La crisis económica ha impactado principalmente a las mujeres trabajadoras en México, grupo que registró el 71% de los empleos perdidos durante 2008, aseguró este lunes la presidenta de la Comisión de Equidad y Género en la Cámara de Diputados, Maricela Contreras Julián.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el año pasado perdieron su empleo un millón 922 mil personas, de los cuales un millón 364 mil corresponden a mujeres y 558 mil a hombres.
Durante el foro «Mujeres, retos para el 2009», celebrado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la diputada perredista advirtió que para el presente año, en el que se estima se perderán otros 300 mil empleos, más del 50% serán del sector femenino.
En su exposición señaló que a pesar de la incorporación al mercado laboral de las mujeres, éstas lo han hecho en condiciones desventajosas, ya que a diferencia de los hombres siguen dedicando un tiempo importante a las labores domésticas.
Agregó que en la división sexual del trabajo permanece vigente el modelo tradicional en la familia, en el que el hombre es proveedor de manera mayoritaria y la mujer únicamente cuidadora.
Persiste violencia de género
Asimismo, respecto al problema de la violencia de género, Contreras Julián indicó que a pesar de que se ha logrado sacar de la esfera privada, el problema sigue presente en todo el país, donde la violencia extrema en 2008 alcanzó los 264 feminicidios.
En el ámbito de la participación política, dijo, «las legisladoras no logramos que en este Congreso se aplicara la paridad de género en las reformas electorales. Tampoco hacer cambios constitucionales o incorporar ninguna acción que realmente pudiera plantear la igualdad entre hombres y mujeres».
Sin embargo, añadió, se seguirán haciendo los esfuerzos necesarios para lograrlo.
Por su parte, la presidenta del Instituto Nacional para las Mujeres (Inmujeres), María del Rocío García Gaytán, destacó la publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aunque aceptó que la legislación tiene limitaciones.
«En el Instituto Nacional de las Mujeres somos conscientes que la ley por sí misma no resolverá ancestrales y arraigados patrones de violencia contra las mujeres, no somos partidarias de las fórmulas mágicas o por decreto para resolver este complejo fenómeno, sin embargo, creemos que la ley juega un importante papel como componente de la política integral para hacerle frente», subrayó.
Pero, agregó, el Estado pasó de la adopción a la implementación de dos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres: la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Violencia contra la Mujer.
La funcionaria recordó que de la polémica y resistencias que generó la Ley pudo ser resuelta en un periodo de poco más de 750 días, tiempo en el que se logró que 31 entidades federativas aprobaran, en el ámbito local, una ley similar.
En este sentido, hizo un llamado al Poder Legislativo del estado de Guanajuato para que a la brevedad apruebe un marco jurídico que permita proteger la vida e integridad de las niñas y mujeres de esa entidad, y pidió al gobierno de Querétaro para que publique cuanto antes la ley en la materia que avaló el Congreso local el 27 de octubre de 2008.
En su oportunidad, la panista Violeta Lagunes Viveros, presidenta de la Comisión Especial para Conocer las Políticas y la Procuración de Justicia Vinculada a los Feminicidios en el País, manifestó que para erradicar la violencia hacia este sector se requiere establecer en la Constitución la transversalidad de género en los programas y acciones de gobierno, «porque no existe actualmente».
También, dijo, es necesario promover la capacitación y contratación de mujeres para cargos de toma de decisiones en los diferentes niveles de gobierno.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Omeheira López Reyna (PAN), expresó que la participación igualitaria de la mujer no sólo es una exigencia básica, sino justa por la democracia, y debe considerarse necesaria para que se tengan realmente en cuenta los intereses de las mujeres.
Reconoció que la discriminación directa e indirecta contra este sector persiste de manera generalizada, «en la ley y en la práctica, en todo el mundo; a pesar de que los derechos de igualdad y no discriminación se encuentran consagrados en distintos instrumentos internacionales».
País: México
