Shell demanda a Greenpeace por $2.1 millones de dólares en daños, marcando uno de los mayores desafíos legales en los 50 años de historia del grupo ambientalista, de acuerdo con The Guardian.
La demanda, según el gigante energético Shell, aboga principalmente por la seguridad de las personas a bordo de la plataforma petrolera, ya que los manifestantes climáticos la han abordado para protestar contra las actividades de perforación y extracción de petróleo de la compañía. Sin embargo, los ambientalistas señalan que la demanda busca silenciar la legítima protesta por la justicia climática.
Shell vs Greenpeace
El enfrentamiento legal entre Greenpeace y Shell alcanza proporciones significativas, marcando un capítulo más en la lucha entre las corporaciones petroleras y los activistas climáticos. La raíz de este conflicto se encuentra en la ocupación de una plataforma petrolera flotante por parte de cuatro activistas de Greenpeace al norte de las Islas Canarias.
Estos manifestantes llevaban pancartas exigiendo que la compañía de combustibles fósiles «deje de perforar y comience a pagar». Esta acción directa fue una respuesta a los daños al clima que, según Greenpeace, Shell está infligiendo.
El impacto de la demanda de Shell contra Greenpeace no se limita a la compensación financiera. La petición de una prohibición indefinida de protestas en las infraestructuras marítimas de Shell a nivel mundial plantea cuestiones sobre la libertad de expresión y la capacidad de los grupos ambientales para ejercer su derecho a la protesta.
En un contexto más amplio, este caso se suma a la creciente tensión entre las grandes corporaciones y los defensores del medio ambiente, que buscan responsabilizar a las empresas por los daños ambientales, sociales y económicos al planeta.
Shell frente a la justicia
No es la primera vez que Shell se enfrenta a acciones legales relacionadas con sus políticas ambientales. Previo a esta demanda, la organización ambiental ClientEarth intentó, sin éxito, demandar a 11 directores de Shell en la Alta Corte de Londres, responsabilizándolos personalmente de la estrategia climática «fundamentalmente defectuosa» de la compañía. Sin embargo, la corte no respaldó la argumentación de la organización ambientalista para responsabilizar personalmente a los directores de Shell en ese momento específico.
Además, una corte holandesa ordenó a Shell reducir las emisiones de sus operaciones petroleras y de gas en un 45% para 2030, como resultado de una demanda presentada por Amigos de la Tierra junto con más de 17,000 co-demandantes.
Petroleras buscan silenciar demandas climáticas: Greenpeace
Greenpeace, por su parte, sostiene que Shell está utilizando «tácticas legales agresivas» para silenciar la creciente disidencia respecto a la decisión del director ejecutivo, Wael Sawan, de intensificar las inversiones en combustibles fósiles. Yeb Saño, director ejecutivo de Greenpeace del sudeste asiático y uno de los activistas mencionados en la demanda de Shell, afirma que la petrolera está tratando de acallar demandas legítimas por justicia climática.
No obstante, la respuesta de Shell a las acusaciones de Greenpeace es categórica: la demanda no tiene la intención de restringir la protesta en general, sino de prevenir actividades peligrosas en el mar o en el puerto que puedan poner en peligro vidas humanas. Un portavoz de Shell enfatiza que la seguridad de los manifestantes es una prioridad, y que la empresa y sus contratistas tienen derecho a recuperar los costos significativos derivados de las acciones peligrosas de Greenpeace.
«El derecho a la protesta es fundamental y lo respetamos absolutamente. Shell y sus contratistas tienen derecho a recuperar los importantes costos de respuesta a las peligrosas acciones de Greenpeace».
Portavoz de Shell.
La batalla por el clima
Shell ha informado que ha incurrido en costos legales sustanciales para obtener dos órdenes judiciales que podrían evitar futuros abordajes de protestantes. Además, la empresa ha tenido que movilizar una embarcación de seguridad adicional y aumentar las medidas de seguridad. La compañía argumenta que estas medidas son esenciales para garantizar la seguridad de los manifestantes y de la tripulación, y sostiene que las acciones de Greenpeace generan preocupaciones reales sobre la seguridad.
Areeba Hamid, co-directora ejecutiva de Greenpeace en el Reino Unido, acusa a Shell de intentar sofocar la capacidad de campaña de Greenpeace y, al hacerlo, busca silenciar demandas legítimas de justicia climática y compensación por pérdidas y daños. Hamid aboga por que este caso sea desestimado y que el gobierno regule a Shell, argumentando que el enfoque de Sawan está centrado en la ganancia, sin importar el costo humano.
El conflicto legal entre Shell y Greenpeace destaca la creciente tensión entre las grandes corporaciones y las protestas por la acción climática. El resultado de este enfrentamiento legal no solo tendrá implicaciones financieras sino también repercusiones más amplias sobre el derecho a la protesta y la rendición de cuentas corporativa en el contexto de la crisis climática global.
«Rodeo sunset» by gwen is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.
