciones por crímenes internacionales dependen, en distinta medida, de que los mecanismos de justicia puedan operar con independencia. Si quienes participan en esos procesos enfrentan sanciones por hacerlo, el riesgo es que la impunidad deje de ser una consecuencia involuntaria y se convierta en un efecto estructural.
Los derechos humanos contra Trump encuentran ahora un nuevo escenario en los tribunales estadounidenses, donde deberá discutirse si el poder de sancionar puede utilizarse para limitar la libertad de abogados, organizaciones y defensores que buscan justicia internacional. La resolución será relevante no solo para las partes involucradas, sino para la sociedad civil global: porque la independencia de la justicia también se mide por la capacidad de quienes la defienden para hacerlo sin miedo.
