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Medios de comunicación firmarán pacto sobre cobertura de la violencia del narco

Una treintena de medios de comunicación convocados por Televisa y Televisión Azteca firmarán hoy un acuerdo para “no difundir información que ponga en riesgo la viabilidad de los operativos contra el crimen organizado”, dimensionar adecuadamente la información, evitar convertirse en voceros involuntarios del narcotráfico y no entrevistar delincuentes.

De acuerdo con el proyecto, titulado Acuerdo para la cobertura informativa de la violencia del crimen organizado, los participantes también se obligan a aplicar criterios editoriales para dejar en claro que la violencia es producto de los criminales, quienes han propagado el terror y amenazan ya en algunos lugares del país las libertades fundamentales de la sociedad.

Además, se manifestarán en favor de limitar la difusión de imágenes y fotografías de violencia y terrorismo, impedir que los delincuentes o presuntos delincuentes se conviertan en víctimas o héroes públicos, y omitir y desechar información que provenga del crimen organizado con propósitos propagandísticos, al tiempo de abstenernos de entrevistar a miembros de las organizaciones del crimen cuando exista sentencia condenatoria en su contra.

Los firmantes del acuerdo son además parte del consejo consultivo de Iniciativa México, presentada en junio pasado.

Esa iniciativa busca, según sus promotores, rescatar al México dinámico y emprendedor, así como reconocer y exaltar los esfuerzos de las personas que, con sus iniciativas, trabajan por el México que todos queremos.

La ceremonia de presentación de estos compromisos editoriales se realizará en el Museo Nacional de Antropología y, aunque en principio se habló de la asistencia del presidente Felipe Calderón o del secretario de Gobernación, Francisco Blake, hasta anoche las agendas de ambos sólo mencionaban una gira de trabajo por Nuevo León.

En varias ocasiones Calderón se ha quejado del manejo de la prensa a la información relacionada con la delincuencia.

Un ejemplo de lo anterior ocurrió en febrero de 2010, en Mérida, Yucatán, cuando el jefe del Ejecutivo criticó que los medios difundían gratis mantas de criminales, mientras a cualquier empresario o al gobierno nos cuesta varios millones de pesos pagar una primera plana.

Seis meses después, en los Diálogos por la Seguridad, el Presidente reconoció que su estrategia de comunicación no ha sido lo fuerte de Los Pinos, porque había deficiencias, por lo cual se propuso reparar el barco.

Mencionó que en su gobierno no hemos sabido explicar qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, qué es lo que estamos viendo en nuestro alrededor. No tenemos tampoco el control de la información estatal.

El martes pasado, Calderón se reunió con los directivos de medios de comunicación que participan en Iniciativa México.

Se informó que en el encuentro privado, los concesionarios de las televisoras y demás integrantes de este proyecto le hicieron saber los detalles de los nuevos criterios con base en los cuales realizarán ahora sus noticiarios.

En el texto de seis cuartillas, de carácter confidencial, el cual fue actualizado la semana pasada, según fuentes consultadas por este diario, se incluyen algunas acciones de protección a periodistas, como no firmar las notas relacionadas con la delincuencia organizada, realizar coberturas conjuntas y no hacer reportes en vivo desde las zonas más violentas.

Los protocolos y medidas particulares para la seguridad de los periodistas deberán ser definidas por cada medio de comunicación.

El acuerdo parte del diagnóstico de que México es uno de los países más riesgosos para ejercer el periodismo y la libertad de prensa (sic) y que, ante ello, no podemos ser simples observadores, limitados a registrar acríticamente la violencia que proviene del crimen organizado.

Protección a periodistas
De concretarse la aplicación de este acuerdo, habría una vía paralela de protección a periodistas, ya que desde diciembre pasado, la administración federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, instaló un comité de protección a los comunicadores, el cual tiene avances incipientes y hasta el momento se desconoce quiénes representarán al gremio periodístico.

El subsecretario de Asuntos Jurídicos de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora, aseveró que la administración federal no sugerirá ni impondrá criterios para la custodia de comunicadores o los criterios de contenidos de programas o noticiarios.

Los firmantes del acuerdo, en tanto, subrayan en diversos párrafos que la responsabilidad de este combate a la delincuencia recae en los órganos de gobierno del Estado mexicano, aunque los medios tenemos la encomienda de actuar con profesionalismo y de preguntarnos sobre las implicaciones potenciales que tiene el manejo de la información.

Piden los firmantes dar elementos contextuales porque, insisten, puede haber el riesgo de convertirnos en instrumentos involuntarios de la propaganda del crimen organizado.

El proyecto de acuerdo incluye diversos elementos con definiciones breves e ideas sujetas a la interpretación de los propios concesionarios de radio y televisión o de los directivos de medios impresos. Por ejemplo: mostrar la información de estos temas de acuerdo a su importancia.

Al final del decálogo de criterios editoriales, subtitulado No interferir en el combate a la delincuencia, menciona:

“Los medios no debemos difundir información que ponga en riesgo la viabilidad de las acciones y los operativos contra el crimen organizado o que comprometa la vida de quienes combaten a la delincuencia o a sus familias, como son policías, fuerzas armadas, investigadores, jueces y cualquier otra autoridad vinculada a la seguridad y justicia”.

Quienes elaboraron el documento base del acuerdo consideran que deben definir cuándo, cómo y cuántas veces se deben publicar las imágenes y fotografías de actos de violencia y terrorismo. Respecto de las responsabilidades de cada parte, sugieren atribuirlas explícitamente; es decir, si bien subrayan que se deben consignar los excesos de las acciones de Estado, es necesario contribuir a reforzar la percepción social de que el crimen no paga.

Así, el decálogo de los criterios es: tomar postura en contra de la violencia y enfatizar el impacto negativo que tiene en la población; dimensionar adecuadamente la información, esto es, mostrar la misma de acuerdo a su importancia; atribuir responsabilidades explícitamente; no prejuzgar culpabilidades; no convertirse en vocero del crimen e impedir que sus integrantes se conviertan en víctimas o héroes públicos, ya que esto les ayuda a construir una imagen favorable ante la población, a convertir en tolerables sus acciones e, incluso, a ser limitados, y cuidar a las víctimas y a los menores de edad.

Además, alentar la participación y la denuncia ciudadana; proteger a los periodistas; solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios, y no interferir en el combate a la delincuencia.

Fuente: La Jornada.unam.mx
Reportero: Fabiola Martínez.
Publicada: 24 de marzo de 2011.

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