El Protocolo de Cartagena, del cual México es país parte, cuenta con 151 países miembros y tiene como objetivo regular el movimiento transfronterizo de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y es el primer tratado internacional que propone una regulación sobre los riesgos que implican los organismos transgénicos.
El protocolo entró en vigor el 11 de septiembre de 2003, pero a la fecha no hay un avance sustancial en materia de bioseguridad: aún no se ha definido de quién es la responsabilidad en casos de contaminación y accidentes relacionados con OGM´s.
Definir el régimen de responsabilidad y compensación es el pivote central del que depende el Protocolo de Cartagena. Las compañías de biotecnología han dado una batalla muy fuerte en este terreno porque no están dispuestas a ceder y a verse sometidas a un régimen de responsabilidad, para proteger a quienes sean afectados por los OGM´s.
En la pasada reunión de este Protocolo, que se llevó a cabo en Bonn, las corporaciones agrobiotecnológicas propusieron un acuerdo de compensación en el cual establecieron que se harían cargo de la reparación de los daños provocados por sus productos siempre y cuando quedara demostrado el vínculo de causalidad. Además, pretendían que las condiciones y manejo del acuerdo serían definidos por las compañías. Esta propuesta era llanamente un intento por reemplazar la ley con un alevoso acuerdo privado.
Afortunadamente esa propuesta fue rechazada y por ello que el tema de responsabilidad y compensación se discutirá en la Ciudad de México del 23 al 27 de febrero en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ubicada en Ave. Juárez #20, col. Centro.
Fuente: www.greenpeace.org
