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Cofetel: el juego de la transparencia

Luego de que el IFAI hiciera público el video del Pleno acerca de la discusión sobre el apagón analógico, surgen diversos cuestionamientos

La semana pasada, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) que hiciera pública la versión estenográfica de la sesión de pleno del 25 de enero, en la que los comisionados discutieron, entre otros temas, la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) y la licitación de frecuencias para televisión abierta.

La versión se hizo pública y la Presidencia de la Cofetel aprovechó la oportunidad para tratar de desacreditar a cuatro comisionados que, de manera profesional y responsable, se pronunciaron por aplazar la discusión de la transición a la TDT hasta tener la certeza de que podrían adaptar la política del 2004 al decreto presidencial del 2010.El apego estricto a la ley es la principal responsabilidad de los servidores públicos. Por ello, en la sesión del 25 de enero, los comisionados Alexis Milo, José Luis Peralta, Gonzalo Martínez Pous y Ernesto Gil Elorduy se pronunciaron por retomar el tema de TDT en cuanto quedaran resueltas las dudas y temas ajenos a la competencia de la Cofetel.

Luego de esa polémica sesión, vino el escándalo: enojado por la posición institucional de los comisionados, que con su decisión frenaron su agenda personal, el Presidente de la Cofetel arremetió en contra de sus pares en un comunicado de prensa, en el cual los acusó de suspender por tiempo indefinido la discusión sobre el apagón analógico y la licitación de frecuencias para televisión abierta.

Los comisionados tuvieron que emitir su propio comunicado de prensa, en el que negaron de manera rotunda que pretendieran congelar, frenar o aplazar en forma indefinida temas fundamentales como la TDT y la licitación de frecuencias para TV.

Cuatro meses después, la verdad sale a flote y en las versiones estenográficas que se hicieron públicas queda claro que los comisionados expresaron su decisión y voluntad de retomar el tema de la TDT en cuanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera el tema del multiplexeo y una vez que se solventaran dudas jurídicas con la Consejería Jurídica de la Presidencia y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

¿Qué abonó el hecho de que se hiciera pública el acta de la sesión de pleno de 25 de enero? Nada. El intento permanente de la Presidencia de la Cofetel por desacreditar a sus pares sólo debilita al órgano regulador y, peor aún, exhibe detalles de cómo se trabaja en el pleno de la Comisión, que seguramente serán aprovechados por los operadores que sólo buscan pretextos y cabos sueltos para ampararse ante las decisiones de gobierno que les sean desfavorables.

El tema llegó a las redes sociales, donde el Comisionado Presidente buscó sostener la acusación contra sus pares y esto llevó a un integrante del pleno de la Cofetel a recordarle que los temas del pleno no se discuten en Twitter.

Nadie está en contra de la transparencia al interior del órgano regulador de las telecomunicaciones, pero hay un hecho que no se ha cuestionado: ninguna ley, ningún ordenamiento, obliga a los comisionados de la Cofetel a grabar en audio las discusiones que sostienen al interior del pleno. Nada los obliga tampoco a emitir versiones estenográficas de lo que ahí se discute.

En esta ocasión, la verdad se impuso. El prestigio y profesionalismo de los comisionados Alexis Milo, José Luis Peralta, Gonzalo Martínez Pous y Ernesto Gil Elorduy es de sobra conocido en el sector. Lo que pocos saben y se tiene que decir es que las grabaciones de las sesiones del pleno y la elaboración de las versiones estenográficas dependen de la Secretaría Técnica del pleno, que sólo responde al interés del Comisionado Presidente.

Por cierto, es una empresa privada la que, cada semana, graba las sesiones del pleno y elabora las versiones estenográficas. La delicada información del sector telecomunicaciones va y viene de manos de otra empresa contratada con recursos públicos. Se pretendió, con ese trabajo, dañar la imagen de cuatro funcionarios que sólo cumplen con su deber principal: el apego a la ley.

Fuente: eleconomista.com.mx
Por: Gerardo Soria
Publicada: 29 de mayo de 2012

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