América Latina concentra aproximadamente un tercio de la biodiversidad mundial, pero también enfrenta una de las situaciones más complejas para quienes defienden el medio ambiente. En 2025, el 85% de los 124 asesinatos de activistas ambientales registrados por Global Witness ocurrió en la región, de acuerdo con los datos citados por Stop Ecocide International.
En este escenario, abogados, ambientalistas e investigadores presentaron en México un proyecto de ley contra el ecocidio que busca ofrecer a los congresos latinoamericanos un marco para sancionar daños ambientales graves y, al mismo tiempo, fortalecer la protección de quienes denuncian estos delitos. La iniciativa parte de un problema que trasciende la existencia de normas: que las leyes ambientales existan no garantiza que se apliquen.
¿Qué propone la ley contra el ecocidio en América Latina?
El proyecto fue presentado en Ciudad de México por Stop Ecocide International, el Centro Mexicano para la Justicia Ambiental (CEMDA) e investigadores de la Universidad Iberoamericana de México.
Se trata de una ley modelo, es decir, un marco que puede servir como referencia para que los congresos de distintos países desarrollen o fortalezcan su propia legislación. No constituye por sí misma una norma vigente en toda América Latina.
Su propósito es establecer herramientas para sancionar la destrucción ambiental grave y evitar que las dificultades para investigar un delito terminen funcionando como una justificación para no actuar. Rodrigo Lledo, director para América Latina de Stop Ecocide International y uno de los autores del proyecto, resumió la problemática así: “Somos expertos en aprobar leyes preciosas que luego no se aplican”. No obstante, la filosofía de la propuesta queda condensada en otra de sus declaraciones: “No hay excusa”.
¿Qué problema busca resolver la ley contra el ecocidio?
Uno de los principales obstáculos identificados por la iniciativa es la impunidad. Los daños ambientales pueden ser complejos de investigar porque determinar quiénes son responsables, especialmente cuando existen múltiples actores, cadenas productivas o actividades ilegales, puede resultar difícil.
La propuesta de ley contra el ecocidio plantea que esa dificultad no debería liberar al Estado de su responsabilidad de detener la destrucción y reparar el daño. Por eso, el proyecto busca presionar para que las autoridades continúen las investigaciones y persigan a los responsables en lugar de abandonar los casos cuando identificar al autor resulta complicado.
Esta aproximación cambia el centro de la discusión: no se trata únicamente de crear nuevas prohibiciones, sino de establecer mecanismos para que la incapacidad de identificar rápidamente a un responsable no se traduzca en inacción.
¿Cómo protegería la propuesta a quienes defienden el medio ambiente?
La iniciativa también reconoce que perseguir delitos ambientales puede poner en riesgo a quienes participan en las investigaciones o denuncian los hechos. Por ello, el proyecto propone que los gobiernos otorguen mayores medidas de protección a:
- Denunciantes.
- Testigos.
- Expertos que participen en casos penales de ecocidio.
Entre las medidas contempladas se encuentra la posibilidad de escolta policial, además de penas más severas para quienes cometan delitos contra estas personas.
La dimensión social de la propuesta resulta difícil de separar de la ambiental. Según Global Witness, citado en la información de la iniciativa, 105 de los 124 asesinatos de defensores ambientales registrados en 2025 ocurrieron en América Latina.
Una legislación que incremente las sanciones por destruir ecosistemas, pero no proteja a quienes denuncian esa destrucción, tendría una debilidad evidente: el riesgo de que investigar y denunciar sea demasiado peligroso.
El caso del río Atrato muestra el límite de reconocer derechos sin garantizar su cumplimiento
La experiencia de Colombia ofrece un ejemplo de la distancia que puede existir entre una decisión jurídica y la protección efectiva de un ecosistema. Hace una década, la Corte Constitucional colombiana reconoció al río Atrato como una entidad viva con derechos a la protección y conservación. Sin embargo, de acuerdo con la información proporcionada por Stop Ecocide, el río continúa afectado por la contaminación asociada con la minería ilegal.
El caso permite observar uno de los desafíos que la propuesta de ley contra el ecocidio intenta abordar: reconocer jurídicamente el valor de un ecosistema no necesariamente significa que desaparecerán las actividades que lo destruyen.
La aplicación de la ley, la capacidad de investigación y la posibilidad de sancionar efectivamente a los responsables son determinantes para que la protección ambiental trascienda el papel.
¿Qué significaría una ley contra el ecocidio para las empresas?
Aunque la propuesta está dirigida principalmente a fortalecer la respuesta de los Estados frente a daños ambientales graves, su eventual adopción tendría implicaciones relevantes para las empresas.
La primera sería un cambio en la forma de gestionar el riesgo ambiental. Un impacto grave sobre un ecosistema podría dejar de analizarse únicamente como un problema de cumplimiento, reputación o compensación económica y adquirir una dimensión penal, dependiendo de cómo cada jurisdicción adopte y desarrolle este tipo de legislación.
Esto elevaría la importancia de contar con controles ambientales sólidos en actividades con potencial de generar daños significativos.
Para las empresas, la discusión plantea al menos cinco prioridades:
1. Identificar riesgos ambientales antes de que se conviertan en daños.
La prevención adquiere mayor peso cuando las consecuencias pueden involucrar responsabilidades legales.
2. Fortalecer la trazabilidad.
Las compañías necesitan conocer no solo sus propios impactos, sino también aquellos asociados con operaciones, proveedores y actividades que forman parte de sus cadenas de valor.
3. Documentar el cumplimiento.
Contar con políticas ambientales no es suficiente. Es necesario demostrar que existen controles, monitoreo y mecanismos de respuesta.
4. Proteger los canales de denuncia.
La existencia de mecanismos seguros para reportar posibles daños ambientales puede convertirse en un componente relevante de gobernanza.
5. Integrar el riesgo ambiental a la toma de decisiones.
La evaluación de proyectos debe considerar no solo su viabilidad económica, sino también los posibles impactos sobre ecosistemas y comunidades.
¿Puede una ley contra el ecocidio acelerar las metas climáticas?
La propuesta no sustituye las políticas climáticas ni las estrategias de conservación, pero sí puede contribuir a elevar el costo institucional de destruir ecosistemas.
Esto resulta especialmente relevante para América Latina por su enorme riqueza natural y por la presión que enfrentan sus territorios. Una mayor capacidad para investigar y sancionar daños ambientales podría fortalecer la aplicación de las políticas existentes y reducir los espacios de impunidad.
Sin embargo, la ley contra el ecocidio tampoco resolvería por sí sola el problema. Su efectividad dependería de que los países desarrollen instituciones capaces de investigar, procesar y sancionar los casos, así como de proteger a las personas involucradas.
La experiencia del río Atrato ilustra precisamente esa diferencia entre reconocer una obligación y conseguir que se cumpla.
Del compromiso ambiental a la responsabilidad por el daño
Para el sector empresarial, el debate sobre el ecocidio introduce una señal importante: las metas ambientales serán cada vez menos relevantes si no están acompañadas de mecanismos capaces de prevenir y responder ante daños reales.
La ley contra el ecocidio todavía es una propuesta de referencia para los congresos latinoamericanos, no una legislación regional vigente. Su importancia, por ahora, está en poner sobre la mesa una pregunta que puede modificar la manera en que gobiernos y empresas entienden la responsabilidad ambiental: ¿qué ocurre cuando el daño a un ecosistema es tan grave que las sanciones convencionales dejan de parecer suficientes?
La respuesta dependerá de cada país. Pero para las empresas, la discusión ya ofrece una conclusión práctica: anticipar, prevenir, documentar y corregir los impactos ambientales puede ser mucho más relevante que esperar a que una nueva norma defina dónde comienza la responsabilidad penal.
