La compra de árboles y plantas realizadas dentro del programa ProÁrbol se encuentra bajo investigación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) desde 2007.
De acuerdo con información de la dependencia, hay cinco expedientes abiertos con denuncias y quejas por presuntos actos de corrupción de funcionarios de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en las licitaciones adjudicadas a empresas productoras nacionales y extranjeras.
En los próximos días la Secretaría deberá resolver las quejas presentadas por productores contra al menos una decena de funcionarios involucrados de manera directa.






