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¿Dejar el trabajo sin perder el sueldo? Proponen protección para víctimas de violencia laboral

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Una persona que enfrenta violencia o acoso en su centro de trabajo podría apartarse temporalmente de una situación de peligro sin perder su salario ni arriesgar su empleo. Esa es la posibilidad que plantea una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), promovida por la senadora Ruth González Silva, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La propuesta busca reconocer que, ante un riesgo grave e inminente para la vida, la salud o la seguridad, las personas trabajadoras necesitan una alternativa inmediata: no deberían tener que elegir entre permanecer expuestas a la violencia o abandonar su puesto y asumir las consecuencias económicas y laborales. El proyecto propone incorporar este derecho mediante un nuevo artículo 135 Bis.

¿Qué cambiaría la reforma a la Ley Federal del Trabajo?

La iniciativa plantea adicionar el artículo 135 Bis para reconocer el derecho de interrumpir temporalmente las labores cuando existan motivos razonables y comprobables para considerar que hay un peligro grave e inminente para la vida, la salud o la seguridad de una persona trabajadora, como consecuencia de actos de violencia o acoso en el centro de trabajo.

De aprobarse, la medida tendría varias implicaciones:

  • Ausentarse sin represalias: la persona podría alejarse de la situación de riesgo sin que su ausencia se considere abandono del trabajo, falta injustificada o causa de rescisión laboral.
  • Evaluación del riesgo: el empleador tendría que valorar las circunstancias y adoptar medidas de protección antes de exigir el regreso a la situación peligrosa.
  • Conservación del salario: cuando la persona permanezca a disposición del patrón, pero bajo condiciones seguras y con medidas de protección activadas, conservaría su remuneración durante el tiempo necesario para ponerse a salvo.
  • Adecuación de protocolos: las empresas tendrían que ajustar sus mecanismos internos para incorporar este derecho, sin utilizarlos como requisito para retrasar o condicionar su ejercicio.

Un punto importante es que la propuesta no plantea una licencia remunerada automática ante cualquier conflicto laboral. Establece un supuesto excepcional, sujeto a la existencia de motivos razonables y comprobables de peligro grave e inminente. La finalidad es que la persona pueda interrumpir su exposición al riesgo sin que esa decisión se convierta en una amenaza adicional para su estabilidad laboral.

protección ante violencia laboral

Si la reforma obtiene la aprobación de ambas cámaras y se publica en el Diario Oficial de la Federación, entraría en vigor al día siguiente. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tendría 120 días naturales para emitir las disposiciones y lineamientos correspondientes, mientras que los empleadores contarían con 180 días para adecuar sus protocolos.

Protección ante violencia laboral: ¿por qué hace falta reconocer este derecho?

La propuesta responde a una brecha que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya había identificado. En su Informe de evaluación jurídica relativo al Convenio 190, la Recomendación 206 y la legislación mexicana, publicado en 2023, el organismo señaló que la LFT no reconocía el derecho de las personas trabajadoras a alejarse de una situación de violencia o acoso sin sufrir represalias o consecuencias laborales indebidas.

El documento explica que la legislación mexicana contempla la posibilidad de rescindir la relación laboral sin responsabilidad para la persona trabajadora cuando enfrenta determinados actos de violencia por parte del empleador o personal directivo. Sin embargo, esa alternativa no resuelve la necesidad de apartarse temporalmente del peligro sin perder el empleo.

Por ello, la OIT recomendó reconocer expresamente este derecho tanto en el sector público como en el privado, en concordancia con el artículo 10 del Convenio 190, ratificado por México y vigente desde julio de 2023.

La dimensión del problema también se refleja en las cifras internacionales. Una encuesta mundial de la OIT estima que 22.8% de las personas empleadas —más de una de cada cinco— ha experimentado al menos una forma de violencia y acoso durante su vida laboral. Entre las experiencias reportadas:

  • 17.9% enfrentó violencia y acoso psicológicos.
  • 8.5% experimentó violencia y acoso físicos.
  • 6.3% vivió violencia y acoso sexuales.

Además, solo la mitad de quienes atravesaron estas situaciones las comunicó. El temor a las consecuencias y la dificultad para denunciar contribuyen a que una parte importante de los casos permanezca sin visibilidad.

protección ante violencia laboral

Más allá de los protocolos: el reto empresarial de prevenir la violencia

La protección ante violencia laboral no puede limitarse a contar con un canal de denuncia o un documento que establezca cómo atender las quejas. También requiere que las organizaciones puedan actuar cuando una persona necesita ponerse a salvo, incluso antes de que concluya una investigación interna.

Esta distinción es relevante porque los procedimientos de atención suelen tomar tiempo, mientras que la exposición al peligro puede ser inmediata. Obligar a una persona a permanecer en el mismo espacio que quien ejerce violencia, o dejarla sin alternativas mientras se determina qué ocurrió, puede prolongar el daño y desalentar futuras denuncias.

La propia iniciativa advierte sobre consecuencias como depresión, ansiedad, estrés laboral y pérdida de autoestima, además de una mayor rotación de personal. Desde la perspectiva empresarial, esto también compromete la seguridad psicológica, la confianza en los mecanismos institucionales y la capacidad de retener talento.

Por tanto, una política efectiva de protección ante violencia laboral debe contemplar medidas que vayan más allá de la sanción posterior: evaluación oportuna de riesgos, separación de las personas involucradas cuando corresponda, confidencialidad, protección contra represalias y seguimiento de los casos. El Convenio 190 de la OIT también establece la responsabilidad de los empleadores de adoptar medidas para prevenir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

La iniciativa de reforma todavía está pendiente de evaluación legislativa, por lo que sus disposiciones no constituyen aún un derecho vigente. Sin embargo, pone sobre la mesa una cuestión que las empresas no deberían postergar: la seguridad de las personas debe prevalecer sobre la continuidad de una jornada laboral. La protección ante violencia laboral comienza cuando las organizaciones reconocen que nadie tendría que elegir entre conservar su empleo y alejarse de una situación que pone en riesgo su integridad.

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