La inteligencia artificial generativa está modificando la manera en que las personas encuentran y consumen información. En lugar de entrar a los sitios de los medios, consultar sus artículos y comparar fuentes, cada vez más usuarios recurren a chatbots que sintetizan contenidos y entregan respuestas directas. La comodidad de este modelo tiene una consecuencia menos visible: mientras las plataformas tecnológicas concentran la atención y la interacción, los medios que producen la información pueden perder visitas, ingresos y control sobre la circulación de sus publicaciones.
Esta tensión llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), donde se analiza si el uso que Google hace de artículos periodísticos para responder consultas mediante Gemini puede vulnerar los derechos de autor. Aunque todavía no existe una sentencia definitiva, el pronunciamiento de uno de sus abogados generales introduce una distinción relevante: entrenar un modelo de inteligencia artificial con contenidos protegidos no necesariamente equivale a reutilizar publicaciones para generar respuestas. La diferencia podría definir hasta dónde llega la libertad de las empresas tecnológicas para aprovechar el trabajo de terceros y qué responsabilidades tienen frente a quienes producen la información.
¿Por qué el TJUE analiza los derechos de autor en Gemini?
El caso fue presentado por Like Company, operador de un sitio web húngaro, contra Google. La controversia se centra en el uso de publicaciones periodísticas por parte de Gemini para elaborar respuestas a las consultas de los usuarios.
El abogado general Maciej Szpunar, asesor del TJUE con sede en Luxemburgo, consideró que ese uso puede infringir los derechos de los editores de prensa en determinadas circunstancias. Según el comunicado del tribunal, cuando un chatbot recupera una publicación, la reutiliza para generar una respuesta y la entrega al usuario, puede estar reproduciendo contenido protegido.
Su opinión identifica dos escenarios especialmente relevantes:
- Acceso mediante barreras técnicas: si el chatbot accede a publicaciones eludiendo ilegalmente muros de pago u otras restricciones técnicas.
- Reutilización reconocible del contenido: si la respuesta conserva de manera identificable la forma de expresión de la publicación original.
La precisión importa porque las normas de derechos de autor no protegen los hechos en sí mismos, sino la manera particular en que un autor los presenta. Una noticia puede contener datos de interés público que otros pueden comunicar, pero eso no significa que cualquier plataforma pueda apropiarse de su redacción, estructura o expresión protegida.
Las opiniones de los abogados generales no son vinculantes para el tribunal, aunque los jueces suelen seguirlas. Por tanto, el pronunciamiento de Szpunar no representa todavía una resolución definitiva contra Google, pero sí ofrece criterios para delimitar la responsabilidad de los chatbots frente a los contenidos periodísticos.
Entrenar una IA no es lo mismo que reutilizar una noticia
Uno de los aspectos más importantes del análisis es la diferencia entre el entrenamiento de los modelos y el uso posterior de los contenidos para generar respuestas.
Szpunar señaló que utilizar material protegido por derechos de autor para entrenar grandes modelos lingüísticos está permitido, bajo determinadas condiciones, por la excepción europea relativa a la minería de textos y datos. Esta excepción permite procesar grandes volúmenes de información para identificar patrones y extraer conocimiento, dentro del marco legal aplicable.
Sin embargo, esa posibilidad no significa que todo uso posterior quede automáticamente autorizado. El hecho de que un modelo haya aprendido de millones de textos no le concede necesariamente libertad para reproducir fragmentos reconocibles de una publicación o acceder a contenidos mediante mecanismos que vulneren restricciones legales.
Esta distinción coloca los derechos de autor en Gemini en una discusión más amplia: ¿en qué momento el aprovechamiento de información para desarrollar una tecnología se convierte en una explotación comercial del trabajo creativo de terceros?
La respuesta no es sencilla. Los modelos generativos no funcionan como repositorios convencionales que simplemente copian y pegan artículos; procesan patrones y producen respuestas nuevas. Pero esa diferencia tecnológica no elimina la necesidad de examinar qué materiales utilizan, cómo acceden a ellos y cuánto de su expresión original reaparece en los resultados.
El desafío jurídico consiste en evitar dos extremos: asumir que cualquier uso de una obra para desarrollar IA constituye una infracción o considerar que la innovación tecnológica justifica cualquier forma de reutilización.
El impacto económico: cuando los chatbots sustituyen las visitas a los medios
La disputa también tiene una dimensión empresarial. Una sentencia que obligara a Google a pagar derechos por determinados usos de contenidos podría ser un salvavidas para medios digitales como Like Company, que enfrentan una reducción del tráfico a medida que los chatbots ofrecen resúmenes y respuestas sin necesidad de que los usuarios visiten las páginas originales.
El cambio altera una relación económica que durante años sostuvo buena parte del ecosistema informativo. Los medios invierten recursos en investigar, verificar, redactar y publicar noticias; los buscadores tradicionales facilitaban el descubrimiento de esos contenidos mediante enlaces que podían conducir lectores a sus sitios. Los asistentes de IA modifican ese recorrido: la información puede llegar al usuario dentro de la plataforma, sin que exista necesariamente una visita al medio que la produjo.
La cuestión no es únicamente si Google debe pagar por reproducir una noticia. También es quién captura el valor generado a partir de la información y quién asume los costos de producirla.
Si las plataformas tecnológicas pueden utilizar contenidos periodísticos para ofrecer respuestas que retienen a los usuarios dentro de sus propios servicios, mientras los medios pierden tráfico y oportunidades de monetización, se configura una asimetría económica. La tecnología obtiene una ventaja competitiva a partir de un ecosistema informativo cuya sostenibilidad no necesariamente contribuye a financiar.
Esto plantea un riesgo que va más allá de los intereses comerciales de una empresa editorial. El periodismo requiere recursos para investigar asuntos públicos, verificar información y exigir rendición de cuentas. Si su modelo económico se debilita sin que surjan mecanismos alternativos de compensación, también puede deteriorarse la capacidad de producir información original y de calidad.
Derechos de autor en Gemini: una cuestión de gobernanza y responsabilidad empresarial
Desde una perspectiva ESG, el caso permite observar una dimensión de la inteligencia artificial que suele quedar relegada frente a las discusiones sobre eficiencia, productividad o reducción de costos: la responsabilidad de las empresas tecnológicas sobre los recursos que utilizan para desarrollar sus productos y los efectos que generan en otros sectores.
La gobernanza de la IA no debería limitarse a prevenir sesgos, proteger datos personales o mejorar la seguridad de los sistemas. También debe contemplar la procedencia de los contenidos, el respeto a los derechos de propiedad intelectual y las condiciones bajo las cuales se aprovecha el trabajo de terceros.
En este sentido, los derechos de autor en Gemini ponen sobre la mesa al menos tres desafíos para la gestión responsable de la tecnología:
- Transparencia: las empresas deben ofrecer mayor claridad sobre las fuentes y los mecanismos mediante los cuales sus sistemas acceden y utilizan contenidos protegidos.
- Distribución del valor: la innovación no debería depender de trasladar los costos de producción de información a medios y creadores mientras las plataformas concentran los beneficios comerciales.
- Rendición de cuentas: las compañías necesitan mecanismos para identificar usos potencialmente indebidos, atender reclamaciones y corregir prácticas que vulneren derechos.
No se trata de sostener que los medios deben tener control absoluto sobre toda información que circula en internet. Los hechos, las ideas y el conocimiento público no pueden quedar monopolizados por quienes los documentan. Pero tampoco es razonable que el argumento de la innovación convierta el trabajo creativo y periodístico en un insumo disponible sin límites claros.
La discusión es especialmente relevante para los criterios de gobernanza corporativa: una empresa puede presentar una tecnología como innovadora y eficiente, pero su legitimidad también depende de cómo obtiene los recursos que la hacen posible y de si respeta los derechos de los actores que participan en su cadena de valor.
¿Qué está en juego para el futuro de la inteligencia artificial?
El caso contra Google no resolverá por sí solo todas las controversias sobre propiedad intelectual y modelos generativos. Sin embargo, puede contribuir a establecer límites sobre cuándo una respuesta producida por un chatbot deja de ser una síntesis de información y se convierte en una reutilización jurídicamente relevante de una obra protegida.
La diferencia será determinante para las empresas que desarrollan IA, pero también para medios, autores y otros sectores creativos que necesitan reglas claras para negociar el uso de sus contenidos. Si los criterios jurídicos se vuelven más precisos, las plataformas tendrán que considerar con mayor rigor cómo obtienen, procesan y reproducen información ajena.
El fondo del debate es una pregunta sobre el modelo de innovación que se está construyendo. La inteligencia artificial puede ampliar el acceso al conocimiento y facilitar la consulta de información, pero esos beneficios no deberían descansar en una relación desequilibrada con quienes producen los contenidos. La responsabilidad tecnológica exige reconocer que la información no aparece espontáneamente: detrás de cada investigación, noticia o creación hay trabajo, inversión y derechos.
Por eso, los derechos de autor en Gemini no son solamente un asunto legal entre Google y un medio húngaro. Son una prueba para la gobernanza de la IA y para la capacidad de las empresas de integrar la innovación con prácticas responsables. Si el crecimiento de estas herramientas debilita las condiciones económicas que permiten producir información confiable, el costo terminará trascendiendo a los medios y alcanzará al conjunto de la sociedad.
