El Gobierno comenzará a evaluar criterios de responsabilidad social a la hora de adjudicar compras públicas a partir de finales del próximo mes de julio, según anunció este jueves el director general de Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la RSE del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Juan José Barrera.
En su intervención en el Foro de Desarrollo Económico Sostenible 2010, organizado por Forética, Barrera avanzó que «en un plazo de cinco meses, medidos a partir del 26 de febrero, la Administración Pública pondrá en marcha un sistema de evaluación y seguimiento de la inclusión de criterios sociales y ambientales en las compras públicas».
Barrera añadió que esta medida es un «impulso necesario» a la Ley de Contratos del Estado de 2007 y al Proyecto de Ley de Economía Sostenible.
Barrera destacó que tendrá «especial importancia» los temas relacionados con «la transparencia en la gestión, el compromiso con el medio ambiente, la protección de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la integración de la discapacidad».
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