Desde hace más de una década, México enfrenta una crisis ambiental persistente: la contaminación de suelos por hidrocarburos. Entre 2008 y 2024, se han identificado 1,146 sitios contaminados en todo el país, afectando más de 17 millones de metros cúbicos de suelo. Esta cifra revela no solo un problema técnico, sino también un desafío ético y estructural en el manejo de residuos peligrosos.
El dato más alarmante es que el 79% de esta contaminación proviene de Petróleos Mexicanos (Pemex). De acuerdo con El economista, este hecho coloca a la empresa productiva del Estado como el principal actor responsable de la degradación del suelo por derrames, en un contexto donde la vigilancia, la transparencia y la rendición de cuentas deben ser prioridad en toda estrategia de sostenibilidad.
Contaminación por Pemex: la magnitud del impacto
De los 1,146 eventos registrados, Pemex suma 668 casos de contaminación, lo que representa el 58% del total de incidentes. Sin embargo, el impacto no solo debe medirse por el número de eventos, sino también por su volumen: 13.6 millones de metros cúbicos de suelo afectados —el 78.9% del total nacional— se deben a actividades de la paraestatal.
El caso más grave ocurrió en 2012 en la refinería de Ciudad Madero, Tamaulipas, donde un derrame contaminó más de 8.8 millones de metros cúbicos. Este incidente aislado representa más de la mitad del volumen total atribuido a Pemex y evidencia la fragilidad de sus protocolos de prevención y control ambiental.
Si bien otras empresas también han contribuido a la problemática, ninguna se acerca al nivel de impacto generado por Pemex. La contaminación por Pemex ha dejado una huella profunda y persistente en el territorio nacional, cuya remediación tomará décadas si no se refuerzan los mecanismos regulatorios y de reparación ambiental.
Emergencias y pasivos: dos caras de una misma crisis
La Semarnat clasifica los sitios contaminados como “emergencia ambiental” o “pasivo ambiental”. En el primer caso, la afectación es súbita y de alto riesgo; en el segundo, el daño es acumulativo y deriva de la omisión en la remediación. De los casos registrados, 577 se catalogan como emergencias, mientras que 569 son considerados pasivos ambientales.
Bajo la clasificación de emergencia se han afectado 1.6 millones de metros cúbicos de suelo, mientras que los pasivos alcanzan los 15.6 millones. Estos datos revelan que, si bien los eventos críticos son alarmantes, el abandono estructural en el tratamiento de suelos contaminados es aún más grave.
Pemex figura en ambos tipos de afectaciones, lo que indica no solo fallas operativas momentáneas, sino una responsabilidad histórica acumulada. La contaminación por Pemex, tanto en emergencias como en pasivos, se ha convertido en uno de los mayores retos ambientales del país.
Avances insuficientes en remediación ambiental
La existencia de un plan de remediación es clave para frenar la dispersión de contaminantes. Sin embargo, de los 1,146 casos, 259 (22.6%) no cuentan con ningún programa aprobado. La falta de acción se mantiene constante incluso con los cambios de administración federal.
Durante el sexenio de Felipe Calderón, se reportaron 620 casos, de los cuales 86 (14%) siguen sin plan de remediación. Con Peña Nieto, de los 259 casos registrados, 96 (37%) no tienen programa. En el actual sexenio de López Obrador, 77 de los 267 casos (29%) tampoco cuentan con medidas correctivas.
La contaminación por Pemex ha persistido a lo largo de estos gobiernos, sin avances significativos en materia de reparación. Esto cuestiona la eficacia de los marcos regulatorios y las políticas públicas para exigir responsabilidades y garantizar justicia ambiental.
Empresas privadas: actores secundarios con casos relevantes
Aunque Pemex es el principal contaminador, más de 300 empresas figuran en el Inventario Nacional de Sitios Contaminados. Algunas de ellas son firmas reconocidas globalmente, como Shell México, ExxonMobil, Volkswagen o Kansas City Southern. En conjunto, suman 20 casos registrados que han afectado más de 343 mil metros cúbicos de suelo.
Cinco de estos casos no tienen un plan aprobado de remediación. Entre ellos destaca el derrame de hidrocarburos pesados por Telcel en La Paz en 2013 y la fuga de ácidos reportada por Braskem Idesa en Veracruz en 2018. También Shell México protagonizó un derrame en una estación de servicio en Iztapalapa en 2020.
Si bien su impacto es menor en comparación con Pemex, estos casos reflejan que el sector privado tampoco está exento de responsabilidad. La contaminación por Pemex domina el panorama, pero la vigilancia debe extenderse a todos los actores que operan con materiales peligrosos en el país.
Transparencia y rendición de cuentas: tareas pendientes
El tratamiento de los sitios contaminados exige una política integral que incluya fiscalización, reparación y sanción efectiva. La opacidad en torno a los planes de remediación —o su ausencia— limita la capacidad de las comunidades afectadas para exigir sus derechos.
A pesar de la magnitud del problema, los informes públicos disponibles son fragmentarios y técnicos, lo que dificulta una evaluación ciudadana del cumplimiento de Pemex y otras empresas. Esto debilita la gobernanza ambiental y la participación social en la toma de decisiones.
Para detener el avance de la contaminación por Pemex y otros actores, se necesita un enfoque de justicia ambiental con perspectiva de derechos humanos. Sin transparencia ni seguimiento riguroso, la remediación será lenta, costosa e incompleta.
Reconstruir la confianza desde la responsabilidad
El caso de Pemex y su rol como principal contaminador de suelos en México es más que un tema ambiental: es una llamada urgente a replantear el papel de las empresas públicas en la agenda de sostenibilidad. La contaminación por Pemex ha generado impactos que perdurarán por generaciones si no se adoptan medidas firmes e inmediatas.
Es necesario un compromiso claro con la transparencia, el cumplimiento regulatorio y la inversión en procesos de remediación eficaces. La responsabilidad social no puede seguir siendo un concepto accesorio: debe ser el eje rector de toda operación energética en el país.
Solo así se podrá comenzar a revertir el daño causado y a restablecer la confianza en las instituciones públicas. Porque en responsabilidad ambiental, como en derechos, el tiempo perdido cuesta vidas, territorios y futuros.
