La gestión responsable y la asunción de la RSC como herramienta constituyen cuestiones complejas que han protagonizado múltiples debates en los últimos tiempos.
Uno de los planteamientos más controvertidos es el que versa acerca de la voluntariedad del concepto, puesta en tela de juicio en los últimos tiempos por un sector de la opinión que se muestra partidario de regular el concepto. Sin embargo, a la hora de buscar un marco coherente y comparable que encuadre las prácticas de Responsabilidad Social aplicables por las compañías, la obligatoriedad no es la única solución.
Los códigos de conducta voluntarios se han llevado la palma hasta la fecha a la hora de ser asumidos por empresas y organismos. Así las cosas, el debate sigue siendo prolífico en este sentido, más aún cuando recientemente la Comisión Europea ha manifestado su intención de sopesar la normalización de los informes obligatorios sobre la comunicación de aspectos sociales y medio ambientales; a pesar de que en principio no se aborda la idea de incluir medidas legislativas vinculantes.
DEBATE
Así , el debate acerca de la obligatoriedad revive con fuerza creciente. El grueso de las compañías y grupos empresariales abogan por la no obligatoriedad, asegurando que “la actual legislación sobre divulgación de información ya es suficiente”. Otro de los argumentos en contra de los informes obligatorios es el aumento de los costes que llevaría implícito.
Absteniéndose de entrar en la senda de la obligatoriedad, es obvio sin embargo que el grueso de las compañías apuestan por la unión de cada vez más lazos entre la RSC como concepto y sus respectivos modelos de gobierno corporativo. Desde el momento en que una compañía entronca la RSC en su ADN está enlazándola en cierto modo con sus pautas de gobierno corporativo. La necesidad de integrar la información social y medioambiental con la relativa a gobierno corporativo enlaza con las últimas pautas de la Global Reporting Initiative. El organismo ha apostado recientemente por un único informe, el “Rethink Rebuild Report”, fijando el ambicioso objetivo de que hacia 2020 deberán existir unos estándares que aúnen los indicadores financieros, los sociales los medioambientales. Para ello, se ha creado el “International Integrated Committee Secretary. Por la integración abogan también consultoras como KPMG, que ha concluido tras una investigación al respecto que el vínculo entre todas las vertientes empresariales conlleva una mayor valoración por parte de los mercados.
Sin embargo, en lo que respecta a la postura de Bruselas, su inclinación en este sentido lleva ya tiempo siendo un secreto a voces. Las últimas disposiciones de Bruselas en materia de RSE abogan por la unificación y la armonización: conceptos que impregnan en gran medida su estrategia de desarrollo sostenible de cara a 2020, estableciendo como acciones prioritarias el ahorro energético, el mercado competitivo, el liderazgo tecnológico y la negociación efectiva con los socios internacionales.
Al menos en materia social, la Unión Europea ha manifestado recientemente su intención de armonizar la RSE a nivel europeo. A través de la Comunicación de la Comisión del Consejo, del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones del Parlamento Europeo, llamada “Hacia una única Ley del Mercado en la Zona, Para una economía social de mercado altamente competitiva. 50 propuestas para mejorar nuestro empleo, nuestros negocios y nuestro comercio”, se dan a conocer una serie de recomendaciones entre las que destaca la de realizar un Libro Verde sobre transparencia de la información Ambiental, Social y de Derechos Humanos, lo que, según el texto, “podría dar lugar a iniciativas legislativas”.Esta iniciativa comunitaria cobra mayor sentido- y fortaleza- teniendo en cuenta que recientemente vio también la luz la propuesta, de la mano de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo de que se incluyan cláusulas de RSE en los acuerdos comerciales que se realicen en la UE. Con ello proponen que se incentive a las empresas que contraigan compromisos en materia de RSE con los stakeholders relacionados con la materia: sindicatos, consumidores y comunidades locales.
INFORMES INTEGRADOS
En relación al controvertido tema del reporting, el Parlamento ha propuesto también la obligatoriedad de elaborar el balance en materia de RSE mediante un documento de alcance público así como la creación de un comité parlamentario de seguimiento para cada tratado de libre comercio como punto de información y diálogo entre los diputados de la UE y los parlamentarios de los estados miembro, con el objetivo de velar por la aplicación de dicha cláusula.
Otro paso- muy importante- a favor de la integración de los informes es el que llevaron a cabo hace pocos meses la Global Reporting Initiative (GRI) y el The Prince’s Accounting for Sustainability Project (A4S) con la presentación de su iniciativa International Integrated Reporting Committee (IIRC) con la que buscan el modo de integrar la denominada información ESG (ambiental, social y de gobierno corporativo) en los balances financieros anuales. El organismo internacional fundamenta su iniciativa en el hecho de que la información actualmente requerida conforme a normas contables y de cotización en bolsa no refleja plenamente a los factores ambientales y que, además, cuando la información sí es divulgada apenas tiene relación con el desempeño financiero y la dirección estratégica.
Fuente: Icnr.es
Por: Beatriz Lorenzo
Publicada: 27 de septiembre de 2011.
