Bajo el lema del Día Internacional de la Educación 2026, «El poder de los jóvenes en la cocreación de la educación», World Vision hace especial hincapié en el papel fundamental de los jóvenes (niñas y niños) en la configuración de los sistemas de aprendizaje formales y no formales, así como en la defensa de una prestación de servicios educativos inclusiva, pertinente y centrada en el alumno.
En este día, World Vision reflexiona sobre sus enfoques clave en las vías de aprendizaje del desarrollo positivo de los jóvenes, con el fin de dar sentido a su papel en la participación y el empoderamiento de los adolescentes y los jóvenes:
Impact+ (12-18 años): un enfoque integrado de ciudadanía activa que aborda de manera holística las cuestiones sectoriales clave a las que se enfrentan los adolescentes en un entorno de relaciones pacíficas y les ayuda a crear proyectos de aprendizaje-servicio para abordar problemas reales de la comunidad. Al mismo tiempo, este enfoque refuerza sus habilidades para la vida y su acceso a un aprendizaje más amplio tanto en espacios formales como no formales.
Youth Ready (mayores de 18 años): una intervención que dota a los jóvenes vulnerables de herramientas para que sean agentes positivos de cambio en sus propias vidas y comunidades, empoderándolos para que tengan éxito en el trabajo y en la vida y conectándolos con oportunidades significativas.
World Vision ha unido sus fuerzas con diversos actores globales de la educación, como la Alianza Global para la Educación (GPE), para celebrar el Día Internacional de la Educación, con el fin de:
Destacar la importancia de la educación para multiplicar las posibilidades de los jóvenes, abrir oportunidades de trabajo digno, promover la igualdad de género y fomentar sociedades inclusivas.
Resaltar el papel de la educación en la construcción de un mundo mejor para todos, independientemente de su origen, género o capacidad.
Apoyar la campaña de reposición de fondos de la GPE, cuyo objetivo es movilizar 5.000 millones de dólares para desbloquear 10.000 millones adicionales en cofinanciación con el fin de transformar el aprendizaje de 750 millones de niños y niñas; y
Hacer un llamamiento a los líderes mundiales, las partes interesadas del sector privado y los filántropos para que inviertan en educación, especialmente para aquellos que más la necesitan, y para que garanticen que los sistemas educativos de calidad, inclusivos y relevantes cuenten con el respaldo de recursos reales y una financiación innovadora.
“He sido testigo del poder transformador de la educación que multiplica las posibilidades de los niños y niñas. Cuando la educación se arraiga, la esperanza se expande. World Vision se enorgullece de colaborar con la Alianza Mundial para la Educación y los gobiernos de todo el mundo y poder así multiplicar las posibilidades de millones de niños y niñas”, concluye Andrew Morley, presidente y director ejecutivo de World Vision.
Durante años, la conversación sobre alimentación sostenible ha estado marcada por una narrativa casi elitista: comer de forma saludable y cuidar al planeta es costoso, complejo y reservado para quienes pueden pagarlo. Sin embargo, nuevas evidencias científicas están desmontando este mito y colocando sobre la mesa una verdad mucho más poderosa: las decisiones cotidianas en el plato pueden ser una de las herramientas más efectivas —y accesibles— para enfrentar la crisis climática.
De acuerdo con Eco-Business, más allá de tendencias, superalimentos o dietas de moda, el foco está regresando a lo esencial. Un reciente estudio publicado en Nature Fooddemuestra que una dieta saludable basada en alimentos locales y de bajo costo no solo mejora el acceso a una nutrición adecuada, sino que también puede reducir hasta en un tercio las emisiones de alimentos a nivel global. Una combinación que redefine por completo la relación entre sostenibilidad, economía y bienestar.
Emisiones de alimentos: el verdadero costo del sistema alimentario
Las emisiones de alimentos representan uno de los componentes menos visibles, pero más relevantes, de la huella ambiental global. Desde la producción agrícola hasta el transporte, procesamiento y consumo, cada etapa del sistema alimentario genera gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático.
El estudio analizó 440 productos en 171 países y encontró que, en promedio, una dieta saludable basada en los alimentos más consumidos —como carne, arroz y lácteos— emite alrededor de 2,44 kg de CO₂ equivalente por persona al día, con un costo cercano a los 10 dólares.
Lo que hoy se considera “normal” resulta ambientalmente intensivo y económicamente poco eficiente.
Emisiones de alimentos y accesibilidad: una relación subestimada
Uno de los hallazgos más relevantes es que las dietas saludables con alimentos locales más económicos emiten solo 1,65 kg de CO₂ equivalente y cuestan aproximadamente 3,68 dólares diarios. Esto equivale a un tercio del costo y un tercio del impacto climático de las dietas tradicionales.
Legumbres, frutas, verduras, pescados pequeños, huevos y alimentos básicos como la yuca o las zanahorias aparecen como protagonistas. Son productos cotidianos, disponibles en la mayoría de los países, con alto valor nutricional y menor dependencia de procesos industriales intensivos en energía.
Lo barato no es sinónimo de insostenible
Contrario a lo que suele asumirse, el bajo costo no implica menor calidad ambiental. De hecho, según la Dra. Elena Martínez, investigadora de la Universidad de Tufts, los alimentos más accesibles suelen requerir menos combustibles fósiles y menos cambios en el uso de suelo, dos de los factores más críticos en la generación de emisiones.
Esto revela una paradoja interesante: muchas estrategias de sostenibilidad se enfocan en soluciones tecnológicas sofisticadas, cuando gran parte del impacto puede reducirse apostando por sistemas alimentarios más simples, locales y menos industrializados.
Grupos de alimentos: quién emite más y quién menos
El análisis distingue seis grandes grupos de alimentos. Los de origen animal —especialmente la carne de res y los lácteos— concentran los mayores costos y las mayores emisiones. En contraste, las legumbres, frutas, verduras y aceites presentan impactos significativamente menores.
Dentro del mismo grupo animal, existen diferencias relevantes. Los pescados pequeños como sardinas o atún tienen emisiones mucho menores que la carne roja, mientras que productos como la leche y las aves de corral resultan relativamente accesibles en términos económicos.
Nutrición, clima y contexto social
El profesor William Masters, también autor del estudio, subraya que no se trata de eliminar grupos completos de alimentos, sino de encontrar equilibrios realistas según el contexto local. En países de bajos ingresos, por ejemplo, algunos alimentos de origen animal siguen siendo clave para cubrir déficits nutricionales.
Lo relevante es priorizar aquellos productos que ofrecen una mejor relación costo-beneficio en términos de salud y clima. Como señala Ignacio Drake, de la organización Colansa:
Si existen alimentos con la misma calidad nutricional, pero más baratos y menos contaminantes, la lógica del cambio es evidente.
A pesar de los beneficios, casi 2.600 millones de personas en el mundo no pueden costear una dieta saludable. En regiones como África subsahariana y el sur de Asia, el 75 % de la población enfrenta esta limitación estructural.
Incluso en países de ingresos medios como México, Brasil o China, el acceso sigue siendo desigual y depende de factores como infraestructura, disponibilidad local, educación alimentaria y políticas públicas. La sostenibilidad, en este sentido, no puede desvincularse de la justicia social.
El estudio sugiere que mejorar los patrones de consumo no depende solo de elecciones individuales. Se requieren políticas que faciliten el acceso a alimentos saludables, incentiven la producción local y desincentiven productos altamente emisores.
Entre las propuestas destacan los sistemas de etiquetado ambiental, impuestos a productos poco saludables y subsidios a alimentos sostenibles. Incluso, otro análisis de Nature Food estima que gravar la carne con IVA estándar en la Unión Europea podría reducir entre 3,5 % y 5,7 % las emisiones asociadas a la alimentación.
Comer mejor para vivir mejor
La evidencia es clara: transformar la dieta no es solo una cuestión de salud personal, sino una estrategia climática de alto impacto. Apostar por alimentos accesibles, locales y de bajo impacto ambiental permite reducir significativamente las emisiones de alimentos sin sacrificar calidad nutricional.
En un contexto donde la sostenibilidad suele percibirse como un lujo, estos hallazgos reconfiguran el debate. Comer mejor no tiene por qué ser más caro, ni más complicado. Al contrario, puede ser una de las decisiones más simples, poderosas y transformadoras para las personas, las empresas y los sistemas alimentarios del futuro.
Durante la última década, la sostenibilidad corporativa dejó de ser un tema aspiracional para convertirse en un estándar de gestión, evaluación y reputación. Hoy, los grupos de interés no solo esperan que las empresas actúen de forma responsable, sino que lo demuestren con información clara, verificable y comparable. En este contexto, los reportes se han convertido en una pieza clave de la narrativa empresarial.
Sin embargo, cada vez más organizaciones enfrentan una decisión crítica: continuar, pausar o abandonar sus ejercicios de transparencia. Cuando una empresa deja de reportar sostenibilidad, el impacto no se limita a la comunicación externa, sino que toca dimensiones profundas de gobernanza, estrategia, confianza y legitimidad social.
Cuando reportar sostenibilidad deja de ser prioridad estratégica
En muchas organizaciones, la decisión de suspender los reportes no ocurre de forma abrupta, sino como resultado de cambios internos: recortes presupuestales, reestructuraciones, fusiones o nuevos liderazgos con otras prioridades. La sostenibilidad comienza a verse como un “nice to have” y no como un eje del negocio.
El problema es que dejar de reportar suele ser un síntoma, no la causa. Detrás de esa decisión hay, con frecuencia, una pérdida de alineación entre la estrategia corporativa y los compromisos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). La sostenibilidad deja de ser transversal y se relega a un área aislada.
A largo plazo, esto genera una desconexión peligrosa: la empresa sigue comunicando propósito, valores y responsabilidad, pero sin evidencia pública que respalde esas declaraciones. El discurso permanece, pero la rendición de cuentas desaparece.
El mensaje implícito a los grupos de interés
Cuando una empresa deja de publicar información ESG, el silencio también comunica. Para inversionistas, clientes, colaboradores y reguladores, la ausencia de datos se interpreta como una señal de alerta, incluso aunque la empresa continúe realizando acciones internas.
En un entorno donde la transparencia se asocia con confianza, no reportar sostenibilidad genera sospechas:
¿hay retrocesos?, ¿se están ocultando impactos negativos?, ¿ya no es relevante el tema para la organización? La narrativa se construye sola, y rara vez es favorable.
Además, se rompe una expectativa que ya estaba instalada. Una empresa que nunca reportó puede pasar desapercibida, pero una que deja de hacerlo enfrenta una pérdida reputacional mucho mayor, porque interrumpe una relación de información que ya había establecido.
Impacto en la reputación y el valor de marca
La reputación corporativa se construye con consistencia, no con acciones aisladas. Los reportes funcionan como un archivo histórico que permite observar avances, retrocesos, aprendizajes y evolución estratégica a lo largo del tiempo.
Cuando una empresa deja de reportar, pierde ese registro público de su trayectoria en sostenibilidad. Esto debilita su storytelling institucional y limita su capacidad de demostrar impacto real frente a rankings, evaluaciones ESG, medios especializados y analistas.
En términos de marca, también se pierde diferenciación. En mercados cada vez más saturados de discursos responsables, las empresas que siguen reportando con rigor son las que logran posicionarse como líderes, mientras que las que abandonan quedan en una zona gris de irrelevancia.
Consecuencias en la toma de decisiones internas
Más allá de la comunicación externa, reportar sostenibilidad cumple una función clave hacia adentro: ordenar información, definir indicadores, establecer metas y evaluar desempeño. Sin ese ejercicio, la gestión se vuelve más intuitiva que estratégica.
Los reportes obligan a las organizaciones a mirarse con datos, no con percepciones. Cuando desaparecen, también se debilitan los sistemas de medición, seguimiento y mejora continua. Lo que no se mide, difícilmente se gestiona.
Esto impacta directamente en la toma de decisiones: inversiones sin análisis de impacto, proyectos sin criterios ESG claros y prioridades definidas por urgencias operativas, no por visión de largo plazo.
Riesgos frente a regulación y financiamiento
En muchos países, la obligatoriedad de divulgar información ESG ya no es una tendencia futura, sino una realidad. Normativas como la CSRD en Europa o los estándares ISSB están elevando el nivel de exigencia para las empresas.
Dejar de reportar hoy puede implicar costos mucho mayores mañana: procesos improvisados, información incompleta, falta de trazabilidad y riesgo de incumplimiento normativo. La transparencia ya no es solo reputacional, también es legal.
Además, el acceso a financiamiento sostenible depende cada vez más de la calidad de la información ESG. Fondos de inversión, bancos y aseguradoras priorizan empresas que mantienen esquemas sólidos de divulgación y gestión de impactos.
Cuando volver a reportar sostenibilidad es más difícil que nunca
Una de las consecuencias menos visibles es que, una vez que se abandona el ejercicio, retomarlo se vuelve mucho más complejo. Se pierden series históricas, metodologías, procesos internos y hasta talento especializado.
Volver a reportar sostenibilidad implica reconstruir sistemas de información, reeducar equipos, redefinir indicadores y enfrentar comparaciones incómodas con años anteriores. El costo organizacional es mucho mayor que el de haber mantenido la continuidad.
Además, el contexto ya no es el mismo: los estándares evolucionan, las expectativas crecen y los stakeholders son más críticos. Retomar la transparencia exige un nivel de madurez mucho más alto que el que existía al inicio.
Dejar de reportar sostenibilidad no es un simple ajuste de comunicación, sino una decisión estratégica con implicaciones profundas en reputación, gobernanza, competitividad y legitimidad social. En un mundo donde la transparencia se ha convertido en moneda de cambio, el silencio rara vez es neutral.
Para las empresas que buscan mantenerse relevantes, confiables y alineadas con las nuevas reglas del mercado, reportar sostenibilidad ya no es una opción táctica, sino una práctica estructural. No se trata solo de mostrar lo que se hace, sino de construir una cultura organizacional basada en datos, responsabilidad y visión de largo plazo.
El debate sobre la transición energética suele centrarse en la falta de generación limpia, pero 2025 ha puesto sobre la mesa una paradoja inquietante: la incapacidad de los sistemas eléctricos para aprovechar la energía renovable ya instalada. En Gran Bretaña, el volumen de electricidad limpia desperdiciada durante el año alcanzó niveles inéditos, evidenciando que el problema ya no es solo producir más, sino gestionar mejor lo que se genera.
Este escenario refuerza la gravedad de la caída de las energías renovables, entendida no solo como un freno en la expansión de capacidad, sino como la pérdida efectiva de energía limpia por fallas estructurales. Estos datos obligan a replantear la narrativa de éxito de la transición y a mirar con mayor atención la infraestructura, la planificación y la gobernanza energética.
La caída de las energías renovables medida en electricidad desperdiciada
En 2025, Gran Bretaña recortó 10 teravatios-hora (TWh) de electricidad renovable, de acuerdo con un informe de Montel EnAppSys. Este volumen representa un aumento interanual del 22 % y habría sido suficiente para abastecer durante un año a todos los centros de datos del país o a todos los hogares del Gran Londres.
La restricción energética, conocida como curtailment, ocurre cuando la generación supera la demanda y el sistema no puede absorber la electricidad disponible. En el caso británico, este proceso es gestionado por el Operador Nacional del Sistema Energético (NESO) a través del Mecanismo de Equilibrio, que ordena reducir la producción incluso cuando se trata de fuentes limpias.
El dato resulta especialmente relevante porque refleja una caída de las energías renovables en términos de aprovechamiento real. No se trata de falta de viento o sol, sino de un sistema incapaz de integrar la energía generada, lo que erosiona la eficiencia climática de las inversiones realizadas.
Además, Montel EnAppSys estima que sustituir la energía eólica reducida habría costado al menos 1.000 millones de libras, una cifra que pone en evidencia el costo económico directo de no contar con redes y almacenamiento adecuados.
Escocia: el epicentro del problema estructural
El 98 % de la reducción de energía renovable en 2025 se produjo en Escocia, una región con condiciones óptimas de generación, pero con niveles de demanda relativamente bajos. En algunos meses, más de la mitad de la energía eólica generada en el norte escocés tuvo que ser recortada, pese a su pleno potencial operativo.
Esta situación revela un desequilibrio territorial profundo. La generación renovable se ha expandido más rápido que la infraestructura de transmisión, lo que limita la capacidad de llevar electricidad limpia a los centros de consumo. La caída de las energías renovables aquí no responde a factores climáticos, sino a una planificación incompleta del sistema energético.
A la falta de líneas de transmisión se suma la escasez de almacenamiento energético. Sin baterías u otras tecnologías que permitan absorber excedentes, el sistema no tiene alternativa más que desperdiciar electricidad limpia, incluso cuando la demanda futura podría justificar su uso.
El impacto financiero tampoco es menor. En 2025, los operadores de parques eólicos y solares recibieron 363 millones de libras por reducir deliberadamente su generación, de los cuales casi 300 millones correspondieron a proyectos escoceses, lo que plantea interrogantes sobre la eficiencia del gasto público y la coherencia de las políticas climáticas.
Irlanda y el patrón regional de la caída de las energías renovables
El análisis de Montel EnAppSys también incluyó a Irlanda, donde existe un mercado eléctrico único entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. En este caso, el volumen de electricidad recortada proveniente de parques solares se cuadruplicó en 2025 respecto al año anterior.
Aunque la reducción de energía eólica mostró una tendencia a la baja, el aumento del recorte solar evidencia que el problema no es exclusivo de una tecnología. La caída de las energías renovables se manifiesta de forma distinta según el mix energético, pero comparte una raíz común: sistemas eléctricos que no evolucionan al mismo ritmo que la generación limpia.
Este patrón regional refuerza la idea de que la transición energética enfrenta un cuello de botella técnico y político. Sin una modernización integral de las redes y una mejor integración regional, el crecimiento renovable puede convertirse en un factor de inestabilidad en lugar de una solución climática.
Para la agenda ESG, estos datos son una señal de alerta. La simple adición de capacidad renovable no garantiza reducciones reales de emisiones si una parte significativa de esa energía nunca llega a utilizarse.
Resolver el cuello de botella: planificación, red y almacenamiento
Fintan Devenney, analista sénior del mercado energético de Montel EnAppSys, subraya que resolver este desafío requiere múltiples intervenciones simultáneas. Entre ellas, destaca la posibilidad de ubicar instalaciones de alto consumo energético, como centros de datos, cerca de proyectos de generación renovable para reducir la presión sobre la red.
No obstante, la inversión en infraestructura de transmisión y almacenamiento sigue siendo central. Sin estas piezas, la caída de las energías renovables continuará reflejándose en recortes crecientes, incluso en países con altos niveles de ambición climática.
En este contexto, el Plan Estratégico Espacial de Energía (SSEP) del Reino Unido se perfila como una herramienta clave. Encargado conjuntamente por los gobiernos del Reino Unido, Escocia y Gales a finales de 2024, el plan busca una visión más holística de la ubicación de la generación, la expansión de la red y las señales de inversión necesarias.
El SSEP deberá alinearse con el compromiso gubernamental de que los combustibles fósiles representen solo el 5 % de la generación eléctrica en 2030 y con el Plan de Acción de Energía Limpia, que contempla ampliar el almacenamiento en baterías a entre 23 y 27 GW para ese mismo año.
Una advertencia para la transición energética
El récord de electricidad renovable desperdiciada en 2025 muestra que la caída de las energías renovables no siempre se expresa como menor capacidad instalada, sino como una falla sistémica para aprovechar lo ya construido. Este fenómeno cuestiona la efectividad real de las políticas climáticas cuando no van acompañadas de infraestructura y planificación adecuadas.
Lla transición energética no puede medirse solo en megavatios instalados. Sin redes modernas, almacenamiento suficiente y decisiones territoriales coherentes, incluso los sistemas más ambiciosos corren el riesgo de convertir la energía limpia en una oportunidad perdida, con costos económicos, sociales y climáticos cada vez más difíciles de justificar.
La política exterior de Estados Unidos vuelve a convertirse en un campo de batalla ideológico con profundas implicaciones en materia de derechos humanos. La administración Trump confirmó que impedirá que las organizaciones que reciben ayuda exterior estadounidense destinen recursos a iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), así como a lo que denomina “ideología de género”. La medida afectará a alrededor de 30 000 millones de dólares en asistencia internacional, una cifra que da cuenta de su alcance global.
Más allá del debate político interno, la decisión plantea riesgos concretos para comunidades históricamente excluidas. El bloqueo a la ayuda para proyectos de DEI amenaza con debilitar programas vinculados a salud, educación, igualdad de género y derechos de personas trans y no binarias en decenas de países, muchos de los cuales dependen de estos fondos para sostener servicios básicos y protección de derechos.
Ayuda para proyectos de DEI bajo una nueva política de bloqueo
La decisión, que fue confirmada a The Guardian este 22 de enero, se enmarca en una ampliación de la llamada “política de la Ciudad de México”, introducida originalmente en 1984 durante el gobierno de Ronald Reagan. Esta política prohíbe que organizaciones no estadounidenses reciban fondos si prestan servicios relacionados con el aborto o defienden su legalidad. Tradicionalmente, su aplicación se limitaba a programas de planificación familiar, con un presupuesto aproximado de 600 millones de dólares.
Sin embargo, durante su primer mandato, Donald Trump amplió la política a toda la asistencia sanitaria mundial, afectando cerca de 7 300 millones de dólares. Ahora, la nueva versión va aún más lejos: se aplicará a amplios sectores de la ayuda exterior e incluirá restricciones explícitas a la ayuda para proyectos de DEI y a programas relacionados con derechos de género.
Un portavoz del Departamento de Estado afirmó que “el presidente Trump sigue cumpliendo su promesa de poner fin a la asistencia extranjera progresista”. Esta declaración deja claro que la política no responde solo a criterios presupuestarios, sino a una estrategia ideológica que redefine las prioridades de la cooperación internacional estadounidense.
La extensión de esta política también alcanzará a ONG con sede en Estados Unidos que operan en el extranjero, ampliando su impacto y generando incertidumbre entre organizaciones que hasta ahora dependían de estos fondos para sostener programas de inclusión y derechos humanos.
Impacto directo en derechos humanos y salud global
Los efectos de los ajustes a políticas similares en el pasado ofrecen un precedente preocupante. MSI Reproductive Choices, una organización que opera en casi 40 países, señaló que la ampliación previa de la “política de la Ciudad de México” obligó al cierre de servicios en países como Uganda, Madagascar y Nepal. Estas interrupciones afectaron de forma desproporcionada a mujeres y niñas en contextos de alta vulnerabilidad.
Sarah Shaw, directora asociada de incidencia política de Marie Stopes International, advirtió que estas medidas generan entornos de estigmatización prolongada y señaló algunas de las consecuencias:
“Terminamos con toda una generación de mujeres y niñas que crecen sin saber adónde acudir para obtener información sobre su salud y sus derechos”.
La posible restricción a la ayuda para proyectos de DEI podría replicar estos efectos en otros ámbitos clave. En el caso de los derechos de personas trans y no binarias, el impacto podría ser aún más severo. Muchos programas financiados por ayuda internacional se enfocan en prevención de violencia, acceso a servicios de salud y protección legal. El retiro de fondos amenaza con dejar a estas poblaciones sin redes de apoyo en países donde ya enfrentan criminalización o discriminación estructural.
Además, la política impide el uso de fondos para lo que la administración define como “aborto como forma de planificación familiar”, una formulación ambigua que, según expertos, podría generar interpretaciones restrictivas y autocensura por parte de las organizaciones beneficiarias.
Exportación de mandatos ideológicos y riesgos sistémicos
La nueva política se inserta en una ofensiva más amplia de la administración Trump contra las iniciativas de DEI y el reconocimiento de la diversidad de género. A nivel interno, el presidente ha firmado órdenes ejecutivas para eliminar el apoyo federal a programas de inclusión y ha promovido la idea de que solo existen dos géneros, debilitando investigaciones sobre equidad racial y de género.
Expertos advierten que estas decisiones no solo afectan a Estados Unidos, sino que exportan mandatos ideológicos a otros países. Amy Friedrich-Karnik, directora de política federal del Instituto Guttmacher, fue contundente:
“Esta política no solo exporta las severas prohibiciones estadounidenses al aborto, sino también mandatos contrarios a los derechos humanos, la salud y la equidad. Es simplemente devastador”.
La falta de claridad sobre cómo se implementarán las nuevas reglas —que el Departamento de Estado publicará de forma oficial— incrementa la incertidumbre. Sin lineamientos precisos, las organizaciones podrían optar por reducir o eliminar programas preventivamente, amplificando el efecto restrictivo de la medida.
En este contexto, la ayuda para proyectos de DEI deja de ser solo una cuestión de financiamiento y se convierte en un indicador de la dirección que toma la política exterior estadounidense respecto a los derechos humanos.
Inclusión en riesgo en la cooperación internacional
El bloqueo a la ayuda para proyectos de DEI marca un punto de inflexión en la cooperación internacional de Estados Unidos. Al condicionar recursos a una visión ideológica restrictiva, la administración Trump redefine el alcance de la ayuda exterior y pone en riesgo avances logrados durante décadas en inclusión, salud y derechos humanos.
Para las organizaciones y gobiernos que dependen de estos fondos, el desafío será doble: sostener programas esenciales y, al mismo tiempo, defender principios básicos de equidad y dignidad. En un escenario global marcado por retrocesos democráticos y sociales, la exclusión de la DEI de la ayuda internacional no solo limita recursos, sino que envía un mensaje político con consecuencias de largo alcance.
Este enero de 2026, Grok AI —el sistema de generación de imágenes de xAI, empresa de Elon Musk— se ha convertido en el centro de una polémica global tras revelarse que produjo alrededor de 3 millones de imágenes sexualizadas en menos de dos semanas, muchas de ellas sin consentimiento de las personas retratadas.
El caso va mucho más allá de una falla puntual de moderación o del error de una sola plataforma. La facilidad con la que usuarios pudieron crear, difundir y monetizar contenido sexualizado —incluidas miles de imágenes que aparentan representar a menores— evidencia un problema estructural: la ausencia de salvaguardas mínimas y un vacío legal que deja a la tecnología avanzando más rápido que la regulación y la rendición de cuentas.
Imágenes sexualizadas en Grok: una producción a escala industrial
De acuerdo con una investigación del Centro para la Lucha contra el Odio Digital (CCDH), Grok AI generó cerca de 3 millones de imágenes sexualizadas entre el 29 de diciembre de 2025 y el 8 de enero de 2026. Dentro de ese volumen, los investigadores estimaron que 23.000 imágenes parecían representar a niños, lo que llevó al CCDH a calificar el sistema como “una máquina a escala industrial para la producción de material de abuso sexual”.
El análisis se apoyó en datos de Peryton Intelligence, que identificó un pico de 199.612 solicitudes individuales en un solo día, el 2 de enero. Durante ese periodo, Grok habría contribuido a la creación de imágenes sexualizadas de menores cada 41 segundos, una cifra que ilustra la magnitud y velocidad del problema.
Entre las víctimas de este uso se encontraron figuras públicas como Selena Gomez, Taylor Swift, Billie Eilish, Ariana Grande, Nicki Minaj y Millie Bobby Brown, así como políticas como Kamala Harris y Ebba Busch. Las imágenes eran creadas a partir de fotografías reales, modificadas para mostrar a las personas en ropa interior, bikinis o poses sexualizadas.
El fenómeno se volvió viral en X, plataforma donde se difundían estas imágenes, lo que amplificó el daño reputacional, psicológico y social para las personas afectadas, muchas de ellas sin posibilidad real de defenderse o retirar el contenido de forma inmediata.
Reacciones tardías y presión internacional
La indignación pública creció rápidamente. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, calificó el uso de Grok como “repugnante” y “vergonzoso”, mientras que países como Indonesia y Malasia optaron por bloquear la herramienta de inteligencia artificial. Estas reacciones reflejan una creciente preocupación estatal ante la incapacidad de las plataformas para autorregularse eficazmente.
X restringió el acceso a la función de generación de imágenes a usuarios de pago el 9 de enero y, finalmente, el 14 de enero anunció la suspensión total de la función que permitía editar fotografías de personas reales para mostrarlas con ropa reveladora. Sin embargo, para entonces, millones de imágenes ya circulaban en línea.
Imran Ahmed, director ejecutivo del CCDH, fue contundente:
“Desnudar a una mujer sin su permiso es abuso sexual. Durante ese período, Grok se convirtió en una máquina industrial para la producción de material de abuso sexual”.
Ahmed añadió que el escándalo generó “atención, participación y usuarios”, lo que expone incentivos perversos en el modelo de negocio de estas plataformas. La respuesta corporativa, aunque necesaria, fue reactiva. El daño ya estaba hecho y la retirada de la función no garantiza que situaciones similares no se repitan con otras herramientas de IA generativa.
Elon Musk in bikini…. With Grok and Tesla in Beach!!!
Grok AI
Prompt:- { "prompt_structure": { "subject": { "description": "Full body shot of a man resembling Elon Musk standing on a sandy beach.", "pose": "Standing facing forward, arms relaxed by sides,… pic.twitter.com/0kTo5utY8X
El caso de las imágenes sexualizadas en Grok pone en evidencia un vacío regulatorio significativo. Aunque muchas jurisdicciones cuentan con leyes contra la explotación sexual infantil o la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, estas normativas no siempre contemplan la escala, velocidad y complejidad de la IA generativa.
Ahmed subrayó que el problema no es exclusivo de Musk o de Grok:
“Se trata de un sistema con incentivos desalineados y sin las garantías mínimas prescritas por la ley”.
Mientras las plataformas se benefician del crecimiento y la viralidad, los marcos legales siguen siendo fragmentados y, en muchos casos, obsoletos. Este vacío deja a las víctimas con recursos limitados y a los desarrolladores con amplios márgenes de maniobra. La autorregulación, como demuestra este caso, resulta insuficiente cuando no existen obligaciones claras de diseño seguro, evaluación de riesgos y prevención de daños desde el inicio.
Además, la ausencia de estándares globales facilita que herramientas prohibidas en un país sigan operando en otros, trasladando el problema en lugar de resolverlo.
Más allá de Grok: responsabilidad compartida en la IA
Reducir el debate a Grok AI sería un error. La proliferación de modelos capaces de generar imágenes hiperrealistas implica que el riesgo de abuso se replica en todo el ecosistema tecnológico. Sin reglas claras, cualquier herramienta similar puede convertirse en un vehículo para la violencia digital, la explotación y la vulneración de derechos humanos.
X afirmó en un comunicado que mantiene “tolerancia cero hacia cualquier forma de explotación sexual infantil, desnudez no consentida y contenido sexual no deseado”, y que colabora con las autoridades cuando es necesario. Sin embargo, estas medidas llegan después del daño, no antes.
El desafío central es establecer expectativas mínimas de seguridad aplicables a todas las plataformas de IA: controles técnicos obligatorios, auditorías independientes, sanciones proporcionales y mecanismos eficaces de reparación para las víctimas.
Mientras esto no ocurra, la generación masiva de contenido dañino seguirá siendo una consecuencia previsible de sistemas diseñados sin salvaguardas suficientes.
Una advertencia que no puede ignorarse
El escándalo de Grok AI no es un episodio aislado, sino una advertencia sobre los riesgos de dejar la innovación tecnológica sin límites claros. Las imágenes sexualizadas en Grok revelan cómo la combinación de IA generativa, incentivos económicos y falta de regulación puede traducirse en daños reales y sistemáticos para miles de personas.
La solución no pasa únicamente por apagar una función o ajustar un algoritmo. Requiere una respuesta estructural que involucre a gobiernos, empresas y sociedad civil para cerrar el vacío legal y establecer responsabilidades claras. Sin este esfuerzo colectivo, la tecnología seguirá avanzando más rápido que la protección de los derechos humanos, con consecuencias cada vez más graves.
El compromiso climático corporativo ha alcanzado un nuevo punto de referencia pues la iniciativa Science Based Targets (SBTi) ha confirmado la validación de los objetivos de reducción de emisiones de 10.000 empresas a nivel global, un grupo que en conjunto representa alrededor del 40 % de la capitalización del mercado mundial. La cifra no solo refleja la escala del fenómeno, sino también la consolidación de un estándar que busca alinear la acción empresarial con la ciencia climática.
Desde que SBTi validó a su primera empresa en 2015, el crecimiento ha sido sostenido y transversal. Hoy, compañías de más de 90 países han establecido metas alineadas con la trayectoria de temperatura del Acuerdo de París, lo que posiciona a las empresas con objetivos climáticos como un actor cada vez más relevante en la transición hacia economías bajas en carbono.
Empresas con objetivos climáticos: una adopción global en expansión
Las empresas con objetivos climáticos validados por SBTi abarcan prácticamente todos los sectores económicos, tamaños y regiones. De acuerdo con la iniciativa, casi no hay industrias relevantes que queden fuera de este grupo, lo que muestra que la descarbonización ya no es un tema exclusivo de ciertos nichos, sino una expectativa ampliamente compartida.
En términos geográficos, Japón encabeza la lista con más de 2.000 empresas validadas, seguido por el Reino Unido, Estados Unidos y China. Esta distribución evidencia que la adopción de objetivos con base científica no responde a una sola región, sino a dinámicas económicas y regulatorias diversas.
Europa fue una de las regiones pioneras en la adopción de SBTi, con empresas como Tesco y Heineken marcando el camino desde etapas tempranas. Sin embargo, durante la década de 2020 la expansión más acelerada se ha registrado en Asia, donde cada vez más compañías incorporan objetivos climáticos verificables.
Este crecimiento sugiere que las empresas con objetivos climáticos no solo buscan cumplir con expectativas ambientales, sino también fortalecer su competitividad en mercados donde la acción climática comienza a ser un factor diferenciador.
Más allá del compromiso: valor estratégico y credibilidad
Para SBTi, alcanzar el umbral de 10.000 empresas validadas representa algo más que un logro cuantitativo. David Kennedy, director ejecutivo de la iniciativa, señaló que este hito refleja el reconocimiento de los beneficios estratégicos, reputacionales y financieros asociados a la transformación hacia cero emisiones netas.
En un contexto en el que algunas grandes corporaciones han debilitado o abandonado sus compromisos climáticos —principalmente en los sectores de energía y finanzas—, los datos de SBTi indican que estos casos siguen siendo excepciones. La tendencia general apunta a una mayor adopción y formalización de objetivos alineados con la ciencia.
La verificación de SBTi funciona como un mecanismo de credibilidad frente a inversionistas, clientes y otros grupos de interés. Al establecer criterios claros y comparables, la iniciativa reduce el riesgo de declaraciones climáticas ambiguas y fortalece la rendición de cuentas.
Así, las empresas con objetivos climáticos validados no solo declaran ambiciones, sino que se someten a un marco técnico que permite evaluar avances reales y consistentes en el tiempo.
Casos concretos y estándares en evolución
Un ejemplo reciente del impacto de SBTi es Weetabix Food Company, que anunció la verificación de sus nuevos objetivos de reducción de emisiones. La empresa ya había superado una meta previa de reducción del 20 % en emisiones absolutas de Alcance 1 y 2 respecto a 2018, lo que sentó las bases para compromisos más ambiciosos.
Sus nuevos objetivos incluyen una reducción del 54,6 % de las emisiones absolutas de Alcance 1 y 2 entre 2022 y 2033, así como el mismo porcentaje para varias categorías de Alcance 3 en ese periodo. Además, la compañía se comprometió a eliminar la deforestación de sus cadenas de suministro vinculadas a productos básicos antes de 2025.
A largo plazo, Weetabix busca reducir en un 90 % sus emisiones absolutas de Alcance 1, 2 y 3 para 2050, alineándose con el Estándar Corporativo de Cero Emisiones Netas. En el caso de las emisiones relacionadas con silvicultura, uso de la tierra y agricultura (FLAG), la meta es una reducción del 72 % entre 2022 y 2050.
Estos compromisos se dan mientras SBTi trabaja en la segunda versión de su Estándar Corporativo de Cero Emisiones Netas, cuyo borrador fue publicado en noviembre de 2025 y cuya versión final se espera para el primer semestre de este año, tras un proceso de consulta pública y revisión experta.
Un hito que redefine la acción climática corporativa
La validación de 10.000 empresas por parte de SBTi marca un punto de inflexión en la acción climática empresarial. El crecimiento sostenido de las empresas con objetivos climáticos demuestra que la alineación con la ciencia ya no es una aspiración marginal, sino un componente central de la estrategia corporativa global.
No obstante, el desafío ahora radica en la implementación y el cumplimiento efectivo de estos compromisos. La evolución de los estándares, la transparencia y el seguimiento riguroso serán determinantes para que este volumen de compromisos se traduzca en reducciones reales de emisiones y en avances tangibles hacia los objetivos del Acuerdo de París.
La crisis climática no es un fenómeno abstracto ni difuso: tiene responsables identificables. Un nuevo informe revela que solo 32 empresas de combustibles fósiles fueron responsables de la mitad de las emisiones globales de dióxido de carbono en 2024, una concentración sin precedentes del CO₂ del mundo en manos de un grupo cada vez más reducido de productores. El dato no solo confirma la gravedad del problema, sino que evidencia una estructura de poder que frena la acción climática global.
Este hallazgo plantea preguntas incómodas sobre rendición de cuentas, gobernanza y el papel de los Estados. Lejos de disminuir, las emisiones continúan aumentando año con año, impulsadas por decisiones corporativas y estatales que chocan frontalmente con los compromisos climáticos internacionales y con el objetivo de limitar el calentamiento global.
El CO₂ del mundo concentrado en unos cuantos actores
El informe Carbon Majors confirma que el CO₂ del mundo se concentra de forma alarmante en un grupo reducido de grandes productores de combustibles fósiles, gas, carbón y cemento, muchos de ellos con un peso geopolítico significativo. Entre las diez principales empresas generadoras de emisiones destacan Saudi Aramco, Indian Oil Corporation, China Energy Investment Group, la National Iranian Oil Company (NIOC) y Gazprom, todas de propiedad estatal y con volúmenes de emisiones comparables —o superiores— a los de países enteros, las cuales son responsables del 27, 6 % de las emisiones fósiles de CO₂ globales en 2024.
Fuente: Carbon Majors
Saudi Aramco encabeza la lista con alrededor de 1 700 millones de toneladas de CO₂, lo que equivale a cerca del 4.3 % de las emisiones globales de combustibles fósiles y cemento. Si esta empresa estatal saudí fuera un país, sería el quinto mayor emisor del planeta, solo por detrás de potencias como China, Estados Unidos, India y Rusia, lo que ilustra la magnitud del CO₂ del mundo asociado a un solo actor corporativo.
Le siguen Indian Oil Corporation y China Energy Investment Group, ambas con aproximadamente 3.9 % de las emisiones globales cada una. En el caso de estas compañías, el vínculo directo con el Estado es clave: su rol no se limita al suministro energético interno, sino que forma parte de estrategias nacionales de crecimiento económico que continúan apostando por la expansión del carbón, el petróleo y el gas.
La National Iranian Oil Company (NIOC) aporta cerca de 3.1 % del total de emisiones globales, mientras que Gazprom representa alrededor de 2.8 %. Estas cifras refuerzan una constante del informe: el CO₂ del mundo está dominado por empresas estatales cuya lógica de operación responde más a intereses políticos y fiscales que a objetivos climáticos de largo plazo.
Fuente: Carbon Majors
Este nivel de concentración no es accidental. Es el resultado de décadas de consolidación, subsidios y protección estatal que han permitido a estos gigantes mantener —e incluso aumentar— su producción, a pesar de la evidencia científica que señala la necesidad urgente de reducir drásticamente las emisiones globales.
Responsabilidad, litigios y presión creciente
El uso de datos de emisiones está cambiando el terreno de juego. La base de datos Carbon Majors ha sido utilizada para vincular directamente a grandes emisores con olas de calor mortales y con billones de dólares en pérdidas económicas asociadas al calor extremo. Esto marca un punto de inflexión en la discusión sobre responsabilidad climática.
Tzeporah Berman, de la Iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, fue contundente:
“Un grupo poderoso y concentrado de corporaciones no solo domina las emisiones globales, sino que también sabotea activamente la acción climática y debilita la ambición de los gobiernos”.
Sus palabras reflejan el creciente consenso entre expertos y sociedad civil. Por su parte, Christiana Figueres, exdirectora de la ONU para el clima, añadió que los grandes emisores “están en el lado equivocado de la historia”, aferrándose a modelos obsoletos mientras la inversión en energía limpia ya duplica a la de combustibles fósiles a nivel mundial. Aun así, estos actores siguen expandiendo su producción.
Casos legales como Lliuya v RWE en Alemania y las leyes de superfondo climático en Nueva York y Vermont muestran que la evidencia sobre el CO₂ del mundo ya está siendo utilizada para exigir pagos, reparaciones y medidas de adaptación frente a inundaciones y calor extremo.
Estados, empresas y la urgencia de actuar
El hecho de que la mitad del CO₂ del mundo provenga de solo 32 empresas —muchas de ellas controladas por Estados— deja al descubierto una crisis de gobernanza climática. No se trata únicamente de responsabilidad corporativa, sino de decisiones políticas que perpetúan un modelo energético incompatible con un futuro habitable.
Rebecca Brown, del Centro para el Derecho Ambiental Internacional, lo resume con claridad: “Cuando los hechos son evidentes y la ley es clara, la rendición de cuentas es obligatoria”. Para los gobiernos, seguir protegiendo a los grandes emisores equivale a sabotear la acción climática que dicen apoyar en los foros internacionales.
El mensaje es inequívoco: sin presión real sobre Estados y corporaciones que concentran el CO₂ del mundo, la transición energética seguirá siendo retórica. La crisis climática exige decisiones valientes, coherentes y urgentes, no la defensa de intereses que agravan el daño global.
En la última década, las marcas “con causa” se multiplicaron en campañas publicitarias, empaques y redes sociales. Desde mensajes sobre sostenibilidad hasta compromisos con la igualdad o la justicia social, el discurso corporativo se llenó de promesas éticas que buscan conectar con consumidores cada vez más conscientes. Sin embargo, lejos de generar adhesión automática, estas narrativas han despertado un creciente escepticismo, especialmente entre las generaciones más jóvenes.
En la actualidad, las personas no solo consumen productos: evalúan valores, coherencia y consecuencias. Para ellos, una causa no es un eslogan, sino una responsabilidad sostenida en el tiempo. Cuando detectan contradicciones entre lo que una empresa dice y lo que hace, la reacción suele ser inmediata: desconfianza, crítica pública y, en muchos casos, rechazo. Entender este fenómeno es clave para explicar por qué las marcas “con causa” ya no convencen tan fácilmente.
4 razones por las que las nuevas generaciones desconfían de las “marcas con causa”
1. Saturación del discurso y pérdida de credibilidad
Uno de los principales motivos de desconfianza es la saturación. Durante años, las marcas “con causa” utilizaron mensajes similares, apelando a conceptos amplios como “cuidar el planeta” o “cambiar el mundo”, sin explicar cómo lo harían. Este uso excesivo vació de contenido a muchas campañas y convirtió la causa en un recurso publicitario más.
Las nuevas generaciones, acostumbradas a analizar información y contrastar fuentes, identifican rápidamente cuando un mensaje carece de sustancia. Para ellas, no basta con declarar buenas intenciones: esperan datos, acciones verificables y resultados claros. Cuando esto no ocurre, la causa se percibe como oportunismo, no como compromiso genuino.
2. Greenwashing y social washing
El greenwashing y el social washing han dejado una huella profunda en la percepción pública. Muchas empresas han sido señaladas por promover iniciativas ambientales o sociales mientras, en la práctica, mantienen modelos de negocio que generan impactos negativos significativos. Estos casos han erosionado la confianza incluso en aquellas marcas que sí intentan hacer las cosas bien.
Las generaciones más jóvenes crecieron viendo cómo campañas “responsables” eran desmentidas por investigaciones periodísticas o reportes de ONG. Como resultado, hoy observan con cautela cualquier discurso de impacto social. Para ellas, las marcas “con causa” deben demostrar que su narrativa no encubre prácticas contradictorias o dañinas.
3. Falta de coherencia entre discurso y operación
Otro factor clave es la incoherencia interna. Una marca puede hablar de diversidad, pero no reflejarla en sus equipos directivos; puede promover el consumo responsable, pero incentivar prácticas de sobreconsumo. Estas inconsistencias son especialmente visibles para generaciones que valoran la autenticidad por encima de la perfección.
Cuando el mensaje externo no coincide con la cultura corporativa, la desconfianza crece. Las nuevas generaciones esperan que la causa atraviese toda la organización: desde la cadena de suministro hasta la relación con empleados y comunidades. Si no hay coherencia, la causa pierde legitimidad.
4. Exigencia de participación real y no simbólica
A diferencia de generaciones anteriores, los consumidores jóvenes no quieren ser espectadores pasivos. Esperan que las marcas abran espacios de diálogo, escuchen críticas y permitan la participación activa. Muchas marcas “con causa” fallan al mantener una comunicación unidireccional, centrada en lo que ellas dicen y no en lo que la comunidad necesita.
Cuando las causas se presentan de forma superficial o simbólica —por ejemplo, limitadas a fechas conmemorativas—, el mensaje resulta insuficiente. Las nuevas generaciones buscan procesos continuos, con metas claras y oportunidades para involucrarse más allá del consumo.
¿Cómo recuperar la confianza de los consumidores?
Para reconstruir la confianza, las marcas deben comenzar por la transparencia radical. Esto implica comunicar avances, pero también errores, retos y áreas de oportunidad. Reconocer lo que aún no se ha logrado genera más credibilidad que prometer impactos inmediatos.
Otra vía es respaldar el discurso con datos verificables, métricas claras y reportes accesibles. Las alianzas con organizaciones independientes, auditorías externas y objetivos medibles ayudan a demostrar que la causa no es solo narrativa.
Asimismo, integrar la causa al modelo de negocio es fundamental. Cuando la responsabilidad social se refleja en decisiones operativas, inversión e innovación, deja de ser un accesorio y se convierte en parte del ADN de la marca.
Finalmente, escuchar activamente a las comunidades y a los consumidores permite ajustar estrategias y construir relaciones más horizontales. La confianza no se impone: se construye con diálogo constante y coherencia.
¿Por qué las marcas con causa siguen siendo necesarias?
A pesar del escepticismo, las marcas con causa siguen siendo relevantes. En un contexto de crisis climática, desigualdad social y pérdida de confianza institucional, el sector privado tiene un papel que no puede eludir. Las empresas cuentan con recursos, alcance e influencia capaces de generar cambios reales cuando se utilizan de forma responsable.
Además, cuando las causas se abordan con seriedad, pueden impulsar transformaciones profundas en cadenas de valor, hábitos de consumo e incluso marcos regulatorios. Las marcas “con causa” que actúan con coherencia no solo generan impacto positivo, sino que fortalecen relaciones de largo plazo con sus públicos.
Lejos de desaparecer, este tipo de marcas está evolucionando. Hoy funcionan mejor cuando abandonan el discurso grandilocuente y apuestan por acciones concretas, medibles y alineadas con su actividad principal.
De la promesa al compromiso real
La desconfianza de las nuevas generaciones hacia las marcas “con causa” no surge de la apatía, sino de una mayor exigencia. Estos consumidores esperan coherencia, transparencia y responsabilidad en un contexto donde los impactos sociales y ambientales son cada vez más evidentes.
Para las marcas, el reto no es abandonar las causas, sino asumirlas con mayor profundidad. Solo aquellas que transformen sus promesas en compromisos sostenidos lograrán recuperar la credibilidad y demostrar que las marcas con causa no solo son necesarias, sino capaces de generar cambios reales y duraderos.
En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, que se conmemora cada 26 de enero, Saber Nutrir, el programa de responsabilidad social de Grupo Herdez recuerda la importancia de formar conciencia ambiental desde la infancia. La educación ambiental en los más pequeños no sólo implica hablar de naturaleza, sino enseñar, desde edades tempranas, a cuidar los recursos, entender los ciclos de los alimentos y asumir un rol activo en la protección del entorno.
Desde su experiencia ha observado que cuando las infancias participan en actividades prácticas, el aprendizaje se vuelve más significativo y duradero. Acciones cotidianas como separar residuos, aprovechar alimentos y reutilizar materiales se transforman en herramientas educativas que fortalecen valores como la responsabilidad, el respeto y el cuidado del medio ambiente.
Uno de los ejemplos más claros y accesibles para trabajar educación ambiental con las infancias es la elaboración de composta. Este proceso permite explicar, de forma sencilla, qué ocurre con los residuos orgánicos después de su consumo y cómo pueden regresar a la tierra para nutrirla nuevamente. La composta ayuda a reducir la cantidad de desechos que llegan a los rellenos sanitarios y, al mismo tiempo, enseña que muchos residuos no son basura, sino recursos con un nuevo propósito.
Involucrar desde edades tempranas en la elaboración de composta fomenta la observación, la paciencia y el entendimiento de los ciclos naturales. Ver cómo restos de frutas y verduras se convierten en abono, refuerza la idea de que el cuidado del planeta comienza con pequeñas acciones diarias, tanto en casa como en la escuela. Además, estas prácticas suelen replicarse en familia, amplificando su impacto y generando una cultura de sostenibilidad que trasciende generaciones.
¿Cómo hacer una composta en casa o en la escuela?
Este proceso de degradación de la materia orgánica es una actividad sencilla que puede adaptarse a distintos espacios y convertirse en una experiencia educativa para niñas y niños:
1) Elegir un recipiente adecuado. Puede ser un bote, caja o contenedor con tapa y pequeños orificios para permitir la ventilación.
2) Separar los residuos orgánicos. Restos de frutas y verduras, cáscaras de huevo, posos de café y bolsitas de té. Evitar carnes, lácteos y alimentos grasos.
3) Agregar material seco. Hojas secas, cartón sin tinta o aserrín ayudan a controlar la humedad.
4) Intercalar capas. Alternar residuos orgánicos con material seco para facilitar la descomposición.
5) Mezclar y observar. Remover la mezcla una vez por semana permite oxigenarla y observar los cambios.
6) Aprovechar el resultado. Tras algunas semanas, la composta se convierte en abono natural para plantas, huertos o áreas verdes.
Para Saber Nutrir, este tipo de prácticas además de fortalecer la educación ambiental, refuerzan la relación entre alimentación, cuidado del suelo y bienestar comunitario. Apostar por la educación ambiental desde la infancia es sembrar hábitos conscientes que contribuyen a un futuro más sostenible.
En este Día Mundial de la Educación Ambiental, el llamado es claro: enseñar a cuidar el planeta comienza con acciones simples y cercanas. La composta es una de ellas y, al integrarla en la vida cotidiana de niñas y niños, se siembra conciencia hoy para proteger los recursos del mañana.
