En México, comer en la calle es una tradición que alimenta la economía, preserva las costumbres y acompaña la vida diaria de millones de personas. Según el INEGI, más de 805,000 changarros de alimentos trabajan diariamente para sostener esta tradición gastronómica, reflejando la importancia social y económica de este tipo de establecimientos en el país.
Con este espíritu, nace Embasadores, una campaña que reconoce y amplifica la voz de quienes dan vida a la comida callejera en ciudades clave como Ciudad de México, Estado de México, Mérida y Guadalajara. A través de esta iniciativa, la presencia de los changarros será impulsada mediante anuncios exteriores, como parabuses y espectaculares, además de videos y contenido digital en las redes de la marca, llevando sus historias a nuevas audiencias.
Un reconocimiento a los que nos alimentan todos los días
Los changarros forman parte del motor económico del país. Con ingresos promedio de $4,500 mensuales, gran parte destinada a insumos y operación, estos negocios dependen del flujo constante de comensales. Para muchos mexicanos, comer en la calle es parte de su vida diaria:
Más del 40% come fuera de casa una o dos veces por semana.
El 17% desayuna, 48% come y 35% cena en puestos callejeros.
Embasadores: cuando la marca presta su voz para amplificar la de ellos
Embasadores reconoce la labor de los comerciantes que por generaciones han alimentado al país. La campaña continúa una trayectoria de iniciativas que han puesto a los changarros al centro, como Billboarts (2023), que recuperó rótulos borrados mediante espacios publicitarios, y Propinas en Vivo en TikTok (2025), que permitió a los puestos recibir propinas en transmisiones en vivo. Porque, como desde hace décadas, Embasa te respalda.
“Creemos profundamente en los puestos de comida porque forman parte esencial de nuestra historia y del sabor de México. Con Embasadores queremos regresarles un poco de lo mucho que nos han dado: reconocimiento, visibilidad y apoyo real, respaldando su trabajo como siempre lo hemos hecho. Si a los changarros les va bien, a México le va bien”,Gabriela Riva Palacio, Group Marketing Manager, Grupo Herdez.
A través de esta iniciativa, se buscará contar sus historias, destacar su lugar en la cultura gastronómica de los mexicanos y fortalecer su presencia en la vida cotidiana de la gente.
Porque México no sería el mismo sin ellos: sin la torta de la esquina, el carrito de hot dogs de la plaza, las hamburguesas al carbón de la colonia o los chilaquiles del camino al trabajo. Hoy, su labor se reconoce y se amplifica.
La Planta de BMW Group en San Luis Potosí presentó su Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2025, “Conduciendo hacia el futuro”, el cual sintetiza las acciones realizadas durante el año y reafirma el compromiso de la compañía y sus voluntarios con transformar vidas y reducir el impacto ambiental mediante soluciones sostenibles y colaborativas.
El reporte funciona como hoja de ruta para consolidar alianzas, impulsar la formación de talento y acelerar la transición hacia procesos más limpios y circulares, confirmando que la sostenibilidad es parte integral de la estrategia de negocio y de la relación con la comunidad.
Al respecto, Klaus von Moltke, Presidente y CEO de la Planta de BMW Group en San Luis Potosí, comentó: “en el marco de nuestro décimo aniversario, desde la colocación de la primera piedra, nos sentimos orgullosos del crecimiento que hemos compartido con San Luis Potosí. Los logros alcanzados a lo largo de este tiempo nos inspiran a seguir construyendo un futuro de la mano de nuestros aliados y por ello mi prioridad será fortalecer los vínculos que nos permitan asegurar que los buenos resultados se sigan multiplicando gracias a un enfoque colectivo, transparente y sostenible”.
Dentro de los hitos a destacar, podemos mencionar que, durante 2025, la Planta fortaleció programas educativos y de formación en colaboración con organizaciones como el Programa Adopte un Talento (PAUTA), Colonia Juvenil y UNICEF; iniciativa que impactó a más de 12,000 estudiantes y 1,000 profesores en México.
Además, la Planta obtuvo la certificación CAMEXA (Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria), que valida sus estándares de formación dual, colaboración empresarial y calidad en la relación bilateral México‑Alemania. Este reconocimiento consolida el Programa Dual que cumplió su décimo aniversario con más de 570 aprendices graduados.
Como parte de su alianza con la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, la Planta donó un robot industrial de última generación que permitirá que más de 1,000 estudiantes de carreras como Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería en Producción Industrial reciban capacitación de vanguardia en automatización y robótica aplicada, fortaleciendo la preparación de talento joven.
El informe también destaca avances en la gestión del agua, con tratamiento del 100% del agua residual, reutilización en procesos clave y un ahorro de más de 13,000 m³ en torres de enfriamiento. Asimismo, se subraya la estrategia ambiental de la Planta, que integra procesos circulares, reducción de emisiones y proyectos de biodiversidad, como campañas de reforestación donde resalta la participación de más de 450 voluntarios quienes plantaron más de 1,000 árboles.
En el plano operativo durante ese año, la Planta mantuvo una fuerza laboral de aproximadamente 3,700 asociados, con 36% de mujeres y representación de 15 nacionalidades, reforzando su enfoque en diversidad e inclusión. Al mismo tiempo, la operación avanza en la preparación para dar la bienvenida a la plataforma Neue Klasse, mediante la producción de vehículos eléctricos y ensamble de baterías de alto voltaje en 2027, consolidando inversiones que apuntan hacia la movilidad del futuro.
Con este informe, BMW Group Planta San Luis Potosí reafirma su compromiso de largo plazo para la formación de talento, mientras avanza hacia la electromovilidad.
El informe “Conduciendo hacia el futuro” que integra todos los pormenores y datos de estas y otras iniciativas de la compañía se puede consultar dando clic aquí.
Una corte francesa declaró culpable a la cementera Lafarge (hoy parte de Holcim) por financiar actividades vinculadas al terrorismo en Siria en 2014. Como resultado de estos hechos, Bruno Lafont, quien fuera director general, ha sido sentenciado a seis años de cárcel. Asimismo, otros siete exdirectivos de la cementera han recibido condenas que oscilan entre los 18 meses y los siete años de privación de libertad.
El caso ha sido ampliamente interpretado como un ejemplo extremo de falla corporativa. Sin embargo, leído con cuidado, revela algo más incómodo: no se trata de una empresa “apoyando” explícitamente a un grupo terrorista, sino de cómo una organización puede cruzar líneas legales y éticas al intentar seguir operando en un entorno donde el Estado ha colapsado.
Lafarge hoy forma parte de Holcim, uno de los mayores grupos cementeros del mundo, y es ella quien por obvias razones, asumirá también daños reputacionales.
Esto no es un caso marginal ni aislado: es una historia que toca el corazón del capitalismo global.
La pregunta relevante no es qué hizo mal Lafarge en Siria —eso ya lo determinó la justicia—, sino qué nos dice este caso sobre la operación empresarial en contextos donde la legalidad es frágil o inexistente.
Y ahí es donde México entra en la conversación.
Bruno Lafont, quien fuera director general, ha sido sentenciado a seis años de cárcel.
Lo que el caso Lafarge revela para México
Siria en guerra y México no son comparables en muchos sentidos. Pero existe un paralelismo incómodo: en ambos casos hay territorios donde el control del Estado es limitado y donde operar implica, directa o indirectamente, interactuar con actores ilegales.
En México, ese fenómeno tiene un nombre cotidiano: derecho de piso.
Miles de empresas —particularmente pequeñas y medianas— enfrentan una realidad donde abrir, operar o simplemente existir implica pagar extorsión. No como una decisión estratégica, sino como una condición de supervivencia.
Esto plantea una pregunta que rara vez se formula en los debates de sostenibilidad:
¿Qué significa operar de forma responsable cuando el entorno obliga a elegir entre cerrar o ceder ante estructuras ilegales?
Para una empresa en estas condiciones, las opciones reales son pocas.
Transportistas de varias líneas de autobuses que prestan del norponiente del Estado de México comenzaron un paro, bloqueando cinco puntos de la autopista México-Pachuca, para denunciar el cobro de “extorsiones” y “derecho de piso”, a sus unidades https://t.co/J4HHe6Ph5a
Pagar para operar, protegiendo en el corto plazo al negocio, empleados y clientes, pero contribuyendo indirectamente a sostener economías criminales.
Salir del mercado o de la región, evitando cualquier vínculo, pero dejando atrás empleos, inversión y tejido económico local.
Resistir o denunciar, lo cual, en muchos casos, implica riesgos graves para la integridad física de quienes trabajan en la empresa.
Ninguna de estas opciones es éticamente pura. Todas implican costos.
Y aquí es donde el caso Lafarge deja de ser un episodio lejano para convertirse en un espejo incómodo.
Es importante no simplificar.
Guerra y narco, no es lo mismo… pero ¿se parecen?
El caso Lafarge ocurrió en un contexto donde una multinacional tomó decisiones para mantener operaciones en un entorno de conflicto armado complejo, con múltiples actores y riesgos evidentes. Había capacidad de análisis, recursos y, en última instancia, posibilidad de retirada (como el resto de los competidores).
En México, el contexto suele ser distinto: la extorsión no es una variable estratégica, sino una imposición directa.
Esto introduce una distinción fundamental para cualquier análisis serio de ESG:
No todas las empresas operan con el mismo grado de libertad moral.
Exigir el mismo estándar a una multinacional global que a un negocio bajo amenaza directa no solo es injusto, sino analíticamente incorrecto.
Los marcos de sostenibilidad —ESG, ODS, estándares internacionales— parten de una premisa implícita: la existencia de instituciones funcionales y un mínimo de Estado de derecho.
Pero ¿qué ocurre cuando esa premisa no se cumple?
En regiones donde la ilegalidad sustituye al Estado, las empresas operan en lo que podríamos llamar “territorios capturados”. Ahí, conceptos como debida diligencia, prácticas justas de operación o incluso cumplimiento normativo se vuelven más complejos, cuando no contradictorios.
Esto no invalida el ESG, pero sí expone sus límites.
¿El ESG es maleable?
La sostenibilidad corporativa, en estos contextos, deja de ser un ejercicio técnico para convertirse en un dilema profundamente político y ético.
Existe además un riesgo reputacional creciente: el desfase entre el discurso y la realidad.
Empresas que reportan avances en sostenibilidad, diversidad o gobernanza pueden, al mismo tiempo, operar en entornos donde enfrentan —y gestionan— dinámicas de extorsión o control territorial.
No se trata necesariamente de hipocresía. Muchas veces se trata de silencio, ambigüedad o falta de herramientas para abordar el problema.
Pero el efecto es el mismo: una grieta en la credibilidad.
El caso Lafarge obliga a formular una pregunta que rara vez se plantea en voz alta:
¿Es más responsable cerrar una operación —dejando sin empleo a cientos o miles de personas— o mantenerla bajo condiciones que implican interactuar con estructuras ilegales?
No hay una respuesta sencilla.
Y quizá el error está en buscarla solo dentro de la empresa.
Este tipo de dilemas no pueden resolverse únicamente desde el ámbito corporativo.
Son el resultado de fallas sistémicas donde intervienen el Estado, incapaz de garantizar seguridad y legalidad; reguladores que no abordan estos contextos; corrupción, arraigada en todas las estructuras (aunque se niegue en el discurso); inversionistas que exigen estándares sin considerar realidades territoriales; y consumidores que rara vez preguntan bajo qué condiciones operan las empresas.
En este sentido, el problema no es solo empresarial. Es estructural.
Reflexiones finales del caso Lafarge para México
El caso Lafarge no es una anomalía lejana. Es una advertencia.
Muestra que los mayores riesgos para una empresa no siempre provienen de malas intenciones, sino de operar en contextos donde lo legal, lo ético y lo posible dejan de alinearse.
En esos territorios, la sostenibilidad no se define en reportes ni en indicadores.
Se define en decisiones difíciles, muchas veces invisibles, donde ninguna opción es completamente correcta.
Y es ahí —no en los discursos— donde realmente se pone a prueba la responsabilidad corporativa.
Esto ocurrió durante la Mañanera del pasado 10 de abril. En medio del anuncio sobre el “Mundial Social” rumbo a la Copa del Mundo 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo textualmente:
“Yo quiero agradecer al Grupo Modelo… Es una Empresa Socialmente Responsable y, además, ha sido muy generosa”.
La frase no es menor.
No tanto por el elogio en sí, sino por el contexto en el que aparece… y por lo que deja ver.
Conferencia 10 de abril
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el lenguaje de la responsabilidad social empresarial ocupó un lugar secundario en la narrativa pública. Muchas empresas optaron por un perfil bajo: menos visibilidad, discursos más contenidos y una clara reducción del protagonismo en temas sociales que, en otros momentos, habrían capitalizado con mayor apertura.
En ese contexto, que hoy la presidenta recupere esa categoría y la otorgue de manera explícita no es menor.
Es una señal
Pero más interesante aún es entender por qué esa empresa… y por qué en ese momento.
El reconocimiento no surge de una campaña reciente ni de una acción aislada. Surge de una narrativa que la propia Presidenta construye en voz alta: la donación de 100 millones de pesos durante la pandemia para rehabilitar el Hospital La Pastora (hoy centro de atención al cáncer de mama), un proyecto de movilidad eléctrica cuando era jefa de Gobierno, y ahora una participación visible en el “Mundial Social”.
Ahí aparece la primera pista… Y es que si analizamos lo presentado por Daniel Cocenzo, Presidente en Grupo Modelo, la historia es más amplia. El directivo recordó la inversión anunciada el año pasado de 3,600 millones de dólares para el periodo 2025–2027, el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo por el centenario de la empresa, y detalló las tres acciones concretas con las que se suman al Mundial Social: 500 boletos para los partidos en México —que serán entregados a ganadores de los torneos—, pantallas móviles para llevar el Mundial a las 32 entidades, y el equipamiento de 35 mil negocios de barrio con licencias gratuitas, televisores, mobiliario y refrigeradores, buscando generar derrama económica en las comunidades.
Lo que vemos, entonces, no es solo responsabilidad social. ¡Es una estrategia de presencia!.
Conferencia 10 de abril
Una que opera en varios niveles al mismo tiempo: interviene en momentos de alta visibilidad (pandemia, centenario, Mundial), se inserta en el espacio público, integra el negocio con la experiencia social y —quizás lo más relevante— logra que parte de esa narrativa sea reconocida y validada por el poder público.
Durante la 4T, muchas empresas aprendieron que la visibilidad podía ser un riesgo. El resultado fue un repliegue: menos narrativa, menos exposición, más operación discreta.
Lo que el caso de Grupo Modelo demuestra es que hay formas de volver a ocupar ese espacio, pero bajo nuevas reglas.
No desde el discurso aspiracional vacío, sino desde la alineación con las agendas públicas del momento. No desde la autocelebración, sino desde la conexión con lo que el gobierno necesita visibilizar. No desde la inversión social aislada, sino desde la integración con el negocio y el contexto político.
Para quienes trabajamos en RSC y ESG, lo que aquí observamos no es únicamente una estrategia de visibilidad o de alineación con la narrativa pública, sino una forma de integrar la responsabilidad social al negocio en un país como México. En el caso de Grupo Modelo, lo social no aparece como una capa separada de la operación, sino como un componente que articula reputación, presencia territorial, relación institucional, consumo, distribución y comunidad en una misma lógica de actuación.
La pregunta, entonces, deja de ser únicamente qué causa se apoya o cuánto se invierte, para centrarse en cómo esa apuesta se integra de manera efectiva al modelo de negocio y dialoga con la realidad política, económica y social del entorno en el que la empresa opera.
¿Podría este tipo de expresiones abrir la puerta a que más empresas vuelvan a ocupar ese espacio público?
Es posible. Aunque, como suele ocurrir, la puerta tiende a abrirse con más facilidad para quienes saben leer el contexto… y caminar al ritmo que marca la casa.
Lo que este episodio deja ver es que el reconocimiento ya no se construye únicamente desde lo que la empresa hace o dice de sí misma. Se construye en la intersección entre sus acciones concretas, lo que el gobierno necesita visibilizar y lo que la sociedad está dispuesta a reconocer en ese momento.
En el caso de Grupo Modelo —parte de un gran corporativo global—, la evolución post-pandemia resulta ilustrativa. Tras la emergencia sanitaria, la empresa redujo el perfil público de iniciativas como el programa Voluntarios Modelo y concentró gran parte del posicionamiento en responsabilidad social dentro de las áreas de Asuntos Corporativos.
Lo que hoy se celebra con elogios presidenciales no parece brotar exclusivamente de programas estructurales de largo aliento que generen reconocimiento por su propio peso, sino también de una notable capacidad para leer el contexto, sincronizarse con la narrativa pública y subirse con precisión al tren que pasa.
Son acciones bien ejecutadas, sí. Pero también claramente alineadas al ritmo de las coyunturas que abre el entorno público.
AB InBex Materiality Assessment & Report Development
Al final, es lo que le conviene a la empresa para alcanzar sus objetivos estratégicos: reforzar su licencia social para operar, generar derrama económica visible y diferenciarse en un entorno complejo.
Nada más… y nada menos.
Y mucho podemos aprender de este caso.
Porque, como señaló la propia presidenta al referirse al sentido más profundo del Mundial Social:
“Que el futbol no solamente sea el día que vemos la televisión —tomando una cerveza—, sino también que aprovechemos para una vida saludable en todo el país”.
La ironía es casi perfecta.
Mientras se celebra la generosidad de uno de los principales productores de esa cerveza, el discurso oficial invita a trascender el clásico binomio “fútbol + chela” hacia algo más elevado.
Y quizá ahí está la mejor síntesis de lo que estamos viendo.
Empresas que ayudan a construir el momento… y al mismo tiempo forman parte de aquello que el propio discurso público busca matizar.
La responsabilidad social empresarial en México se juega hoy —más que nunca— en ese cruce: entre el negocio, el poder y la narrativa del momento.
Un terreno donde no basta con hacer bien las cosas.
También hay que saber cuándo, cómo… y con quién hacerlas visibles.
R con R, por Edgar López
Edgar López Pimentel, es actualmente Director en Expok, ejerciendo su liderazgo día a día con pasión por la responsabilidad social y el desarrollo sustentable. Su labor ha contribuido significativamente al posicionamiento de empresas líderes en materia de responsabilidad social.
Su formación académica, enriquecida por programas de Alta Dirección de Empresas en el IPADE e IE Business School, así como una maestría en Responsabilidad Social Empresarial en la Universidad Anáhuac Norte, respaldan su liderazgo.
Edgar López es un activo participante en diversos comités dedicados a promover la responsabilidad social en México.
Por Ibette Sosa, Gerente Ambiental Corporativo en Holcim México
La sustentabilidad dejó de ser una buena intención para convertirse en un requisito indispensable, y de hecho urgente, para fomentar la competitividad y la transparencia proactiva de cualquier industria, en beneficio del planeta.
Las Declaraciones Ambientales de Producto (EPD, por sus siglas en inglés) se están convirtiendo en una herramienta clave en el sector de la construcción al ofrecer información verificable y estandarizada sobre los impactos ambientales de los materiales, contribuyendo así a impulsar decisiones más sostenibles en proyectos y cadenas de suministro.
Las EPD sirven para transparentar, con rigor técnico y validación independiente de terceros, los impactos ambientales de los materiales clave que hacen posible cualquier construcción, sea pública o privada: el cemento, el concreto e incluso el acero.
Este etiquetado aplicado a la construcción representa un cambio de paradigma en una industria que, por los múltiples orígenes de sus materias primas, ha operado durante años sin tener la trazabilidad completa de las cadenas de suministro.
La comparación entre una EPD y una etiqueta nutricional no es casual, ya que ambas permiten al consumidor tomar decisiones informadas. La diferencia radica en que las EPD se sustentan en la norma ISO 14025 y su credibilidad reside en la verificación independiente de factores como Potencial de calentamiento, Acidificación, Eutrofización, Toxicidad, Formación de Ozono fotoquímico, Agotamiento de la capa de ozono y Agotamiento de recursos abióticos.
El tema no es menor si tomamos en cuenta que el concreto es el segundo material más consumido del mundo, después del agua, según datos de Science Direct. Es decir, este etiquetado hace posible trazar todo el ciclo de vida de un material que nos rodea por todos lados.
Su presencia masiva en viviendas, infraestructura pública y privada, edificaciones y un sinfín de obras obliga a establecer estándares que desarrollen un análisis de ciclo de vida y la revisión de los impactos ambientales asociados a su producción.
Hoy, las EPD son una de las herramientas más confiables y estandarizadas para documentar y comunicar el desempeño ambiental de los materiales de construcción, especialmente en términos de huella de carbono. Si bien no son suficientes por sí solas para lograr la transición hacia una construcción baja en carbono, sí son un componente esencial para medir avances, comparar opciones y tomar decisiones informadas dentro de la cadena de valor.
A nivel global, la construcción aporta 37% de las emisiones de CO₂ (operación + materiales). En México, la tendencia es similar y creciente por urbanización. Sin EPD no es posible medir la parte “materiales” con precisión, que es hasta el 10–15% de las emisiones nacionales.
En 2024, México ocupó el 6.º lugar a nivel mundial en la lista de “Top 10 países/regiones para LEED”, con alrededor de 2.269.920 metros cuadrados certificados repartidos en 104 proyectos, México fue el país latinoamericano con más espacio certificado LEED, superando a otros países de la región . Pero esto es solo el principio. Las EPD aportan datos verificados y comparables que estos sistemas necesitan para evaluar el impacto ambiental de los materiales
La urgencia de avanzar en esquemas de etiquetado ambiental en la industria de la construcción —y en otros sectores— no responde solo a una lógica de mercado, sino a la necesidad de actuar con verdadera congruencia frente a la sustentabilidad. Las EPD son hoy una herramienta indispensable para transparentar impactos y generar la información verificada que el país requiere para cumplir sus metas ambientales y acelerar la transición hacia una economía baja en carbono.
El mercado inmobiliario comienza a demandarlas de manera creciente, sobre todo en proyectos de gran escala que buscan ser sostenibles. Pero el verdadero desafío es masificar la adopción del etiquetado en la construcción.
Para avanzar con rigor hacia la circularidad, la Ley General de Economía Circular y su regulación secundaria deberían habilitar y promover el uso de información ambiental verificable —como la que aportan las EPD— en los materiales de construcción. Incluir estos mecanismos dentro del marco normativo permitiría que México pase de las declaraciones voluntarias a un compromiso real y medible con la sustentabilidad que hoy exige el mundo.
Durante décadas, la conversación sobre salud femenina se ha mantenido fragmentada, limitada a temas específicos y, muchas veces, desconectada de su verdadero impacto sistémico. Sin embargo, hoy sabemos que ignorar la salud de las mujeres no solo tiene consecuencias individuales, sino también económicas, sociales y productivas de gran escala. La evidencia es contundente: cerrar esta deuda histórica no es solo una cuestión de equidad, sino una decisión estratégica con retornos tangibles.
De acuerdo con TIME, la brecha en salud de las mujeres emerge como uno de los desafíos más relevantes y, al mismo tiempo, más corregibles de nuestro tiempo. Reducirla podría añadir hasta un billón de dólares anuales al PIB global, una cifra que debería transformar la forma en que empresas, gobiernos e inversionistas priorizan sus decisiones. La pregunta ya no es si debemos actuar, sino por qué no lo hemos hecho antes.
El cerebro: el epicentro de la brecha en salud de las mujeres
En ningún otro ámbito se manifiesta con tanta claridad el costo de ignorar la salud femenina como en el cerebro. A pesar de que las mujeres viven más que los hombres, pasan aproximadamente un 25% más de su vida en condiciones de mala salud, muchas de ellas relacionadas con funciones cognitivas y neurológicas.
Este desbalance no es menor. Impacta directamente en la productividad laboral, en la estabilidad financiera de los hogares y en la sostenibilidad de los sistemas de salud. Colocar la salud cerebral en el centro de la agenda no es una decisión médica aislada, sino una estrategia integral para cerrar la brecha en salud de las mujeres desde su raíz más crítica.
Alzheimer: la doble carga invisible
El Alzheimer representa una de las expresiones más contundentes de esta desigualdad. Casi dos tercios de las personas que viven con esta enfermedad son mujeres, y más del 60% de quienes asumen el rol de cuidadoras también lo son. Esta doble carga, biológica y social, tiene consecuencias profundas.
El costo económico es abrumador. Solo en Estados Unidos, la demencia implica cientos de miles de millones de dólares al año, incluyendo atención médica y trabajo no remunerado. Este último, que equivale a miles de millones de horas, no se refleja en el PIB, pero sí erosiona los ahorros familiares y limita el desarrollo profesional de quienes cuidan.
La falta de reconocimiento de este fenómeno amplifica la brecha en salud de las mujeres, perpetuando un ciclo donde las mujeres no solo enfrentan mayor riesgo de enfermedad, sino también mayores costos asociados a su cuidado.
Productividad perdida: el costo silencioso
Más allá del Alzheimer, existe un patrón estructural que afecta a millones de mujeres en edad laboral. Condiciones como la depresión, la ansiedad y los cambios cognitivos asociados a la menopausia impactan directamente en su desempeño profesional.
Estas condiciones se traducen en menor compromiso laboral, mayores tasas de absentismo y rotación. Sin embargo, lo más relevante es que estas pérdidas han sido normalizadas, integradas como un costo inevitable en lugar de una oportunidad de mejora.
Diversos estudios muestran que reducir la carga de estas condiciones podría generar cientos de miles de millones de dólares en crecimiento económico. Ignorar este potencial implica seguir ampliando la brecha en salud de las mujeres y sus efectos acumulativos.
Menopausia: un punto ciego estructural
La menopausia sigue siendo uno de los temas menos comprendidos y atendidos, a pesar de su impacto significativo. Lejos de ser solo un proceso reproductivo, es un evento neurológico que implica cambios en la estructura y funcionamiento del cerebro. Los síntomas no tratados tienen un costo económico considerable, tanto para las empresas como para los sistemas de salud. Aun así, solo una minoría de empleadores ofrece beneficios específicos relacionados con esta etapa.
Esto revela una desconexión profunda entre evidencia y acción. Atender la menopausia no solo mejoraría la calidad de vida de millones de mujeres, sino que también reduciría costos asociados a la rotación y pérdida de talento.
Un mercado que no ve lo evidente
Uno de los factores que explican esta situación es la falta de inversión. Históricamente, la investigación médica ha tomado como referencia el cuerpo masculino, generando vacíos de información en la salud femenina. Esta falta de evidencia se traduce en menor financiamiento, lo que a su vez ralentiza el avance científico. Se trata de un ciclo que se retroalimenta: menos datos generan menos inversión, y menos inversión perpetúa la falta de soluciones.
Actualmente, solo una pequeña fracción de la inversión en salud se destina específicamente a mujeres, y gran parte se concentra en áreas tradicionales, dejando de lado condiciones como el Alzheimer o la salud cognitiva en la menopausia.
Una oportunidad económica sin precedentes
Corregir esta omisión no solo es posible, sino rentable. Se estima que abordar áreas terapéuticas desatendidas en la salud femenina podría generar oportunidades de mercado superiores a los 100 mil millones de dólares en los próximos años.
Además, estrategias de prevención, como la reducción del riesgo de Alzheimer, podrían traducirse en ahorros multimillonarios. La evidencia demuestra que la inversión en salud femenina no es un gasto, sino un activo con alto potencial de retorno. La persistencia de esta oportunidad no responde a su falta de valor, sino a la incapacidad del sistema para reconocerla y priorizarla.
Tres palancas para el cambio
Cerrar esta brecha requiere una acción coordinada entre distintos actores. En primer lugar, las entidades financiadoras deben impulsar investigaciones con enfoque de género y exigir datos desagregados por sexo.
En segundo lugar, las empresas tienen un papel clave. Incorporar beneficios relacionados con la salud cognitiva y la menopausia no solo es una medida de bienestar, sino una estrategia de retención y productividad.
Finalmente, los gobiernos deben reconocer la salud cerebral de las mujeres como un factor crítico para la estabilidad económica y la sostenibilidad del sistema sanitario. Sin esta visión, cualquier esfuerzo será insuficiente.
La brecha en salud de las mujeres no es un problema aislado ni sectorial. Es una falla estructural que atraviesa sistemas económicos, laborales y sociales. Ignorarla ha tenido un costo elevado, pero seguir haciéndolo sería aún más caro.
Hoy contamos con la evidencia, los datos y las herramientas para actuar. Transformar esta realidad no solo es una cuestión de justicia, sino una decisión estratégica con beneficios claros. La oportunidad está sobre la mesa: aprovecharla dependerá de nuestra capacidad para verla, medirla y, sobre todo, priorizarla.
La conversación sobre sostenibilidad ha evolucionado a gran velocidad en los últimos años, pero no todos los riesgos emergentes están siendo atendidos con la misma urgencia. Uno de los más silenciosos —y potencialmente más peligrosos— es el greenwashing algorítmico, una forma sofisticada de ecoblanqueo que no surge de una intención humana directa, sino de los propios sistemas de inteligencia artificial. En un entorno donde la automatización promete eficiencia y escalabilidad, también puede amplificar sesgos profundamente arraigados en los datos con los que fue entrenada.
Este fenómeno no es hipotético. Surge de la observación directa al trabajar con modelos entrenados en décadas de comunicación corporativa en sostenibilidad, donde el lenguaje tiende a suavizar impactos, priorizar narrativas positivas y evitar zonas incómodas. Así, la IA no solo replica ese discurso: lo optimiza. El resultado es un sistema que puede generar respuestas plausibles, coherentes y estratégicamente correctas, pero desconectadas de la realidad operativa de las empresas. En ese punto, el riesgo deja de ser técnico y se vuelve estructural.
Cuando la IA replica el discurso sin cuestionarlo
De acuerdo con trellis, el greenwashing algorítmico se manifiesta cuando los sistemas de IA, diseñados para ser útiles, priorizan respuestas que suenan bien en lugar de aquellas que reflejan con precisión la realidad. Esto ocurre porque han sido entrenados con grandes volúmenes de contenido corporativo donde el lenguaje de sostenibilidad ya viene “filtrado” por intereses reputacionales.
En pruebas reales, un agente de IA diseñado para apoyar a empresas en temas de biodiversidad generó respuestas completas para cuestionarios complejos sin solicitar información crítica sobre operaciones, impactos o brechas. En lugar de diagnosticar, narró. En lugar de cuestionar, construyó una historia convincente. El problema no es solo la respuesta, sino la ilusión de cumplimiento que genera.
Esta dinámica introduce un riesgo crítico: empresas que parecen avanzar sin haber comenzado realmente. Para los stakeholders, distinguir entre acción genuina y simulación discursiva se vuelve cada vez más difícil.
El caso de “James”: eficiencia que encubre la inacción
Para entender mejor el fenómeno, imaginemos a James, director de operaciones de una planta procesadora de alimentos en Kenia. Su empresa enfrenta presión de clientes europeos para demostrar acciones en biodiversidad. Sin recursos suficientes ni claridad sobre por dónde empezar, recurre a un agente de IA.
Lo que obtiene no es un diagnóstico, sino respuestas listas para enviar. Textos que reflejan el lenguaje correcto, alineados con marcos internacionales, pero sin sustento en la operación real. El agente no le ayudó a hacer el trabajo; le ayudó a aparentar que ya estaba hecho.
Este caso ilustra una tensión central: la IA puede reducir la fricción en procesos complejos, pero también puede eliminar el espacio necesario para la reflexión crítica. Cuando eso ocurre, la eficiencia se convierte en un atajo hacia el greenwashing algorítmico.
¿Por qué ocurre el greenwashing algorítmico?
El origen del greenwashing algorítmico no está en un error puntual, sino en la naturaleza misma de los modelos. Estos sistemas están diseñados para ser útiles, y en sostenibilidad, la “utilidad” suele traducirse en ofrecer soluciones claras, optimistas y accionables. Sin embargo, la sostenibilidad real rara vez es clara o cómoda. Implica reconocer deficiencias, enfrentar incertidumbre y priorizar cambios estructurales. Ese tipo de respuesta no siempre coincide con lo que un modelo ha aprendido como “útil”.
En lugar de alucinaciones evidentes, lo que emerge es algo más sofisticado: respuestas cálidas, estratégicamente vagas y perfectamente alineadas con el discurso corporativo tradicional. Detectarlas requiere experiencia, lo que amplía la brecha entre quienes pueden identificar el problema y quienes no.
El exceso de información como detonante
Uno de los hallazgos más reveladores es que el problema no es la falta de información, sino su abundancia. Existen miles de recursos, marcos y guías sobre sostenibilidad y biodiversidad, desarrollados por organizaciones líderes en todo el mundo. Frente a este volumen, las empresas —especialmente las pequeñas y medianas— enfrentan una parálisis operativa. No saben por dónde empezar ni qué aplicar. En ese contexto, la IA se presenta como una solución lógica: filtrar, sintetizar y orientar.
Pero si no está bien diseñada, en lugar de reducir la complejidad, la traduce en narrativas simplificadas que pueden derivar en greenwashing algorítmico. La herramienta que debía guiar termina sustituyendo el análisis.
Diseñar límites: la clave para evitar la simulación
La única forma efectiva de mitigar este riesgo ha sido limitar explícitamente el rol de la IA. En lugar de permitirle generar respuestas desde el inicio, se estructuró como un sistema de filtrado: preguntas específicas sobre sector, geografía, presupuesto y nivel de madurez reducen el universo de información antes de cualquier recomendación.
Este enfoque cambia la lógica: la IA no responde, guía. No evalúa cumplimiento, orienta hacia recursos relevantes. Al eliminar su capacidad de validar o afirmar progreso, se reduce significativamente el riesgo de ecoblanqueo. Sin embargo, este diseño requiere algo que la tecnología por sí sola no puede ofrecer: conocimiento profundo de sostenibilidad. Saber qué preguntar, en qué orden y por qué, sigue siendo una decisión humana.
¿Quién queda fuera de esta conversación?
El greenwashing algorítmico no afecta a todos por igual. Existe un sesgo estructural hacia empresas del Norte Global, donde la mayoría de los recursos, regulaciones y herramientas están concentrados. Esto genera una cadena de exclusión: los recursos disponibles alimentan los datos de entrenamiento de la IA, que a su vez refuerzan las prioridades del mercado. Las empresas con mayor presión regulatoria reciben más atención, mientras que aquellas en contextos emergentes quedan rezagadas.
Las pequeñas y medianas empresas, especialmente en cadenas de suministro globales, enfrentan una doble carga: deben demostrar cumplimiento sin contar con las herramientas adecuadas. En este escenario, la IA puede convertirse tanto en un facilitador como en un amplificador de desigualdades.
El surgimiento del greenwashing algorítmico obliga a replantear la relación entre tecnología y sostenibilidad. No basta con adoptar herramientas avanzadas; es necesario cuestionar cómo están diseñadas, qué incentivos incorporan y qué tipo de respuestas priorizan.
La IA tiene el potencial de democratizar el acceso al conocimiento y acelerar la acción climática y ambiental. Pero sin una arquitectura ética y límites claros, también puede institucionalizar prácticas que el sector lleva años intentando erradicar. El reto no es tecnológico, sino de gobernanza. La sostenibilidad exige honestidad radical, incluso cuando es incómoda. Si la IA no es capaz de sostener ese principio, entonces no estará resolviendo el problema: estará perfeccionando su apariencia.
El fracking ha dejado de ser únicamente una técnica de extracción para convertirse en un símbolo del dilema energético contemporáneo: producir más energía o proteger los límites del planeta. En medio de crisis climáticas cada vez más visibles y de la presión por garantizar seguridad energética, la discusión sobre esta práctica resurge con nuevos matices. En ese contexto, el concepto de fracking sustentable aparece como una narrativa que intenta reconciliar dos visiones aparentemente opuestas: desarrollo económico y responsabilidad ambiental.
En México, el debate ha tomado una nueva dimensión tras las declaraciones del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, quien ha planteado explorar tecnologías “amigables” para la extracción de gas natural. Esta postura no solo reabre una discusión técnica, sino también política y social, al confrontar compromisos previos, evidencia científica acumulada y expectativas de soberanía energética.
La pregunta de fondo es si realmente es posible transformar una técnica altamente cuestionada en una práctica compatible con los principios de sostenibilidad.
¿Qué es el fracking y por qué sigue en el centro del debate?
El fracking, o fracturación hidráulica, es un proceso complejo que permite acceder a hidrocarburos atrapados en formaciones rocosas de baja permeabilidad a profundidades que pueden ir de los mil a los cinco mil metros. Para lograrlo, se perfora primero un pozo vertical y posteriormente uno horizontal que puede extenderse más de un kilómetro, lo que implica una intervención intensiva en el subsuelo y en la superficie.
Una vez realizada la perforación, se inyecta a alta presión una mezcla compuesta por agua, arena y cientos de aditivos químicos. Esta mezcla fractura la roca, liberando el gas o petróleo que posteriormente es extraído. Aunque el proceso ha sido clave para ampliar la frontera energética en varios países, su implementación requiere una infraestructura constante, invasiva y altamente demandante de recursos.
Este nivel de intervención convierte al fracking en una actividad con impactos acumulativos que van más allá del sitio de extracción. Por ello, su debate no se limita al ámbito energético, sino que involucra dimensiones ambientales, sociales, económicas y de gobernanza.
Impactos ambientales: una huella difícil de revertir
Uno de los principales cuestionamientos al fracking es su impacto ambiental sistémico, especialmente en contextos donde los recursos naturales ya están bajo presión. El uso intensivo de agua es uno de los puntos más críticos, ya que cada pozo puede requerir entre 9 mil y 29 mil metros cúbicos, generando competencia directa con el consumo humano y agrícola.
A esto se suma la contaminación potencial de fuentes hídricas. Los fluidos utilizados contienen compuestos como benceno, tolueno o metanol, muchos de ellos asociados a riesgos cancerígenos y a daños en sistemas biológicos. La infiltración de estos químicos en mantos freáticos o cuerpos de agua superficiales representa una amenaza difícil de revertir, con efectos que pueden persistir durante décadas.
Además, el fracking contribuye significativamente al cambio climático a través de la emisión de metano. Este gas, mucho más potente que el CO₂ en el corto plazo, puede liberarse durante la extracción y transporte, amplificando la huella de carbono de esta actividad y comprometiendo los objetivos globales de mitigación.
Fracking sustentable: ¿una contradicción en términos?
El concepto de fracking sustentable ha sido recibido con escepticismo por gran parte de la comunidad científica y organizaciones ambientales.
Más de 2,300 estudios han documentado impactos negativos asociados a esta práctica, desde la contaminación del agua hasta afectaciones a la salud pública y la biodiversidad.
Para muchas organizaciones, hablar de sostenibilidad en el contexto del fracking implica una contradicción estructural. La técnica, por su propia naturaleza, requiere un consumo intensivo de recursos, una intervención constante del territorio y genera externalidades que no pueden ser completamente mitigadas mediante mejoras tecnológicas.
En este sentido, el término podría funcionar más como una estrategia discursiva que como una solución real, lo que abre el debate sobre el riesgo de caer en narrativas cercanas al greenwashing en el sector energético.
El agua: epicentro del conflicto
El agua no solo es un insumo clave en el fracking, sino también el principal vector de riesgo. El proceso transforma un recurso vital en un residuo altamente contaminante, cuya gestión representa uno de los mayores desafíos ambientales y operativos.
Entre el 9% y el 80% del fluido inyectado regresa a la superficie, cargado de sustancias tóxicas, metales pesados y compuestos orgánicos volátiles. Este “flujo de retorno” requiere tratamiento especializado, y en muchos casos, su disposición final sigue siendo un problema no resuelto.
A esto se suma la falta de transparencia sobre los componentes químicos utilizados, debido a que muchas de estas fórmulas son consideradas secreto industrial. Esta opacidad limita la evaluación independiente de riesgos y genera incertidumbre sobre los impactos acumulativos en ecosistemas y comunidades.
La propuesta de “fracking amigable” en México
La propuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum se basa en la posibilidad de incorporar nuevas tecnologías que reduzcan los impactos del fracking tradicional. Entre ellas destacan el uso de compuestos biodegradables y la reutilización de agua, incluso proveniente de fuentes no convencionales como agua salada o residual.
Esta visión plantea que la innovación tecnológica podría permitir una extracción de gas con menor huella ambiental, contribuyendo al mismo tiempo a reducir la dependencia de importaciones energéticas. En este sentido, el fracking se posiciona como una herramienta potencial para fortalecer la soberanía energética del país.
Sin embargo, la propuesta aún se encuentra en una fase de evaluación, y su viabilidad dependerá de estudios científicos, análisis territoriales y la capacidad de implementar estas tecnologías de manera efectiva y escalable.
Los límites económicos y técnicos de las nuevas tecnologías
A pesar de su potencial teórico, las alternativas tecnológicas enfrentan barreras importantes que cuestionan su viabilidad práctica. El uso de agua tratada o de mar, por ejemplo, ha sido explorado en otros países, pero su adopción ha sido limitada debido a los altos costos asociados.
Las inversiones necesarias para implementar estas soluciones pueden oscilar entre 5 y 10 millones de dólares por instalación, lo que representa un desafío significativo en términos de financiamiento, especialmente en un contexto donde empresas como Pemex enfrentan presiones financieras.
Además, la complejidad técnica de estas soluciones plantea dudas sobre su escalabilidad y su capacidad para reducir de manera significativa los impactos ambientales, lo que refuerza el escepticismo en torno al concepto de fracking sustentable.
México dividido: entre soberanía energética y sostenibilidad
El debate sobre el fracking ha evidenciado una polarización clara entre distintos actores. Por un lado, más de 80 organizaciones ambientales, sociales y de derechos humanos han rechazado cualquier intento de reactivar esta técnica, argumentando que contradice compromisos previos y pone en riesgo recursos fundamentales.
Por otro lado, la industria energética ha respaldado la apertura a nuevas tecnologías, destacando la necesidad de fortalecer la producción nacional de gas y atraer inversión en un entorno global competitivo. Para este sector, el desarrollo del gas natural es clave para garantizar estabilidad energética.
Esta tensión refleja un dilema estructural que enfrenta México y muchos otros países: cómo equilibrar la urgencia de la transición energética con las demandas inmediatas de desarrollo económico y seguridad energética.
¿Puede el fracking ser parte de la transición energética?
El gas natural ha sido presentado en múltiples ocasiones como un “combustible puente” hacia un sistema energético más limpio. Sin embargo, esta narrativa ha sido cuestionada por su potencial para retrasar la adopción de energías renovables y perpetuar la dependencia de combustibles fósiles.
En el caso de México, incluso si se lograra explotar todas las reservas disponibles, estas podrían no ser suficientes para cubrir la demanda futura, lo que limita el impacto del fracking como solución estructural. En este contexto, apostar por el fracking sustentable podría implicar no solo riesgos ambientales, sino también costos de oportunidad en términos de inversión en alternativas más alineadas con los objetivos climáticos globales.
El debate sobre el fracking en México pone sobre la mesa una discusión más amplia sobre el futuro energético del país.
La presidenta @Claudiashein abre la puerta al fracking en México, olvidando su compromiso de campaña. El gas fósil no es transición, es acelerador climático. ⚠️
La posibilidad de desarrollar un fracking sustentable enfrenta desafíos que van más allá de la tecnología, incluyendo factores sociales, económicos y ambientales que limitan su viabilidad.
Si bien la innovación puede contribuir a reducir algunos impactos, la evidencia acumulada sugiere que estos esfuerzos podrían no ser suficientes para transformar la naturaleza de la técnica. En este sentido, la discusión debería centrarse no solo en cómo mejorar el fracking, sino en qué papel debería jugar en una estrategia energética de largo plazo.
En un momento decisivo para la acción climática, México tiene la oportunidad de definir un rumbo que priorice soluciones sostenibles y resilientes. La pregunta no es solo si el fracking puede ser menos dañino, sino si es compatible con el futuro energético que el país necesita construir.
Con el objetivo de impulsar soluciones innovadoras ante los desafíos hídricos de México, se abre la convocatoria para el Premio Nacional Juvenil del Agua 2026. Esta es una iniciativa de la Embajada de Suecia desarrollada por la Red del Agua UNAM y el Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de UNESCO (CERSHI), además de contar con el respaldo estratégico de Agua Capital.
Este certamen, consolidado como la plataforma juvenil más importante en materia hídrica en México, busca proyectos de investigación científica, tecnológica o social que contribuyan al manejo sustentable del agua. Los participantes tienen hasta el 28 de abril pararegistrar sus propuestasy competir por la oportunidad de llevar sus ideas al escenario global.
Proyección internacional para el talento mexicano
El Premio Nacional Juvenil del Agua no es sólo un concurso nacional, es la eliminatoria oficial para el Stockholm Junior Water Prize, la competencia estudiantil de mayor prestigio en el mundo organizada por el Stockholm Water Institute (SIWI). El equipo que obtenga el primer lugar representará a México en Estocolmo, Suecia, con todos los gastos pagados, durante la Semana Mundial del Agua, donde competirán por un premio de 15,000 dólares entregado tradicionalmente por la Princesa Heredera Victoria de Suecia.
“El Premio Nacional Juvenil del Agua no es sólo una competencia, es un espacio estratégico para identificar y fortalecer a la próxima generación de líderes hídricos. Buscamos soluciones que no sean únicamente creativas, sino técnica y socialmente viables para enfrentar los desafíos del agua desde lo local hasta lo global”, destacó Jorge Arriaga Medina, Coordinador Ejecutivo de la Red del Agua UNAM y del Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de UNESCO.
Ejes temáticos y participación
La convocatoria está abierta a jóvenes de entre 15 y 20 años (cumplidos al 1 de agosto de 2026) que radiquen en México. Las propuestas pueden ser tanto de manera individual o en equipos de máximo dos integrantes y deben enfocarse en alguna de las cuatro dimensiones de la seguridad hídrica:
● Agua para las personas: Calidad y cantidad adecuada para todos.
● Agua para los ecosistemas: Soluciones basadas en la naturaleza y el paisaje.
● Agua para las actividades productivas: Con énfasis en la economía circular.
● Resiliencia hídrica: Ante fenómenos extremos como inundaciones o sequías.
¿Tienes entre 15 y 20 años y te interesa el futuro del agua? 💧🌎
El Premio Nacional Juvenil del Agua 2026, invita a estudiantes de secundaria y bachillerato en México a presentar proyectos de investigación sobre el manejo sustentable del agua.
Además de la representación internacional para el primer lugar, el certamen otorga premios económicos destinados a reconocer el talento y la excelencia de la juventud mexicana. Quien resulte ganador del primer lugar recibirá $25,000 pesos y el derecho de representar a México en la final internacional en Suecia. Por su parte, el segundo y tercer lugar serán acreedores a incentivos de $20,000 y $15,000 pesos, respectivamente.
Los ganadores nacionales serán seleccionados por un jurado de expertos de alto nivel con amplia trayectoria en materia hídrica. La ceremonia de premiación, donde se entregarán los diplomas y estímulos correspondientes, se llevará a cabo en la Embajada de Suecia en México, contando con la presencia de las instituciones organizadoras y aliados estratégicos.
¿Cómo participar?
Los interesados deberán enviar su propuesta (máximo 12 cuartillas) y completar su registro antes del próximo 28 de abril. Las bases completas y el formulario de inscripción están disponibles en: https://premiojuvenildelagua.cershi.org/.
Consumir suele percibirse como un acto cotidiano, inmediato, incluso automático. Sin embargo, detrás de muchos de los productos que consumimos en cualquiera de las cadenas de Grupo Restaurantero Gigante (GRG), como lo es Shake Shack, existe una historia de desarrollo local, comercio justo y preservación cultural. Cada ingrediente tiene un origen, un proceso y, sobre todo, personas cuya vida productiva depende de que esa cadena de valor funcione de forma responsable.
Por ejemplo, cuando pides una de las malteadas de Shake Shack más características, la malteada de horchata, no sólo disfrutas de un sabor y textura excepcional, sino de las deliciosas obleas que se ponen como topping de esta bebida, las cuales están elaboradas con una de las semillas más importantes de la tradición agrícola mexicana: el amaranto.
Así es, detrás de esas obleas está la colaboración entre Shake Shack y Chikahuak, un emprendimiento familiar originario de Tulyehualco, en Xochimilco, Ciudad de México, que se especializa en la elaboración de productos gourmet hechos de amaranto.
Shake Shack: cadenas de valor con origen nacional
La alianza entre Shake Shack y Chikahuak no es un caso aislado, sino parte de la estrategia de Proyectos Productivos de GRG, orientada a impulsar a pequeños productores nacionales, fortalecer el comercio justo y consolidar una cadena de suministro de alta calidad con identidad mexicana, así como lograr que el crecimiento corporativo también detone desarrollo local.
La relación con Chikahuak comenzó hace aproximadamente 4 años, cuando la cadena inició la compra de obleas para su malteada de horchata. Desde entonces, el vínculo ha evolucionado hacia una colaboración sostenida que demuestra que es posible integrar tradición artesanal en productos de alto consumo sin sacrificar calidad ni escala.
Además, estas obleas no son ordinarias, pues se elaboran con el amaranto cultivado por productores nacionales en Tulyehualco, lo que les aporta un valor nutricional superior frente a opciones industriales y convierte a las malteadas de Shake Shack en un vínculo entre el consumidor y el campo nacional.
La tradición detrás de las malteadas de Shake Shack
En Chikahuak no solo se producen obleas; se resguarda una herencia agrícola. La empresa forma parte de una de las familias de Tulyehualco que han dedicado generaciones a preservar el amaranto, una semilla consumida en México desde tiempos prehispánicos. Como explica su director operativo, la historia de este cultivo está marcada por la resistencia cultural:
“Tulyehualco, el lugar donde sembramos el amaranto, es un pueblo muy especial donde nuestros antepasados salvaguardaron la semilla del amaranto, ya que fue prohibida por los españoles”.
No obstante, esta preservación no es solo simbólica; también es técnica, tal como comparte, Ricardo Ávila Sandoval, gerente de ventas de Chikahuak, quien describe cómo el proceso inicia en la siembra de la semilla en las chinampas, donde el grano nace, para luego ser traslado a zonas cerriles para la siembra.
Desde ahí comienza un proceso agrícola profundamente ligado al entorno: siembra entre mayo y junio, crecimiento dependiente del temporal, cosecha en diciembre y técnicas como el “azotado” y “zapateado” para desprender la semilla luego de la siega. Posteriormente, el amaranto se limpia, se tuesta y se transforma en harina.
La elaboración de las obleas continúa en la fábrica de Chikahuak, donde se prepara una mezcla con la harina de amaranto que se lleva a cocción en moldes calientes durante uno o dos minutos, hasta que las obleas están listas y se cortan y empacan, para después distribuirlas a cada una de las sucursales donde terminan acompañando las malteadas de Shake Shack.
Cuando crecer también significa preservar tradiciones
La colaboración con la cadena ha sido decisiva para el crecimiento de Chikahuak, pues la empresa no solo ha incrementado ventas e ingresos; también le ha permitido generar empleos y asegurar la continuidad del cultivo de amaranto de forma tradicional:
Actualmente, la empresa produce miles de obleas destinadas a la marca, lo que ha fortalecido su estructura productiva. Como comparte su director operativo:
“No solamente conservamos el empleo local dando trabajo a 12 personas directas y más de 40 colaboradores indirectos, sino que preservamos nuestras tradiciones y nos permite llevar un superalimento a las familias mexicanas”.
El impacto va más allá del empleo. La alianza les ha dado visibilidad, acceso a nuevos clientes y estabilidad comercial, factores críticos para pequeños productores:
“Trabajar con Shake Shack nos ha beneficiado mucho… nos ha dado renombre con otros clientes para que confíen en nuestro producto”.
Marco Antonio Ávila Sandoval, director operativo de Chikahuak.
Además de adquirir las obleas que llegan a cliente final mediante las malteadas de Shake Shack, GRG compra a esta compañía familiar de Tulyehualco otros productos de temporada para consumo interno corporativo, tales como calaveras de amaranto, para Día de Muertos, galletas y platos botaneros para las fiestas patrias, ampliando así la derrama económica que recibe este emprendimiento.
Para la empresa, el valor de esta colaboración también es cultural y nutricional:
“Como director operativo de Chikahuak, quiero darle las gracias a GRG por impulsar el consumo local y por seguir creyendo en nosotros, además de promover esta semilla milenaria. El amaranto tiene muchas proteínas, te produce saciedad, tiene muchos beneficios para la salud, por eso yo les diría que consuman amaranto, porque no sólo ayudan a muchas familias a tener una economía local, sino que ayudan a preservar una semilla que forma parte de nuestra tradiciones y que es muy resistente al cambio climático”.
Así, cada topping en las malteadas de Shake Shack representa apoyo a emprendedores mexicanos, tradición preservada y promoción de un alimento rico en nutrientes.
Consumir con conciencia: el verdadero valor detrás del sabor
Las malteadas de Shake Shack son un ejemplo de cómo detrás de un producto cotidiano puede existir una red compleja de impacto social positivo. Asimismo, esta colaboración demuestra cómo la responsabilidad social empresarial no siempre se comunica desde grandes campañas, sino que se lleva a cabo mediante decisiones de abastecimiento que priorizan origen, trazabilidad y desarrollo local aún cuando no se ve.
Cuando un consumidor elige una de las malteadas de Shake Shack, no solo adquiere una bebida, sino que participa —aunque no siempre lo sepa— en una visión que transforma cadenas de suministro en plataformas de crecimiento compartido, apoyo a emprendedores y futuro productivo para México.
