Hace una década, apenas alrededor de 15% de las emisiones globales de CO₂ estaban cubiertas por algún esquema de fijación de precio al carbono. Hoy, según información de Expansión ESG, la proporción se acerca a 30%, lo que significa que en aproximadamente diez años se duplicó la cantidad de emisiones sujetas a una señal económica relacionada con su impacto climático. El crecimiento refleja un cambio importante en la forma en que gobiernos y mercados intentan incorporar el costo de la contaminación a las decisiones económicas.
Pero que más emisiones tengan precio no significa que la transición esté resuelta. La pregunta que surge ahora es si esa señal económica tiene la fuerza suficiente para modificar las decisiones de empresas, inversionistas y consumidores. Por eso, en la actualidad, el reto está precisamente ahí: en conseguir que el precio del carbono deje de ser únicamente un mecanismo financiero y se convierta en un incentivo efectivo para transformar operaciones, inversiones y modelos de negocio.
¿Por qué poner precio a las emisiones globales?
Durante décadas, uno de los problemas de la economía ha sido que buena parte del costo generado por las emisiones de gases de efecto invernadero no aparece en las decisiones que las producen. Una empresa puede elegir una tecnología intensiva en combustibles fósiles porque resulta más barata, aunque parte de sus impactos climáticos termine siendo asumida por la sociedad.
La fijación del precio al carbono intenta corregir esa distorsión. Su lógica consiste en asignar un valor monetario a las emisiones para que el impacto climático tenga mayor presencia en las decisiones de producción, inversión y consumo.
En términos sencillos, si emitir una tonelada adicional de CO₂ genera un costo, mantener una tecnología intensiva en carbono puede dejar de ser tan atractivo frente a alternativas más eficientes. Una empresa podría, por ejemplo, encontrar mayores incentivos para modernizar maquinaria, electrificar un proceso industrial, mejorar su eficiencia energética o invertir en tecnologías con una menor intensidad de carbono.
El objetivo no es solamente recaudar. La señal económica busca modificar comportamientos. Esto también puede trasladarse a decisiones sobre energía, materiales, transporte, proveedores e infraestructura. Y cuanto mayor sea la vida útil de una inversión, más relevante resulta anticipar cómo podría evolucionar el costo del carbono durante los próximos diez, veinte o treinta años.
Dos caminos para ponerle precio al carbono
Actualmente existen dos instrumentos principales para establecer un precio explícito sobre las emisiones. El primero es el impuesto al carbono. En este modelo, una autoridad establece una carga económica vinculada directamente con las emisiones o con el contenido de carbono de determinados combustibles. De esta manera, cuanto mayor sea la intensidad de carbono de una actividad o energético sujeto al impuesto, mayor puede ser el costo asociado.
El segundo es el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS). En este caso, la autoridad establece un límite para las emisiones permitidas dentro de los sectores incluidos y asigna o subasta derechos de emisión que posteriormente pueden intercambiarse entre las empresas.
Aunque funcionan de manera diferente, ambos mecanismos persiguen una misma meta: hacer que el costo asociado al carbono forme parte de las decisiones económicas.
Para una compañía, esto puede cambiar la ecuación de una inversión. Si mantener una tecnología contaminante implica asumir un costo adicional de manera recurrente, una alternativa con menor intensidad de carbono puede comenzar a ser más competitiva. Así, una política climática termina influyendo directamente en decisiones que normalmente se evalúan desde la perspectiva de costos, rentabilidad y riesgo.
El crecimiento de la cobertura no significa que las emisiones globales estén encaminadas
Que aproximadamente 30% de las emisiones globales de CO₂ estén actualmente bajo algún mecanismo de precio representa un avance significativo frente al 15% de hace diez años. Sin embargo, también deja una realidad evidente: alrededor de 70% todavía no está cubierta por esta señal económica.
Por ello, la cifra puede leerse desde dos perspectivas. Por una parte, muestra que poner precio al carbono ha dejado de ser una herramienta marginal y que cada vez una mayor cantidad de emisiones está incorporando su impacto climático a las decisiones económicas. Por otra, evidencia la dimensión de lo que todavía falta.
Además, la cobertura por sí sola no permite determinar qué tan efectiva es la señal. Que una emisión esté incluida en un impuesto o en un sistema de comercio no significa automáticamente que el costo asociado sea suficiente para cambiar una decisión empresarial. Si el precio es demasiado bajo frente al costo de sustituir una tecnología, modificar una planta o adquirir infraestructura de menor carbono, la alternativa contaminante puede continuar siendo económicamente atractiva.
Esta es una de las principales cuestiones que deberán enfrentar los sistemas de fijación de precio durante los próximos años: no solo ampliar la cantidad de emisiones cubiertas, sino conseguir que la señal tenga capacidad real de transformación.
Para las empresas, esto supone mirar más allá del costo actual. Una inversión realizada hoy puede operar durante décadas, por lo que incorporar escenarios sobre la evolución del precio del carbono puede ayudar a evitar que nuevos activos intensivos en emisiones se conviertan posteriormente en riesgos financieros y ambientales.
¿Qué hace falta para que el precio se convierta en acción?
El crecimiento de la cobertura demuestra que existe una herramienta capaz de incorporar el impacto climático a las decisiones económicas. El siguiente desafío es hacer que esa herramienta sea suficientemente amplia y efectiva.
El primer paso consiste en seguir ampliando la cobertura de las emisiones. Mientras grandes cantidades de CO₂ permanezcan fuera de cualquier señal económica, continuarán existiendo actividades en las que contaminar tenga un costo mucho menor que adoptar alternativas bajas en carbono.
El segundo es fortalecer la calidad y previsibilidad de la señal. Las empresas necesitan condiciones que les permitan anticipar cómo evolucionará el costo de sus emisiones. Esto es especialmente importante para las decisiones de infraestructura y activos con vidas útiles prolongadas. Una señal estable y previsible puede facilitar que las organizaciones incorporen el carbono como una variable real de planeación financiera.
También resulta necesario conectar la fijación del precio con otras políticas climáticas. Por sí sola, esta herramienta no resuelve las barreras tecnológicas, financieras o de infraestructura que pueden impedir la transición. Si una empresa enfrenta un costo por emitir, pero no cuenta con alternativas viables para sustituir una tecnología contaminante, el incentivo puede resultar insuficiente.
Desde la responsabilidad social empresarial, esto implica además que las compañías no deberían esperar a que el precio del carbono sea suficientemente alto para comenzar a actuar. Incorporar un precio interno al carbono, evaluar el impacto climático de las inversiones y considerar escenarios futuros puede ayudar a anticipar los cambios regulatorios y económicos.
La duplicación de la cobertura de las emisiones globales en una década demuestra que algo está cambiando. Pero también deja claro que poner precio al carbono es apenas una parte de una transformación mucho mayor.
Una señal económica que todavía debe ganar fuerza
Que cerca de 30% de las emisiones globales de CO₂ estén sujetas actualmente a un precio representa un avance importante: en diez años se duplicó la proporción de emisiones que incorpora una señal económica asociada a su impacto climático.
El verdadero desafío, sin embargo, comienza ahora. Para que el mecanismo tenga un efecto transformador, será necesario ampliar su cobertura, fortalecer la señal económica y lograr que las empresas incorporen el costo presente y futuro del carbono en sus decisiones de inversión y operación.
Para la RSE, la oportunidad está en impulsar una visión más estratégica: no esperar a que las regulaciones obliguen a cambiar, sino utilizar el precio del carbono como una variable para anticipar riesgos, orientar inversiones y acelerar la descarbonización.
Porque el objetivo final no debería ser simplemente que cada vez más toneladas de CO₂ tengan un precio. El éxito estará en que ese precio consiga que emitir deje de ser la opción más conveniente y que reducir emisiones se convierta, también desde la lógica económica, en la decisión más inteligente.
