La adopción de vehículos eléctricos en México comienza a traducirse en beneficios climáticos medibles. De acuerdo con el Barómetro de Electromovilidad de la Electro Movilidad Asociación (EMA), los cerca de 100 mil vehículos eléctricos, híbridos conectables y de rango extendido adquiridos por conductores mexicanos durante 2025 evitarán la emisión de 34,865 toneladas de CO₂ equivalente (tCO₂e) en un año de operación calendario, al sustituir trayectos que habrían sido realizados por vehículos de combustión interna.
Al sumar los viajes verdes de taxis de plataforma, las emisiones evitadas sumarán 47,334 toneladas de CO₂ equivalente. Este impacto climático se refleja también en la sustitución de casi 385 millones de kilómetros recorridos sin emisiones locales, una contribución directa a la mejora de la calidad del aire y a los esfuerzos de descarbonización del transporte, particularmente en zonas urbanas con alta concentración vehicular.
Del total de emisiones evitadas, 28,330 tCO₂e corresponden exclusivamente a vehículos eléctricos, mientras que los híbridos conectables y los eléctricos de rango extendido aportan reducciones adicionales. A ello se suma el impacto de los viajes cero emisiones locales, realizados principalmente a través de plataformas digitales de transporte, que en 2025 evitaron 12,469 tCO₂e al completar más de 101 millones de kilómetros sin emisiones por escape.
Más allá del crecimiento del parque vehicular, el Barómetro de EMA pone el foco en el impacto ambiental cotidiano de la electromovilidad: cada trayecto eléctrico sustituye emisiones locales en ciudades, reduciendo contaminantes asociados a enfermedades respiratorias y contribuyendo a un entorno urbano más saludable y una mejor calidad del aire.
Respecto a la red de carga, el país alcanzó un total de 56,726 posiciones, lo que representa un crecimiento anual de 26%, una expansión que habilita el crecimiento del mercado y permite que los vehículos eléctricos se utilicen de manera continua, maximizando su impacto ambiental positivo. Para EMA, esta tendencia confirma que la electromovilidad comienza a consolidarse como una herramienta estructural para reducir la huella ambiental del transporte.
El cálculo de las emisiones de CO₂ equivalente evitadas se realizó con base en metodologías internacionales de medición climática, apoyadas por una plataforma digital especializada en cuantificación de carbono que EMA utiliza con el acompañamiento técnico deBono, quien colabora como consultor externo en la medición y el cálculo de emisiones asociadas al parque vehicular eléctrico.
Durante 2025 las empresas que participan en el financiamiento de vehículos eléctricos e híbridos conectables registraron para el Barómetro de EMA un total de 10,802 créditos, con lo que duplicaron el resultado que habían tenido en 2024.
“Cada kilómetro recorrido en modo eléctrico representa un avance concreto hacia un aire más limpio. En EMA coincidimos en que el acceso a tecnología eficiente y sostenible es una prioridad para las empresas que integran la Asociación.
“Continuaremos promoviendo la adopción de vehículos eléctricos con información basada en datos, que permita a consumidores y autoridades tomar decisiones informadas para acelerar la descarbonización del transporte”, señaló Eugenio Grandio, presidente de EMA.
Durante su conferencia matutina del 21 de enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo una referencia breve pero significativa al estado de la ciberseguridad en el país. Al hablar de la digitalización de servicios públicos y del manejo de información sensible, subrayó que el gobierno enfrenta ataques constantes y ha fortalecido su capacidad institucional para proteger datos y sistemas críticos.
“Hay un programa integral de ciberseguridad en el gobierno… diario se reciben decenas de ataques y hay un sistema muy robusto para proteger la información”.
La mención no estaba dirigida al sector privado. Sin embargo, llega en un momento en el que la conversación sobre protección de datos, gobernanza digital y riesgos reputacionales resulta especialmente relevante para industrias intensivas en información, como el sector aeronáutico, la banca, el retail, la salud y las telecomunicaciones.
Un contexto que vuelve inevitable la conversación
En las últimas semanas, México ha avanzado en disposiciones que obligan a los usuarios de telefonía móvil a registrar y vincular su línea a una identidad verificable, incrementando de forma significativa el volumen de datos personales que deben ser recopilados, procesados y resguardados por operadores y autoridades.
Sin que ello implique una respuesta a un incidente específico, la referencia presidencial puede leerse como una señal preventiva: cuando la recolección y concentración de información sensible aumenta por mandato legal, también debe hacerlo la capacidad institucional para protegerla —y la necesidad de comunicarlo públicamente.
Esta lógica no es ajena al sector privado. Industrias como el transporte aéreo, donde se gestionan millones de datos personales de pasajeros, itinerarios, pagos y sistemas de operación crítica, enfrentan desafíos similares en materia de protección de información y continuidad operativa.
De sistemas a gobernanza corporativa
Durante años, la ciberseguridad fue tratada como un tema confinado a áreas de sistemas o tecnología. Hoy, esa lectura resulta insuficiente.
La protección de datos personales, la continuidad operativa y la capacidad de respuesta ante incidentes digitales se han convertido en asuntos de gobernanza corporativa, con impacto directo en la reputación, la confianza de usuarios y la relación con reguladores.
Desde una perspectiva ESG, la ciberseguridad se inscribe de lleno en el eje de gobernanza, particularmente para sectores que operan infraestructura crítica, como las aerolíneas, donde una interrupción o filtración de información puede escalar rápidamente a una crisis pública.
Riesgos que evolucionan más rápido que las organizaciones
Especialistas en ciberseguridad han advertido que los riesgos actuales van más allá de la interrupción de sistemas. En algunos casos documentados a nivel internacional, la información sustraída —datos personales, registros de clientes o credenciales— puede terminar circulando en espacios de la deep web, donde se utiliza como insumo para esquemas de presión, extorsión digital o daño reputacional.
Sin asumir que esto ocurra en todas las empresas ni en todos los sectores, el solo hecho de que este tipo de prácticas exista modifica la naturaleza del riesgo. Para industrias con alta exposición pública, como el sector aeronáutico, la gestión de un incidente digital implica no solo recuperar sistemas, sino proteger la confianza de pasajeros, aliados comerciales y autoridades.
Un patrón recurrente en grandes corporativos
En muchas organizaciones, la conversación sobre ciberseguridad existe, pero suele diluirse entre prioridades operativas. Hay diagnósticos, evaluaciones de riesgo y propuestas que avanzan lentamente, en parte porque el tema continúa percibiéndose como técnico y no estratégico.
Este patrón se repite en grandes corporativos de sectores regulados, donde la ciberseguridad suele recaer en áreas de riesgo o cumplimiento, sin escalar de manera sistemática al nivel del Consejo de Administración. El problema es que, cuando ocurre un incidente, el impacto rara vez se queda en el ámbito tecnológico.
La señal institucional y el espejo para la IP
La referencia de la Presidenta no fue alarmista ni punitiva. Fue una señal institucional que reconoce que la transformación digital —y la mayor recolección de datos— exige elevar los estándares de protección y gobernanza.
Para el sector privado, y particularmente para industrias como la aeronáutica, el mensaje implícito es claro: la ciberseguridad ya no puede abordarse únicamente como una función técnica, sino como un componente central de la sostenibilidad organizacional y de la gestión reputacional.
La pregunta de fondo ya no es si las empresas están expuestas a riesgos digitales. La verdadera pregunta es si su estructura de gobierno está preparada para responder cuando la ciberseguridad deja de ser un asunto operativo y se convierte en una crisis de confianza.
Fuente: Versión estenográfica de la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Presidencia de la República, Palacio Nacional, 21 de enero de 2026.
Durante su conferencia matutina del 21 de enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó entrever una definición relevante sobre cómo México se posiciona frente al nuevo contexto económico global. No ocurrió en un anuncio central ni como declaración programática, sino a partir de una referencia concreta al Foro Económico Mundial 2026.
Al responder sobre la participación del país en Davos, Sheinbaum respaldó explícitamente el discurso del primer ministro canadiense, Mark Carney, destacando su pertinencia frente al momento que vive la economía mundial.
“Por cierto, muy buen discurso de Carney, del primer ministro Carney; muy a tono con los momentos actuales.”
Claudia Sheinbaum Pardo, conferencia del 21 de enero de 2026.
La mención, breve pero directa, no fue casual.
🚨 #ULTIMAHORA | 🗣️🇲🇽 La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el discurso de Mark Carney en Davos y llamó a invertir en México. pic.twitter.com/Hz4BxTxSvG
Davos como marco: desarrollo económico con justicia y sostenibilidad
A partir de esa referencia, la Presidenta explicó el enfoque con el que México acudió al foro internacional. Más que promover al país únicamente como destino de inversión, el mensaje buscó articular crecimiento económico, justicia social y protección ambiental como un mismo modelo de desarrollo.
“Ella [Alicia Bárcena] va a presentar el Proyecto de Nación que representamos, lo que significa desarrollo económico con justicia y protección al medio ambiente, las inversiones públicas que estamos haciendo y la importancia de la inversión privada a partir de una visión de justicia y sustentabilidad.”
El énfasis es relevante: la sostenibilidad aparece como marco estructural, no como narrativa complementaria. En esa lógica, la inversión privada es bienvenida —incluida la inversión extranjera directa—, pero bajo un esquema que prioriza bienestar social, estabilidad institucional y responsabilidad ambiental.
Inversión, sí; pero ligada al bienestar
Sheinbaum reforzó esta idea al explicar cómo su gobierno concibe la relación entre inversión y crecimiento. La discusión no se centró en el PIB, sino en los efectos reales sobre la población.
“Vemos las inversiones no solamente como una forma de crecimiento sino, hoy, como una forma de generar empleo con bienestar; porque los salarios son mejores hoy de lo que eran antes”.
Esta afirmación conecta con una lectura ESG cada vez más presente en foros internacionales: la competitividad de los países no depende solo de costos o incentivos fiscales, sino de la calidad del empleo, la cohesión social y la estabilidad de largo plazo.
En ese mismo sentido, la Presidenta reiteró que México mantiene una política de apertura económica:
“Por supuesto que México está abierto a las inversiones privadas de distintos países, a la inversión extranjera directa”.
Certidumbre, Estado y reglas claras
Junto con la narrativa de desarrollo sostenible, Sheinbaum subrayó un componente clave para la inversión: la certidumbre institucional. Al enumerar las ventajas que México ofrece frente a otros países, destacó cuatro elementos:
“Primero: el pueblo de México, trabajador, responsable. Segundo: un gobierno reconocido por su pueblo. Tercero: certidumbre. Y cuarto: que vemos las inversiones no solamente como crecimiento, sino como empleo con bienestar.”
El énfasis en reglas claras, cumplimiento fiscal y fin de prácticas discrecionales forma parte del pilar de gobernanza, indispensable en cualquier conversación contemporánea sobre sostenibilidad económica.
Otras señales de sostenibilidad en la mañanera
Más allá del bloque Davos, la conferencia dejó otras referencias relevantes en clave ESG, aunque no siempre formuladas bajo esa etiqueta.
Por un lado, la Presidenta volvió a insistir en que la protección ambiental es inseparable del desarrollo económico, reforzando el mensaje llevado a Davos:
“Desarrollo económico con justicia y protección al medio ambiente… a partir de una visión de justicia y sustentabilidad”.
Por otro, abordó un tema menos visible, pero estratégico: la ciberseguridad y la protección de datos personales, particularmente en el contexto de la digitalización de servicios públicos y del sistema de salud.
“Hay un programa integral de ciberseguridad en el gobierno… diario se reciben decenas de ataques y hay un sistema muy robusto para proteger la información”.
Desde una lectura ESG, este punto apunta directamente al eje de gobernanza, al reconocer que la modernización del Estado debe ir acompañada de seguridad tecnológica, respeto a los derechos de las personas y responsabilidad institucional en el manejo de datos sensibles.
Una narrativa que busca coherencia
En conjunto, la referencia al discurso de Carney, el mensaje llevado a Davos y los temas abordados en la mañanera muestran un intento por construir coherencia entre política económica, agenda social, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento institucional.
No se trata de una declaración aislada ni de una adopción explícita del lenguaje ESG, pero sí de una narrativa que dialoga con los debates globales sobre el futuro del desarrollo.
En un contexto internacional marcado por la incertidumbre, México parece apostar por un posicionamiento que combina apertura económica, justicia social y sostenibilidad como elementos de largo plazo. Para empresas, inversionistas y actores que siguen de cerca la evolución de la agenda ESG en la región, es una señal que merece atención.
Fuente: Versión estenográfica de la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Presidencia de la República, Palacio Nacional, 21 de enero de 2026.
Para empresas, líderes corporativos y equipos de sostenibilidad, comprometerse con la agenda ambiental ya no es una opción reputacional, sino una expectativa básica del mercado. Consumidores, inversionistas y reguladores observan con lupa cómo se comunican los impactos ambientales de productos y servicios, y esperan mensajes claros, verificables y coherentes con la realidad operativa de las organizaciones. En este contexto, evitar el greenwashing en tu estrategia de comunicación se ha convertido en un imperativo estratégico.
La presión no es menor: estudios recientes muestran que los consumidores están dispuestos a pagar más por productos con credenciales sostenibles, pero también castigan con rapidez a las marcas que exageran o distorsionan sus logros ambientales. La proliferación de afirmaciones engañosas ha provocado un endurecimiento regulatorio y un mayor escrutinio social, elevando los riesgos legales y reputacionales para las compañías que no comunican con rigor. Por ello, te presentamos a continuación algunas medidas efectivas para evitar el greenwashing en tu estrategia de comunicación.
3 claves para evitar el greenwashing en tu estrategia de comunicación
1. Alinear cada mensaje con marcos regulatorios y principios claros
El punto de partida para evitar el greenwashing en tu estrategia de comunicación es conocer y aplicar los marcos regulatorios existentes. En el Reino Unido, por ejemplo, el Código de Declaraciones Verdes de la Autoridad de Competencia y Mercado (CMA) establece seis principios fundamentales: veracidad, claridad, información completa, relevancia, enfoque de ciclo de vida y fundamentación. Estos criterios no son solo una guía legal, sino un estándar de buena práctica comunicacional.
Cumplir con estos principios implica revisar cada afirmación ambiental desde la perspectiva del consumidor promedio. Una declaración técnicamente correcta puede resultar engañosa si omite información relevante o exagera el impacto positivo. Por ello, las empresas deben asegurarse de que sus mensajes sean precisos, comprensibles y contextualizados, evitando ambigüedades que puedan inducir a error.
2. No comunicar acciones aisladas sin el contexto completo
Uno de los errores más comunes que conducen al greenwashing en tu estrategia de comunicación es presentar iniciativas puntuales como si representaran el desempeño ambiental total de la empresa. Casos analizados por la Autoridad de Normas Publicitarias (ASA) han demostrado que incluso afirmaciones verdaderas pueden ser consideradas engañosas si se omite información clave sobre impactos negativos relevantes.
Esto es especialmente crítico para compañías que operan en sectores intensivos en emisiones. Comunicar esfuerzos ambientales sin reconocer los retos estructurales del negocio puede generar una narrativa desequilibrada. La clave está en adoptar una visión amplia: explicar avances, pero también límites, retos y compromisos de transición, construyendo un relato honesto y creíble.
3. Sustentar las afirmaciones con gobernanza, datos y verificación
Evitar el greenwashing en tu estrategia de comunicación requiere una base sólida de gobernanza interna. Las declaraciones ambientales no deben depender únicamente del área de marketing, sino integrarse en procesos formales que involucren a los equipos de sostenibilidad, legal, cumplimiento y compras. Esto reduce riesgos y fortalece la coherencia del mensaje.
Algunas acciones clave incluyen:
Definir políticas internas para la elaboración y aprobación de afirmaciones ambientales.
Establecer criterios claros de evidencia, respaldo documental y verificación.
Revisar datos provenientes de la cadena de suministro y socios estratégicos.
Implementar auditorías periódicas de materiales de comunicación.
Una comunicación sustentada en procesos robustos no solo protege a la empresa, sino que refuerza la confianza de los grupos de interés.
De una buena estrategia a una comunicación verdaderamente excelente
Una estrategia de comunicación ambiental “correcta” cumple con la ley y evita sanciones. Sin embargo, una estrategia excelente va más allá del cumplimiento y se convierte en una ventaja competitiva. Esto ocurre cuando las afirmaciones ambientales están claramente vinculadas con la estrategia corporativa de sostenibilidad, los compromisos públicos y las divulgaciones obligatorias y voluntarias de la empresa.
La excelencia comunicacional se logra cuando la narrativa de sostenibilidad es consistente en todos los canales y refleja una visión de largo plazo. Alinear campañas de marketing con objetivos climáticos, planes de transición y reportes ESG permite construir mensajes con mayor profundidad, coherencia y credibilidad. Así, la comunicación deja de ser reactiva y se transforma en una herramienta de liderazgo.
Además, una comunicación sólida y bien fundamentada tiene beneficios tangibles: mayor impacto positivo en el consumidor, reducción del riesgo de quejas o litigios, y resiliencia frente a un entorno regulatorio cada vez más estricto. En otras palabras, invertir en calidad comunicacional es también una estrategia de gestión de riesgos.
Comunicar sostenibilidad con integridad
Evitar el greenwashing en tu estrategia de comunicación no se trata únicamente de proteger la reputación de la empresa, sino de contribuir a un mercado más transparente y a decisiones de consumo mejor informadas. En un entorno de creciente vigilancia regulatoria y social, las compañías que comuniquen con rigor, evidencia y contexto estarán mejor preparadas para enfrentar los desafíos futuros.
Para las áreas de responsabilidad social y sostenibilidad, el reto es claro: pasar de mensajes atractivos a narrativas responsables, alineadas con la realidad del negocio y con los compromisos ambientales asumidos. Comunicar menos, pero mejor, es hoy una de las formas más efectivas de generar confianza y demostrar liderazgo genuino en sostenibilidad.
Durante años, el debate sobre el impacto ambiental del consumo de carne se ha centrado en la responsabilidad individual y en los cambios de dieta voluntarios. Sin embargo, un nuevo estudio sugiere que las políticas fiscales podrían desempeñar un papel mucho más decisivo y rápido para reducir los daños ecológicos asociados a los productos de origen animal. En particular, la aplicación del IVA completo a la carne de res, cerdo, cordero y pollo aparece como una medida con efectos ambientales relevantes y costos sociales relativamente bajos.
Publicado en Nature Food por investigadores del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático, el análisis plantea que el actual sistema de precios distorsiona la realidad ambiental del consumo de carne. Al mantener tipos impositivos reducidos o incluso nulos, muchos gobiernos europeos estarían subsidiando indirectamente actividades con altos costos climáticos, hídricos y de biodiversidad, enviando señales contradictorias frente a sus compromisos ambientales.
El peso ambiental oculto del consumo de carne
Los productos de origen animal concentran la mayor parte de la huella ecológica de la dieta en la Unión Europea. Según el estudio, este tipo de alimentos es responsable de casi una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al consumo doméstico, además de más de la mitad de la pérdida de biodiversidad y de la contaminación por fósforo. Estos impactos rara vez se reflejan en el precio final que paga el consumidor.
El análisis también subraya que la huella ambiental de la carne supera ampliamente a la de los alimentos de origen vegetal en casi todos los indicadores evaluados. El impacto climático, el uso del suelo y la presión sobre los ecosistemas son significativamente mayores, lo que evidencia una brecha entre el costo real de producción y el precio de mercado. La única excepción relevante es el uso del agua, donde algunos productos vegetales también presentan cargas elevadas.
Esta desconexión responde, en parte, a la complejidad de calcular y trasladar los costos ambientales a los precios finales. Ante esta dificultad, los autores sostienen que eliminar exenciones fiscales a los productos más dañinos sería el primer paso más sencillo y directo para corregir la señal de precio. En ese contexto, el impuesto a la carne aparece como una herramienta de política pública pragmática.
Además, el estudio enfatiza que el actual esquema impositivo protege a los consumidores de los costos sociales y ambientales de su dieta. Al no internalizar estos impactos, el sistema perpetúa patrones de consumo intensivos en recursos naturales, lo que contradice los objetivos climáticos y de sostenibilidad que la propia UE ha asumido de manera formal.
El impuesto a la carne y las propuestas fiscales del estudio
El trabajo del Instituto de Potsdam evaluó dos posibles reformas: la eliminación de los tipos reducidos de IVA para la carne y la aplicación de un precio al carbono sobre los alimentos. Ambas medidas buscan internalizar los costos ambientales y modificar los patrones de consumo sin recurrir a prohibiciones directas. No obstante, el impuesto a la carne vía IVA completo se perfila como la opción más viable a corto plazo.
Actualmente, 22 de los 27 países de la Unión Europea aplican un tipo reducido a la compra de carne. Las diferencias son notables: en Irlanda, la carne tiene un impuesto cero frente al 23 % general; en Francia la brecha es de 15 puntos porcentuales; en Alemania e Italia, de 12; y en España, de 11. Solo cinco países gravan la carne con el tipo general de IVA, lo que evidencia la magnitud del privilegio fiscal.
Según las estimaciones del estudio, eliminar estas exenciones permitiría reducir el daño ambiental asociado al consumo de alimentos entre un 3,48 % y un 5,7 %, dependiendo del tipo de impacto. En términos climáticos, esto se traduciría en una reducción anual de 29,9 megatones de CO₂ equivalente, aproximadamente un 5 % del total vinculado a la dieta.
Los autores reconocen que un precio al carbono aplicado directamente a los alimentos podría generar beneficios ambientales aún mayores. Sin embargo, esta alternativa implicaría cálculos económicos y negociaciones políticas más complejas. Por ello, el impuesto a la carne mediante la reforma del IVA se presenta como una solución transitoria, pero eficaz, para comenzar a corregir las distorsiones actuales.
Impacto en los consumidores: costos, redistribución y desigualdad
Uno de los principales cuestionamientos a cualquier impuesto a la carne es su impacto en los hogares, especialmente en aquellos con menores ingresos. El estudio aborda este punto de forma explícita y concluye que el efecto final depende, en gran medida, de cómo se utilicen los ingresos fiscales adicionales. Sin mecanismos de compensación, el gasto medio anual en alimentación por hogar en la UE aumentaría en 109 euros.
No obstante, si los gobiernos redistribuyeran estos ingresos mediante pagos directos a la ciudadanía, el costo neto se reduciría drásticamente a apenas 26 euros al año por hogar. Esta cifra pone en entredicho la idea de que una reforma fiscal de este tipo necesariamente agravaría la desigualdad, siempre que se diseñe con criterios de justicia social.
El estudio también compara esta opción con la imposición de un precio del carbono de 52 euros por tonelada aplicado a los alimentos. En ese escenario, el costo neto para los hogares se reduciría a unos 12 euros anuales, con mayores beneficios ambientales. Sin embargo, la complejidad técnica y política de esta alternativa limita su viabilidad inmediata frente al ajuste del IVA.
El diseño del impuesto a la carne resulta clave. Sin redistribución, el riesgo de afectar de manera desproporcionada a ciertos grupos es real. Con una aplicación progresiva y transparente, en cambio, la medida podría corregir fallas de mercado sin profundizar las brechas sociales existentes.
¿Una solución estructural o un paliativo necesario?
Aunque los resultados del estudio son contundentes, los propios autores advierten que estas políticas no deben entenderse como una solución única. El impuesto a la carne puede reducir impactos de forma rápida y relativamente económica, pero no sustituye la necesidad de transformar los sistemas alimentarios ni de promover una moderación sostenida en el consumo de productos de origen animal.
Charlotte Plinke, autora del estudio, subraya que aún no se han calculado completamente todos los impactos ambientales de la carne. Esto implica que incluso las cifras actuales podrían estar subestimando el daño real. En ese sentido, la reforma fiscal sería apenas un primer paso para visibilizar costos que hoy permanecen ocultos en la cadena de valor.
Este tipo de medidas plantea un cambio relevante en la narrativa: el problema deja de recaer exclusivamente en las decisiones individuales y se traslada al diseño de políticas públicas coherentes con los compromisos climáticos. Las empresas del sector alimentario también se verían presionadas a innovar y diversificar su oferta hacia alternativas menos intensivas en recursos.
En última instancia, el impuesto a la carne puede funcionar como un catalizador. No elimina por sí solo el impacto ambiental del consumo cárnico, pero sí corrige incentivos, genera recursos para políticas compensatorias y abre la puerta a una conversación más honesta sobre el verdadero costo de lo que comemos.
Fiscalidad, sostenibilidad y responsabilidad compartida
El estudio del Instituto de Potsdam aporta evidencia sólida de que ajustar la fiscalidad de la carne podría generar beneficios ambientales significativos sin imponer una carga excesiva a los consumidores. Al eliminar privilegios fiscales, los gobiernos tendrían una herramienta concreta para alinear precios, impactos ambientales y objetivos climáticos, siempre que el diseño del impuesto a la carne contemple mecanismos de redistribución justa.
Sin embargo, la investigación también deja claro que estas medidas son insuficientes si no se acompañan de cambios estructurales en los sistemas alimentarios y de una moderación consciente en el consumo de carne. Para los actores de la responsabilidad social empresarial, el reto no está solo en apoyar políticas fiscales más coherentes, sino en impulsar modelos de producción y consumo que reduzcan de manera duradera la presión sobre el planeta.
En todo el mundo, los fenómenos meteorológicos extremos —desde sequías prolongadas hasta inundaciones e incendios forestales— son cada vez más frecuentes, intensos y duraderos. Esta realidad ya no es una proyección científica, sino un factor que incide directamente en la seguridad patrimonial, el bienestar social y la estabilidad de los mercados inmobiliarios. Evaluar el riesgo climático en casa se ha convertido en una tarea estratégica, no solo para propietarios, sino también para inversionistas y responsables de políticas públicas.
Tan sólo en Estados Unidos, más de uno de cada cuatro hogares está expuesto a riesgos climáticos graves o extremos, mientras que sólo el año pasado los desastres climáticos causaron cerca de 276 muertes y pérdidas económicas por 115 mil millones de dólares. Estos impactos no se limitan a la destrucción física: influyen en el valor de los inmuebles, en el acceso a seguros, en los costos de mantenimiento y, cada vez más, en la posibilidad misma de vender una propiedad en el futuro.
Riesgo climático en casa: cómo impacta el valor y la venta de un inmueble
El riesgo climático en casa ya es un factor que comienza a alterar la dinámica del mercado inmobiliario. Investigaciones realizadas por plataformas como Redfin y Zillow han demostrado que las propiedades ubicadas en zonas con alto riesgo de inundaciones, incendios forestales o calor extremo pueden tardar más en venderse y, en algunos casos, hacerlo a precios inferiores a los esperados. El riesgo ambiental se traduce en incertidumbre financiera.
A esto se suma el incremento en los costos asociados a la vivienda. Las primas de seguros se elevan o, en ciertos casos, dejan de ofrecerse; las reparaciones preventivas se vuelven más frecuentes y costosas; y los gastos de energía aumentan ante eventos como olas de calor extremo. Así, el riesgo climático en casa deja de ser un tema ambiental y se convierte en una variable económica tangible.
Paradójicamente, acceder a información clara sobre estos riesgos se ha vuelto más difícil. Herramientas públicas como el Índice de Riesgo Futuro de FEMA, que proyectaba pérdidas económicas a nivel de condado bajo distintos escenarios climáticos, fueron eliminadas recientemente. Asimismo, Zillow retiró su sistema de calificación de riesgo climático tras quejas de propietarios y agentes inmobiliarios, lo que abrió un debate sobre transparencia y responsabilidad en el sector.
La eliminación de estas herramientas no significa que el riesgo haya desaparecido, sino que ahora es menos visible. Esto genera asimetrías de información que afectan la toma de decisiones y pueden derivar en activos inmobiliarios sobrevaluados. Además, este fenómeno plantea preguntas clave sobre divulgación de riesgos, protección al consumidor y estabilidad financiera a largo plazo.
Cómo evaluar el riesgo climático en casa y prepararse ante sus efectos
Evaluar el riesgo climático en casa requiere combinar datos técnicos con un análisis práctico del entorno. Existen plataformas privadas como First Street que ofrecen información detallada —por una tarifa— sobre riesgos de inundación, incendios forestales, vientos extremos, calor y calidad del aire. De hecho, esta firma identificó que el 94 % de las propiedades destruidas por el incendio de Eaton en Altadena estaban clasificadas previamente como de riesgo severo o extremo.
Otras plataformas inmobiliarias como Redfin, Realtor.com y Homes.com continúan mostrando estos datos, lo que permite a compradores y vendedores incorporar el riesgo climático en sus decisiones. Como alternativa gratuita, el Índice Nacional de Riesgo de FEMA ofrece mapas interactivos sobre 18 tipos de peligros actuales. Sin embargo, expertos advierten que estos datos pueden ser complejos de interpretar sin un marco adecuado para la toma de decisiones.
Para identificar el riesgo climático en casa, conviene evaluar aspectos como:
Ubicación: cercanía a ríos, zonas forestales, costas o áreas con historial de calor extremo.
Infraestructura: altura de la vivienda, materiales de construcción y estado del techo.
Entorno inmediato: árboles cercanos, drenaje pluvial y calidad del aire.
Una vez identificado el riesgo, la prevención es clave. Si mudarse no es una opción, los especialistas recomiendan adoptar medidas de adaptación, como elevar instalaciones críticas en zonas inundables, gestionar la vegetación cercana para reducir el riesgo de incendios o reforzar estructuras ante vientos extremos. También es fundamental contar con un plan familiar de emergencia, documentos importantes listos para evacuar y protocolos claros de actuación.
No obstante, los expertos subrayan que la responsabilidad no debe recaer únicamente en las personas. La gestión del riesgo climático en casa debe integrarse en una planificación comunitaria y gubernamental más amplia. Políticas de ordenamiento territorial, normas de construcción resiliente y sistemas de comunicación de riesgos a escala local resultan más eficaces que acciones aisladas vivienda por vivienda.
Del riesgo individual a la responsabilidad colectiva
El cambio climático está redefiniendo el concepto de seguridad habitacional. Evaluar el riesgo climático en casa ya no es una decisión opcional, sino una necesidad para proteger el patrimonio, anticipar costos y garantizar la habitabilidad a largo plazo de las comunidades. Ignorar estos factores puede traducirse en pérdidas económicas significativas y en una mayor vulnerabilidad social.
El reto es avanzar hacia modelos de transparencia, prevención y adaptación que integren a gobiernos, empresas y ciudadanía. Solo mediante una visión colectiva del riesgo climático será posible proteger no solo las viviendas individuales, sino la estabilidad económica y social de las comunidades frente a un clima cada vez más incierto.
Hace unos días me topé con un comunicado de prensa de la marca de motos ITALIKA y… ¡Pardiez!… entendí lo que es decir que hablamos italiano solo porque comemos pizzas y spaghetti.
Resulta y resalta — como dicen ahora las nuevas generaciones, sintiéndose doctos — que ITALIKA decidió celebrar el Día Mundial de la Educación Ambiental con una oda a la motocicleta como solución ecológica. No es broma. ¡Una motocicleta! ¡De combustión! Porque claro, si vamos a salvar el planeta, lo primero es llenarlo de motores de bajo cilindraje… ¿no?
Su comunicado, digno de un comercial de shampoo que “promete cabello después de usarlo”, nos habla de “movilidad responsable”, “democratización de la eficiencia” y “pilotos conscientes”. Suena precioso. Casi pude oír a un colibrí llorar de emoción.
La moto: ese unicornio verde que huele a gasolina
Según la marca, la solución al colapso ambiental de nuestras ciudades no está en repensar la movilidad urbana, invertir en transporte público limpio o dejar de depender de los combustibles fósiles. No, la respuesta es usar más motocicletas. Porque, claro, una moto tarda menos en avanzar por el tráfico, y eso —dicen ellos— “reduce el tiempo del motor encendido” y, por ende, “las emisiones”.
¿Es en serio?
¿Datos? Ninguno. ¿Métricas? Cero. No comunicaron nada de eso… porque cuando estás salvando al planeta con comunicados pomposos ¿quién necesita evidencia?
Lo que ITALIKA no menciona es que en México, según instituciones como el INEGI, la SEMOVI y diversas ONGs de seguridad vial, el parque vehicular de motocicletas ha crecido más del 90% en los últimos cinco años, muchas veces con unidades de baja eficiencia y sin controles reales de emisiones. Tampoco menciona que el 38% de las muertes viales involucran motociclistas. Estos son números reales y representan una condición urgente a atender.
“Verde”: el disfraz favorito
El texto señala la idea de movilidad verde. Una joya. No se puede llamar “verde” a un vehículo de combustión que emite CO₂, NOx y ruido. Ningún auto o moto es verde. Punto.
La verdadera movilidad verde —la de verdad, con mayúsculas y sin gasolina— se llama transporte público eficiente, bicicletas, electrificación masiva, ciudades caminables. Pero eso no vende vehículos. Así que es mejor sugerir que “verde” es cualquier cosa que tarde menos en llegar, porque, claro, menos tiempo prendido = casi la salvación del Amazonas.
Educación ambiental… ¿de verdad?
La agencia de comunicación de ITALIKA fue más allá, sugiriendo que se debe educar en estos temas al motociclista. ¿Cómo? Diciéndole que mantengas sus llantas bien infladas y vaya a afinar tu unidad. Lo cual, asumimos que se puede hacer en sus centros de servicio. ¡Qué nobleza!
¿Y si no afinas la moto? Ah, pues entonces tú eres el problema ambiental, no el sistema que permite poner miles de motores de combustión en circulación cada semana.
La ISO 26000, por cierto, tiene una palabra para quien está al mando del marketing y comunicación de las empresas: comportamiento ético. Pero ¿a quién le importa?
Cuando la RSE se vuelve ROI
Lo más fascinante de este tipo de discurso es cómo disfrazan estrategias de venta como si fueran responsabilidad social. Aquí no hay reportes de impacto, ni metas de descarbonización, ni indicadores GRI. Solo green storytelling bien, bien lavado.
Y eso es lo peligroso. Porque una marca que comunica de esta manera y usa la sostenibilidad como bandera —mientras vende motores de combustión— está usando el tema solo como herramienta de marketing, no como una guía ética o estratégica. Eso no es RSE. Es greenwashing.
¿Sabes qué sería verdaderamente responsable? Que ITALIKA tuviera en su sitio al menos una pestaña de responsabilidad social o un informe. O que transparentara cifras de estos temas. O que compensara su huella de carbono invirtiendo en soluciones basadas en la naturaleza. Pero eso cuesta más que escribir un boletín bonito con frases como “cada gota cuenta”.
El planeta no se salva con slogans
ITALIKA no es el demonio. Es solo una marca tratando de hacer lo que muchas otras hacen: aprovechar el clima de sostenibilidad para comercializar más, sin revisar a fondo lo que significa usar estos tópicos, sin comprenderlos, sin asesorarse con profesionales del tema para entender qué si están haciendo bien para comunicarlo, y qué no pueden salir a decir porque simplemente no es cierto, por mucho que queramos maquillarlo.
Porque si de verdad creemos que una motocicleta que emite gases puede ser “verde”, tal vez sea porque estemos viviendo en Ciudad Esmeralda y creemos aún en el Mago de Oz. Y aquí hay un punto clave que no es menor: este tipo de comunicaciones deberían pasar, necesariamente, por la consultora o el área interna que gestiona en ITALIKA la obtención del Distintivo ESR. Justamente para evitar estas ocurrencias que confunden marketing con responsabilidad social y terminan exponiendo a la marca a críticas por greenwashing. Porque si la sostenibilidad es parte del discurso corporativo, también debería ser parte del filtro editorial.
aRSEnico es el seudónimo químico de un asesor en RS muy tóxico, solitario, ensimismado y cuasi misántropo, que a través de una propuesta editorial de crítica ácida, expone las circunstancias, a veces inverosímiles, que se presentan en la RSE. La columna, si bien es ficticia se alimenta de eventos de la vida real sin los cuales no sería posible su realización. El objetivo es precisamente, además de provocar la risa forzada de reconocer y reconocerse en ella, señalar dichas circunstancias desde un enfoque cínico e incluso que raya en anti RS, para mostrar finalmente en este radioactivo estilo, el “deber ser” de la RSE.
La Universidad Tecnológico de Monterrey campus Guadalajara invita a jóvenes con excelencia académica y liderazgo social a postularse a la convocatoria “Líderes del Mañana”.
Esta beca otorga el 100% de colegiatura para estudios universitarios y está dirigida a aquellos líderes dispuestos a poner sus talentos y capacidades al servicio de la sociedad, convirtiéndose en verdaderos agentes de cambio. La convocatoria forma parte de la treceava generación.
Desde 2013, más de 2,300 estudiantes de México y América Latina han formado parte de este programa que enriquece su formación y amplifica el impacto de los proyectos que ya lideran. Actualmente, 951 estudiantes están cursando sus estudios universitarios y 1,75 egresadas y egresados contribuyen profesionalmente en sectores como ciencia, tecnología, salud, emprendimiento social, educación y desarrollo comunitario, entre otros. Más de 243 jóvenes de Campus Guadalajara han sido parte de este programa de financiamiento educativo.
Campus Guadalajara Tec de Monterrey invita a estudiantes, familias, docentes y organizaciones de la región a difundir esta convocatoria y motivar a más jóvenes a postularse a esta convocatoria que estará abierta hasta el 27 de febrero del 2026.
Casos de éxito
Daana Janiel Sánchez Frausto, de la carrera Licenciatura en Biociencias quién promueve el acceso equitativo a diagnóstico oncológicos oportunos mediante el desarrollo de herramientas de detección temprana de cáncer de mama que sean asequibles, mínimamente, invasivas y utilizables en laboratorios con infraestructura limitada a través de mi-Biomark.
Por su parte, Pablo Alejandro Olivares Ramírez, de la carrera Ingeniería en Bioingeniería y Procesos Químicos quién ha representado a México en Stockholm Junior Water Prize 2025 en Suecia y destaca por desarrollar soluciones innovadoras para el tratamiento del agua, uniendo ciencia aplicada, emprendimiento y compromiso social.
Un nuevo informe del Instituto de la Universidad de las Naciones Unidas para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud (UNU-INWEH) lanza una advertencia sin precedentes: ya no podemos hablar de una crisis del agua, puesto que el mundo ha entrado en quiebra hídrica. No se trata de una metáfora alarmista, sino de un diagnóstico técnico que confirma que, en numerosas cuencas y acuíferos, el uso de agua ha superado durante décadas los límites de recarga natural y de extracción segura, deteriorando de forma permanente el capital hídrico del planeta.
La principal conclusión del estudio es contundente: hemos cruzado umbrales críticos e irreversibles. Ríos, lagos, acuíferos, humedales, suelos y glaciares han sido dañados más allá de una recuperación realista en amplias regiones del mundo. Para la ONU, suficientes sistemas hídricos estratégicos han colapsado como para hablar ya de una realidad global.
El mundo ha entrado en quiebra hídrica: así lo muestran los datos
El informe de la Universidad de las Naciones Unidas sostiene que el mundo ha llegado a la quiebra hídrica a partir de una acumulación de evidencias científicas que muestran un deterioro profundo, sistémico y, en muchos casos, irreversible del capital hídrico global. No se trata de eventos aislados ni de crisis locales, sino de un colapso progresivo de ríos, lagos, acuíferos, humedales y glaciares que ha superado los límites de recarga natural y de operación segura del planeta. Entre los datos más relevantes que sustentan esta conclusión, el estudio destaca los siguientes:
Casi el 75 % de la población mundial vive en países clasificados como con inseguridad hídrica o inseguridad hídrica crítica.
2.2 mil millones de personas carecen de acceso a agua potable gestionada de forma segura, mientras que 3.5 mil millones no cuentan con saneamiento adecuado.
Alrededor de 4 mil millones de personas experimentan escasez severa de agua al menos un mes al año.
Más de la mitad de los grandes lagos del mundo ha perdido volumen desde principios de la década de 1990, afectando directamente a una cuarta parte de la población mundial que depende de ellos.
En los últimos 50 años, el planeta ha perdido aproximadamente 410 millones de hectáreas de humedales, una superficie cercana a la de la Unión Europea.
La pérdida de servicios ecosistémicos asociada a la destrucción de humedales se estima en más de 5.1 billones de dólares, equivalente al PIB anual combinado de unos 135 países de bajos ingresos.
Cerca del 70 % de los principales acuíferos del mundo presenta tendencias sostenidas de agotamiento a largo plazo.
La sobreexplotación de aguas subterráneas ha provocado hundimiento del suelo en más de 6 millones de km², incluidas zonas urbanas donde viven cerca de 2 mil millones de personas.
El planeta ha perdido más del 30 % de su masa glaciar desde 1970, comprometiendo el suministro de agua de cientos de millones de personas.
Estos indicadores, advierte la ONU, confirman que el mundo ha entrado en quiebra hídrica no solo por la magnitud del deterioro, sino porque muchos de estos sistemas ya no pueden recuperarse dentro de escalas de tiempo humanas o económicas viables.
La nueva agenda del agua: qué propone la UNU para afrontar la quiebra hídrica
Ante este panorama, la UNU plantea la necesidad de una nueva agenda global del agua que reconozca explícitamente que el mundo ha entrado en quiebra hídrica. El primer paso es político: aceptar formalmente la magnitud del problema e integrar el agua como eje transversal en políticas de paz, seguridad alimentaria, financiamiento al desarrollo y sostenibilidad ambiental.
El informe subraya la urgencia de fortalecer el monitoreo mediante observación de la Tierra, inteligencia artificial y modelos integrados que permitan anticipar colapsos y gestionar riesgos de forma preventiva. Sin datos robustos y oportunos, los sistemas de toma de decisiones seguirán reaccionando tarde y de manera fragmentada.
A nivel nacional, la UNU llama a actualizar marcos regulatorios para proteger el capital hídrico, exigir rendición de cuentas a los sobreextractores y salvaguardar a comunidades vulnerables, como pequeños agricultores. También enfatiza que la planificación debe reconocer los límites biofísicos reales, incluso si ello implica redefinir expectativas de crecimiento económico o uso del suelo.
Gobiernos y empresas frente a una crisis sistémica
El informe es claro: la quiebra hídrica es un riesgo sistémico que trasciende fronteras y sectores. Dada la interconexión de los sistemas alimentarios, energéticos y comerciales, ninguna economía es inmune. Más de la mitad de la producción mundial de alimentos se concentra en zonas donde el almacenamiento total de agua ya es inestable o está en declive, y más de 170 millones de hectáreas de tierras de riego enfrentan estrés hídrico alto o muy alto.
Para los gobiernos, el reto es abandonar la gestión incremental y asumir decisiones estructurales que protejan el agua como activo estratégico. Para las empresas, especialmente aquellas con cadenas de valor intensivas en agua, la advertencia es igual de clara. Como señaló Tim Wainwright, director ejecutivo de WaterAid:
“En todo el mundo, el agua se está agotando más rápido de lo que se puede reponer y las condiciones de sequía están empujando a miles de millones de personas a la inseguridad hídrica permanente, lo que cuesta más cada año que las economías enteras de la mayoría de los países. Entonces, ¿por qué esta crisis no domina los titulares y las salas de juntas por igual?”.
Cuando el mundo ha entrado en quiebra hídrica, la respuesta no puede ser marginal ni voluntaria. Requiere liderazgo político, responsabilidad corporativa y una redefinición profunda de cómo valoramos y gestionamos el recurso más crítico para la vida, la economía y la estabilidad social en el siglo XXI.
ABB alcanzó calificaciones A en clima y agua en el ranking 2025 de CDP (Carbon Disclosure Project), una organización sin fines de lucro que evalúa el desempeño ambiental corporativo a nivel mundial. Lo que le permitió que ABB forme parte de la Lista A anual tanto en cambio climático como, por primera vez, en gestión responsable del agua. Con ello, ABB se integra al grupo del 1 % de las 22,100 empresas evaluadas que lograron una calificación doble A.
Anke Hampel, Directora Global de Sustentabilidad en ABB, comentó: “Formar parte de la ‘Lista A’ de CDP tanto en clima como en agua es un reconocimiento importante a nuestro liderazgo en desempeño y transparencia corporativa. Obtener por primera vez una calificación A en agua refleja el fortalecimiento de nuestro enfoque en la gestión de riesgos hídricos, la administración responsable del agua, la gobernanza y una mayor colaboración con proveedores en temas relacionados con el riesgo del agua”.
Ante la presión que el cambio climático, el crecimiento poblacional y la demanda industrial ejercen sobre la seguridad hídrica, ABB reconoce el agua dulce como un recurso finito y compartido y se esfuerza por usarla de manera responsable en toda su cadena de valor. La industria global del agua y aguas residuales está experimentando una transformación profunda, impulsada por la creciente escasez de agua, el consumo, las tecnologías emergentes y los marcos regulatorios en evolución. ABB está a la vanguardia de la innovación en el ciclo de gestión del agua, cumpliendo con altos estándares industriales y regulatorios para la producción, distribución y tratamiento de agua segura y de alta calidad.
ABB mejoró su calificación en seguridad hídrica de B en 2023, a A- en 2024, hasta alcanzar una A en 2025. La gestión del agua es especialmente relevante para ABB en zonas con alto estrés hídrico. Por ello, la compañía realiza evaluaciones anuales de riesgos relacionados con el agua en sus 320 sitios a nivel global, con especial atención en aquellos ubicados en regiones con estrés hídrico (91 sitios en 2024). ABB requiere que todos sus sitios en regiones con estrés hídrico completen una autoevaluación de gestión del agua antes de que concluya 2026, seguida de acciones concretas para reducir dicho estrés. Además, ABB promueve que sus instalaciones se alineen con los lineamientos de la Alliance for Water Stewardship (AWS), un marco reconocido a nivel mundial para la gestión sustentable del agua, que aborda el uso responsable del recurso, la calidad del agua y la gobernanza a nivel de cuenca mediante la participación de múltiples actores.
