No habrá sentencia en el caso que sentó en el banquillo a Royal Dutch Shell por la ejecución de los nueve de Ogoni, líderes de un grupo de activistas medioambientales de esa región en Nigeria encabezado por el poeta Ken Saro-Wiwa. La demanda quedó zanjada en Nueva York con 15,5 millones de dólares (11 millones de euros), que abonará la petrolera anglo-holandesa a un fondo para el pueblo ogoni.

El caso Wiwa despertó gran interés porque podía haber sentado un precedente al juzgar en EE UU crímenes contra la humanidad cometidos en el extranjero, en base a la Alien Tort Claims Act. La ley fue creada en 1789, pero hasta ahora no había sido muy utilizada.

El pacto evita que Shell afronte un proceso que podía haber dañado su imagen, o que los demandantes se vayan con las manos vacías después de 13 años buscando justicia.

La campaña contra la CocaCola Zero comenzó en Internet. Desde hace meses, cientos de blogs y cadenas electrónicas han denunciado que la bebida contiene altas concentraciones de ciclamato de sodio, un aditivo edulcorante que está prohibido por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y del cual se sospecha que tiene implicaciones tóxicas en el organismo.

A pesar de que la empresa trasnacional ha respondido en varias ocasiones que el producto no contiene ciclamato de sodio, un estudio del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel señala lo contrario.

Luego de analizar los componentes de cinco muestras aleatorias del producto en Venezuela, se concluyó que tenían altas concentraciones del componente, aunque la empresa no lo reportó cuando introdujo la solicitud de registro sanitario a mediados de 2007.

Escribo esto en la mañana del fin de la otrora poderosa General Motors. Al mediodía, el presidente de Estados Unidos lo hará oficial: General Motors, como la conocemos, ha terminado.

Sentado aquí en la ciudad natal de GM, Flint, Michigan, estoy rodeado de amigos y familiares llenos de ansiedad por lo que pasará con ellos y con la ciudad. Cuarenta por ciento de los hogares y negocios de la localidad han sido abandonados. Imagine el lector lo que sería vivir en una ciudad donde casi todas las demás casas estuvieran vacías. ¿Cuál sería su estado de ánimo?

Es una triste ironía que la compañía que inventó la obsolescencia planeada –la decisión de construir automóviles que se cayeran en pedazos en unos cuantos años para que el cliente tuviera que comprar otro coche– ahora se haya vuelto obsoleta. Se negó a fabricar los automóviles que el público quería, que tuvieran gran rendimiento de gasolina, que fueran lo más seguros posible y extremadamente cómodos de manejar. Ah, y que no comenzaran a desmoronarse en unos años.

En la última década, las corporaciones transnacionales, las escuelas de negocios y las facultades de administración de empresas han venido impulsando lo que ya se ha convertido en el nuevo paradigma de comportamiento de las multinacionales en la era de la globalización: la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Pero, pese a la extensa bibliografía surgida alrededor de este concepto, todavía sigue reinando una gran confusión a la hora de concretar su contenido: no se sabe muy bien si se trata de derechos humanos, de filantropía, de proyectos de desarrollo, de marketing, de acciones de calidad interna de la empresa, de todas estas cosas o de ninguna de ellas.

Los españoles creen que la empresa privada y los partidos políticos son los sectores de la sociedad más corruptos.

La mayoría de los encuestados considera que el Gobierno no hace suficiente para luchar contra la corrupción, según un sondeo hecho público hoy por la organización no gubernamental Transparencia Internacional.

El 29% de los españoles afirma que la empresa privada es el sector social más afectado por la corrupción, mientras que el 27% atribuye este papel a los partidos políticos. Otros grupos que los encuestados consideran contaminados por la corrupción son los funcionarios públicos (15%) y el poder judicial (12%).

Las últimas posiciones las ocupan los medios de comunicación (el 9% de los encuestados considera que son corruptos) y el Parlamento (8%).

La directora de la oficina de Transparencia Internacional en la UE, Jana Mittermaier, explicó a Europa Press que “España es un ejemplo típico de los antiguos Estados miembros de la UE que están cada vez más preocupado por el hecho de que el sector privado está distorsionando las políticas públicas, un fenómeno que se conoce como secuestro del Estado”.

Para que una empresa se gane un distintivo de Empresa Socialmente Responsable, debe ganárselo a pulso. El caso de Home Depot de Ricardo Saldívar, es una de las empresas que sólo usan el membrete ESR.

El primer paso para ser ESR es ser responsable con sus clientes y, no lo son. Ejemplos de esa empresa son innumerables como el no dar la factura al momento de hacer la compra, no dar responsivas civiles, etcétera. Ejemplos, tenemos muchos. ¿Por qué le dieron el distintivo? ¿Son distintivos para el mejor postor? Hay que ver.