El talón de Aquiles del ESG: la calidad de los datos

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Marzo suele ser un mes que pone a prueba a los equipos de sostenibilidad. En muchas empresas, especialmente en Europa, comienza la cuenta regresiva para entregar el borrador del Informe de Información No Financiera. Las reuniones se multiplican, los correos se acumulan y las hojas de cálculo vuelven a convertirse en el centro de operaciones. Lo que desde fuera parece un simple ejercicio de reporte, desde dentro se vive como una carrera contrarreloj.

Sin embargo, el verdadero origen de esa presión no siempre es el calendario. En muchas organizaciones, el problema surge mucho antes, cuando llega el momento de reunir los datos en ESG que han estado dispersos durante meses. Archivos en carpetas compartidas, reportes de proveedores por correo o métricas registradas en distintos sistemas convierten el proceso en una tarea compleja que revela una debilidad estructural: la falta de una infraestructura sólida para gestionar la información no financiera.

Cuando marzo revela el problema de los datos en ESG

De acuerdo con un artículo publicado por EL Español, cada año se repite la misma escena en muchos departamentos de sostenibilidad. Un responsable abre Excel, descarga información de diferentes plataformas internas y comienza un proceso casi artesanal de limpieza y verificación. Luego, esos datos se trasladan a otro sistema para generar reportes, solo para volver a exportarlos y ajustarlos manualmente.

El problema no es únicamente la cantidad de información, sino su fragmentación. El mismo indicador puede aparecer en varios archivos con formatos distintos, lo que obliga a invertir tiempo en reconciliar cifras que deberían estar alineadas desde el origen. En ese momento queda claro que el desafío no es el plazo, sino la forma en que se gestionan los datos.

datos en ESG

Esta dinámica se vuelve especialmente crítica cuando entran en juego diferentes marcos regulatorios y estándares internacionales. Cada uno solicita información similar, pero con estructuras distintas, lo que multiplica el trabajo y expone la falta de integración entre sistemas.

La arquitectura invisible detrás del caos

Muchas organizaciones creen que su dificultad radica en entender cómo reportar, cuando en realidad el problema es más profundo: no saben con precisión dónde se encuentran sus datos ni cómo fluyen dentro de la empresa. Esa falta de trazabilidad se vuelve evidente cuando se intenta construir un reporte coherente.

En la práctica, los datos suelen estar repartidos entre departamentos, proveedores y herramientas tecnológicas que no se comunican entre sí. La consecuencia es una dependencia constante de procesos manuales que aumentan el riesgo de errores y retrasos. Además, cuando la información no está verificada desde su origen, cualquier ajuste implica revisar múltiples archivos y versiones. Esto genera incertidumbre sobre la calidad de la información y complica la toma de decisiones estratégicas.

Regulaciones que exigen más que buenas intenciones

El crecimiento de estándares y regulaciones en sostenibilidad ha elevado el nivel de exigencia para las empresas. Hoy no basta con reportar iniciativas o compromisos: se requiere evidencia sólida, métricas consistentes y trazabilidad clara. Esto ha puesto en evidencia que la gestión de datos en ESG no puede seguir tratándose como un proceso secundario. Los inversionistas, reguladores y grupos de interés esperan información comparable, verificable y alineada con estándares globales.

Cuando la infraestructura no está preparada para ello, cada ciclo de reporte se convierte en un esfuerzo extraordinario. En lugar de analizar tendencias o diseñar estrategias de impacto, los equipos terminan dedicando la mayor parte de su tiempo a reconstruir información.

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Un mercado de soluciones fragmentadas

En los últimos años han surgido numerosas herramientas tecnológicas orientadas a ESG. Sin embargo, muchas de ellas responden a necesidades muy específicas o a regulaciones concretas, lo que ha generado un ecosistema fragmentado. Algunas soluciones funcionan más como plantillas digitales o servicios de consultoría con acceso en línea que como verdaderos sistemas integrados de gestión de datos. Esto obliga a las empresas a operar con múltiples plataformas que no necesariamente se comunican entre sí.

El resultado es un entorno en el que los equipos deben aprender distintos sistemas, cargar información varias veces y depender de intermediarios para ajustes simples. En lugar de simplificar el proceso, la tecnología termina replicando los mismos silos que ya existían.

Lo que pasaría si los datos estuvieran realmente conectados

Imaginemos por un momento un escenario distinto. Una empresa en la que cada indicador ambiental o social esté centralizado, validado y disponible en tiempo real. Donde sea posible rastrear el origen de cada cifra y comprender su evolución sin necesidad de reconstruirla desde cero.

En ese contexto, generar reportes para distintos marcos regulatorios dejaría de ser un proceso repetitivo. Los sistemas podrían reutilizar la misma base de información para distintos estándares, reduciendo errores y optimizando recursos. Más allá del cumplimiento normativo, esta transformación permitiría que los datos en ESG se conviertan en una herramienta de gestión estratégica. Es decir, información útil para anticipar riesgos, identificar oportunidades y orientar decisiones empresariales.

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El futuro: datos no financieros al nivel de los financieros

Hace algunas décadas, la gestión financiera también atravesó un proceso de transformación tecnológica. Los sistemas ERP consolidaron la información y establecieron estándares que hoy parecen indispensables para cualquier organización. Algo similar está comenzando a ocurrir en el ámbito de la sostenibilidad. Cada vez más empresas entienden que los datos en ESG necesitan la misma robustez, gobernanza y confiabilidad que los datos financieros.

Las organizaciones que comiencen a construir esa infraestructura desde ahora estarán mejor preparadas para los próximos años. No solo cumplirán con las regulaciones, sino que podrán utilizar la información para impulsar innovación y competitividad. El estrés que muchos equipos viven en marzo no es únicamente una cuestión de plazos. Es el síntoma visible de un sistema que todavía no ha evolucionado al ritmo que exige la sostenibilidad corporativa. Cuando la información está dispersa y los procesos dependen de hojas de cálculo, cualquier reporte se convierte en un desafío mayor.

La buena noticia es que el cambio ya está en marcha. Las empresas que inviertan en infraestructura, gobernanza y calidad de datos estarán un paso adelante. Y cuando llegue el próximo marzo, en lugar de vivirlo como una crisis, podrán verlo como lo que debería ser: un simple trámite dentro de una estrategia bien estructurada.

¿Una batalla ganada? Wikipedia prohíbe escribir entradas con IA

La conversación sobre inteligencia artificial y contenidos digitales ha entrado en una nueva etapa. En un momento en el que la automatización avanza con rapidez, la mayor enciclopedia colaborativa del mundo decidió trazar una línea clara: limitar el uso de herramientas generativas en la construcción de conocimiento público. La medida no solo impacta a editores y comunidades digitales, también abre preguntas sobre transparencia, confianza y gobernanza tecnológica.

Para quienes observan el fenómeno desde la responsabilidad social, la decisión de la plataforma representa algo más que una norma editorial. Es, en esencia, un posicionamiento frente al uso de tecnología en espacios donde la veracidad y la trazabilidad son fundamentales.

El debate sobre los artículos con IA deja de ser únicamente técnico y se convierte en una discusión sobre ética digital, participación comunitaria y calidad de la información.

El debate detrás de los artículos con IA

Durante los últimos años, los asistentes basados en grandes modelos de lenguaje comenzaron a incorporarse a distintas tareas editoriales en internet. Desde resúmenes hasta redacción completa, la promesa de velocidad y eficiencia atrajo a miles de usuarios. Sin embargo, en el ecosistema de Wikipedia —donde cada afirmación debe estar respaldada por fuentes verificables— esta tendencia encendió alertas.

artículos con IA

De acuerdo con lo discutido dentro de la comunidad de editores, herramientas como las utilizadas para generar artículos con IA pueden modificar conceptos clave o reinterpretar información que originalmente estaba sustentada por referencias. Este fenómeno, aparentemente menor, tiene un impacto directo en la confiabilidad de una plataforma que millones de personas consultan a diario.

La preocupación principal radica en que, incluso cuando el texto generado parece correcto, pequeñas variaciones pueden alterar el sentido original de los contenidos. En un entorno colaborativo, donde la precisión es un principio básico, este tipo de alteraciones puede afectar la integridad del conocimiento compartido.

Artículos con IA: dónde se establecen los límites

La nueva normativa establece una prohibición clara: la inteligencia artificial generativa no debe utilizarse para redactar o editar entradas dentro de la enciclopedia. La razón central es que estas herramientas pueden contravenir varias de las políticas esenciales que regulan la creación de contenido dentro de la plataforma.

Uno de los riesgos señalados por la comunidad es que los sistemas automatizados pueden introducir cambios que no están respaldados por las fuentes originales citadas en un artículo. En otras palabras, aunque la modificación parezca mínima, puede romper la coherencia entre la información publicada y la evidencia que la sustenta.

Esta medida marca un precedente importante en el debate global sobre la automatización del conocimiento. En un entorno donde la velocidad digital suele imponerse, Wikipedia decidió priorizar la verificación humana y la responsabilidad editorial.

Las excepciones permitidas para la inteligencia artificial

A pesar de la restricción, la plataforma no ha descartado completamente el uso de inteligencia artificial. La comunidad estableció dos escenarios en los que la tecnología puede ser útil sin comprometer la integridad del contenido: la corrección ortográfica y gramatical, así como la traducción de artículos a otros idiomas.

Sin embargo, incluso en estos casos, el uso de herramientas automatizadas debe estar estrictamente supervisado por editores humanos. La condición principal es que la IA no agregue contenido nuevo ni altere el significado original de los textos. En esencia, se trata de una asistencia técnica y no de una participación editorial.

Este matiz es clave para entender la postura de la plataforma. No se trata de rechazar la innovación, sino de delimitar su papel dentro de un ecosistema basado en la colaboración y la confianza.

El papel de la supervisión humana

Uno de los puntos que más enfatizó la comunidad es la necesidad de mantener el control humano sobre cada cambio sugerido por sistemas automatizados. Incluso cuando la inteligencia artificial se usa para tareas simples, existe el riesgo de que el sistema vaya más allá de lo solicitado.

artículos con IA

Por ello, la revisión manual se vuelve un elemento central del proceso editorial. Los editores deben verificar que cada ajuste propuesto respete el sentido del texto original y no modifique información clave. En el caso de las traducciones, la supervisión es aún más estricta. La comunidad exige que el resultado final sea revisado completamente antes de su publicación, asegurando que cualquier posible alteración conceptual sea corregida a tiempo.

Una decisión impulsada desde la comunidad

La iniciativa que llevó a esta medida fue impulsada por una administradora de la plataforma conocida como Chaotic Enby, quien planteó la necesidad de debatir el alcance de la inteligencia artificial dentro de los procesos editoriales. Más allá de la normativa en sí, el planteamiento abrió una discusión más amplia: quién debe decidir cómo se integra la tecnología en plataformas colaborativas. En este caso, la respuesta fue clara: la comunidad.

La expectativa de quienes promovieron la propuesta es que otras plataformas digitales puedan observar este proceso y replantear sus propias políticas sobre automatización y contenidos.

La decisión llega en un momento en el que el uso de inteligencia artificial para producir contenidos digitales crece de forma acelerada. Desde redes sociales hasta portales informativos, la presencia de sistemas automatizados es cada vez más común. En este contexto, la postura de Wikipedia busca reforzar la confianza en su modelo colaborativo. Al limitar la generación automática de contenido, la plataforma intenta proteger la calidad de la información y la transparencia en su construcción.

Para muchos analistas del ecosistema digital, este movimiento también refleja una preocupación más amplia: cómo garantizar la integridad del conocimiento cuando la producción de textos puede automatizarse a gran escala.

La restricción sobre los artículos con IA no solo redefine la forma en que se construyen las entradas dentro de Wikipedia. También envía un mensaje al resto del ecosistema digital: la innovación tecnológica necesita reglas claras cuando se trata de información pública y verificada.

En un entorno donde la velocidad de producción de contenidos crece constantemente, la apuesta por la supervisión humana y la responsabilidad editorial podría convertirse en un referente para otras comunidades digitales. Más que una batalla ganada o perdida, la decisión abre un nuevo capítulo en la conversación sobre cómo equilibrar tecnología, confianza y conocimiento compartido.

Fundación Gigante, reconocida en Empresas Excepcionales por sus alianzas estratégicas

En 2025, Fundación Gigante, el brazo social de Grupo Gigante y Grupo Presidente, recibió el reconocimiento Empresas Excepcionales, un distintivo que se ha consolidado como uno de los más relevantes en el entorno empresarial mexicano. Esta iniciativa, impulsada por el Consejo Coordinador Empresarial, Voz de las Empresas y el Instituto para el Fomento a la Calidad, busca visibilizar prácticas innovadoras que generan impacto social, ambiental y económico. En este contexto, Fundación Gigante en Empresas Excepcionales representa un caso relevante de cómo las alianzas estratégicas pueden traducirse en beneficios tangibles para las personas.

Más allá del reconocimiento en sí, su valor radica en posicionar modelos de acción que pueden inspirar a otras organizaciones a elevar sus estándares de responsabilidad y compromiso. Haberlo obtenido implica ser y poder demostrar que la empresa no solo opera con eficiencia, sino que también contribuye activamente al bienestar de sus colaboradores y de la sociedad.

En este caso, Fundación Gigante se hizo acreedora al distintivo en la categoría “Alianzas estratégicas: Contribución por los ODS”, por la asistencia brindada a colaboradores afectados por el huracán Otis, una de las crisis más devastadoras ocurrida en 2023 en el país. La respuesta de la fundación fue inmediata y estratégica, pues no sólo priorizó la seguridad de su gente, sino que activó apoyos que fueron clave para evitar mayores daños a los colaboradores y sus familias, permitiéndoles enfrentar la emergencia con respaldo institucional. Así, Fundación Gigante en Empresas Excepcionales también evidencia cómo la respuesta empresarial ante desastres puede fortalecerse mediante esquemas de colaboración.

Reconocimiento a Fundación Gigante como Empresa Excepcional

Fundación Gigante recibe el reconocimiento Empresas Excepcionales

Tras el impacto del huracán Otis en comunidades donde Grupo Gigante tiene presencia, Fundación Gigante activó de inmediato un plan de atención integral enfocado en sus colaboradores y sus familias. La prioridad fue clara: garantizar su seguridad, cubrir necesidades básicas y acompañarlos en el proceso de recuperación. Desde los primeros momentos, se desplegó apoyo humanitario que incluyó alimentos, agua y suministros esenciales, asegurando condiciones mínimas de bienestar en medio de la crisis.

Dado que un total de 187 colaboradores resultaron con afectaciones importantes en sus bienes muebles e inmuebles, la fundación decidió destinar más de 6.4 millones de pesos en apoyos directos a los afectados. Entre los apoyos realizados por la organización destacan la entrega de 3 mil 490 despensas, más de 800 muebles —como comedores, refrigeradores y colchones—, más de 2 mil láminas para techos, 34 tinacos y materiales de reconstrucción, así como la construcción de 6 casas para quienes perdieron su hogar. Estos apoyos no solo atendieron la emergencia inmediata, sino que sentaron las bases para la recuperación de las familias afectadas.

Aunque brindar este nivel de respuesta fue posible gracias a la capacidad logística del grupo y su ADN solidario, el verdadero diferencial de sus apoyos está en algo más profundo: la capacidad de construir alianzas estratégicas que amplifican su impacto. Por eso, el reconocimiento Empresas Excepcionales también distingue la forma en que las organizaciones colaboran para resolver problemáticas complejas de manera más efectiva, tal como lo hizo en esta ocasión Fundación Gigante al colaborar con TECHO, una organización internacional dedicada a combatir la pobreza a través de soluciones de vivienda accesible. En este sentido, Fundación Gigante en Empresas Excepcionales pone sobre la mesa la importancia de generar sinergias para atender crisis humanitarias.

Gracias a esta alianza se logró enfrentar uno de los retos más grandes derivados del desastre: brindar un hogar a los seis colaboradores del grupo cuyas casas quedaron totalmente destruidas, los cuales pudieron acceder a una vivienda funcional y digna.

Sin embargo, este modelo de acción no es un caso aislado, sino una constante que ha permitido a Fundación Gigante amplificar el impacto de sus acciones de responsabilidad social. Por ejemplo, en el mismo año, la fundación impulsó una alianza con Fundación Obras Educativas para intervenir en Huamelula, Oaxaca, una región con importantes retos sociales. A través de esta colaboración, se desarrollaron 19 proyectos productivos, 15 invernaderos, 30 huertos de traspatio y 29 espacios de Tianguis Chontal, además de iniciativas de reforestación y sistemas de uso sustentable del agua. En total, 632 personas fueron beneficiadas mediante el fortalecimiento de sus capacidades productivas y todas estas acciones que ayudan a mejorar su calidad de vida, reforzando así el impacto de Fundación Gigante en Empresas Excepcionales más allá de un solo reconocimiento.

Otro ejemplo del poder de las alianzas de Fundación Gigante es el impulso al modelo de Educación Responsable, desarrollado en conjunto con Fundación Botín, PROED, Fundación CAAAREM, Fundación Familia Bocar, Fundación Ara, Fundación INTERprotección y ARPAPEL. Este modelo busca integrar el desarrollo emocional, social y académico en estudiantes, a través de la promoción de entornos escolares más saludables y participativos. Tan solo en 2025, se implementó en 174 escuelas, benefició a 22,480 alumnos y permitió capacitar a 1,485 docentes en 12 estados del país.

Más que un reconocimiento, un modelo de impacto que trasciende

Con todo ello, no es accesorio enfatizar que el reconocimiento Empresas Excepcionales que Fundación Gigante ha recibido no sólo distingue una acción puntual, sino su modelo de intervención basado en colaboración, alcance y profundidad del impacto, ya que, si algo distingue a la organización es su capacidad para entender que los grandes retos sociales no se resuelven de forma aislada, sino mediante la suma de capacidades de los diferentes actores sociales. De esta forma, Fundación Gigante en Empresas Excepcionales se posiciona como un referente sobre cómo las alianzas pueden convertirse en motores de transformación social.

Iniciativas como las desarrolladas por esta organización demuestran que, cuando se suman esfuerzos, es posible generar transformaciones sostenibles y de largo alcance y que, en la actualidad, apostar por este tipo de enfoques desde la RSE no solo es deseable, sino necesario para construir un desarrollo más equitativo y resiliente.

Volaris visibiliza el delito de trata de niñas, niños y adolescentes ante el torneo internacional de fútbol 2026

En un contexto donde México se prepara para recibir uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, Volaris se suma a la exposición temporal del Museo Memoria y Tolerancia “Juego limpio: la cancha que nos une” para visibilizar una de las problemáticas más urgentes y menos visibles del país: la trata de niñas, niños y adolescentes con fines de explotación sexual comercial, y cómo podemos actuar como sociedad para prevenirlo.

Esta iniciativa cobra especial relevancia ante el incremento de riesgos asociados a eventos de gran escala. La evidencia internacional muestra que la trata de niñas, niños y adolescentes no solo persiste, sino que se está intensificando. En los últimos años, las víctimas detectadas han aumentado a nivel global, impulsadas por el crecimiento de la explotación infantil: en los últimos 15 años el porcentaje de víctimas menores de edad en casos de trata pasó de aproximadamente 10% a más del 30%.

América Latina se ha consolidado como una de las regiones más afectadas, y México enfrenta una realidad especialmente crítica, con tasas superiores al promedio global y una combinación de factores, como la movilidad, la digitalización y la vulnerabilidad social, que incrementan el riesgo, particularmente en contextos de alta afluencia internacional: se estima que alrededor de 70 mil niñas y niños son víctimas de este delito en nuestro país, lo que refleja la magnitud de la problemática y la vulnerabilidad de la infancia y adolescencia.

Volaris trata de menores

El campeonato del 2026 representa una oportunidad económica para el país, pero también incrementa riesgos que no pueden ignorarse. En este escenario, las niñas siguen siendo las principales víctimas de explotación sexual, mientras que la impunidad y la baja denuncia mantienen esta crisis en gran medida invisible.

En este contexto, la industria de la aviación juega un rol clave. La conectividad aérea, motor del desarrollo económico y social, también puede ser utilizada por redes delictivas, lo que hace indispensable fortalecer la prevención, detección y sensibilización desde el sector.

La exposición es un espacio que busca generar conciencia sobre el impacto social del fútbol, su capacidad de transformar vidas, así como los desafíos que aún persisten, como la homofobia, el racismo, la explotación sexual y el papel de la sociedad para construir entornos más seguros, incluyentes y sostenibles.

“En el Museo Memoria y Tolerancia creemos que visibilizar la magia del fútbol nos une como sociedad, pero también es necesario poner atención las problemáticas que nos aquejan ante estos eventos deportivos, que no son lejanos ni invisibles, como la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes: está presente y exige la participación de todos los sectores. La colaboración con Volaris es un ejemplo de cómo el sector privado puede convertirse en un aliado clave para generar conciencia, prevenir riesgos y proteger a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad”, dijo Linda Atach, directora de Exposiciones Temporales del Museo de Memoria y Tolerancia.

La participación de Volaris se alinea con su compromiso de contribuir al bienestar de las comunidades donde opera, a través de acciones que van más allá del transporte aéreo y que buscan generar un impacto positivo en la sociedad.

Desde 2013, en alianza con ECPAT International y ECPAT México, Volaris se convirtió en la primera aerolínea en Latinoamérica y la segunda a nivel mundial en adherirse a The Code, un código de conducta internacional para prevenir la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en el contexto de los viajes y el turismo.

A partir de ello, Volaris implementó un protocolo operativo que permite a sus Embajadores identificar señales de alerta, reportar y activar procesos de acción ante la posible presencia de este delito en su operación. La aplicación constante y decidida de este protocolo ha generado resultados concretos: 27 niñas, niños y adolescentes a los cuales la Compañía ayudó a cambiar su destino. La aerolínea capacita a más de 6,000 Embajadores operativos anualmente.

Además, en 2024, Volaris lanzó la campaña de comunicación “Ojos en el Cielo”, una iniciativa que amplifica esfuerzos de concientización al involucrar no solo a su personal, sino también a clientes y sociedad en general, promoviendo la sensibilización y la corresponsabilidad frente a este delito.

Volaris trata de menores

“En Volaris entendemos que conectar personas también implica asumir la responsabilidad de poner su seguridad como prioridad y protegerlas. La trata de niñas, niños y adolescentes no es una realidad lejana: ocurre todos los días y nos exige actuar. Participar en esta exposición es un llamado a no ser indiferentes y a visibilizar una problemática que no puede seguir en silencio.” Añadió Enrique Beltranena, presidente y director general de Volaris.

“Llevamos más de una década trabajando para prevenir este delito, pero hoy sabemos que no es suficiente. Tenemos que ir más allá, sumar esfuerzos y movilizar a toda la sociedad. La aviación tiene un papel clave: somos un punto de conexión, pero también podemos ser una línea de defensa. Cuando aerolíneas, aeropuertos y autoridades trabajan juntos, es posible identificar señales, intervenir a tiempo y, sobre todo, cambiar el destino de una vida”, señaló Enrique Beltranena, presidente y director general de Volaris.

Rumbo a la justa futbolera 2026, la compañía refuerza su llamado a la colaboración entre autoridades, sector privado y sociedad civil para anticipar riesgos y fortalecer mecanismos de prevención, especialmente en contextos de alta movilidad internacional.

Campaña #NiñezPrimero llega a Michoacán: REDIM y CAM presentan diagnóstico sobre trata y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en la entidad

Por Fabián Muro

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos (CAM), con apoyo de la Unión Europa (UE) presentaron el estudio: Análisis de contexto sobre la trata de personas y reclutamiento por grupos de la delincuencia organizada de niñas, niños y adolescentes en el estado de Michoacán, documento que ofrece datos georreferenciados, testimonios y recomendaciones para prevenir, atender y erradicar estas graves violencias. 

El estudio tiene como objetivo identificar las causas, consecuencias y patrones del reclutamiento y la trata que afectan a niñas, niños y adolescentes en la entidad, así como analizar las capacidades institucionales y comunitarias para responder a esta problemática. Asimismo, muestra que la participación de niñas, niños y adolescentes en grupos de la delincuencia organizada en México es una práctica consolidada en este territorio desde hace más de una década, sin que existan aún respuestas sistémicas para su prevención, desvinculación y reinserción social. 

El documento advierte que el reclutamiento y la trata de personas de niñez y adolescencia ocurren en contextos de pobreza, violencia estructural y ausencia institucional. En consecuencia, niñas, niños y adolescentes terminan involucrados en actividades delictivas, debido a factores estructurales como la exclusión social, la precariedad económica, la falta de oportunidades educativas y laborales, así como la normalización de la violencia en las comunidades. En Michoacán, por ejemplo, 46% de la población vive en situación de pobreza y 24.2% presenta rezago educativo; condiciones estructurales que incrementan la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes frente a dinámicas de explotación y reclutamiento. 

Ante este panorama, la campaña Niñez Primero busca colocar en la agenda pública la urgencia de políticas integrales de prevención, atención y erradicación de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, así como el fortalecimiento de las instituciones encargadas de su protección.

REDIM y CAM

La campaña #NiñezPrimero continuará su recorrido en distintas entidades del país para colocar en el centro de la agenda pública la protección integral de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia.

¿Patrimonio de todos o de nadie? El fallo contra Xcaret y el laberinto jurídico en México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado un golpe de timón a la industria turística. Con 7 votos a favor, el Pleno revocó la suspensión que permitía a Grupo Xcaret utilizar iconografía y símbolos de la cultura maya en su publicidad. La orden es tajante: la empresa debe retirar estos elementos de sus campañas mientras se resuelve el fondo del litigio.

Aunque el proyecto de la ministra María Estela Ríos González se presenta como una defensa del derecho de autodeterminación, en la práctica abre una grieta de incertidumbre para cualquier empresa que base su propuesta de valor en la identidad cultural de México.

El absurdo de la “Representatividad Total”

El punto más controvertido es la invalidación del contrato que Xcaret mantenía con el Gran Consejo Maya de Quintana Roo. A pesar de que la empresa contaba con la anuencia y un esquema de compensación con las autoridades indígenas de su zona de influencia —lo que constituye una licencia social real y local—, la Corte determinó que esto es insuficiente.

La exigencia ahora es que el consentimiento provenga de las 1,021 comunidades mayas distribuidas en tres estados. Este estándar es un despropósito logístico y jurídico:

  • Invisibilización de acuerdos locales: Se ignora que un grupo empresarial opera en un territorio específico y se le obliga a buscar el aval de comunidades a cientos de kilómetros con las que no tiene interacción directa.
  • El fin de la firma autorizada: Si un contrato con el Gran Consejo Maya ya no tiene validez porque “faltan mil comunidades más”, ¿quién tiene entonces la autoridad legal para firmar un acuerdo en México? Esta resolución pulveriza la certeza jurídica.

El “doble rasero”: Xcaret vs. El Tren Maya

Es imposible no contrastar este rigor extremo con la flexibilidad mostrada ante los proyectos de infraestructura pública. Mientras que a Xcaret se le castiga por usar símbolos en un sitio web —a pesar de tener un contrato de 15 millones de pesos con comunidades locales—, el Tren Maya ha avanzado sobre territorio indígena con consultas que han sido señaladas por su falta de representatividad y su impacto ambiental irreversible por terceros.

Resulta contradictorio que el Estado califique de “extractivo” el uso publicitario de una imagen, pero valide como “progreso” la intervención física de tierras y sitios sagrados bajo el sello de la utilidad pública. Si el patrimonio maya es indivisible para los anuncios de un parque, debería serlo también para las vías de un tren. La ley parece tener un rasero para el inversionista y otro, mucho más laxo, para el Gobierno Federal.

Implicaciones para la responsabilidad corporativa

Este caso redefine los riesgos para las áreas de sostenibilidad y cumplimiento:

  • Legalidad vs. arbitrariedad: Ya no basta con cumplir la ley y tener contratos vigentes. Las empresas ahora enfrentan el riesgo de que el Estado “mueva la meta” de la legitimidad social según el clima político.
  • Inversión bajo fuego: La falta de un padrón claro de interlocutores indígenas convierte cualquier esfuerzo de promoción cultural en un activo de alto riesgo que puede ser suspendido discrecionalmente.
  • El costo de la desafección: Si las empresas dejan de utilizar y promover la iconografía mexicana por temor a represalias legales, el país pierde su principal motor de promoción turística internacional.

La expropiación de la identidad

La decisión de la SCJN no solo afecta a una empresa; envía un mensaje de advertencia a toda la industria creativa y turística. Al imponer requisitos de consulta imposibles de satisfacer, se corre el riesgo de “expropiar” la identidad cultural, dejando su uso exclusivamente en manos del Estado.

Para que exista una verdadera responsabilidad social, se necesitan reglas claras y parejas. La protección del patrimonio no debe ser un garrote político para frenar a la iniciativa privada, sino un puente de co-creación con reglas que den seguridad tanto a las comunidades como a quienes invierten en el desarrollo del país.

Xcaret no podrá usar elementos mayas ¿por qué es absurdo?

Por aRSEnico

Cuando este columnista era un estudiante universitario, joven y bello —esperen, lo segundo lo sigo siendo—, tenía un profesor que nos compartía una lección que resultaba muy cierta. Solía decir: “Chicos, el gobierno les dice que el petróleo es de los mexicanos, ¿verdad? Pero a ver, traten de llegar a PEMEX y sacarse un barril… van a ver que antes de que crucen la puerta ya los tienen tragando tierra“. Ayer sentí que sucedió lo mismo con nuestra historia y patrimonio. Somos descendientes, en parte como mexicanos, de comunidades indígenas… pero ¡aguas si tratamos de ostentarlo o difundirlo a los turistas!, porque también pueden prohibírtelo, como la Corte mandó ayer a Xcaret.

Cuando el árbitro cambia las reglas… en medio del partido

Hay decisiones judiciales que generan debate. Y luego están las que te hacen preguntarte si alguien dejó abierta la puerta del sentido común y este decidió largarse.

La Suprema Corte decidió que Grupo Xcaret ya no puede usar elementos mayas… aunque llevaba años haciéndolo con permisos, acuerdos y —detalle menor— pagando por ello. Pero ahora resulta que no es suficiente. Porque claro, aparentemente en México no basta con hacer las cosas bien… también hay que adivinar cómo se van a redefinir las reglas mañana.

En términos de responsabilidad social, esto es surreal: cumples, consultas, compensas… y aun así pierdes. Es como ir al médico, seguir la dieta, hacer ejercicio… y que te diagnostiquen obesidad por si acaso.

Xcaret no podrá usar elementos mayas

El absurdo de la “representatividad total”: o hablas con todos… o con nadie

Aquí es donde la cosa pasa de compleja a directamente absurda.

La Corte básicamente dice:
“No basta con que tengas el acuerdo con una organización que representa a comunidades locales. No las representa a todas. Necesitas el consentimiento de todas.”

Más de mil en un territorio gigantesco… solo para dimensionar el absurdo.

Uno pensaría que esto es una broma, pero no. Es una especie de “todos o ninguno” que en la práctica significa “ninguno”.

Desde una perspectiva ESG, esto contradice principios básicos como el involucramiento con partes interesadas relevantes, que justamente propone identificar a quienes realmente están dentro de la esfera de influencia de una organización.

Pero aquí no.
Aquí la lógica es que si no hablas con absolutamente todos, entonces no hablaste con nadie.

Es como decir que no puedes casarte porque las famosas amonestaciones no le llegaron a toda la humanidad.

El doble rasero: turismo “extractivo”, infraestructura “progreso”

Ahora viene la parte más incómoda.

Cuando una empresa usa símbolos culturales → problema.
Cuando el Estado construye infraestructura sobre territorio de las comunidades → desarrollo.

Curioso.

Porque si el argumento es la protección del patrimonio cultural, entonces debería aplicar de manera consistente. Pero no. Parece que el patrimonio es sagrado… salvo cuando hay una obra pública con presupuesto.

Esto no es solo incoherente, es tóxico. Esta inconsistencia es básicamente el equivalente a decir “sí, somos sostenibles… cuando nos conviene”.

Bienvenidos al “compliance del multiverso y los futuros posibles”

Este caso redefine algo clave: el riesgo ya no es incumplir la ley… es cumplirla y que eso deje de importar.

1. Legalidad vs. legitimidad volátil
Las empresas ya no solo deben cumplir normas, sino anticipar interpretaciones futuras. Es decir, cumplir hoy con reglas que aún no existen y surgen y se aplican porque otros “administradores” llegan al changarro.

2. Stakeholders infinitos
La lógica de la consulta se vuelve impracticable. Y eso rompe un principio esencial de sostenibilidad: la gestión efectiva de stakeholders basada en impacto y relevancia. No, ahora el juego se llama “”stakeholders = lista infinita imposible de atender.”

3. Incentivos perversos
El mensaje implícito es claro:
“No te metas con cultura, mejor evítala.”

Lo cual es fantástico si tu objetivo como gobierno es borrar la identidad en lugar de promoverla…

La gran ironía: proteger tanto que desaparece

Así, en nombre de proteger la cultura… se vuelve casi imposible usarla, difundirla o integrarla en modelos económicos.

Resultado:
La cultura queda tan protegida que ya nadie puede tocarla. Ni siquiera quienes querían pagar por hacerlo e incluso han sido un polo enorme de promoción turística en el país (quizás el más grande de la historia). No por nada muchos calificaban los parques de Xcaret como el Disney mexicano.

Si para hacer las cosas bien necesitas permiso de todos… entonces nadie va a hacer nada.

Y eso, curiosamente, tampoco beneficia a las comunidades. Porque al final, la gran pregunta sigue siendo: ¿Estamos protegiendo el patrimonio… o lo estamos volviendo inutilizable?

Hoy no puedo ir por mi barril de petróleo… y al parecer, tampoco puedo presumir mis raíces. Entonces ¿quiénes somos y qué es nuestro realmente?


aRSEnico es el seudónimo químico de un asesor en RS muy tóxico, solitario, ensimismado y cuasi misántropo, que a través de una propuesta editorial de crítica ácida, expone las circunstancias, a veces inverosímiles, que se presentan en la responsabilidad social (RS). La columna, si bien es ficticia se alimenta de eventos de la vida real sin los cuales no sería posible su realización. El objetivo es precisamente, además de provocar la risa forzada de reconocer y reconocerse en ella, señalar dichas circunstancias desde un enfoque cínico e incluso que raya en anti RS, para mostrar finalmente en este radioactivo estilo, el “deber ser”.

Prohíben a atletas trans competir en eventos femeninos de los Juegos Olímpicos

La reciente decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de prohibir la participación de mujeres transgénero y atletas con diferencias del desarrollo sexual (DSD) en la categoría femenina de los Juegos Olímpicos marca un punto de inflexión en el debate global sobre equidad en el deporte. La medida, que entrará en vigor rumbo a Los Ángeles 2028, busca establecer criterios más claros sobre quién puede competir en pruebas femeninas de élite, incorporando evaluaciones científicas como la prueba del gen SRY.

De acuerdo con Kirsty Coventry, presidenta del organismo, la decisión responde a la necesidad de garantizar condiciones justas:

no sería justo que los varones biológicos compitieran en la categoría femenina”.

Este posicionamiento ha reavivado un debate complejo que involucra derechos humanos, inclusión y la integridad del deporte. No obstante, el tema exige un análisis más profundo que vaya más allá de posturas ideológicas y se centre en impactos reales.

Equidad competitiva y ciencia: el eje de la decisión sobre atletas trans en eventos femeninos

El COI fundamenta su resolución en evidencia científica que señala diferencias de rendimiento derivadas del desarrollo biológico masculino. Según su informe, estas ventajas pueden oscilar entre un 10% y más del 100% dependiendo de la disciplina, particularmente en deportes de fuerza y potencia. Este argumento ha sido central para justificar la exclusión de atletas trans en eventos femeninos en el ámbito de alto rendimiento.

La introducción de la prueba del gen SRY como criterio de elegibilidad representa un intento por objetivar el debate. Al tratarse de un procedimiento no invasivo, el COI busca reducir la discrecionalidad y establecer una regla uniforme. Sin embargo, este tipo de medidas también abre cuestionamientos sobre privacidad, identidad y posibles efectos discriminatorios.

Desde una perspectiva de derechos humanos, el equilibrio es delicado. Por un lado, existe la necesidad de proteger la equidad competitiva; por otro, el deber de garantizar que todas las personas sean tratadas con dignidad. El propio COI ha señalado que “todos los atletas deben ser tratados con respeto”, lo que implica que la implementación de esta política será tan relevante como la política misma.

Para el sector ESG, este caso evidencia cómo la “S” (social) puede entrar en tensión con principios de equidad estructural. No se trata únicamente de inclusión, sino de cómo se define una competencia justa en contextos donde la biología tiene un peso determinante.

Precedentes y controversias: un debate que no es nuevo

La discusión sobre la participación de atletas trans en eventos femeninos no surge de manera aislada. Casos como el de Laurel Hubbard, primera mujer trans en competir en unos Juegos Olímpicos, marcaron un antes y un después en la visibilidad del tema. Su participación en Tokio 2021 generó tanto apoyo como críticas, evidenciando la falta de consenso global.

De igual forma, atletas con DSD como Caster Semenya han estado en el centro de disputas legales y deportivas. Aunque nacidas y registradas como mujeres, sus características biológicas han sido objeto de regulación, lo que ha abierto debates sobre la definición misma de la categoría femenina.

Estos precedentes reflejan que el deporte de alto rendimiento ha operado durante años en una zona gris normativa. La ausencia de criterios uniformes generó incertidumbre tanto para atletas como para federaciones, afectando la credibilidad de las competencias.

La decisión del COI busca precisamente cerrar esa ambigüedad. Sin embargo, también corre el riesgo de ser percibida como excluyente si no se acompaña de políticas complementarias que atiendan a los grupos afectados.

Derechos humanos, inclusión y límites: ¿dónde trazar la línea?

Uno de los principales retos de esta decisión es su compatibilidad con los principios de igualdad y no discriminación. Organizaciones han señalado que, si bien la equidad competitiva es fundamental, las reglas deben ser proporcionales y evitar daños innecesarios a minorías vulnerables.

En este sentido, el debate sobre atletas trans en eventos femeninos trasciende lo deportivo y se inserta en una discusión más amplia sobre derechos humanos. ¿Es posible garantizar inclusión plena en todas las categorías sin comprometer la equidad? ¿O es necesario establecer límites diferenciados en contextos específicos como el deporte de élite?

La postura del COI parece inclinarse por lo segundo: reconocer que el deporte competitivo requiere categorías basadas en diferencias biológicas. Esta visión, aunque controversial, parte de la premisa de que la igualdad no siempre implica trato idéntico, sino condiciones justas para todos los participantes.

Desde la óptica de responsabilidad social, esto obliga a repensar cómo se diseñan espacios inclusivos sin generar nuevas desigualdades. La clave estará en construir alternativas —como categorías adicionales o circuitos específicos— que permitan la participación sin afectar la integridad competitiva.

atletas trans en eventos femeninos

Gobernanza deportiva y ESG: implicaciones para el futuro

La decisión del COI no solo impacta a los Juegos Olímpicos, sino que establece un precedente para federaciones internacionales y organismos deportivos. Su recomendación de adoptar esta política a nivel global podría transformar la gobernanza del deporte en los próximos años.

Para las organizaciones, este caso es un recordatorio de que las decisiones ESG no siempre son lineales. La búsqueda de equidad puede entrar en conflicto con otros valores, como la inclusión, y requiere marcos de decisión más sofisticados.

Además, el enfoque basado en ciencia introduce una dimensión técnica que puede fortalecer la legitimidad de las políticas, pero también exige transparencia y actualización constante. La evidencia científica evoluciona, y las regulaciones deberán adaptarse en consecuencia.

En términos reputacionales, las instituciones deportivas enfrentan un escrutinio creciente. La forma en que gestionen este tipo de decisiones será clave para mantener la confianza de atletas, patrocinadores y audiencias.

atletas trans en eventos femeninos

Equidad como principio rector en el deporte

La prohibición de atletas trans en eventos femeninos por parte del COI representa un paso decisivo en la redefinición de la equidad en el deporte de alto rendimiento. Aunque polémica, la medida busca proteger un principio fundamental: que todas las competidoras participen en condiciones justas y seguras.

Desde una perspectiva de derechos humanos, esto no implica negar la dignidad o el valor de ninguna persona, sino reconocer que el deporte competitivo requiere reglas claras basadas en realidades biológicas. La clave estará en cómo se implementan estas normas y en la capacidad de generar alternativas inclusivas que no dejen a nadie fuera del sistema.

Para los líderes en ESG y sostenibilidad, este caso funciona como un termómetro de los desafíos actuales: equilibrar inclusión, equidad y evidencia científica en contextos altamente sensibles. La decisión del COI, más allá de cerrar un debate, abre una nueva etapa en la construcción de políticas responsables, donde la igualdad no sea solo un ideal, sino una práctica justa y sostenible.

Eutanasia, ética y responsabilidad social: ¿Qué lecciones deja el caso de Noelia Castillo?

El jueves 26 de marzo, el caso de la eutanasia de Noelia Castillo volvió a colocar en el centro del debate público la relación entre derechos humanos, salud mental y responsabilidad del Estado. La joven catalana de 25 años recibió un procedimiento de eutanasia por vía intravenosa en un centro sociosanitario de Barcelona, cumpliendo así su voluntad de morir tras casi dos años de batalla legal iniciada en 2024, cuando solicitó formalmente esta práctica ante las autoridades competentes.

La resolución se prolongó debido a la oposición de sus familiares, quienes interpusieron recursos legales para frenar el proceso. Sin embargo, tanto instancias judiciales nacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos validaron su capacidad para decidir. Más allá del desenlace jurídico, el caso abre una discusión profunda: ¿puede hablarse de una “muerte digna” cuando previamente no se garantizó una vida digna?

Una vida marcada por la violencia, la omisión y el sufrimiento

La historia de Noelia Castillo no puede entenderse sin analizar el contexto de la vulnerabilidad estructural que la rodeó desde su infancia. Tras la separación de sus padres, vivió durante años en un centro de asistencia social, enfrentando una ausencia prolongada de redes familiares sólidas. A esto se sumaron abusos sexuales y una violación grupal que nunca fue denunciada ni investigada puesto que la víctima intentó suicidarse tras el episodio de violencia.

Su salud mental se deterioró progresivamente. Además, Noelia fue diagnosticada con trastorno límite de la personalidad y trastorno obsesivo compulsivo, e intentó suicidarse en múltiples ocasiones. Fue internada en instituciones psiquiátricas, donde continuó autolesionándose, evidenciando no solo la gravedad de su condición, sino también la falta de un tratamiento integral y sostenido que pudiera ofrecerle alternativas reales de recuperación.

En su única y última entrevista, expresó con crudeza su percepción del mundo:

“Yo veía mi mundo muy oscuro, no tenía ni metas, ni objetivos ni nada”. 

Esta afirmación no es menor. Refleja un estado depresivo profundo donde la ausencia de horizonte vital es una constante, y donde la decisión de morir puede estar condicionada por la enfermedad misma.

Para ella, la eutanasia representó una forma de descanso y así lo expresó ante las cámaras: 

“Lo he conseguido y a ver si ya por fin puedo descansar porque ya no puedo más. No puedo más con esta familia, no puedo más con los dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta en la cabeza”.

Este testimonio obliga a cuestionar si la decisión fue verdaderamente autónoma o si fue el resultado de un entorno que nunca logró ofrecerle condiciones mínimas de bienestar, protección y esperanza.

¿Muerte digna sin vida digna? El dilema ético y jurídico

El caso de la eutanasia de Noelia Castillo plantea una interrogante central: ¿qué significa realmente una “muerte digna”? Desde una perspectiva de derechos humanos, esta noción no puede desligarse del derecho a la vida establecido en el Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como del derecho a condiciones que garanticen el bienestar integral (Artículo 25).

Resulta especialmente problemático que una persona de 25 años opte por morir en un contexto donde lo esperable sería el pleno desarrollo de su proyecto de vida. En este sentido, la decisión no puede analizarse de manera aislada, sino como consecuencia de fallas acumuladas del Estado en garantizar derechos económicos, sociales y culturales. El abogado del padre fue contundente al respecto: 

“Ha fallado el sistema legal, el procesal y el sanitario. A una muchacha que ha tenido una vida muy dura, que todos lamentamos, lo único que se la ha podido dar es la muerte. Hace mucho tiempo que ella debería haber recibido tratamiento para sus enfermedades mentales y un grado de dependencia mayor que le hubiera permitido tener una mayor pensión para tener una vida digna“.

Esta afirmación revela una paradoja crítica: el Estado que no logró garantizar condiciones de vida dignas, sí fue capaz de garantizar una muerte asistida bajo criterios legales.

Desde la ética pública, esto representa un riesgo significativo. Si las instituciones no priorizan la prevención, el acompañamiento y la reparación del daño social, la eutanasia puede convertirse en una salida estructuralmente desigual, accesible principalmente para quienes han sido previamente excluidos del sistema de bienestar.

El mundo que construimos: desigualdad, violencia y desesperanza

El contexto en el que se desarrolla la eutanasia de Noelia Castillo no es un caso aislado, sino el reflejo de un entorno global marcado por desigualdad, violencia y precariedad. Vivimos en sociedades donde amplios sectores enfrentan pobreza, falta de acceso a servicios básicos y entornos familiares fragmentados.

A esto se suma una presión constante por alcanzar estándares de éxito inalcanzables, amplificados por redes sociales que visibilizan únicamente a una élite privilegiada. Este contraste genera frustración, ansiedad y una sensación de fracaso estructural, especialmente entre los jóvenes, quienes enfrentan mercados laborales precarios y escasas oportunidades de desarrollo.

Las dinámicas familiares también han cambiado. Padres y madres trabajan jornadas extensas para sostener el hogar, reduciendo el tiempo de convivencia y cuidado emocional. Esto impacta directamente en el desarrollo de niños y jóvenes, quienes crecen en entornos con menor contención afectiva.

eutanasia de Noelia Castillo

No es casual que los trastornos mentales estén en aumento. La evidencia muestra que la población joven es la más afectada por ansiedad, depresión, abuso de sustancias y suicidio. En este contexto, no resulta sorprendente que algunas personas no deseen continuar viviendo; lo verdaderamente preocupante es que el Estado no esté atacando las causas estructurales de esta desesperanza y generando soluciones para garantizar una vida digna y con el goce pleno de nuestros derechos.

La eutanasia de Noelia Castillo como espejo del sistema

Analizar la eutanasia de Noelia Castillo desde una perspectiva estructural obliga a revisar la capacidad real del sistema para ofrecer alternativas dignas. El acceso a cuidados paliativos, acompañamiento psicológico y atención psiquiátrica oportuna sigue siendo limitado, especialmente para poblaciones vulnerables.

Antes de hablar del derecho a morir, es imprescindible garantizar el derecho a una vida digna y, de ser el caso, a recibir tratamiento adecuado. En estados depresivos severos, como el que padecía Noelia, el deseo de no existir es un síntoma de la enfermedad, no necesariamente una expresión de autonomía plena. Esto exige intervenciones clínicas robustas, sostenidas y centradas en la recuperación.

Asimismo, el sistema de protección a menores y personas sin cuidados parentales requiere una revisión profunda. La historia de Noelia evidencia fallas en la prevención de violencia, en la atención a víctimas y en la construcción de entornos seguros. Sin estas garantías, cualquier decisión sobre la vida o la muerte se encuentra condicionada por la desigualdad.

La pregunta de fondo es incómoda pero necesaria: ¿cuántas personas que han tenido acceso pleno a sus derechos, a salud mental oportuna, a entornos seguros y redes de apoyo y a oportunidades reales de desarrollo desean dejar de existir? La respuesta, en la mayoría de los casos, es clara.

eutanasia de Noelia Castillo

¿Qué debería garantizar el Estado antes de una “muerte digna”?

Antes de consolidar marcos legales que faciliten la eutanasia, el Estado debe asegurar condiciones estructurales que permitan una vida digna para todos. Algunas medidas clave incluyen:

  • Acceso universal a salud mental: atención psicológica y psiquiátrica oportuna, continua y de calidad.
  • Sistemas de protección efectivos para la infancia: entornos seguros para menores sin cuidados parentales.
  • Prevención y atención de la violencia de género: mecanismos eficaces de denuncia, protección y justicia.
  • Políticas de reducción de pobreza y desigualdad: acceso a vivienda, educación y empleo digno.
  • Fortalecimiento de redes de apoyo social: programas comunitarios que promuevan el bienestar emocional.
  • Educación emocional y prevención del suicidio: estrategias integrales desde edades tempranas.
  • Sistemas de salud integrales: que prioricen la rehabilitación, el acompañamiento y la calidad de vida.

Entre el derecho a morir y la obligación de garantizar la vida

El caso de la eutanasia de Noelia Castillo no puede reducirse a una discusión legal sobre el derecho a decidir. Es, ante todo, un llamado de atención sobre las fallas estructurales de nuestras sociedades y la incapacidad del Estado para garantizar condiciones de vida dignas.

Desde una perspectiva ética y socialmente responsable, la prioridad no debería ser facilitar la muerte, sino construir entornos donde vivir sea una opción deseable. Esto implica abordar de raíz la desigualdad, la violencia y la precariedad que afectan a millones de personas. Solo entonces será posible hablar de decisiones verdaderamente libres y dignas.

Las 150 marcas cosméticas “cruelty free” en México

El 2021, México dio un paso enorme en favor de los animales cuando el Senado voto de manera unánime la reforma a la Ley General de Salud con el fin de prohibir las pruebas cosméticas en animales. Con esta reforma, publicada ese mismo año en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el país se convirtió en el número 41 y el primero en América del Norte en establecer esta prohibición. No obstante, sigue pendiente que la Secretaría de Salud, por medio de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emita la Norma Oficial Mexicana que permita poner en marcha esta importante reforma.

“A pesar de que México fue pionero en Norteamérica en esta materia, la ley no ha podido ser implementada. Por esta razón, las y los consumidores de cosméticos o de cuidado personal aún deben revisar que los productos que están adquiriendo sean efectivamente libres de pruebas en animales, buscando un sello de certificación” mencionó Yolanda Lopez, Directora Corporativa de la organización Te Protejo.

Las pruebas en animales para la industria cosmética se registran desde comienzos del siglo XX, utilizadas para comprobar la seguridad y toxicidad del uso de este tipo de productos en las personas. Si bien es una práctica condenada por la opinión pública, sólo 45 países en el mundo han legislado para prohibirlas. En América Latina, México, Guatemala, Ecuador, Colombia, Brasil y Chile son los países que han avanzado en la aprobación de leyes que incentivan métodos alternativos al uso de animales y la regulación de estas prácticas para la industria cosmética.

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En México, el 71% de las personas declara estar de acuerdo o muy de acuerdo con la promulgación de la ley que prohíbe los experimentos en animales para la industria cosmética nacional, impulsada, y un 77% rechaza estos tests, según una encuesta de Parametria de 2023. La alternativa a este vacío regulatorio es el consumo responsable, y en ello las certificaciones cruelty free o libres de pruebas en animales han tomado fuerza en el mercado, sellos que aseguran que los productos cosméticos o de cuidado personal no han requerido análisis en animales antes de llegar al mercado, donde los principales animales utilizados para ello son conejos, ratas, ratones y cuyos.

 “A la población le interesa que sus productos estén libres de cualquier tipo de crueldad. Por ello fomentamos la toma de decisiones conscientes y responsables, y en México tenemos la fortuna de contar con más de 150 marcas con estos sellos en el mercado. Escoger productos libres de pruebas en animales es cada vez más fácil y accesible” añadió Yolanda López, Directora Comercial de la organización Te Protejo.

López también añadió que “es importante entender que la legislación y la certificación cruelty free son caminos complementarios, pero no equivalentes. Si bien la ley representa un avance relevante, aún contempla excepciones y no siempre aborda el cruce con otras industrias o mercados. En este contexto, la certificación se vuelve una herramienta clave para garantizar, de manera independiente y verificable, que una marca cumple con estándares libres de testeo en animales. Por lo mismo, hoy más que nunca es fundamental que las marcas avancen hacia certificaciones oficiales, y que las personas consumidoras aprendan a identificar estos sellos como una señal clara de transparencia y compromiso real”.

La organización Te Protejo, una corporación sin fines de lucro activa desde el año 2012, lidera el programa de certificación de marcas como libres de pruebas en animales en América Latina, destacando por su rigurosidad, transparencia y confianza, convirtiéndose en uno de los sellos más estrictos a nivel mundial en esta materia. En la actualidad, más de 200 marcas han pasado por el proceso de certificación de Te Protejo, además de expandir el programa a todos los países de la región.

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Puedes conocer más detalles del proceso de certificación de Te Protejo en su página web y buscar las más de 150 marcas disponibles con un sello libre de pruebas en animales en México, en su sección de listado de marcas.