Chihuahua, Chihuahua, México — Campesinos y Greenpeace entregan denuncia ante la PGR en el estado; exigen prohibición total a la siembra de maíz transgénico en México.
Las organizaciones campesinas El Barzón, Frente Democrático Campesino (FDC) y Greenpeace presentaron una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de los responsables de la posible importación, distribución y liberación con fines agrícolas y/o siembra ilegal de variedades de maíz transgénico en el estado de Chihuahua, con la anuencia de las autoridades estatales y en perjuicio de los productores locales.
Las organizaciones se trasladaron a las instalaciones de la PGR en la ciudad de Chihuahua para presentar la denuncia y posteriormente acudieron a la delegación estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), donde exigieron protección para la producción local de maíz convencional.
Cabe recordar que, el sábado 20 septiembre, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), organismo desconcentrado de la Sagarpa, reconoció la presencia de transgénicos en los cultivos del municipio de Cuauhtémoc. Cabe destacar que desde noviembre de 2007, las organizaciones El Barzón, Frente Democrático Campesino y Greenpeace demandaron la implementación de un biomonitoreo en la entidad para prevenir que se extendiera la contaminación.
Los gobiernos local y federal no han hecho nada para evitar la contaminación de los cultivos de maíz aledaños. En este momento los cultivos ya están en el periodo de polinización, por lo que el riesgo es mucho más alto.
“Aun cuando la siembra de maíz transgénico es ilegal en México, Carlos Aguilar Camargo, delegado de Sagarpa en Chihuahua, junto con los representantes de la Unión Agrícola Regional de Productores (UNIPRO) de Chihuahua, Gordón Dueck Plett y Rubén Chávez Villagrán, se han dedicado a promover la siembra de maíz transgénico y ahora, que se ha detectado presencia de maíz transgénico en cultivos de la zona, evaden su responsabilidad en la problemática e intentan culpar a los agricultores”, señaló Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace.
“Los cultivos transgénicos tienen alto potencial para contaminar otros convencionales y con el maíz el riesgo es mayor debido a su polinización cruzada con otros cultivos (1); además, en México, los campesinos intercambian sus semillas para mejorar la siguiente cosecha, una costumbre que ha permanecido durante varios siglos, y sin saberlo, un campesino podría tener en sus manos semillas contaminadas. Las corporaciones, como Monsanto, son propietarias exclusivas de la tecnología transgénica y pueden demandar al agricultor que tenga un cultivo contaminado aun cuando éste no tenga conocimiento previo. En Estados Unidos y de acuerdo con el Centro para la Seguridad Alimentaria (CFS por su siglas en inglés), una sentencia legal en contra de agricultores y a favor de Monsanto es de 412 mil dolares, en promedio. En una demanda judicial, la empresa ganó más de tres millones de dólares a un grupo de agricultores en Texas. A este escenario están exponiendo las autoridades de Sagarpa a los agricultores del estado”, denunció Víctor Quintana, dirigente del Frente Democrático Campesino de Chihuahua.
“Exigimos al gobierno federal que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Sagarpa, que como medida inmediata, realice labores de inspección, vigilancia y monitoreo en los campos de maíz del estado de Chihuahua. Así como la revisión de los centros de almacenamiento, distribución y comercialización de semillas que surten a los productores de la región”, declaró Martín Solís de la organización campesina El Barzón.
“Exigimos al Ing. Maximino Tena Vargas, Jefe del Programa de Sanidad Vegetal en Chihuahua, nos informe a qué tipos de tratamientos se someten las tomas de muestras de semillas de maíz para importación como garantía de que sean libres de transgénicos. También exigimos información detallada de cada uno de los procedimientos de revisión que conllevan a emitir un certificado fitosanitario internacional libre de semilla modificada genéticamente”, apremió Quintana.
“Las autoridades de Sagarpa deben informar tanto a las organizaciones campesinas como a la sociedad en general las cantidades estimadas, las características y/o rasgos importantes de Organismos Genéticamente Modificados en Chihuahua; las poblaciones de maíces nativos afectados y el nombre de las empresas que detentan la patente del evento de maíz transgénico liberado, con el fin de exigirles la reparación del daño causado a los productores por la contaminación de sus cultivos”, exigió Lara.
Las organizaciones exigieron que se aplique la ley a los servidores públicos estatales y federales, que en el ejercicio de las facultades de inspección y vigilancia han omitido el cumplimiento de sus obligaciones. Toda vez que tales hechos son constitutivos de delito y de infracciones administrativas.
Las organizaciones exigieron que el Régimen de Protección Especial del Maíz, próximo a publicarse, establezca como medida básica la prohibición total a la introducción de ese grano transgénico en México. El caso de Chihuahua es una evidencia más de la incapacidad de las autoridades para hacer frente a la liberación al ambiente del maíz transgénico, además de que existen, desde 2001, otros ocho casos de contaminación no reconocidos por las autoridades de Sagarpa, por lo que no es necesaria una evidencia más.
Fuente: Greenpeace México 29 septiembre 2008
