En el marco del Día Mundial de la Justicia Social, una fecha que invita a reflexionar sobre la equidad, la inclusión y el acceso justo a oportunidades, FUNDACIÓN ADO comparte su visión sobre el papel que juegan las alianzas, el liderazgo comunitario y la movilidad como habilitadores de desarrollo social sostenible.
Para la Fundación, la justicia social no se limita a reducir brechas de manera inmediata, sino a construir capacidades locales, fortalecer liderazgos comunitarios y generar condiciones para que las personas y sus comunidades impulsen su propio desarrollo con autonomía, identidad y arraigo territorial.
En este contexto, el Día Mundial de la Justicia Social 2026, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas, se conmemora bajo el lema “Empoderar la inclusión y cerrar brechas para la justicia social”, un llamado global que pone en el centro prioridades como la reducción de la pobreza, la igualdad de género, el empleo decente y el acceso a sistemas de protección social como bases del desarrollo sostenible.
En México, este desafío también se refleja en indicadores como el coeficiente de Gini, una medida que permite observar el nivel de desigualdad en la distribución del ingreso —donde valores más cercanos a cero indican mayor igualdad—. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, este indicador se ubicó en 0.391, una mejora frente al 0.402 registrado en 2022; sin embargo, persisten brechas territoriales y sociales profundas, particularmente en comunidades donde el acceso a oportunidades, servicios y participación continúa siendo desigual. Este panorama refuerza la importancia de impulsar modelos de acción social con enfoque local y visión de largo plazo.
Bajo este enfoque, el fortalecimiento de mujeres líderes comunitarias se ha consolidado como un eje estratégico para FUNDACIÓN ADO, reconociendo su papel como agentes de transformación en sus territorios. A través de procesos de formación y acompañamiento, se impulsa su participación activa en la toma de decisiones locales, el desarrollo de proyectos comunitarios y la construcción de entornos más equitativos e inclusivos.
Esta visión se materializa en iniciativas como Espacio Nuuch, un modelo de intervención comunitaria que promueve el desarrollo integral a partir de la identidad comunitaria, el trabajo colectivo y el aprovechamiento de las capacidades locales. Más que un espacio físico, Nuuch funciona como un punto de encuentro para fortalecer el tejido social y generar oportunidades con impacto duradero.
La acción social de FUNDACIÓN ADO se articula de manera transversal con el ecosistema de MOBILITY ADO, donde cada viaje contribuye al impulso de proyectos sociales y comunitarios, integrando la responsabilidad social como parte del modelo operativo y del compromiso cotidiano con las comunidades donde opera.
“La justicia social se construye cuando las soluciones nacen desde el territorio y se sostienen en el tiempo. En FUNDACIÓN ADO creemos en acompañar procesos, fortalecer liderazgos y generar alianzas que permitan a las comunidades avanzar con sus propias herramientas”, señaló Andrés Pérez Peña, gerente de FUNDACIÓN ADO.En el Día Mundial de la Justicia Social, FUNDACIÓN ADO refrenda su convicción de que el desarrollo sostenible se logra cuando la acción social se convierte en una práctica permanente, alineada al contexto local y orientada a generar impacto real y duradero.
En línea con las políticas públicas ambientales impulsadas en la capital del país, el Mega Reciclatrón UNAM 2026 se consolidó como una de las iniciativas más relevantes para la gestión responsable de residuos eléctricos, electrónicos y pilas. Organizado en coordinación con autoridades ambientales y la Universidad Nacional Autónoma de México, este esfuerzo busca fomentar la economía circular y reducir el impacto ambiental de desechos altamente contaminantes.
Durante las jornadas realizadas los días 29, 30 y 31 de enero de 2026, la respuesta ciudadana superó las expectativas: más de 5,800 personas participaron activamente y se logró la recolección de 86 toneladas de residuos, entre aparatos electrónicos, eléctricos y pilas. Estas cifras posicionan al Mega Reciclatrón como un referente de participación social y corresponsabilidad ambiental en la Ciudad de México.
En este contexto, Grupo IMU tuvo una participación activa a través de su programa IMU Recicla, iniciativa enfocada en el acopio, manejo y disposición adecuada de pilas. La intervención del programa permitió fortalecer la logística del evento y asegurar que estos residuos —que contienen metales pesados de alto riesgo— fueran tratados conforme a procesos ambientales certificados, evitando su filtración en suelos y cuerpos de agua.
La presencia de IMU Recicla en el Mega Reciclatrón UNAM 2026 subraya la importancia de la colaboración entre iniciativa privada, academia y gobierno para atender retos ambientales de gran escala. Asimismo, reafirma el compromiso de Grupo IMU con la sustentabilidad urbana y con la construcción de soluciones de largo plazo que promuevan una cultura de reciclaje responsable entre la ciudadanía.
Con resultados tangibles y una alta convocatoria social, el Mega Reciclatrón UNAM 2026 se perfila como un modelo de acción colectiva en favor del medio ambiente, donde programas como IMU Recicla juegan un papel clave para transformar la gestión de residuos en México.
Durante años, el discurso de la sostenibilidad ha colocado al turista consciente como un actor clave en la transición hacia economías más responsables. Sin embargo, un estudio reciente de la Universidad de Queensland introduce una paradoja incómoda: quienes en su vida cotidiana mantienen hábitos ambientales sólidos, al viajar tienden a relajarlos. No se trata de desconocimiento ni de falta de valores, sino de un fenómeno psicológico que transforma temporalmente la forma en que las personas se perciben a sí mismas. Esta evidencia obliga a repensar las estrategias de sostenibilidad en el turismo desde la raíz conductual, no sólo desde la infraestructura o la regulación.
La investigación revela que el viajero no abandona sus principios, sino que entra en un “modo mental” distinto. Este hallazgo desplaza el debate desde la moralidad individual hacia el diseño de experiencias, políticas y mensajes. Si el turismo activa una identidad menos responsable, entonces la sostenibilidad en el turismo no puede depender únicamente de la buena voluntad del visitante. Debe diseñarse como un sistema que anticipe, contenga y reoriente ese cambio conductual inevitable.
La identidad vacacional: cuando el viaje suspende la responsabilidad
El estudio identifica un concepto clave: la “identidad de lugar de vacaciones”. Según la investigadora Dorine von Briel, este estado psicológico emerge cuando las personas se desplazan —o incluso cuando se imaginan— en un entorno vacacional. A diferencia de la identidad de origen, asociada con rutinas, normas y responsabilidad cotidiana, la identidad vacacional se vincula con libertad, indulgencia y desconexión. Es, en términos pedagógicos, un “paréntesis moral percibido”.
Los investigadores realizaron tres estudios independientes y hallaron un patrón consistente: los participantes se autoevaluaban como menos responsables ambientalmente al situarse mentalmente en vacaciones que cuando pensaban en su vida diaria. Esto implica que el cambio no es circunstancial, sino estructural. No depende del destino ni del ingreso, sino del significado simbólico que atribuimos al viajar.
La Dra. Anna Zinn subraya que los cambios de identidad no son extraños —pasamos de profesionales a padres, de ciudadanos locales a nacionales—, pero esta es la primera vez que se mide una identidad vacacional con implicaciones ambientales directas. Para el ámbito empresarial, esto introduce un reto crítico, puesto que los programas de sostenibilidad en el turismo están diseñados para un sujeto racional y coherente, pero el turista real opera bajo una lógica emocional y temporalmente permisiva.
Cuando el descanso se traduce en mayor huella ambiental
Las consecuencias de esta identidad son tangibles. El estudio confirma que los viajeros consumen más recursos, desperdician más y conservan menos durante sus desplazamientos. Esto ocurre incluso entre personas con alta conciencia ambiental en su vida cotidiana. La profesora Sara Dolnicar señala que aquí radica una falla estratégica:
“Los mensajes de sostenibilidad suelen fracasar porque se dirigen a los turistas cuando la identidad de su lugar de vacaciones ya es dominante”.
Pedir reutilizar toallas o reducir duchas cuando el viajero ya está inmerso en la lógica de indulgencia resulta poco eficaz. Es como intentar frenar un vehículo cuesta abajo. La investigación sugiere que las intervenciones deben activarse antes del viaje, cuando la identidad de origen —más responsable— aún está presente.
Este hallazgo reconfigura la sostenibilidad en el turismo como un reto de timing conductual. No basta con informar; hay que intervenir en el momento psicológico adecuado. Campañas previas a la salida, recordatorios en procesos de reserva o compromisos anticipados podrían tener mayor impacto que la señalética en hoteles.
Evidencia estructural: el peso climático del turismo
El fenómeno no ocurre en el vacío. Investigaciones previas de la Universidad de Queensland estiman que el turismo representa cerca del 9 % de las emisiones globales de carbono. Esta cifra sitúa al sector al nivel de economías nacionales completas en términos de impacto climático.
El dato es relevante porque desmonta la narrativa del turismo como industria “ligera”. Transporte aéreo, consumo energético hotelero, desperdicio alimentario y presión sobre ecosistemas convierten al viajero promedio en un multiplicador de huella ambiental. Cuando la identidad vacacional reduce los frenos conductuales, ese impacto se amplifica.
Desde la óptica de RSE, esto plantea una responsabilidad compartida. No sólo del turista, sino de aerolíneas, operadores, destinos y gobiernos. La sostenibilidad en el turismo no puede descansar en decisiones individuales cuando el sistema incentiva el consumo intensivo como parte de la experiencia vacacional.
Reconfigurar incentivos: del discurso a la arquitectura de comportamiento
Expertos del sector sostienen que la industria tiene capacidad —y obligación— de rediseñar estas dinámicas. Eric Ricaurte, consultor en turismo sostenible, señala que operadores y hoteles pueden liderar prácticas responsables mediante campañas, compromisos y narrativas locales.
Aquí emerge una idea clave: las iniciativas funcionan mejor cuando conectan la conducta del turista con la preservación del destino que disfruta. No se trata de culpa, sino de corresponsabilidad emocional.
Algunos países ya experimentan con mecanismos innovadores:
En Palaos, los visitantes firman el “Compromiso de Palaos”, un acuerdo formal para proteger naturaleza y cultura local.
Nueva Zelanda promueve la “Promesa Tiaki”, que invita a cuidar el territorio, respetar comunidades y viajar con seguridad.
Bután aplica una política de “alto valor y bajo volumen”, incluyendo una tasa diaria de desarrollo sostenible destinada a conservación, educación y salud.
Estos modelos no sólo regulan el flujo turístico; redefinen la identidad del visitante antes de su llegada. Es un rediseño cultural del viaje.
Gobernar la psicología del viajero
El principal aporte del estudio no es evidenciar que los turistas contaminan más —eso ya se sabía—, sino explicar por qué ocurre incluso entre individuos conscientes. La identidad vacacional introduce una desconexión temporal entre valores y conducta. Entender esta brecha permite diseñar intervenciones más sofisticadas. La sostenibilidad en el turismo debe evolucionar desde campañas informativas hacia arquitecturas de comportamiento que anticipen la relajación ética del viajero.
De cara al futuro, el reto no es pedirle al turista que sea perfecto, sino construir sistemas que faciliten decisiones responsables incluso en modo vacaciones. Destinos que integren compromisos, operadores que rediseñen incentivos y políticas públicas que alineen experiencia con conservación serán decisivos. Si el viaje suspende la responsabilidad, entonces la tarea de la sostenibilidad es reinstalarla —no como obligación, sino como parte natural de la experiencia de explorar el mundo.
El primer año del segundo mandato de Donald Trump ha inaugurado algo más profundo que un viraje regulatorio: ha instalado una lógica de contención narrativa sobre el cambio climático desde el propio aparato estatal. Este silencio climático impuesto por Trump no opera únicamente mediante la despriorización política del tema, sino que, como ha señalado Eco-Bussines, opera a través de la reingeniería de los sistemas de información, la semántica institucional y la infraestructura científica que sostienen la acción climática. Se trata, en términos estratégicos, de intervenir la cadena de valor del conocimiento ambiental: desde la generación de datos hasta su disponibilidad pública.
Este fenómeno no puede leerse como una disputa ideológica más, sino como una alteración estructural del ecosistema de gobernanza climática. Cuando se restringe la evidencia, se debilitan simultáneamente la regulación, la planeación de riesgos, la inversión verde y la rendición de cuentas. Lo que está en juego no es solo la política ambiental de una administración, sino la arquitectura de confianza sobre la que operan mercados, gobiernos y ciudadanía frente a la crisis climática.
Arquitectura del negacionismo institucional: el rediseño el relato climático
Una de las operaciones más eficaces del periodo ha sido semántica. La eliminación sistemática de referencias al cambio climático y a la justicia ambiental en portales federales no es un gesto simbólico: es una táctica de desactivación política. El lenguaje define prioridades presupuestales, justifica regulaciones y orienta litigios. Suprimirlo reduce la urgencia institucional.
La Agencia de Protección Ambiental (EPA) eliminó alrededor de 80 páginas vinculadas con causas e impactos del calentamiento global y, en otras, suprimió explicaciones sobre su origen antropogénico. Lo que permanece enfatiza variabilidad natural. Este desplazamiento discursivo diluye la responsabilidad humana y, con ello, la obligación regulatoria.
Jonathan Gilmour, de Public Environmental Data Partners, advierte:
“Existe la percepción de que la ciencia que no se alinea con la agenda será silenciada”.
Su señalamiento apunta a un riesgo mayor: la politización selectiva de la evidencia. Cuando la ciencia se vuelve negociable, la política pública pierde anclaje técnico y se vuelve vulnerable a ciclos electorales.
El vaciamiento de los datos: gobernar desde la opacidad
Uno de los casos más ilustrativos —y menos comprendidos— del silencio climático impuesto por Trump es el de la Evaluación Nacional del Clima (National Climate Assessment), un informe científico de carácter federal que, desde 1990, ha funcionado como el principal instrumento de diagnóstico climático de Estados Unidos. Elaborado por agencias gubernamentales, universidades y centros de investigación, este reporte —mandatado por el Congreso— no sólo sintetiza evidencia sobre el calentamiento global, sino que proyecta impactos sectoriales en agricultura, salud, infraestructura y economía. En términos prácticos, ha sido la brújula técnica para políticas públicas y planeación empresarial frente al riesgo climático.
No obstante, durante el primer año del nuevo mandato de Donald Trump, el proceso de elaboración de la sexta edición —prevista para 2027— fue abruptamente interrumpido. La administración eliminó financiamiento, despidió o reasignó a expertos participantes y detuvo los grupos de trabajo. El sitio web que alojaba informes previos fue dado de baja, restringiendo el acceso público a evaluaciones históricas que documentaban la influencia humana en el aumento de temperaturas y los riesgos asociados.
La decisión tuvo efectos inmediatos en la comunidad científica. Investigadores que colaboraban como autores principales recibieron notificaciones informando que sus contribuciones ya no eran necesarias. Entre ellos, Rachel Cleetus, directora de políticas de la Union of Concerned Scientists, quien subrayó que la evaluación “no es prescriptiva ni partidista”, sino una herramienta basada en evidencia para la toma de decisiones públicas y privadas. Su cancelación no sólo detiene investigación futura; debilita la capacidad de adaptación de sectores económicos completos.
El punto crítico no es únicamente la suspensión de un informe, sino el desmantelamiento de la infraestructura de conocimiento que lo sostiene. Sin evaluaciones periódicas, gobiernos locales, aseguradoras, agroindustrias y planeadores urbanos pierden insumos clave para modelar riesgos. En términos de gobernanza climática, eliminar la Evaluación Nacional del Clima equivale a pilotar un sistema económico complejo sin panel de instrumentos: la incertidumbre deja de ser técnica y se vuelve política.
Así, el caso ilustra con claridad cómo el silencio climático impuesto por Trump no opera sólo en el discurso, sino en la arquitectura informativa del Estado: restringir datos, desfinanciar ciencia aplicada y limitar evaluaciones estratégicas reconfigura —desde la opacidad— la capacidad institucional de responder a la crisis climática.
Capital humano en retroceso: cuando la ciencia pierde músculo institucional
El impacto más profundo —y menos visible— reside en la erosión de la infraestructura humana. Despidos, reasignaciones e intimidación institucional están vaciando capacidades técnicas acumuladas durante décadas. Gilmour lo describe con precisión estratégica:
“La infraestructura humana detrás de los conjuntos de datos está siendo recortada… Eso tiene consecuencias que aún ni siquiera comprendemos”.
La frase revela un riesgo intergeneracional: series de datos interrumpidas, metodologías no transferidas y conocimiento experto que migra al sector privado o se pierde.
Para el sector empresarial, esto implica operar con menor soporte científico estatal para normativas futuras, taxonomías verdes o métricas de transición. Paradójicamente, mientras los mercados demandan más disclosure climático, la fuente pública que lo sustentaba se debilita.
No obstante, la reacción de la comunidad científica ha sido significativa. Consorcios independientes han replicado bases de datos eliminadas, y organizaciones filantrópicas han financiado su preservación. Esta resistencia evidencia resiliencia sistémica, pero también revela una anomalía: la custodia de información crítica desplazándose del Estado a redes ad hoc.
¿Qué podría venir si el silencio climático impuesto por Trump se profundiza?
Si la tendencia persiste durante los próximos años de gobierno, las implicaciones escalarían en tres planos estratégicos:
Gobernanza pública debilitada: La continuidad del silenciamiento podría institucionalizar burocracias climáticamente inertes: menos monitoreo, menos reportes y menor capacidad de diseñar políticas de adaptación. El costo sería acumulativo: decisiones tardías siempre resultan más caras.
Mercados con mayor incertidumbre estructural: Sin datos federales robustos, las empresas dependerían de proveedores privados para evaluar riesgos climáticos. Esto elevaría costos de compliance, ampliaría asimetrías entre corporativos y pymes y podría frenar inversiones en descarbonización por falta de certidumbre técnica.
Efecto demostración geopolítico: La narrativa estadounidense tiene peso sistémico. Minimizar la ciencia climática desde Washington puede legitimar retrocesos en otras economías. Cleetus advirtió: “Este gobierno está atacando con un hacha lo que era la joya de la corona de la ciencia global”. La metáfora no es retórica: describe un daño reputacional a la gobernanza climática internacional.
En un escenario prolongado, podría emerger un orden climático fragmentado: bloques económicos acelerando la transición y otros utilizando marcos discursivos de negación para justificar inacción.
Cuando el silencio se vuelve política de Estado
El saldo del primer año confirma que el silencio climático impuesto por Trump es una estrategia de poder basada en controlar qué se mide, qué se publica y qué se financia. No es únicamente negacionismo; es gestión política de la visibilidad científica. Sus efectos ya impactan la transparencia institucional, la planeación económica y la confianza en la evidencia pública.
Si la trayectoria continúa, las consecuencias trascenderán el ámbito ambiental. Se erosionará la calidad de la democracia informacional, aumentarán los costos de la transición energética y se profundizará la desconexión entre ciencia y política pública. Para la agenda de responsabilidad social, el reto será actuar en un entorno donde la sostenibilidad ya no solo depende de innovación tecnológica o inversión, sino de la defensa activa del conocimiento que la hace posible.
La Unión Europea ha dado un paso adicional en la consolidación de su arquitectura climática al fijar jurídicamente un nuevo objetivo intermedio: reducir en 90 % las emisiones netas de gases de efecto invernadero hacia 2040. La decisión no surge en el vacío, sino como una extensión natural de la Ley Climática Europea, que ya establece la neutralidad climática para 2050 y una reducción mínima del 55 % para 2030 frente a niveles de 1990. Con esta actualización, Bruselas busca cerrar la brecha temporal entre ambas metas y dar previsibilidad regulatoria a largo plazo.
Para el ecosistema de responsabilidad social y sostenibilidad corporativa, el nuevo umbral redefine el marco de planeación estratégica. No se trata solo de un porcentaje más ambicioso: es la institucionalización de una trayectoria de descarbonización acelerada. De esta forma, reducir las emisiones para 2040 deja de ser una aspiración técnica y se convierte en un parámetro vinculante que influirá en inversión, innovación, comercio y competitividad industrial dentro y fuera del bloque europeo.
Emisiones para 2040: del compromiso político al mandato jurídico
El respaldo parlamentario —413 votos a favor frente a 226 en contra— superó el último obstáculo para incorporar formalmente el objetivo a la legislación. Con ello, la reducción del 90 % de emisiones para 2040 pasa de propuesta política a mandato legal, reforzando la credibilidad climática del bloque.
La actualización introduce, además, mecanismos de flexibilidad para facilitar el cumplimiento nacional. A partir de 2036, hasta el 5 % de las reducciones podrá provenir de créditos de carbono internacionales de alta calidad. Este punto fue uno de los más controvertidos: mientras países como España y Países Bajos defendían un límite menor, otros —Francia, Portugal o Polonia— presionaron por mayor amplitud.
El acuerdo final refleja un equilibrio político entre ambición climática y viabilidad económica. Permitir créditos externos reconoce que la descarbonización no será lineal ni homogénea entre Estados miembros, especialmente en sectores intensivos en carbono.
Flexibilidad regulatoria y rediseño de instrumentos climáticos
El paquete legislativo no solo fija metas; también ajusta herramientas. Se permite, por ejemplo, la eliminación permanente de carbono a nivel nacional para compensar emisiones difíciles de abatir dentro del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE).
Asimismo, se amplían las opciones sectoriales y políticas para alcanzar los objetivos a menor coste sistémico. Este enfoque responde a una realidad operativa: la transición energética requiere eficiencia económica para sostener legitimidad social e industrial.
Un cambio relevante es el aplazamiento del RCDE2 —que cubrirá emisiones de edificios y transporte por carretera— de 2027 a 2028. La decisión busca dar margen de adaptación a mercados y consumidores ante el impacto en precios energéticos.
Implicaciones estratégicas para empresas y competitividad
Para el sector empresarial, el objetivo de emisiones para 2040 redefine horizontes de inversión. La planeación de activos intensivos en carbono —infraestructura, energía, manufactura pesada— deberá ajustarse a ciclos regulatorios más estrictos.
Además, la Comisión Europea evaluará el progreso cada dos años considerando ciencia, tecnología, precios energéticos y competitividad industrial. Este monitoreo constante introduce un entorno regulatorio dinámico: las reglas podrán endurecerse si el ritmo de reducción es insuficiente.
Desde la óptica ESG, esto eleva la materialidad climática en reportes, financiamiento y acceso a mercado. Las empresas que no aceleren su descarbonización enfrentarán mayores costos regulatorios, reputacionales y de capital.
Gobernanza adaptativa y transición acelerada
El nuevo objetivo también tiene implicaciones geopolíticas. Al fijar una trayectoria clara de emisiones para 2040, la UE refuerza su posición como regulador climático global de facto, influyendo en estándares de comercio, taxonomías verdes y cadenas de suministro.
La revisión bienal abre la puerta a ajustes futuros: desde elevar la ambición hasta incorporar nuevas medidas tecnológicas o financieras. Es un modelo de gobernanza adaptativa, diseñado para evolucionar con la ciencia y el mercado.
En términos sistémicos, la señal es inequívoca: Europa no espera a 2050 para actuar, sino que comprime la curva de reducción en las próximas dos décadas.
El nuevo termómetro de la ambición climática
La incorporación del objetivo de reducción del 90 % redefine el marco temporal de la acción climática europea. Más que un hito legislativo, es una señal estratégica para mercados, gobiernos y corporaciones sobre la velocidad esperada de la transición. Las emisiones para 2040 se convierten así en el nuevo termómetro de ambición y desempeño climático.
Para el mundo de la responsabilidad social, el mensaje es doble: la descarbonización deja de ser narrativa reputacional para convertirse en condición de competitividad. Quienes alineen innovación, financiamiento y operación a esta trayectoria no solo mitigarán riesgos regulatorios, sino que capturarán valor en la economía baja en carbono que Europa está decidida a acelerar.
El informe Global Water Bankruptcy: Living Beyond Our Hydrological Means in the Post-Crisis Era, publicado por las Naciones Unidas este 2026, advierte que el planeta ha cruzado un umbral conceptual y material: ya no hablamos de una crisis hídrica, sino de una bancarrota hídrica global. La diferencia no es semántica, es estructural. Mientras la crisis supone estrés y escasez, la bancarrota implica que hemos gastado más agua de la que el sistema puede reponer. Es, en términos financieros, vivir permanentemente a crédito con un banco que ya no tiene liquidez.
El documento señala que miles de millones de personas ya viven bajo condiciones de inseguridad hídrica, y que múltiples sistemas han superado su capacidad de recuperación. La sobreexplotación, la contaminación y el cambio climático han erosionado las reservas naturales que sostenían el equilibrio hidrológico.
¿Qué es la bancarrota hídrica?
Para comprender qué es la bancarrota hídrica, el informe propone una analogía contundente: durante décadas la humanidad ha retirado agua de ríos, suelos y acuíferos a un ritmo mayor del que la naturaleza puede reponer. No solo usamos el “interés” anual del recurso, sino también el “capital” acumulado durante siglos en glaciares, humedales y aguas subterráneas. El resultado es un sistema que ya no puede volver a su estado previo.
Esta quiebra se manifiesta cuando los sistemas hídricos humanos superan su punto de recuperación. El derretimiento de glaciares —reservas estratégicas de agua dulce— y la alternancia entre sequías extremas e inundaciones agravan el problema. En múltiples cuencas, la “normalidad” hidrológica desapareció. Ríos que antes llegaban al mar hoy se secan antes, y grandes lagos del mundo llevan décadas reduciéndose.
Los datos son reveladores: el 75% de la población mundial vive en países con inseguridad hídrica, mientras 2,000 millones de personas habitan territorios que se hunden por el colapso de acuíferos. Ciudades como Ciudad de México, Yakarta o Teherán experimentan subsidencias severas. La bancarrota, por tanto, no es solo escasez: es degradación estructural de un sistema que sostiene la vida y la economía.
¿Por qué esta situación puede afectar a cualquier país?
Aunque, como señala Kaveh Madani, director del informe y científico del agua, no todas las cuencas están en quiebra, comprender verdaderamente qué es la bancarrota hídrica exige asumir la interdependencia global. El especialista subraya que el mundo está conectado por comercio, migración y cadenas de suministro. Si una región pierde capacidad hídrica, sus efectos se trasladan vía alimentos, energía o manufactura.
Un ejemplo crítico es la agricultura, pues el 70% del agua dulce extraída se destina a este sector, mientras que gran parte de los alimentos mundiales se produce en países donde, según el informe, el agua es escasa, lo cual impacta las exportaciones de alimentos y, con ello, la seguridad alimentaria global. Madani agrega que, en la actualidad:
“Millones de agricultores intentan cultivar más alimentos a partir de fuentes de agua cada vez más escasas, contaminadas o en vías de desaparición. La escasez de agua en India o Pakistán, por ejemplo, también afecta las exportaciones de arroz a muchos lugares del mundo”.
Incluso países húmedos enfrentan riesgo sistémico. El Reino Unido, por ejemplo, depende de importaciones agrícolas intensivas en agua. Por todo ello, la bancarrota hídrica no es un fenómeno local: es un riesgo geoeconómico que se transmite por mercados, precios y abastecimiento.
Impacto sistémico: la factura social y económica de la bancarrota hídrica
Cuando los sistemas hídricos colapsan, las economías locales pierden productividad agrícola, encarecen su energía —particularmente la hidroeléctrica— y elevan los costos industriales vinculados al uso intensivo del recurso. Esto se traduce en inflación alimentaria, volatilidad en materias primas y presión sobre cadenas de suministro globales. La escasez deja de ser ambiental para convertirse en macroeconómica.
En el plano social, el informe advierte que el agua se está consolidando como detonador de desigualdad. Las poblaciones con menos infraestructura hídrica —comunidades rurales, periferias urbanas o países del Sur Global— enfrentan primero y con mayor severidad la escasez. Las crisis de “día cero” evidencian esta brecha: mientras sectores con recursos pueden almacenar o comprar agua, millones dependen de sistemas públicos colapsados. Así, la bancarrota hídrica profundiza inequidades preexistentes en salud, saneamiento y calidad de vida.
Un tercer nivel de impacto es la estabilidad social y política. La ONU identifica el agua como un factor creciente de fragilidad, desplazamiento y conflicto. El aumento de disputas hídricas —de 20 en 2010 a más de 400 en 2024— refleja que, cuando el recurso escasea, las tensiones territoriales y sectoriales se intensifican. Cuencas compartidas, como las del Nilo, Mekong o Tigris-Éufrates, se convierten en puntos críticos geopolíticos. La competencia por el agua, en contextos de estrés climático, puede escalar desde disputas diplomáticas hasta crisis humanitarias.
Finalmente, las implicaciones alcanzan la dimensión urbana y de infraestructura. El hundimiento de ciudades por sobreexplotación de acuíferos —como Ciudad de México, Yakarta o Teherán— implica daños millonarios en vivienda, transporte y servicios públicos. A ello se suma la migración climática: cuando el agua desaparece, las personas se desplazan. Este fenómeno presiona mercados laborales, sistemas de salud y planeación urbana en regiones receptoras. En síntesis, entender qué es la bancarrota hídrica implica reconocer que no hablamos solo de agua, sino de gobernabilidad, desarrollo económico y cohesión social en riesgo.
El agua como elemento unificador: rutas de acción
Paradójicamente, el informe plantea que la bancarrota hídrica también abre una oportunidad estratégica de cooperación. El agua es uno de los pocos temas capaces de alinear agendas políticas opuestas: izquierda y derecha, Norte y Sur Global comparten su dependencia.
Desde esta óptica, abordar la bancarrota hídrica implica rediseñar la gobernanza del recurso. El informe propone reducir derechos de extracción para ajustarlos a la disponibilidad real, transformar sectores intensivos en agua —como agricultura e industria— e impulsar riego eficiente y ciudades menos derrochadoras.
También exige apoyar a comunidades cuyos medios de vida deberán cambiar. La transición hídrica no es solo tecnológica, es social. Requiere honestidad política para reconocer pérdidas irreversibles —como glaciares desaparecidos— y voluntad para operar dentro de nuevos límites hidrológicos.
Madani lo sintetiza con una analogía médica: aumentar la oferta de agua es como dar analgésicos a una infección. Alivia el síntoma, no cura la causa. La solución pasa por eficiencia, gobernanza y cooperación internacional.
En clave de responsabilidad social, la bancarrota hídrica redefine el riesgo sistémico global. No es un problema ambiental aislado, sino un vector que incide en paz, mercados, cadenas de suministro y estabilidad social. Comprenderlo —y actuar en consecuencia— será determinante para la resiliencia de países y empresas en las próximas décadas.
Grupo Danone, Bonafont y ONU Mujeres celebran ocho años de una colaboración que ha integrado la igualdad de género como un eje real de impacto social, cultural y económico tanto dentro de la operación de la compañía como en las comunidades donde tiene presencia.
Desde 2018, esta alianza pionera ha trabajado para abrir oportunidades reales para que más mujeres fortalezcan su autonomía económica, accedan a espacios de liderazgo y participen activamente en la transformación de sus entornos. Este compromiso se articula a través del Programa Avancemos por la Igualdad, una iniciativa que opera bajo tres pilares estratégicos: empoderamiento económico, transformación interna y transformación cultural.
Ese impacto se refleja, primero, en el fortalecimiento de proyectos productivos liderados por mujeres. Más de 3,000 emprendedoras han participado en programas de capacitación en liderazgo y gestión de negocios sostenibles, logrando incrementos de hasta 40% en sus ventas semanales. A este esfuerzo se suma una red de 128 mentoras que han acompañado a más de 1,254 mujeres. En 2025, el programa alcanzó a 791 mujeres, incluyendo un piloto desarrollado junto con el Gobierno de Oaxaca para replicar la metodología en cinco regiones del estado.
La transformación también se impulsa desde dentro de Danone. A partir de la alianza con ONU Mujeres, la equidad de género se ha integrado de forma activa a la cultura organizacional, con avances medibles en distintos niveles de la operación. Actualmente, 30% de la población laboral está conformada por mujeres; 47% de los equipos de liderazgo senior por área cuentan con representación femenina, alcanzando la equidad de género, y 45.8% de las posiciones de management están ocupadas por mujeres, superando el compromiso establecido con ONU Mujeres del 40%.
Estos avances se acompañan de esquemas de trabajo flexible, políticas parentales incluyentes, programas de capacitación en sesgos inconscientes y la implementación del Protocolo de Danone México para prevenir y atender la violencia en razón de género, desplegado con acompañamiento técnico de ONU Mujeres. A la fecha, se han desarrollado más de 400 círculos de proximidad en más de 100 sitios a nivel nacional.
“Creemos en el poder de las mujeres para transformar su entorno. Desde Danone y Bonafont, en alianza con ONU Mujeres, nuestro propósito es acompañarlas, abrir espacios y construir condiciones para que puedan desarrollarse con libertad, confianza y autonomía. Cada acción cuenta cuando se trata de empoderamiento femenino”, señaló Silvia Dávila, Presidenta de Danone Latinoamérica y Directora General de Danone México.
La transformación cultural encuentra una de sus expresiones más visibles en la Carrera Bonafont, una plataforma que ha evolucionado más allá del deporte para convertirse en un espacio de encuentro, comunidad y conversación social sobre igualdad de género. En su edición 2026, que se llevará a cabo el próximo 15 de marzo, se espera la participación de alrededor de 20,000 mujeres en la Ciudad de México, consolidándose como una de las iniciativas con mayor nivel de awareness en el país.
“La Carrera Bonafont es un espacio donde las mujeres se reconocen, se acompañan y avanzan juntas. Estos encuentros ayudan a fortalecer la comunidad y a impulsar la igualdad de género en el centro de la conversación cotidiana. La alianza con Bonafont ha permitido que esa energía siga creciendo año con año”, señaló Lourdes Colinas, Oficial Nacional de Programas de ONU Mujeres en México.
La colaboración entre Bonafont y ONU Mujeres continúa consolidándose como una plataforma de acción para el empoderamiento femenino, con resultados visibles en autonomía económica, liderazgo y participación social. En esta carrera, ambas organizaciones celebran y refrendan su compromiso de impulsar iniciativas que fortalezcan capacidades, generen oportunidades y consoliden a las mujeres como protagonistas del desarrollo del país.
La creencia común es que ser un líder es ser un jefe o que ser jefe automáticamente nos hace líderes automáticamente. Sin embargo, hoy el liderazgo es algo muy diferente. Sea en una empresa o en el entorno académico, lo que más se valora es la capacidad de ser líder de sí mismo y aportar impacto, para que esto se irradie a otros, y eso es clave para los profesionales ahora.
Ejercer el liderazgo sin un personal a cargo significa asumir la responsabilidad sobre el propio desempeño, tomar decisiones con criterio y convertirse en un referente por la forma de actuar y no tanto por cómo ejercer una autoridad: es influir mediante el ejemplo. Al final, el liderazgo personal termina siendo crucial para el buen funcionamiento de un equipo cuando llegue el momento.
Se trata de proponer mejorar, anticipar problemas, asumir errores, afrontar conversaciones difíciles y actuar con autonomía. Así lo explica Georgina Barquín de EAE Business School.
“El liderazgo individual aflora cuando una persona deja de limitarse a cumplir instrucciones y empieza a involucrarse activamente en los resultados”, anota Georgina. “Y sumado a esto, comienza a influir positivamente en el entorno a través de la actitud, la coherencia y la capacidad de aportar valor. No es mandar sino influir y conseguir que otros se impliquen en el resultado de forma voluntaria”.
En proyectos individuales o académicos, el liderazgo se expresa de manera aún más evidente. La autogestión, la disciplina y la claridad de objetivos se convierten en habilidades centrales.
Para la experta en liderazgo, un estudiante o profesional demuestra liderazgo cuando organiza su trabajo con criterio, cumple plazos, comunica ideas con claridad y mantiene el foco incluso cuando hay presión o incertidumbre.
Hay que tener en cuenta, por supuesto, que la influencia sin jerarquía se construye día a día, compartiendo conocimiento, apoyando a otros, facilitando acuerdos, aportando miradas diferentes ante un problema.
“Quienes generan mayor impacto en equipos de trabajo no son necesariamente los cargos directivos, sino los que construyen confianza a través de su comportamiento consistente, colaborativo y autónomo”, destaca Georgina Barquin de EAE Business School. “Ellos son los engranajes que realmente hacen avanzar a los equipos hacia los objetivos”.
Este liderazgo individual también se manifiesta fuera de los espacios formales de trabajo. Asumir la responsabilidad cuando algo no sale como se esperaba, o proponer mejoras en procesos cotidianos, incluso acompañar a un compañero en un momento difícil son acciones que fortalecen una reputación de liderazgo real. Aunque pequeños, son gestos que generan impacto y posicionan a la persona como un referente confiable.
“El mercado laboral de hoy está buscando profesionales capaces de tomar decisiones y adaptarse rápidamente al cambio, de manera resolutiva, y esa debe ser la prioridad tanto de los aspirantes como de las universidades que los formamos”, señala Georgina de EAE. “El objetivo es educar en ese liderazgo individual, desligado de las jerarquías, para que se desenvuelvan en esos espacios dinámicos donde la comunicación e influencia son tarjeta de presentación”.
Imagina que, de la noche a la mañana, el gobierno de la economía más grande del mundo decidiera que el humo que sale de las fábricas y los escapes de los autos ya no es, legalmente hablando, una amenaza para la salud. No es una metáfora. El 12 de febrero de 2026, la administración de Estados Unidos ha dado un golpe de timón histórico al revocar el “Endangerment Finding” (Determinación de Peligro).
El Endangerment Finding era la piedra angular jurídica de la política ambiental en Estados Unidos, una determinación científica de 2009 que obligaba legalmente a la EPA a regular los gases de efecto invernadero tras demostrar que ponían en peligro la salud pública y el bienestar futuro. Al revocarlo, el gobierno elimina el sustento legal de prácticamente todas las normativas climáticas federales, desde los límites de emisiones en fábricas hasta los estándares de eficiencia en vehículos, provocando que la sostenibilidad corporativa en el país pierda su brújula regulatoria. En otras palabras, EUA está diciendo que el cambio climático no es un peligro para nadie.
Para ti, si no estás familiarizado con la jerga legal-ambiental, esta decisión es como quitarle los cimientos a un edificio: sin esa base, toda la estructura de regulaciones climáticas que conocíamos se viene abajo. Pero, ¿por qué debería importarte esto si eres un empresario en México, un exportador en China o un inversionista en Europa? Porque este movimiento no es solo una simplificación administrativa; es la mayor reconfiguración del riesgo corporativo en lo que va del siglo XXI.
El ahorro de los 1.3 billones: Una moneda con dos caras
El argumento central de la Casa Blanca para esta revocación es puramente económico. Se estima que eliminar estas regulaciones inyectará 1.3 billones de dólares de alivio financiero a la economía estadounidense, principalmente reduciendo el costo de fabricación de vehículos en unos $2,400 dólares por unidad. A corto plazo, esto suena como una victoria para la competitividad y el bolsillo del consumidor.
Sin embargo, en el mundo de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), sabemos que el riesgo no desaparece, solo cambia de dueño. Al dejar de regular las emisiones a nivel federal, el gobierno ha abierto una “Caja de Pandora” legal. Durante años, las empresas estuvieron protegidas de demandas civiles porque podían decir: “Yo cumplo con la ley federal de la EPA”. Ahora que esa ley ya no existe, las empresas quedan expuestas a litigios directos por parte de ciudadanos y estados bajo la figura de “Molestia Pública”. El costo de defenderte de miles de demandas individuales podría superar, por mucho, esos ahorros iniciales.
El efecto dominó mundial: de la regulación al mercado
Lo que sucede en Washington no se queda en Washington. Para el mundo corporativo global, esta decisión genera tres efectos críticos que debes considerar:
Fragmentación regulatoria (El caos de las reglas): Al no haber un estándar federal en EE. UU., estados como California o Nueva York redoblarán sus propias leyes verdes. Como empresa global ahora tendrás que navegar un laberinto de reglas distintas: una para Texas, otra para California, otra para la Unión Europea y otra para Asia. Tu eficiencia operativa se pierde cuando no hay un lenguaje común.
La muralla verde de Europa (CBAM): Mientras EE. UU. se desregula, la Unión Europea sigue adelante con su Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM). Esto significa que si una empresa estadounidense produce acero o cemento sin controles de emisiones (porque “ya no es ilegal” en su país), al intentar venderlo en Europa tendrá que pagar un impuesto altísimo para compensar esa falta de sostenibilidad. El ahorro en casa se convierte en un sobrecosto para exportar.
La fuga de capitales ESG: Los grandes fondos de inversión (como BlackRock o Vanguard) no responden a decretos presidenciales, sino a riesgos a largo plazo. Muchos inversionistas internacionales ven la desregulación como un aumento de la volatilidad. Si tu empresa abandona sus metas de sostenibilidad, podrías ver cómo tus acciones son castigadas por mercados que exigen resiliencia climática ante desastres naturales que, según la ciencia, no dejarán de ocurrir solo porque la ley diga que ya no son un “peligro”.
¿Qué viene ahora? Un mundo a dos velocidades
Estamos entrando en una era de sostenibilidad de mercado, no de ley. Aquellas empresas que vean la revocación del “Endangerment Finding” como una licencia para contaminar podrían estar cayendo en una trampa de obsolescencia. Por el contrario, las compañías líderes seguirán descarbonizando porque sus clientes globales, sus empleados jóvenes y sus bancos así se lo exigen.
Para el resto del mundo, Estados Unidos acaba de ceder el liderazgo en la “economía verde”. China y la Unión Europea están más que dispuestos a llenar ese vacío, dictando los estándares tecnológicos y de infraestructura del futuro. El riesgo para las empresas estadounidenses es que, al ahorrar hoy en filtros de aire, pierdan mañana la carrera por la innovación energética.
Guía de acción para empresas: ¿Cómo navegar esta incertidumbre?
Si tú lideras una organización, este es el momento de actuar con “inteligencia climática”, independientemente de lo que diga el boletín oficial de la EPA. Aquí mis sugerencias:
No bajes la guardia en el reporte: Aunque la obligación federal desaparezca, mantén tus estándares de medición (como el GHG Protocol). La transparencia sigue siendo tu mejor defensa ante inversionistas y ante posibles demandas legales futuras.
Evalúa tu exposición a exportaciones: Si tus productos van hacia Europa o países con metas climáticas estrictas, tu ventaja competitiva dependerá de que tu huella de carbono sea baja, sin importar que en tu país de origen sea opcional.
Fortalece el caso de negocio económico: No vendas sostenibilidad como “filantropía”. Enfócate en la eficiencia. Consumir menos energía y menos agua siempre será rentable para ti, haya o no una ley que lo exija.
Diversifica geográficamente: Si tu cadena de suministro depende totalmente de regiones desreguladas, considera que el riesgo físico (sequías, inundaciones) sigue ahí. Asegúrate de que tus activos sean resilientes ante el clima real, no solo ante el clima legal.
La revocación del “Endangerment Finding” es un experimento económico masivo. Para las empresas, el reto es no confundir un alivio regulatorio temporal con un cambio en la realidad física del planeta. La sostenibilidad ya no es un tema de “hacer el bien”, sino de supervivencia financiera en un mundo que sigue exigiendo respuestas, aunque algunos gobiernos decidan dejar de hacer las preguntas.
Hablar de retiro en México ya no puede limitarse a pensiones y ahorro obligatorio. El país envejece con rapidez y ese cambio demográfico está transformando la manera en que millones de personas viven —y prolongan— su etapa productiva. En 2022, la población de 60 años o más alcanzó los 18 millones de personas, cerca del 14% del total nacional. A la par, la OCDE proyecta que la razón de dependencia en México pasará de 0.14 en 2023 a 0.36 en 2060. El mensaje es claro: habrá menos personas activas sosteniendo a una población mayor cada vez más numerosa.
En este contexto, resulta inevitable cuestionar si el modelo actual de retiro, basado casi exclusivamente en el ahorro administrado por las Afores, es suficiente. Más aún, vale la pena preguntarse si estamos desaprovechando la oportunidad de concebir el retiro no solo como una etapa de protección económica, sino como un nuevo momento de participación social y productiva.
Un país que envejece, pero no se detiene
La transformación demográfica ya está en marcha. Mientras la base joven se reduce, el segmento de personas mayores crece de forma sostenida y redefine la estructura poblacional. En apenas cinco años, la proporción de personas de 60 años y más pasó de 12.3% en 2018 a 14.7% en 2023, un cambio que anticipa ajustes profundos en el mercado laboral y los sistemas de protección social.
Lejos de la idea tradicional del retiro pasivo, una parte relevante de este grupo se mantiene activa. En México, 47.8% de las personas entre 60 y 64 años continúa trabajando, una cifra cercana al promedio de la OCDE (55.9%). Esto confirma una tendencia clara: el retiro ya no significa necesariamente desconexión del trabajo, sino una etapa en la que muchas personas buscan seguir generando ingresos y aportando valor.
Sin embargo, el sistema de pensiones enfrenta presiones evidentes. Aunque las Afores administran alrededor de 6.8 billones de pesos —equivalentes a 20.7% del PIB—, el tamaño del ahorro no garantiza tranquilidad financiera. Solo 50.3% de la población considera que contará con ingresos suficientes para cubrir sus gastos tras la vida laboral. El problema no es únicamente cuánto se ahorra, sino cuántas personas podrán —o necesitarán— seguir siendo económicamente activas para sostener su calidad de vida.
Retiro: de cierre a reinvención
Cada vez es más evidente que la etapa posterior a los 60 años se está redefiniendo. A nivel global, crece el emprendimiento senior y la llamada ‘silver economy’: personas que aprovechan su experiencia, redes de contacto y tiempo para emprender, asesorar o colaborar en proyectos de alto valor.
En México, no obstante, persisten barreras importantes. Una de cada cinco personas mayores de 60 años que no realiza aportaciones voluntarias a su Afore señala como principal obstáculo la falta de educación financiera. Simplemente no saben cómo hacerlo, para qué sirve o qué beneficios tiene. Esta brecha afecta al 20.3% de los hombres y al 25.1% de las mujeres. A ello se suma la incomprensión de los beneficios de las aportaciones voluntarias, que impacta a más del 15% de los hombres y al 12% de las mujeres.
Estos datos revelan una oportunidad doble. Por un lado, desarrollar productos financieros verdaderamente diseñados para personas mayores de 60 años: créditos para emprender, esquemas de inversión con impacto social o alternativas que reconozcan trayectorias laborales largas. Por otro, acompañar a este segmento con capacitación y herramientas que les permitan concebir el retiro no como una salida, sino como una transición hacia nuevas formas de participación económica y social.
La economía plateada como motor
Reducir a las personas mayores al rol de pensionadas es una visión limitada. Este grupo es consumidor, mentor y generador de valor. Su presencia ya influye en sectores como turismo, cultura, salud, servicios especializados y economía comunitaria. De acuerdo con el INEGI, 33% de las personas de 60 años y más formaban parte de la Población Económicamente Activa en el segundo trimestre de 2022, una señal contundente de que la economía plateada no es una promesa futura, sino una realidad en expansión.
Si este dinamismo se acompaña de políticas públicas adecuadas y esquemas financieros más flexibles, el retiro puede dejar de verse como una carga para convertirse en un multiplicador económico. Tan solo en el tercer trimestre de 2024, 753.8 mil millones de pesos estaban destinados al desarrollo de infraestructura. Pensar en mecanismos que vinculen parte de estos recursos con proyectos liderados por personas mayores —como fondos de impacto o capital semilla— permitiría canalizar experiencia y conocimiento hacia iniciativas con valor social y económico.
Repensar las Afores y el sistema de retiro
El sistema de Afores enfrenta retos estructurales: brechas de género e ingreso, dependencia de una base joven cada vez más reducida y una educación financiera insuficiente para activar a las personas mayores. Si la mitad de la población no confía en que su pensión será suficiente, es momento de ampliar la conversación.
Imaginar un nuevo modelo implica decisiones concretas: programas de formación digital y financiera para mayores de 60 años; Afores que, además de administrar ahorro pasivo, ofrezcan vehículos de inversión para jubilados activos; incentivos fiscales a proyectos liderados por personas mayores; plataformas tecnológicas que conecten experiencia con oportunidades; y una cultura laboral flexible que permita seguir participando sin que el retiro signifique desconexión.
La OCDE ya advierte que las políticas laborales deben evolucionar para mantener activos a los trabajadores mayores. En un país donde la ‘silver economy’ seguirá creciendo, ignorar el potencial de este grupo es desperdiciar uno de los activos más valiosos que tenemos.
Reinventar el retiro no es solo mejorar pensiones. Es reconocer que las personas jubiladas pueden y deben ser vistas como actores económicos activos. Pasar de beneficiarios pasivos a participantes esenciales del crecimiento económico es, quizá, uno de los cambios más urgentes que México necesita.
