Más organizaciones civiles, ¿Pero… de cuáles?

“En tiempos de corrupción es
cuando más leyes se dan”.
Étienne Bonnot de Condillac

Por: Emilio Guerra Díaz

El nacimiento de la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones Civiles fue extremadamente arduo como prolongado. Aquella no nació de la iniciativa de algún legislador visionario o de una fracción parlamentaria que desease incrementar la participación ciudadana. Más bien fue obra del esfuerzo de 5 organizaciones civiles que advirtieron la necesidad de contar con marco legal promotor y que las organizaciones filantrópicas pudieran acceder a recursos públicos por los servicios otorgan a la población en general, pues gran parte de ella no usufructúan servicios privados por su alto costo, pero tampoco tienen derecho a un servicio público, ya sea porque la cobertura no alcanza o, prácticamente por que el Estado de plano no los brinda.

Fueron 11 años de cabildeo para que por fin dicha ley pudiera ser acogida por una comisión de diputados, llevada al Senado y finalmente aprobada por una legislatura distinta a la que se le había propuesto más de dos lustros antes. Su promulgación fue en 2004. Diversos especialistas en el tercer sector pronto advirtieron los beneficios de ese marco legal pero también quedaron al descubierto nuevas y profundas áreas de oportunidad.

Carlos Cordourier Real, Humberto Muñoz Grandé, Alejandro Natal, Carlos Zarco, Alberto Olvera Rivera, Sergio García García, y otros estudiosos del sector estimaron que dicha ley contenía elementos de control, más que de promoción. En el periodo que este estatuto ha tenido vigencia no se han reformado otras leyes vinculadas para hacerla más robusta en el terreno de la promoción para la creación y desarrollo de más organizaciones filantrópicas.

En relación a ello Cordourier Real escribió: “limitada en sus alcances para promover efectivamente una cultura asociativa, la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil ha operado de manera insular y con efectos marginales, pues no se ha diseñado un sistema de normas coherente capaz de enmarcar una política pública integral que favorezca el asociativismo” (en “El Entorno económico de las organizaciones de la sociedad civil en México, ed. Cecapiss/JP-DF, México 2013).

Por otra parte, hay que señalar que el target de organizaciones que considera y beneficia esta ley no necesariamente se agota en las asociaciones filantrópicas, sino que incluye a otras que, sin tener fines lucrativos, pueden recibir recursos públicos por el hecho de estar inscritas en el Registro Público de Organizaciones Civiles.

La semana pasada La Jornada publicó: “Promueven creación de organizaciones civiles; hay 3.08 por cada 10 mil habitantes” (abril 3), donde señala que “la senadora priísta Lucero Saldaña presentó una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones Civiles, a fin de promover la creación, organización y participación de esas agrupaciones y sancionar y prohibir ‘su auto beneficio’ con recursos públicos”.

El contexto de la declaración de la legisladora Saldaña que quiere más organizaciones de la sociedad civil se enmarca en varios hechos que avivan las suspicacias y la desconfianza hacia el poder legislativo, no porque no se requiera mejorar la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones Civiles sino por las evidentes contradicciones que existen dentro del Estado mexicano y los distintos puntos de vista de diputados, senadores y miembros del gabinete del poder ejecutivo respecto al tratamiento que se puede dar estas organizaciones.

Nuevamente Carlos Cordourier Real señala: “el fomento a las actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil (OSC) tiene tres dimensiones principales: la existencia de un marco normativo que garantice efectivamente la libertad de asociación, el establecimiento de un esquema fiscal propicio para la sostenibilidad financiera de las OSC, y políticas de financiamiento público”. La senadora priísta Lucero Saldaña desea que existan más organizaciones de la sociedad civil pero no hay un trabajo integral y cabal porque solo se reforma la ley existente. No hay programas robustos de fortalecimiento ni claro financiamiento gubernamental.

En cambio, como se ha señalado en este espacio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima que el estado ya es promotor y “bondadoso” pero el sector filantrópico no crece y no se desarrolla porque centra su atención solamente en medidas fiscales y no en la dimensión de política de financiamiento público. Es decir, ve un solo árbol sin atender el bosque.

En los Criterios Generales de Política Económica para este año presentados en septiembre de 2016, la SHCP señala: “a partir de un diagnóstico de los obstáculos a la expansión de la cultura filantrópica en el país, se identificaron dos barreras principales. Por una parte, se encontró que, a pesar de las bondades del régimen fiscal aplicable al sector filantrópico, existen ciertas barreras administrativas que inhiben tanto la creación de organizaciones con fines no lucrativos como aspectos específicos de su operación. En gran parte estas barreras se explican por la complejidad de las disposiciones aplicables, así como por la falta de efectividad de los controles establecidos para verificar su actuación. Por otro lado, se identificó que existe un déficit en la visibilidad y certeza sobre el desempeño de las donatarias y sus labores entre la población” (pág. 60).

Recordará el lector que por un lado, persiste en el imaginario de estudiosos, observadores del desarrollo de la sociedad civil en el país y analistas así como de varios políticos y periodistas, el caso de Josefina Vázquez Mota y la asociación civil Juntos Podemos que no ha quedado claro a satisfacción, pues si bien la Auditoria Superior de la Federación indagó sobre la salida de dinero público para apoyar a migrantes en EEUU, las pesquisas no han sido concluyentes respecto a verificar un posible retorno de fondos a México en beneficio de una organización que constituida legalmente, pero que no tiene ni la Clave Única ni es donataria autorizada y que puede considerarse como del auto beneficio. Es legal pero no se apega al régimen fiscal que la SHCP regula.

La insistencia de políticos por crear OSC para obtener un beneficio personal es atractiva gracias a las lagunas del marco legal que no abarca precisamente a las organizaciones de auto beneficio. En las dádivas de recursos públicos y en mantener cercanas a diversas asociaciones civiles para otorgarles dinero (sindicatos, asociaciones vecinales, colegios de profesionistas, redes ciudadanas, etc.) fue una práctica que estableció y dominó el Partido Revolucionario Institucional para allegarse simpatías y votos, pero otros le copiaron ya sea creando las suyas o adueñándose de partidos políticos para someter la democracia a los designios de un caudillo con aroma echeverrista.

Así, Margarita Zavala puede maniobrar en dos terrenos gracias a sus organizaciones: en el político electoral con “Yo con México» presentada como una plataforma (que en realidad su nombre es Dignificación de la Política, A.C.), que está orientada a “dignificar la política y la participación ciudadana” desde su visión e ideología particular (claro está), que al día de hoy esta asociación no se encuentra en el Registro Nacional de Organizaciones. En el filantrópico Margarita tiene la Fundación Cambia la Historia, A.C. que si aparece en el citado registro y tiene por misión: “coordinar esfuerzos y talentos de personas, organizaciones, empresas e instituciones de gobierno a fin de visibilizar y adoptar medidas de protección para los sectores de la población en situaciones de riesgo”.

Más aún, en la misma semana, el periódico Reforma dio a conocer una interesante nota: “Financian diputados a sus asociaciones. Otorgan recursos públicos a grupos afines. Asignan 67 mdp a organizaciones donde participan familiares”.

En el cuerpo de la información puede leerse: “En la asignación del presupuesto 2017, la Cámara de Diputados canalizó recursos de manera directa para asociaciones civiles en las que tienen participación algunos de sus integrantes y al menos un senador. Los diputados etiquetaron un total de 67 millones de pesos a 6 organizaciones de las que legisladores, familiares suyos o colaboradores son presidentes”. Con o sin ley de fomento se dan casos de posible nepotismo. ¿Cómo podrían la senadora Lucero Saldaña y la SHCP terminar con esas aberrantes prácticas? Esas convocatorias de la Comisión de Cultura vienen asignando recursos a eventos… siempre y cuando haya un porcentaje para los legisladores.

Estado ¿promotor o controlador?

Evidentemente las dos son funciones públicas y son necesarias, pero mientras al sector filantrópico le endilgan diversas medidas basadas en la desconfianza provocada por algunos casos como los presentados arriba, lejos de que el Estado promueva un ordenado sector social diferenciando organizaciones con fines políticos, religiosos, de auto beneficio y filantrópico, persisten en el terreno jurídico maniobras para crear “Frankensteins” legislativos que al tiempo tengan lagunas legales que les permitan conchabar para su auto beneficio (el de legisladores y el de sus familiares).

No es posible aceptar que el Estado mexicano se vea asimismo como promotor de organizaciones de la sociedad civil y de asociacionismo ciudadano cuando no aborda de manera integral las tres dimensiones que señala Carlos Cordourier Real. Más bien en muchos políticos hay temor de que el poder ciudadano crezca y les limite, que se llegue a la práctica de gobiernos abiertos y de la práctica de la gobernanza. Está claro, muchos políticos estiman como su patrimonio la constitución y reproducción de los conceptos que engloban lo público y por lo tanto sino pueden ir contra la tendencia de que la ciudadanía organizada está fluyendo por nuevos cauces y se esté fortaleciendo, pues entonces apuestan al control de sus organizaciones.

Desde el Consejo Directivo

La sesión del Consejo Directivo fue muy productiva, dijo el Presidente del Directorio, toda vez que al revisar la información y advertir posibles cambios a la Ley de Fomento, se recordó que Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, reculó y durante el informe que rindiera Carlos Madrid Varela al frente de la Junta de Asistencia Privada del DF, firmó el decreto de promulgación y publicación de la resolución que condona a las Instituciones de Asistencia Privada el pago de diversas contribuciones, beneficios que ya se tenían y que el mismo Mancera había reducido para este año. Asimismo, el Jefe de Gobierno, dijo el Presidente del Consejo Directivo, se comprometió a apoyar la regularización el uso de suelo de 190 IAP que no han podido consolidar ese proceso que involucra parte de su patrimonio.

El Tesorero señaló que “ya que estamos en temas fiscales”, es necesario dar seguimiento al amparo que interpuso la asociación Aprender Primero, que también encabeza Claudio X. González, donde solicita tener autorización para recibir donativos deducidles desde el extranjero.

La Secretaria del Directorio expuso que hay que asistir al “I Festival Universitario por la Paz”, que se llevará a cabo el sábado 22 de abril. El programa contempla la participación de distinguidos músicos como Rafa Mendoza alternando con Los Nakos, Marta Tchai, Zazhil y Alejando Filio. Entre concierto y concierto habrá “poesía por la paz” con Sandra Vázquez, Emiliano Martínez Escoto y Neftalí Zamora. El evento es organizado por la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria y la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM. Inicia a las 12:00 y concluye a las 16:00 horas en la zona conocida como “Las Islas” de Ciudad Universitaria.

Por su parte, el Director animó a apoyar con un donativo a través de Movimiento Azteca del mes de abril a la asociación civil Trasplante y Vida IAP, que preside Carolina Silva Silva Oseguera. Esta organización se dedica a apoyar trasplantes de órganos a personas con alta vulnerabilidad y fomentar la cultura de donación de órganos y tejidos. Cada paciente que es atendido vuelve prácticamente a la vida y su atención es muy costosa.

Emilio Guerra Díaz

Emilio Guerra cuenta con amplia experiencia en la Gestión de la RSC, destacando su trabajo en el área de vinculación con la comunidad que potenciar la inversión social empresarial. Ha gerenciado fundaciones empresariales.