El mercado de bonos etiquetados en México atraviesa una etapa distinta a la que vivió hace apenas unos años. En 2023 alcanzó un máximo de 283,724 millones de pesos distribuidos en 61 emisiones, de acuerdo con el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles. Desde entonces, tanto el número de operaciones como los montos han disminuido, mientras los inversionistas han elevado sus exigencias sobre la calidad de las estructuras ESG y la capacidad de las empresas para demostrar resultados.
Para las compañías, esto modifica la pregunta que deben hacerse antes de emitir bonos etiquetados. Ya no basta con identificar un proyecto ambiental o social y buscar una etiqueta que lo acompañe. El mercado está exigiendo estrategia, gobierno, indicadores verificables y evidencia de impacto. La experiencia de Fibra Educa muestra cómo cambió el escenario: si en 2023 esperaba obtener una ventaja de entre 10 y 15 puntos base frente a un bono convencional, en su emisión más reciente ese beneficio prácticamente desapareció.
¿Qué son los bonos etiquetados?
Los bonos etiquetados son instrumentos de deuda que incorporan algún atributo ESG. La etiqueta puede estar relacionada con objetivos ambientales, sociales o de sostenibilidad y, dependiendo de la estructura, vincular el financiamiento con proyectos específicos o con indicadores de desempeño de la propia empresa.
Su atractivo para las compañías era doble: podían acceder a capital mientras financiaban proyectos con beneficios ambientales o sociales y, en determinados casos, conseguir un costo financiero menor al de una emisión convencional.
Sin embargo, el mercado mexicano ha evolucionado. En 2026 se han realizado 26 emisiones por 209,293 millones de pesos, un monto 26% inferior al registrado en 2023 pese a que se ha alcanzado con menos de la mitad de las operaciones.
Para Daniel Gracian, director de Finanzas Sostenibles de Scotiabank, esta reducción no necesariamente representa un retroceso. El cambio refleja que los inversionistas están poniendo mayor atención en la calidad de las estructuras de financiamiento y la capacidad de las empresas para generar resultados comprobables.
Emitir bonos etiquetados ya no garantiza un financiamiento más barato
Uno de los principales atractivos que impulsó este mercado fue el llamado greenium, es decir, la diferencia entre el costo de financiamiento de un bono sostenible y el de uno convencional comparable.
La experiencia de Fibra Educa permite dimensionar cómo ha cambiado esta ventaja. Cuando el fideicomiso especializado en infraestructura educativa realizó su primera emisión vinculada a sostenibilidad en 2023, estimaba que utilizar la etiqueta podía representar un ahorro de entre 10 y 15 puntos base respecto de una emisión tradicional.
En su operación más reciente, ese beneficio prácticamente desapareció. Para Raúl Martínez, director general de Fibra Educa, esto está relacionado con la transformación de la conversación internacional sobre los criterios ESG, particularmente después del regreso de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos.
Esto significa que una empresa que analiza emitir bonos etiquetados ya no debería asumir automáticamente que la etiqueta ESG se traducirá en un menor costo de capital. El incentivo financiero puede existir, pero depende de las condiciones del mercado y, cada vez más, de la credibilidad de la estructura.
La etiqueta ESG exige demostrar resultados
El cambio más importante está en lo que sucede antes de acudir al mercado. Según Gracian, las empresas están pasando de preguntarse “¿cómo emito un bono sostenible?” a construir primero una estrategia de sostenibilidad, una estructura de gobierno y un sistema de datos, para después determinar si una emisión vinculada tiene sentido.
Este cambio tiene implicaciones directas para los líderes ESG:
- La estrategia debe existir antes del instrumento financiero.
- Los objetivos necesitan indicadores medibles y verificables.
- Las metas deben ser suficientemente ambiciosas, pero alcanzables.
- Los resultados tienen que estar relacionados con la operación y los riesgos del negocio.
- La información debe poder ser revisada por terceros.
De hecho, los bancos que estructuran estos instrumentos pueden trabajar con empresas durante 12 o 18 meses antes de llevarlas al mercado, cuando todavía necesitan desarrollar los elementos necesarios para respaldar una emisión.
Por ello, emitir bonos etiquetados puede funcionar como una consecuencia de la madurez ESG de una organización, pero difícilmente puede sustituirla.
¿Cómo se determina si una meta ESG es suficientemente ambiciosa?
Uno de los desafíos más complejos para las empresas consiste en establecer objetivos que puedan demostrar adicionalidad y ambición. Esto puede ser especialmente difícil en sectores con pocos comparables.
Fibra Educa experimentó este problema durante su primera emisión. Al trabajar con el proveedor de la Second Party Opinion (SPO) —encargado de evaluar las métricas asociadas con el bono— surgieron dificultades porque no existían referentes globales específicos para una fibra especializada exclusivamente en infraestructura educativa.
La solución fue construir objetivos a partir del impacto específico del negocio, en lugar de intentar utilizar indicadores diseñados para empresas de naturaleza diferente.
De acuerdo con Gracian, para determinar la ambición de una meta se consideran tres referencias:
- El desempeño histórico de la empresa.
- El comportamiento de entidades similares, cuando existen datos comparables.
- Benchmarks internacionales o científicos.
En objetivos sociales también pueden utilizarse referencias de organismos como UNESCO y el Banco Mundial.
Para los líderes ESG, esto plantea una exigencia fundamental: los indicadores deben ser relevantes para el negocio, pero también suficientemente sólidos para resistir la comparación y la revisión externa.
Fibra Educa: cuando el bono refleja la estrategia del negocio
La experiencia actual de Fibra Educa muestra cómo un bono etiquetado puede vincularse con diferentes dimensiones de la estrategia empresarial. Su emisión contempla objetivos ambientales y sociales relacionados directamente con sus operaciones.
Entre sus metas se encuentran:
- Sustituir energía de origen fósil por fuentes renovables mediante paneles fotovoltaicos.
- Mantener un programa de becas dirigido a población en situación de vulnerabilidad económica.
- Destinar al menos 75% de las becas a mujeres; actualmente, la proporción se encuentra cercana a 80%.
- Alcanzar 963 becas activas para 2030.
- Certificar como sostenible 30% de su área bruta rentable para 2030.
- Conseguir que 45% de su consumo energético provenga de fuentes renovables.
La estrategia también incorpora riesgos físicos relacionados con el clima. Su análisis identificó el estrés hídrico como una vulnerabilidad relevante para algunos inmuebles. Aunque el consumo directo de agua de los planteles no representa el principal riesgo, la disponibilidad de agua puede afectar la generación de electricidad convencional en regiones donde disminuyen los niveles de las presas.
Por ello, generar electricidad en los propios inmuebles mediante fuentes renovables puede contribuir simultáneamente a reducir el consumo convencional y la exposición a determinadas interrupciones asociadas con condiciones climáticas.
Los inversionistas también están sofisticando su evaluación
El endurecimiento de las exigencias no proviene únicamente de los bancos. Los inversionistas institucionales mexicanos también están elevando el nivel de análisis.
Martínez señala que las Afores, principales inversionistas en México, ya incorporan cuestionarios de sostenibilidad en sus procesos de evaluación. Esto significa que la empresa debe estar preparada para responder preguntas sobre su estrategia, indicadores, riesgos y resultados incluso antes de plantear emitir bonos etiquetados.
La consecuencia es relevante: la sostenibilidad deja de ser únicamente un elemento utilizado para estructurar el instrumento y pasa a formar parte del proceso general mediante el cual los inversionistas evalúan a la empresa.
Entonces, ¿vale la pena emitir bonos etiquetados?
La respuesta depende menos de la existencia de un proyecto “verde” o social y más de la madurez de la estrategia ESG de cada empresa. Si la organización cuenta con objetivos relevantes, datos sólidos, mecanismos de gobierno, capacidad de medición y metas respaldadas por referencias comparables, una emisión etiquetada puede ser una herramienta para vincular su estrategia de sostenibilidad con el financiamiento.
Pero si la motivación principal es obtener una etiqueta o conseguir automáticamente un menor costo de capital, el escenario actual es considerablemente más exigente.
El bono sostenible como resultado, no como punto de partida
El mercado mexicano de bonos etiquetados muestra una transición importante: el valor de una emisión ya no depende únicamente de que pueda clasificarse como sostenible, sino de que la empresa pueda demostrar qué está cambiando y cómo mide ese cambio.
Para los líderes ESG y financieros, esto implica integrar sostenibilidad, finanzas, gestión de riesgos y datos mucho antes de acudir a los inversionistas. Emitir bonos etiquetados puede seguir siendo una herramienta relevante, pero su mayor valor está en conectar el capital con una estrategia empresarial capaz de producir resultados tangibles, auditables y de largo plazo.
