El Senado tiene lista la legislación que elevará a primer nivel la atención a la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y los trastornos alimentarios; regulará la venta de productos chatarra en escuelas y hará responsables “concurrentes” a los padres de familia, la SEP y a la SSA de las medidas para contrarrestar ese fenómeno que afecta a 70% de la población mexicana.
Senadores integrantes de las comisiones de Salud, Educación, Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos analizarán este miércoles la nueva legislación que prevé dotar de mayores elementos a la sociedad para ejercer su derecho a elegir su dieta de manera informada.
El proyecto, adelantado a El Economista, pretende complementar el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria que presentó el presidente Felipe Calderón en enero pasado.
Faculta a la Secretaría de Salud a establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica relacionado específicamente con la obesidad y los trastornos alimenticios. También a normar el desarrollo de los programas relativos al sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria, nutrición, la salud mental, la salud bucal, la educación sexual y la prevención de la farmacodependencia.
Recomendaría dietas y consumos mínimos y máximos de nutrimentos y le pide coordinación con la SEP para dar seguimiento de talla y peso de la población escolar en educación básica.
Asimismo, ordena que la publicidad no asocie a los alimentos con las bebidas alcohólicas y que los mensajes publicitarios adviertan que la combinación de estos productos con alcohol constituye un riesgo para la salud. Esto obliga a la publicidad a inducir hábitos de vida saludables, así como a evitar atribuirle a los alimentos industrializados y las bebidas alcohólicas un valor superior o distinto al que tengan en realidad.
Ordena al Sistema Educativo Nacional promover la adopción de hábitos alimenticios saludables. La SEP regulará la comercialización y consumo de alimentos y bebidas en los centros escolares, con el fin de que en la elaboración, la comercialización y el consumo de alimentos distribuidos en las escuelas se respeten las normas sanitarias. Respecto de los padres de familia establece que tendrán el deber de promover en sus hijos la adopción de hábitos alimenticios saludables.
Fuente: El Economista – política y sociedad, p. 34
Autor: Jorge Monroy
Publicada: 29 de septiembre 2010
