Ricardo Bucio, titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), afirmó que en la nueva sede del Senado se presume discriminación en torno a las personas con capacidades diferentes, ya que no se cuenta con el acceso universal que debe tener cualquier edificio gubernamental como marcan las normas actuales, entre ellas la convención sobre los derechos de las personas con capacidades diferentes.
“Presumimos un posible acto de discriminación, pero por razones legales y por mucha información que necesitamos, podemos presumir de entrada que hay un acto de discriminación”, dijo Ricardo Bucio.
En entrevista con este diario, el funcionario dijo que la organización Libre Acceso A.C. presentará una denuncia contra la nueva sede del Senado y con ella comenzarán las investigaciones que resultarán, seguramente, en una recomendación que tendrá que emitir en su momento Conapred.
EL UNIVERSAL publicó el 28 de abril que la nueva sede del Senado “olvidó” colocar rampas en su entrada principal así como dotar de todos los acondicionamientos estructurales para contar con acceso universal en todas sus áreas para personas con capacidades diferentes, incluyendo la sala de sesiones.
Según Bucio, el Senado deberá aplicar normas que por ley están establecidas en un convenio aprobado por los países en la ONU y que fue propuesto por México.
“Vale la pena recordar que esta convención no sólo fue ratificada por el Senado, sino que fue propuesta por México a la ONU”, recordó Bucio.
Mecanismos universales
La convención establece dos mecanismos para obtener un acceso universal en los inmuebles. El primero es hacer “ajustes razonables” como el que se hizo en la pasada legislatura en la Cámara de Diputados, para que legisladoras con capacidades diferentes motriz pudieran estar en tribuna y el otro mecanismo es que desde la construcción del inmueble se creen estos accesos universales.
—¿Deben las instituciones de gobierno como el Senado acondicionar sus oficinas para personas con capacidades diferentes?
—El Senado, como cualquier otra institución pública, en tanto que es pública, tiene que asegurarse que tenga posibilidad de acceso tanto físico como de información y comunicación a todas estas personas que tienen algún tipo de capacidad diferente.
Argumentó que “deben tener acceso universal y el haber hecho las adecuaciones o especificidades necesarias. Algunas son físicas, otras con posibilidad de tener intérpretes de lenguas, de señas, en braille”.
“Hay que recordar que existen dos obligaciones legales que marcan esto: La convención de los derechos de las personas con capacidades diferentes, que establece las obligaciones de accesibilidad para instituciones públicas y privadas y las medidas que deben adoptar Estados como es México y agregar que esta convención fue ratificada por el Senado en 2007 y tiene más de tres años de entrar en vigor”.
Explicó que otra que no aplica al Senado es que la mayoría de los inmuebles deberán ser accesibles en un 90% al final esta administración. Este programa no obliga al Poder Legislativo, pero sí debe ser un impulso al cumplimiento de esta convención.
Después de que llegue la queja al Conapred, esta instancia comenzará las investigaciones y de ser posible, emitirá una recomendación al Senado para que adecúe sus instalaciones para que tengan un acceso universal.
A partir de mañana, deberán hacer algo en la nueva sede del Senado para que la diputada Claudia Anaya, del PRD, pueda acudir al inmueble ya que ella utiliza una silla de ruedas.
Fuente: El Universal.com.mx
Reportera: Lilia Saúl
Publicada: 3 de mayo de 2011
