Más de 130 empresas e instituciones financieras, entre ellas Nestlé, Unilever y Danone, pidieron a los gobiernos reformar los incentivos públicos que favorecen el agotamiento de los recursos naturales. En una carta abierta publicada el 6 de octubre, la coalición señaló que al menos 2.6 billones de dólares anuales de gasto público están vinculados con apoyos que dañan la naturaleza, una cifra equivalente a cerca del 2.5% del producto interno bruto (PIB) mundial.
De acuerdo con ESG news, la petición busca acelerar la acción gubernamental antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (COP17), que comenzará el 19 de octubre en Ereván, Armenia. Las empresas solicitan establecer procesos nacionales interministeriales en los próximos 12 meses y elaborar planes de reforma junto con el sector privado, las instituciones financieras, los productores, la sociedad civil, las comunidades locales y los pueblos indígenas. El objetivo es reorientar el gasto público sin ignorar sus consecuencias económicas y sociales.
Subsidios perjudiciales: el costo económico de financiar actividades que dañan la naturaleza
La carta, impulsada por Business for Nature y la Fundación Finance for Biodiversity, estima que al menos 2.6 billones de dólares anuales se destinan a incentivos públicos que perjudican al medio ambiente. Según los firmantes, estos mecanismos distorsionan las señales del mercado, ocultan riesgos ambientales en los precios de los activos y generan condiciones desiguales para las empresas.
El problema también alcanza a las compañías que invierten en cadenas de suministro resilientes. Cuando los incentivos favorecen actividades que degradan los ecosistemas, las organizaciones que incorporan criterios ambientales pueden enfrentar costos superiores frente a competidores que no realizan inversiones similares. Esta diferencia puede dificultar que las prácticas empresariales responsables compitan en igualdad de condiciones.
Por ello, la coalición sostiene que no necesariamente se requiere dinero público adicional, sino revisar cómo se distribuyen los recursos existentes. La propuesta consiste en modificar los criterios presupuestarios de manera gradual, con la participación de los productores y medidas para proteger los medios de subsistencia. El desafío será identificar qué incentivos deben reformarse y cómo evitar que los cambios generen consecuencias sociales adversas.
Los gobiernos incumplen el plazo para identificar incentivos que dañan la biodiversidad
La petición empresarial se relaciona con el Objetivo 18 del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, mediante el cual 196 países acordaron identificar los incentivos perjudiciales para 2025 y reducirlos en al menos 500 mil millones de dólares anuales para 2030. Sin embargo, según Business for Nature, solo el 5% de los países ha establecido objetivos nacionales integrales.
Este retraso sitúa a la COP17 en un momento decisivo para evaluar los avances. La conferencia revisará el progreso de los países en la implementación del marco mundial, mientras que el primer plazo para identificar estos incentivos ya venció. Para Hans Stegeman, economista jefe de Triodos Bank, cada año de demora desvía el dinero en la dirección equivocada. El especialista también ha cuestionado la continuidad del apoyo público a los combustibles fósiles.
La reforma es relevante para los mercados financieros porque las decisiones gubernamentales influyen en la dirección del capital. Anita de Horde, cofundadora y directora ejecutiva de la Fundación Finance for Biodiversity, advirtió que las instituciones financieras no pueden alinear sus carteras con la naturaleza mientras los incentivos públicos atraigan las inversiones en sentido contrario. En consecuencia, revisar el gasto gubernamental también implica reducir las contradicciones entre las políticas económicas y los compromisos internacionales de biodiversidad.
Nestlé, Unilever y otras empresas explican su dependencia de los recursos naturales
La coalición reúne organizaciones de los sectores de alimentos, bienes de consumo, comercio minorista, energía y servicios financieros. Entre los firmantes se encuentran Nestlé, Unilever, Danone, H&M Group, Aldi Süd, Mahindra Group, Ørsted, Vattenfall, Legal & General, Rabobank, BNP Paribas Asset Management y Storebrand Asset Management.
Algunas compañías explicaron por qué la conservación de la naturaleza es relevante para sus operaciones. L’Occitane en Provence señaló que aproximadamente el 90% de sus materias primas contiene al menos un ingrediente de origen vegetal. Danone destacó las presiones económicas y ambientales que enfrentan los agricultores, mientras que Vattenfall subrayó la importancia de contar con condiciones predecibles para inversiones en activos de larga vida útil.
No obstante, la composición de la lista también muestra los límites de la iniciativa. La representación se concentra principalmente en Europa, con una participación menor de Japón, Taiwán, India y Brasil. Además, ninguna empresa con sede en Estados Unidos figura entre los 44 firmantes principales, aunque Federated Hermes Limited, con sede en Londres, pertenece a una matriz estadounidense. Tampoco aparecen grandes petroleras, compañías gasísticas, comerciantes de productos agrícolas ni mineras, sectores especialmente expuestos a posibles cambios en los incentivos públicos.
¿Qué compromisos asumen las empresas y cómo se medirá su cumplimiento?
La carta de 2026 concentra su demanda en una sola petición: que los gobiernos desarrollen planes de reforma de los incentivos públicos. La declaración impulsada por Business for Nature antes de la COP16 de 2024 reunió a 132 firmantes, con ingresos combinados estimados en 1.1 billones de dólares, y abordó cinco grandes áreas de política pública. La nueva iniciativa amplía la presencia del sector financiero, medida por los activos bajo gestión, y apuesta por una solicitud más específica.
A cambio, las empresas firmantes se comprometen a evaluar y divulgar sus dependencias e impactos ambientales, integrar la seguridad de los recursos naturales en sus estrategias y proporcionar información práctica a los gobiernos para diseñar las reformas. Sin embargo, estos compromisos no son nuevos ni vinculantes, por lo que su alcance dependerá de la transparencia con que se implementen y de los avances que puedan demostrarse.
La inversión privada también forma parte de la discusión. Emma Toovey, directora de Medio Ambiente de Environment Bank, afirmó que ya existen herramientas para aumentar el financiamiento privado destinado a la naturaleza y citó el régimen de Ganancia Neta de Biodiversidad de Inglaterra. La organización sostiene que ha destinado 240 millones de libras esterlinas a una red nacional de bancos de hábitats. Estos mecanismos pueden complementar la reforma fiscal, pero no sustituyen la revisión de los incentivos que mantienen los gobiernos.
La COP17 pondrá a prueba la reforma de los incentivos públicos
La petición de más de 130 empresas e instituciones financieras plantea una cuestión central para la agenda de biodiversidad: ¿cómo pueden los gobiernos cumplir sus objetivos ambientales si sus presupuestos siguen favoreciendo actividades que deterioran los ecosistemas? La respuesta dependerá de que las autoridades conviertan sus compromisos internacionales en procesos de reforma con responsabilidades definidas, participación de distintos sectores y medidas que consideren las consecuencias económicas y sociales.
Para las empresas y los inversionistas, tres señales serán especialmente relevantes: si los resultados de la COP17 incluyen mecanismos de seguimiento para el Objetivo 18, si los gobiernos establecen procesos interministeriales dentro del plazo de 12 meses y si las compañías traducen sus compromisos ambientales en información verificable sobre sus dependencias y riesgos. Más allá de la declaración, el avance se medirá por la capacidad de cambiar el destino de los recursos públicos y acercar las decisiones económicas a los objetivos de conservación de la biodiversidad.
