El Gobierno federal trabaja en una iniciativa para la expedición de un código ambiental único que establezca sanciones más severas para quienes ocasionen daños ecológicos, anunció ayer Juan José Guerra Abud.
El Secretario de Medio Ambiente reconoció que el marco jurídico vigente permite que muchas prácticas que atentan contra el entorno quedan prácticamente sin castigo.
«Eso es algo que estamos luchando por cambiar, quien está cometiendo un delito ambiental debe ser sancionado, es un delincuente y debe pagar», subrayó en el marco del foro El Futuro de la Justicia Ambiental en México, inaugurado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Indicó que con el código único busca hacer más eficiente la aplicación de la ley y fortalecer a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
«La idea sería aglutinar en un solo instrumento todos los esfuerzos en materia ambiental desde el punto de vista legal (…) Ya tenemos una base jurídica muy importante, hay que fortalecerla, es indispensable que la Profepa cuente con todos los instrumentos y que estos reglamentos se cumplan a cabalidad», apuntó, de acuerdo con un comunicado.
El titular de la Profepa, Guillermo Haro Bélchez, se pronunció a favor del el establecimiento de código ambiental único.
Planteó que en el ordenamiento se fijen multas más severas para los delitos ambientales y el seguimiento oportuno de los programas de compensación y remediación por parte de los infractores.
Llamó a impulsar la modernización de la estructura orgánica de la Procuraduría y una renivelación salarial de los inspectores.
Otro tema prioritario, dijo, lo constituyen las políticas de coordinación interinstitucional para que la Profepa pueda acercarse a los congresos e instancias ambientales locales para dar acompañamiento consultivo y evitar leyes o actos de autoridad que vulneren las competencias federales.
«Hasta hoy, la línea de competencia es delgada y por tanto confusa, lo que genera en no pocos casos duplicidad o invasión de competencias», alertó.
En tanto, Salvador Muñúzuri, director del Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales, consideró que la figura de acciones colectivas, recientemente incorporada a la legislación mexicana, será una herramienta adicional para frenar el daño ecológico.
Fuente: AM
