El camino es largo para la iniciativa privada, en términos de responsabilidad social, esto debido a la forma que tienen sus procesos de contratación y también sus procesos internos, de acuerdo con la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Alexandra Hass.
Hass, destaca que existen programas de responsabilidad social que son enfocados «hacia afuera de la empresa» pero por dentro persisten prácticas de discriminación hacia sus propios empleados e incluso segregación de sus clientes.
Alexandra dice que en México se habla de un gran capital laboral, pero la iniciativa privada todavía no se la cuenta de que la diversidad es rentable y deja fuera a diversos grupos que forman parte importante de esa fuerza laboral, como las mujeres, personas con discapacidad o de diferente preferencia sexual, entre otros grupos vulnerables.
Es por eso que Hass destaca que los empresarios deben implementar mecanismos, con el fin de estar más relacionados con el tema y saber sobre las obligaciones en materia de derechos humanos.
Por otro lado, también la presidenta destacó para Milenio, que las mismas compañías tienen políticas laborales de inclusión, promoción y contratación, son deficientes.
De igual forma, informó que durante el proceso de contratación, algunas empresas deciden a quién dar el puesto por la universidad donde estudiaron e incluso por el aspecto físico.
Ante eso, en el Conapred se han recibido alrededor de 2 mil 200 quejas por discriminación laboral en el sector privado donde 700 tiene que ver con despidos o falta de ascensos por estar en etapa reproductiva o embarazadas.
«Por eso Conapred creó la norma Mexicana de Igualdad Laboral y no Discriminación, con el propósito de que la iniciativa privada, pueda hacer un diagnóstico de cómo están, ver si tiene políticas laborales explícitas de no discriminación y después que se pueda acreditar con un certificado que dura dos años y ayuda justamente a que la empresa establezca una serie de medidas para que no se discrimine en estos procesos»
Dicha norma tiene dos años de vigencia y desde el 2011 al 2017 se han recibido 2 mil 935 quejas y reclamaciones calificadas como presuntos actos de discriminación en el ámbito laboral de las cuales 75.7% fueron a particulares y el resto contra servidores públicos.
Las entidades con mayores números de quejas son CDMX con mil 568, el Estado de México con 308 y Michoacán con 147.
