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Acusan a funcionaria del IMSS por discriminación sexual

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El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) recibió la queja contra Lorena Fregoso, servidora pública de la Unidad Médica Familiar 46 del IMSS, de Ciudad Juárez, Chihuahua, por presuntamente sacar con violencia al derechohabiente transgénero, Jorge Luis Meraz, mejor conocido como «Lupita».

Meraz explicó que el pasado 4 de julio, como lo hizo del conocimiento en el documento dirigido a Ricardo Bucio Mujía, presidente de Conapred, acudió a su cita en dicha unidad familiar –ubicada en Avenida Henry Dunant 610, Pronaf, delegación de Chihuahua- donde Fregoso la sacó con un guardia de seguridad de manera «prepotente y grosera».

«De forma violenta, discriminatoria y prepotente me dijo ¿Qué te haces?, ya tienes antecedentes de ser una persona problemática aparte estás boletinada en la UMF y en todo el IMSS. Yo no sé qué seas, ¿eres hombre o mujer? ¡mejor defínete!, ¡para la sociedad solo eres una basura, gusano, un fenómeno! Aparte «sidoso» y las agresiones verbales se extendieron, hasta que el guardia me sacó a empujones».

Luis Adrián Quiroz Castillo, vocal de Conasida y coordinador General de Derechohabientes viviendo con VIH/SIDA del Instituto Mexicano del Seguro Social (DVVIMSS) explicó que en la carta dirigida a la Conapred se establece que la servidora pública violó el artículo 1 Constitucional al dar un trato discriminatorio por su orientación sexual al derechohabiente.

«Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas».

Quiroz Castillo explicó que la «licenciada Lorena Fregoso incumple con el deber del Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de la población según el artículo 1 Constitucional: Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

«En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley».

Por tal motivo se solicitó que se tomen medidas cautelares para que «Lupita pueda acudir a sus consultas y se le garantice la atención de calidad y calidez y no se le discrimine más».

Fuente: Zócalo Saltillo

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