La Selva Maya, uno de los pulmones verdes más importantes de Mesoamérica, vuelve a estar en el centro de la controversia. Esta vez, la organización ambientalista Greenpeace ha levantado la voz contra una de las empresas más grandes del país: CEMEX, por sus planes de explotar material pétreo en una zona selvática cercana a Tulum, en el estado de Quintana Roo.
En el marco de su campaña México al grito de Selva, activistas de Greenpeace realizaron una protesta simbólica en la sede de la SEMARNAT en Cancún. El objetivo: exigir el fin de las autorizaciones para deforestar y dinamitar áreas protegidas. Lo que está en juego no es solo la biodiversidad de la región, sino también la legitimidad del discurso de sostenibilidad que muchas empresas aseguran adoptar. Y en este caso, CEMEX está en el centro del huracán.
El nuevo capítulo del modelo extractivo: de Calica a CEMEX
El conflicto actual no surge de la nada. Durante más de tres décadas, Calica —filial de Vulcan Materials Company— operó una mina de extracción en la zona que hoy se ha convertido en un símbolo de devastación ambiental. Tras su clausura por la Profepa en 2022 y la declaratoria como Área Natural Protegida en 2024, se pensó que la historia había llegado a su fin.
Pero, como advierte Carlos Samayoa, vocero de Greenpeace, ese modelo no solo no ha desaparecido, sino que está siendo replicado. Greenpeace señala a CEMEX por seguir la misma lógica que su predecesora: deforestar selva virgen, dinamitar el suelo y extraer grandes volúmenes de piedra para abastecer megaproyectos como el Tren Maya o el desarrollo turístico.
La empresa ha solicitado la modificación del uso de suelo en al menos 650 hectáreas de terreno forestal para establecer un nuevo banco de materiales. Según su propia Manifestación de Impacto Ambiental, los recursos extraídos se destinarían a obras prioritarias del gobierno federal, lo que refuerza la preocupación de que este modelo de desarrollo pone en segundo plano la protección del medio ambiente.
Sascaberas: heridas abiertas en el corazón de la península
Las llamadas sascaberas, nombre local para los bancos de material pétreo, se han convertido en uno de los principales enemigos de la Selva Maya. Su proliferación responde al crecimiento urbano desmedido, el turismo masivo y la necesidad de insumos para megaproyectos. Y su impacto ya es medible: cerca de 10 mil hectáreas han sido taladas.
En la protesta realizada frente a SEMARNAT, Greenpeace arrojó simbólicamente material pétreo desde un camión como denuncia visual de lo que estas prácticas representan: destrucción, fragmentación del hábitat y contaminación del acuífero más grande de México.
Además, el uso de dinamita y trascabos para abrir paso a estas actividades pone en riesgo no solo la vida silvestre, sino también el delicado sistema de ríos subterráneos que atraviesa la región. En este contexto, Greenpeace señala a CEMEX como un actor clave en la continuidad de este modelo, que, según ambientalistas, debería haberse detenido tras el caso Calica.
Comunidades excluidas: los otros afectados invisibles
Uno de los elementos más graves del caso es la omisión de consulta a las comunidades locales. Habitantes de Francisco Uh May, una comunidad maya colindante con el terreno en disputa, han denunciado públicamente que no fueron consultados de forma previa, libre e informada, como lo exigen los estándares internacionales.
Más allá del daño ambiental, se trata de una violación directa a los derechos de los pueblos originarios. La selva no solo es su hogar, sino también su fuente de agua, medicina, alimentos y cultura. Ignorar sus voces es perpetuar una lógica extractivista que coloca el progreso económico por encima de los derechos humanos.
El hecho de que Greenpeace señale a CEMEX también está relacionado con esta dimensión social. La responsabilidad social empresarial implica, como mínimo, garantizar procesos participativos y respetuosos. En este caso, ni siquiera ese umbral parece haberse cumplido.
¿Dónde queda la responsabilidad social?
La participación de CEMEX en este modelo extractivo resulta especialmente preocupante considerando que es una empresa que presume sus compromisos con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. De ahí que la denuncia pública no sea solo ambiental, sino también reputacional.
Hoy en día, la responsabilidad social no puede limitarse a reportes anuales ni campañas institucionales. Las empresas son llamadas a actuar con coherencia, sobre todo cuando sus decisiones pueden tener efectos irreversibles en el entorno y las comunidades.
Por eso, cuando Greenpeace señala a CEMEX, el cuestionamiento va más allá de una sola empresa: pone en jaque todo un discurso empresarial que dice estar alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero que en la práctica sigue replicando modelos altamente destructivos.
Un llamado urgente: detener el modelo antes de que sea irreversible
Greenpeace ha sido enfática: cerrar Calica no resolvió el problema, solo le cambió de nombre. Mientras SEMARNAT continúe otorgando permisos para este tipo de actividades, el riesgo de perder los ecosistemas únicos de la península de Yucatán seguirá creciendo.
Activistas, científicos y comunidades locales coinciden: se necesitan medidas de protección más ambiciosas que incluyan tanto la superficie como el subsuelo. Y estas medidas no pueden quedar supeditadas a intereses comerciales o políticos.
La protesta frente a SEMARNAT no fue un acto aislado, sino una advertencia: la Selva Maya está al límite. Greenpeace señala a CEMEX como un actor que, en lugar de liderar un cambio hacia un modelo regenerativo, estaría optando por repetir prácticas ya condenadas por su impacto ambiental y social.
Entre el discurso y la acción, la selva no puede esperar
En un país que se enfrenta a una crisis climática cada vez más evidente, no hay espacio para medias tintas. El caso de CEMEX y las sascaberas en la Selva Maya plantea una disyuntiva crítica: o las empresas y autoridades se alinean con una visión verdaderamente sostenible, o seguirán alimentando un modelo que prioriza el corto plazo sobre el bienestar común.
La denuncia de Greenpeace no es un ataque empresarial, sino un recordatorio urgente de que los compromisos sociales y ambientales deben reflejarse en las decisiones más estratégicas de una compañía.
