El gigante de los fondos de riesgo SAC Capital Advisors ha accedido a declararse culpable de cargos de fraude y a pagar multas por 1,800 millones de dólares, indicaron fiscales federales en Nueva York.
El acuerdo se encontraba en una carta que los fiscales enviaron a jueces federales que llevan el caso en Manhattan. De acuerdo con la misiva fechada el lunes, la compañía pagará una multa de 900 millones de dólares y otra de 900 millones más al gobierno federal. Además, pondrá fin a su negocio de asesoría en inversiones.
Un vocero de SAC Capital no devolvió las llamadas telefónicas en busca de comentarios.
Los cargos penales presentados en julio contra SAC Capital, con sede en Stamford, Connecticut y propiedad del multimillonario Steven A. Cohen, incluyen fraude electrónico y de valores. Acusan a la empresa de ganar centenares de millones de dólares de forma ilegal.
Un fiscal indicó en aquel entonces que las pruebas contra la compañía eran «voluminosas» e incluían correos electrónicos, mensajes instantáneos, escuchas telefónicas ordenadas por la justicia y grabaciones autorizadas. La fiscalía insistió en que la cultura de trabajo en SAC permitió el uso indebido de información privilegiada, e incluso podría haberlo alentado.
Las autoridades sostuvieron que SAC Capital ganó centenares de millones de dólares ilegalmente de 1999 al 2010 al recurrir sus operadores de cartera y analistas al uso indebido de información privilegiada de por lo menos 20 empresas que cotizan en bolsa. Bharara dijo en julio que SAC Capital «traficó con información privilegiada en una escala sin precedentes en la historia de los fondos de inversión de alto riesgo».
De los aproximadamente 15,000 millones de dólares en activos que SAC administraba a principios de año, casi la mitad pertenecían a Cohen y sus empleados. El resto era dinero de los clientes.
Cohen no fue imputado como acusado en el caso. En los documentos judiciales fue mencionado repetidamente como el «propietario de SAC» que «facilitó y promovió» las prácticas de uso indebido de información privilegiada.
Fuente: El Economista.
