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Crisis económica y regulación de la RSE (II)

Por: Helena Ancos

En las ciencias sociales, tanto en las relaciones internacionales como en la economía, o la sociología, la teoría del dilema del prisionero encuentra múltiples y didácticas aplicaciones. El dilema del prisionero se ha ilustrado tradicionalmente con la paradoja de la carrera armamentística: dos Estados, en principio interesados en un desarme mutuo, pueden optar por aumentar el gasto militar o acordar una reducción del armamento. Si ninguno de los dos está seguro de que el otro acatará el acuerdo, el resultado irónicamente conducirá a una expansión militar, contraria al inicial deseo de las partes.

Ahora bien, si esta opción fuera siempre cierta, si el comportamiento social estuviera determinado por el egoísmo o el beneficio individual, ¿cómo podría abrirse paso el bien común? Precisamente, una variante de esta teoría sirvió para explicar un punto no resuelto en la teoría de la evolución natural: ¿cómo podría progresar un comportamiento altruista en medio de comportamientos egoístas?

Robert Axelrod, en su libro “La evolución de la cooperación: el dilema del prisionero y la teoría de los juegos” formuló una variante del dilema del prisionero que él llamó Dilema del Prisionero Iterado. Consistía en una estrategia o juego donde los participantes reaccionaban sucesivamente al comportamiento adoptado por el otro, y llegó a la conclusión de que la mejor estrategia era el “toma y daca” (tit for tat), ideada por Anatol Rapoport. La estrategia consistía en cooperar en la primera iteración del juego, respondiendo a lo que hace el otro jugador, castigándole si no coopera y respondiendo adecuadamente si coopera de nuevo.

Estas brillantes teorías y sus distintas variantes, son muy útiles en el estudio de la cooperación y la confianza humanas, pero a pesar de su aparente sencillez, no se tienen en cuenta en el diseño de los onerosos –en tiempo y costes económicos- procesos normativos y autorregulatorios que pueblan el mapa de la RSE. Sin embargo, todo estudioso y técnico de la responsabilidad social debe tenerlas en cuenta cuando hablamos de la adscripción a un determinado sello de Responsabilidad social.

Como es sabido, y apuntamos en nuestro artículo anterior, asistimos a un proceso poliédrico de reformas legales que afectan a la RSE, consecuencia en parte de la crisis económica y de la propia evolución de la normativa anterior. Las políticas del Banco Mundial y las normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional, su brazo privado, son claves y jugarán en un futuro próximo un papel fundamental, por su capacidad para influir en las políticas de Estados, instituciones internacionales, y empresas privadas. Las primeras están en proceso de reforma y las nuevas normas de la CFI, entrarán en vigor el próximo año.

Además, según datos del Grupo de Evaluación Independiente del Banco Mundial (IEG) entre 1999 y 2008, los efectos sociales y medioambientales fueron significativos en la mitad de los proyectos financiados por el Banco Mundial (1.402 proyectos con compromisos valorados en 109 billones de dólares); en el 88 % de los proyectos financiados por la CFI (1.662 con compromisos por valor de 35 billones de dólares) y 217 garantías por la Agencia Multilateral de Inversiones.

En el actual contexto de crisis, existe cada vez mayor competencia por la financiación internacional con la contrapartida de una peligrosa carrera hacia abajo en los estándares sociales y medioambientales entre los Estados y las empresas. Como botón de muestra, los sucesivos aplazamientos por parte de la Administración Obama a los planes de reducción de emisiones de CO2.

¿Cómo es posible evitar los perniciosos efectos del dilema del prisionero en un contexto de competencia y crisis internacional? ¿cómo podría progresar un comportamiento altruista, nuestra RSE, en medio de estas reformas?

En primer lugar hay que admitir que estas políticas son necesarias pues sirven para dibujar un terreno de juego común que se adelante a posibles estrategias de deserción, de incumplimientos (el toma) y establezca la sanción (el daca).

El Grupo del Banco Mundial (BM) institucionalizó en la década de 1980, una serie de políticas y procedimientos para garantizar la sostenibilidad social, económica y medioambiental de sus operaciones, motivadas por la oposición externa a los proyectos que estaba llevando a cabo. Así y como respuesta a las críticas por su participación en proyectos controvertidos como la autopista Polonoroeste del Amazonas en Brasil, que obligó al desplazamiento de comunidades indígenas, y la presa de Narmada en la India, que desplazó a 90.000 personas, y que llevaron a la primera investigación independiente de un proyecto del Banco, éste empezó a desarrollar un conjunto de políticas de protección que exigían a los clientes la consideración de los impactos sociales y ambientales de los proyectos. Junto a ello, el informe Wapenhans identificó que más de un tercio de los proyectos realizados por el Banco en 1991 había sido un completo fracaso.

Del mismo modo, la Corporación Financiera Internacional (CFI), adoptó en 2006 sus “Normas de funcionamiento” para guiar a sus clientes corporativos en la gestión de riesgos ambientales y sociales. A través de estas normas, la influencia de la CFI se extiende mucho más allá de la financiación de proyectos, actuando como un ente regulador de facto para el sector privado, especialmente en proyectos de alto impacto como petróleo, gas y minería. Más de 118 instituciones financieras a nivel mundial han adoptado las Normas de Desempeño en sus propios sistemas de gestión de riesgos.

En segundo lugar, es necesaria una política del Banco Mundial alineada con el resto de normas internacionales. O dicho de otra forma, las políticas de salvaguarda del BM deben alinearse para cumplir con los estándares globales, tales como los Convenios internacionales en materia de derechos humanos, los Convenios de la OIT y las convenciones en materia de derecho ambiental.

Formalmente, el Banco Mundial no tiene la obligación legal de cumplir con estos estándares, aunque en muchos casos sus clientes, gobiernos y empresas, sí la tienen. Pero la experiencia demuestra que es conveniente esta alineación por varias razones:

a) la existencia de múltiples estándares es contraproducente. Sólo sirve para crear confusión, y aumentar las cargas y los costes de cumplimiento.

b) la existencia de fallas o gaps en los distintos marcos normativos sólo contribuye al fomento de los comportamientos oportunistas y a la elusión de las normas y códigos de conducta vigentes. En el ámbito del derecho procesal internacional, hay una expresión muy gráfica, que podría usarse como un símil, el forum shopping, es decir, cuando las partes buscan el marco que mejor les conviene.

c) por otra parte, la falta de alineación entre distintos estándares lleva a que muchos queden obsoletos y nos encontremos con estándares “a distintas velocidades”. En el Banco Mundial, las reformas para actualizar la política de 2001 los pueblos indígenas duraron nueve años; once años se emplearon para actualizar en el 2006 la política de recursos culturales físicos y la política de 1999 de evaluación ambiental quedó obsoleta incluso antes de que entrara en vigor.

En tercer lugar, hay que reforzar la transparencia y la rendición de cuentas.

Cuando la CFI adoptó las normas de funcionamiento en el año 2006, optó por un modelo de salvaguardias “basadas en los resultados”, donde sus clientes tenían que cumplir con los principios en sentido amplio, en lugar de objetivos específicos. La justificación de la CFI era dar a los clientes una mayor flexibilidad, de modo que éstos pudiesen elegir qué herramientas utilizar para lograr los resultados. Sin embargo, la práctica demostró que este sistema se enfrentaba a problemas de aplicación, al no cumplir los clientes con los resultados, y no controlarse por la CFI su cumplimiento.

Por otra parte, no existe control sobre la información proporcionada por los clientes, máxime cuando el enfoque de la CFI se ha centrado en el logro de resultados, y los clientes deberían demostrar al público que los resultados del desarrollo de sus inversiones están mejorando la calidad de vida de las personas. Además, el Grupo del Banco Mundial rara vez da a conocer los informes una vez comenzada la ejecución del proyecto y ofrece los resultados de los proyectos de manera agregada.

Lamentablemente, el efecto contagio de las normas de la CFI, es total, y muchos de los organismos públicos y privados que han adoptado las normas y estándares de la CFI también han asumido esta mala praxis.

Existen mecanismos para una efectiva rendición de cuentas, como el Panel de Inspección del Banco Mundial y el Asesor en Cumplimiento/Ombudsman para los estándares de la CFI, pero es necesario reforzar su papel y que sirvan no sólo para ofrecer recomendaciones sino para exigir responsabilidades.

Por último, las sanciones. ¿Cómo se garantiza que los clientes cumplen los requisitos del Grupo del Banco Mundial?

Los sistemas de incentivos internos y externos están fallando. Por una parte, en la práctica, el Grupo del Banco Mundial rara vez cancela un préstamo por no cumplir con las políticas de salvaguardia, así que los clientes tienen escasos incentivos para cumplir.

Pero además, los sistemas de incentivos para el personal del banco son perversos. Como ha puesto de manifiesto el WRI, los miembros del personal son recompensados por la cantidad de financiamiento, más que por la calidad. Además, muchos miembros del personal siguen considerando que las garantías constituyen ante todo, costos de transacción, más que una condición para el adecuado desarrollo de un proyecto.

Los errores, al igual que las fórmulas para corregirlos, como siempre, nos suenan. Hay que cambiar la cultura interna de estas instituciones para alentar la autocrítica y aprender de los fallos y de proyectos con graves impactos sociales y medioambientales. Pero también habrá que reforzar la labor del Grupo de Inspección del Banco Mundial y del Ombusdman. Al igual que en la estrategia del Toma y Daca, hay que comenzar cooperando, pero también es necesario responder a las acciones del otro jugador. Es la base de la responsabilidad y quizás la única forma de trabajar productivamente y de forma fiable.

En el próximo post veremos hacia dónde ha avanzado la reforma en las normas de cumplimiento de la CFI y su posible influencia en otros procesos, como la nueva comunicación de la Comisión.



Helena Ancos Franco

Coordinadora del Programa de Trabajo de Responsabilidad Social Empresarial del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Representante en la UCM de la RedUNIRSE, red Iberoamericana de Responsabilidad Social Empresarial y Promotora en la Universidad Complutense de Madrid de la Red Interuniversitaria de Responsabilidad Social Empresarial. Ha sido Abogado y Profesora de Derecho Internacional Privado en la Universidad Europea de Madrid y en el Centro Universitario Francisco de Vitoria y en el Centro Universitario de Estudios Financieros de Madrid. Sus actuales líneas de investigación se centran en la búsqueda de modelos jurídicos y económicos que promuevan la rentabilidad de los negocios y el desarrollo social, así como mecanismos de colaboración público-privada para el desarrollo.

Blog RSE de la Universidad Complutense de Madrid

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