En el marco de la “Conferencia sobre vehículos eléctricos: una opción verde y viable para flotillas”, auspiciada por General Motors de México y General Electric, el Instituto de las Américas del estado de California presentó los resultados de la investigación acerca de los vehículos eléctricos en México, en donde se mencionan los beneficios económicos, sociales y ambientales de esta tecnología, así como la necesidad de una política pública integral a nivel nacional que apoye su desarrollo y permita a México mantener una posición global destacada en la industria
manufacturera, encaminada a la adopción de los avances tecnológicos a nivel de la industria automotriz
global.
Perú: un nuevo parque nacional y dos reservas comunales consolidan corredor internacional de conservación
Complejo de cerca de 600,000 ha alberga una de las mayores diversidades biológicas y culturales en la Amazonía y el mundo
Teófilo Torres saltó de la emoción. Como jefe de la Zona Reservada de Güeppí (ZRG), él como nadie sabe lo duro que ha sido el trabajo por consolidar la conservación de esta importante área natural, que tras el anuncio de hace algunas horas, ha pasado a ser reconocida como un nuevo parque nacional y dos reservas comunales.
Ventajas, dudas y utopías de los automóviles verdes
Exentan el trámite de verificación hasta por tres semestres continuos.
Estimaciones de la UNAM señalan que para 2020 en México el CO2 generado por el sector transporte podría concentrar 39% de las emisiones de Gases de Efecto invernadero (GEI) causadas por la demanda de combustibles fósiles. Una de las medidas más efectivas para reducir su impacto es cambiar los vehículos tradicionales por aquellos que funcionan con fuentes renovables.
Greenpeace denuncia que la empresa responsable del vertido del golfo de México, BP, será la asesora de Pemex en la gestión de vertidos
La organización ecologista denuncia que la compañía mexicana Pemex, Petróleos Mexicanos, ha contratado hace dos días a la empresa británica British Petroleum (BP)
En el décimo aniversario del Prestige, Greenpeace insiste en que las empresas responsables de las mareas negras no pagan por sus responsabilidades
¿Suiza es un Estado criminal?
El mundo al revés: la policía griega ha detenido a un periodista por dar los nombres de 2.059 delincuentes. El periodista se llama Kostas Vaxevanis y los delincuentes son un buen montón de millonarios que guardan su dinero en Suiza para no pagar impuestos. Vaxevanis señala a los criminales y la policía le persigue a él, por “entrometerse en su intimidad”. Su caso demuestra a las claras una obviedad: que los paraísos fiscales no existirían sin la complicidad del resto de los Gobiernos occidentales. Es la UE, Estados Unidos y Japón quienes toleran que sus oligarquías financieras escapen al fisco. Son nuestros gobiernos los que permiten que Suiza, esa cueva de Alí Babá, sea un respetable socio de la comunidad internacional y no un Estado criminal, aislado y castigado comercialmente por todos sus vecinos. Es Occidente quien permite a sus bancos piratas abrir sucursales en nuestro suelo. Es Europa, que controla el cien por cien de la frontera suiza, la que permite a este refugio del dinero negro conectarse con el sistema financiero mundial. Suiza vive de estafarnos a los demás, pero no recibe castigo alguno porque son nuestros gobiernos y las élites financieras de nuestros países quienes se lucran de este negocio inmoral.
El fraude de los bancos para evitar la penalización de sus malas prácticas cuestiona el sistema
Hace aproximadamente un mes, el Bank of America, primera entidad financiera de EE UU por volumen de préstamos y segunda por activos (muy apoyado durante esta crisis por las dos últimas Administraciones de EE UU), llegó a un acuerdo extrajudicial por el que rechazaba las acusaciones de irregularidades de un grupo de inversores y al tiempo les pagaba 2.430 millones de dólares de indemnización bajo el argumento de que “reducía incertidumbres y riesgos para sus accionistas”.
En España, 3,000 euros por preguntar sobre transparencia
La organización Access Info Europe tendrá que pagar por querer saber las medidas de España contra la corrupción.
Preguntar al Gobierno sale caro. La organización no gubernamental Access Info Europe, que lucha por la transparencia informativa, ha sido condenada por el Tribunal Supremo a pagar 3.000 euros de costas por querer conocer las medidas que ha adoptado España para luchar contra la corrupción. El Supremo sostiene que los datos solicitados son una forma de pedir explicaciones al Ejecutivo y no una petición de información en sí. La sentencia se conoce justo cuando el Parlamento está tramitando la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. España es, precisamente, el único país europeo de más de un millón de habitantes que no tiene una legislación que ponga coto al secretismo de la Administración y abra los archivos de todas las instituciones que reciben fondos públicos.
