Las tensiones entre la administración Trump y los grupos ambientalistas han alcanzado un nuevo punto crítico. Recientes rumores sobre un posible intento presidencial por revocar exenciones fiscales a organizaciones sin fines de lucro han encendido las alarmas entre las ONG climáticas en Estados Unidos. Las acciones que el expresidente podría tomar representarían un giro drástico en la relación entre gobierno y sociedad civil.
Este posible escenario amenaza con afectar directamente los recursos y la operatividad de organizaciones cuya labor resulta esencial en la lucha contra el calentamiento global. Para quienes defienden el medio ambiente, los impuestos en organizaciones climáticas no solo representarían una carga económica, sino una estrategia de intimidación para desincentivar su misión ética y social.
¿Qué está ocurriendo con los impuestos en organizaciones climáticas?
Desde hace días circulan rumores sobre órdenes ejecutivas que buscarían redefinir qué temas califican como “caritativos” ante el IRS. Las ONG climáticas temen que el presidente Donald Trump utilice esta vía para revocar la exención fiscal de organizaciones 501(c)3, con argumentos similares a los que usó contra Harvard. La exclusión del cambio climático como causa benéfica podría ser el primer paso.
Estas preocupaciones se han intensificado a raíz de declaraciones del propio Trump, quien señaló públicamente que estaba considerando eliminar el estatus fiscal de Harvard. Aunque no mencionó directamente a las organizaciones climáticas, su estrategia parece orientada a debilitar el campo filantrópico progresista, al que históricamente ha mostrado rechazo.
De concretarse, los impuestos en organizaciones climáticas serían un golpe no solo financiero, sino simbólico: implicaría que proteger el planeta ya no es considerado un bien público. Esta amenaza ha generado temor y movilización entre ONG, fundaciones y líderes del sector filantrópico.
Una respuesta organizada ante el miedo jurídico
Frente a la incertidumbre, la respuesta de la sociedad civil no se ha hecho esperar. La ACLU y Public Citizen organizaron una videollamada por Zoom que reunió a más de 5,000 representantes de organizaciones sin fines de lucro. El objetivo: comprender los límites legales del poder presidencial y prepararse ante cualquier escenario.
Durante la llamada, se compartieron memorandos y opiniones legales que ofrecieron cierta tranquilidad. El bufete Sandler Reiff explicó que el presidente no puede revocar por decreto el estatus fiscal de una organización. Cualquier intento en esa dirección carecería de validez legal y enfrentaría un rechazo inmediato en tribunales.
Lawrence Lessig, profesor de Derecho en Harvard, también fue enfático: “No hay posibilidad de que un tribunal avale un cambio fiscal sin evidencia previa de que la organización violó la ley”. Así, aunque la amenaza es real, las protecciones jurídicas también lo son, lo cual permite a las organizaciones mantener su labor mientras se preparan para lo que pueda venir.
Preparación estratégica frente a una amenaza política
Aunque aún no se ha emitido ninguna orden oficial, muchas organizaciones han comenzado a tomar precauciones. Fundaciones con grandes fondos, como MacArthur, han reafirmado su compromiso con el financiamiento ambiental, incluso ante un entorno hostil. Su presidente llamó a eliminar temores y aumentar la acción.
En la reunión anual de grupos filantrópicos realizada en Reino Unido, el mensaje fue claro: la misión es más importante que nunca. Impuestos en organizaciones climáticas serían un obstáculo, pero no un freno. Las fundaciones deben actuar con decisión y aprovechar su capacidad de acción legal y financiera para resistir.
Estas organizaciones están reforzando sus estructuras legales, diversificando sus fondos y promoviendo alianzas internacionales. En muchos casos, también han comenzado a capacitar a sus equipos jurídicos y a diseñar campañas de comunicación para explicar que, pese a todo, seguirán cumpliendo su deber con el planeta.
Un obstáculo deliberado contra la acción ambiental
La posibilidad de imponer impuestos en organizaciones climáticas no es un mero tecnicismo tributario: sería un intento deliberado de debilitar al ecosistema de actores que hoy lideran la defensa ambiental y social en EE. UU. En un contexto global donde las lluvias extremas, los incendios forestales y la inseguridad climática son cada vez más frecuentes, obstaculizar el trabajo de estas organizaciones no puede interpretarse de otro modo que como un retroceso político intencional.
La magnitud de esta amenaza trasciende lo financiero: se trata de frenar la capacidad de las ONG para articular soluciones, incidir en políticas públicas y proteger a comunidades vulnerables. No se trataría de un ajuste administrativo, sino de una ofensiva política contra quienes cuestionan el modelo extractivo y proponen alternativas sustentables y justas.
Aplicar esta medida equivaldría a ignorar la urgencia climática y debilitar una red de apoyo que resulta fundamental para el cumplimiento de metas ambientales, nacionales e internacionales. Significaría transformar una herramienta fiscal en arma ideológica, y poner en entredicho el compromiso institucional del país con el bienestar común y el futuro del planeta.
La vigilancia sigue siendo clave
Hoy más que nunca, las organizaciones climáticas deben mantenerse firmes, informadas y listas para defender su legitimidad. Si bien las amenazas del presidente Trump generan incertidumbre, el marco legal y la cohesión del sector ofrecen un respaldo sólido. La posibilidad de que se impongan impuestos en organizaciones climáticas no solo pondría en jaque su operatividad, sino también los valores que defienden.
La defensa del planeta es también una defensa de la democracia, la equidad y la verdad científica. Estas organizaciones existen porque el cambio climático es real, urgente y necesita acción. Cualquier intento de frenarlas, directa o indirectamente, es una señal de que su trabajo está marcando la diferencia. Y eso, por incómodo que resulte, es exactamente lo que las hace indispensables.
