El debate sobre cómo financiar la respuesta global ante el cambio climático ha adquirido nuevas dimensiones. Esta vez, un estudio reciente sugiere que implementar un nuevo impuesto a la aviación podría generar más de 100 mil millones de euros anuales, recursos que serían clave para atender los impactos ambientales y sociales en los países más vulnerables. Esta propuesta forma parte de un conjunto más amplio de mecanismos de solidaridad fiscal global.
La aviación, responsable de más del 2% de las emisiones de gases de efecto invernadero, es también uno de los sectores menos gravados del planeta, mientras que el combustible para automóviles está fuertemente gravado. Esta asimetría ha permitido mantener bajos los precios de los boletos, pero también ha ocultado el verdadero costo ambiental de volar.
El impacto real de volar en el clima
Los vuelos comerciales, en particular los de larga distancia y los realizados en clase ejecutiva o jets privados, generan grandes cantidades de emisiones por pasajero. Lo preocupante es que solo una pequeña fracción de la población mundial contribuye a este problema: el 1% de los viajeros genera más de la mitad de las emisiones del sector. Sin embargo, la carga climática recae desproporcionadamente en comunidades que ni siquiera han abordado un avión.
En este contexto, The Guardian informa que distintos gobiernos y organizaciones proponen gravar los boletos de avión según su distancia, clase y frecuencia. Esta medida no solo generaría recursos sustanciales, sino que también incentivaría un comportamiento más consciente entre los consumidores frecuentes. Tal redistribución es crucial para avanzar hacia una justicia climática real.
Además, encuestas recientes de Greenpeace y Oxfam muestran que tres de cada cuatro personas apoyan un impuesto más alto para los pasajeros más ricos. Este respaldo popular demuestra que la ciudadanía está dispuesta a contribuir si se garantiza que los fondos se destinen directamente a paliar la crisis climática.
¿Cómo funcionaría el nuevo impuesto a la aviación?
Según el estudio encargado por la Global Solidarity Taxes Task Force, el nuevo impuesto a la aviación podría estructurarse en niveles según el tipo de viaje. Por ejemplo, 10 euros para vuelos nacionales o de corta distancia en clase económica, y hasta 120 euros para trayectos largos en clase ejecutiva. El ingreso estimado de esta medida sería de 106 mil millones de euros al año.
Una alternativa sería basar el impuesto en el consumo de combustible, lo que también permitiría recaudar más de 80 mil millones de euros anuales. No obstante, este enfoque podría enfrentar prácticas evasivas por parte de las aerolíneas, como cambiar rutas para pagar menos. Por ello, gravar directamente los boletos parece más efectivo y transparente.
Además, se ha planteado incluir un gravamen especial para los jets privados, o aplicar tarifas diferenciadas a viajeros frecuentes. Este enfoque escalonado permitiría evitar que los usuarios ocasionales o las clases medias resulten afectadas, mientras se logra que quienes más contaminan sean quienes más contribuyan.
Un paso hacia la financiación climática justa
La idea de un nuevo impuesto a la aviación no es aislada, sino parte de una tendencia más amplia hacia los llamados impuestos de solidaridad global. Francia, Kenia y Barbados son algunos de los países que han liderado estas propuestas, incluyendo también impuestos al transporte marítimo o a los combustibles fósiles. La meta es clara: crear fuentes estables y equitativas de financiamiento para la transición climática.
Durante la reciente reunión en Bonn, de cara a la COP30, activistas y representantes de países en desarrollo insistieron en que el financiamiento climático sigue siendo insuficiente. Aunque en la COP29 se pactó recaudar 1.3 billones de dólares anuales para 2035, gran parte de esa suma aún carece de fuentes concretas. Los impuestos globales podrían ser la solución más viable y políticamente aceptable.
El apoyo de la sociedad civil ha sido crucial. Líderes de organizaciones como Oxfam han señalado que los contaminadores históricos y actuales deben asumir su responsabilidad financiera. La implementación de estos impuestos, además, enviaría una señal clara a los mercados: quien contamina, paga, y quien más contamina, paga más.
El rol del sector privado en una transición fiscal climática
Para las empresas del sector aeronáutico, energético y turístico, la discusión sobre el nuevo impuesto a la aviación representa un llamado urgente a revisar sus estrategias de sostenibilidad. No basta con mejorar la eficiencia de los motores o apostar por combustibles alternativos: también deben asumir un papel activo en los mecanismos de compensación y redistribución.
Desde la perspectiva de la responsabilidad social, es fundamental que las compañías entiendan que su licencia social para operar estará cada vez más condicionada por su contribución a la justicia climática. Apoyar o incluso anticiparse a este tipo de impuestos puede convertirse en un diferencial reputacional.
Además, el destino de los fondos recaudados es clave. Si se canalizan de manera transparente hacia proyectos de adaptación, energías renovables o apoyo a comunidades afectadas por desastres, estos impuestos podrían ser percibidos como herramientas de equidad, no de castigo. La legitimidad de la transición ecológica pasa también por su dimensión ética y distributiva.
Una medida urgente y justa
El nuevo impuesto a la aviación no solo es viable, sino también urgente y éticamente necesario. Frente al impacto desproporcionado de la industria aérea y la creciente demanda de justicia climática, gravar el acto de volar representa una forma concreta de vincular el consumo con la responsabilidad.
Si los países logran avanzar en su implementación, estarán dando un paso decisivo hacia una economía más justa y un futuro más habitable para todos. Porque volar no debe ser un privilegio libre de consecuencias, y combatir la crisis climática sí puede empezar desde el aire.
