Para el segundo semestre de este año, las fuerzas políticas del país y la administración de Enrique Peña Nieto analizarán la creación de un Sistema Nacional de Programas de Combate a la Pobreza, para eliminar todo sesgo asistencial y uso electoral de los programas sociales.
El objetivo es combatir con “mayor eficacia” la pobreza, evitar duplicidades y “subsidios regresivos”, establecer evaluaciones permanentes, fomentar una transparencia integral, así como lograr una profesionalización de los delegados y de los operadores de los programas sociales.
Además, el sistema busca priorizar los esfuerzos para garantizar el derecho universal a la alimentación. “Los recursos del Estado llegarán directamente y sin condicionantes a la población que más lo necesita, y se ejercerán con reglas de operación y transparencia que permitan su evaluación y la rendición de cuentas”, se lee en el compromiso número seis del llamado Pacto por México.
Cabe destacar que la creación de un Sistema Nacional de Programas de Combate a la Pobreza fue pactado antes del diferendo de carácter electoral que enfrentó al PAN y al PRD con el gobierno federal y el PRI, derivado de una denuncia en Veracruz en vísperas de los comicios de julio.
Dicha denuncia culminó en la firma de un anexo del Pacto por México para, precisamente, redoblar el blindaje de los programas sociales.
“La erradicación de la pobreza extrema debe garantizar un mínimo fundamental: la alimentación. Por eso, la más alta prioridad la tendrá el garantizar que ningún mexicano padezca hambre”, fue el compromiso de partidos y de administración federal que asumieron desde diciembre del 2012.
Para crear el Sistema Nacional se tiene proyectado presentar en el segundo semestre del 2013 (julio-diciembre) un paquete de reformas legales y arrancar su instrumentación en los primeros seis meses del 2014. La meta final de erradicar la pobreza alimentaria en México está planeada para su cumplimiento en el segundo semestre del 2018.
En el anexo del Pacto por México -comprometido tras el diferendo electoral de Veracruz-, los actores políticos asumieron acciones concretas, por ejemplo, definir de manera conjunta los criterios que deberán normar el perfil profesional de los delegados federales, subdelegados y principales operadores de las dependencias responsables de manejar programas sociales.
Además, en el anexo se hace énfasis en que creará dicho Sistema, y para lo cual se asume el compromiso de crear una mesa, integrada por los representantes del Consejo Rector del Pacto y de los grupos parlamentarios, para que se presente la iniciativa de ley.
“Una iniciativa que cree el sistema nacional de programas sociales, que permita combatir con mayor eficacia la pobreza y que evite las duplicidades, los subsidios regresivos, que establezca evaluaciones permanentes, transparencia integral, así como la profesionalización de los delegados y operadores de los programas sociales”, se estipuló en el anexo del Pacto.
Actualmente, el gobierno federal lleva cabo una estrategia conocida como cruzada contra el hambre, instrumentada por la Sedesol, con base en una coordinación entre las diferentes dependencias del gobierno, y en alianza con la sociedad civil y el sector privado. La meta es “garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición de los 7.4 millones de mexicanos en condición de pobreza extrema”.
Fuente: El Economista
