La tensión entre las organizaciones de la sociedad civil y los mecanismos institucionales de la ONU se ha intensificado tras la publicación del documento Llamado Unido. Más de 200 grupos climáticos exigieron cambios profundos en la forma en que se llevan a cabo las negociaciones internacionales sobre cambio climático, alegando que el actual sistema ha permitido bloqueos reiterados por parte de los países con intereses en los combustibles fósiles.
Uno de los reclamos centrales del documento es reemplazar el consenso obligatorio por votaciones para avanzar en las decisiones. Según los firmantes, esta reforma es urgente, pues el modelo actual ha frenado compromisos ambiciosos, diluido acuerdos cruciales y dado voz desproporcionada a industrias altamente contaminantes.
Activistas vs la ONU: ¿una ruptura inevitable?
Las críticas de activistas vs la ONU no son nuevas, pero el volumen y la articulación de esta protesta marcan un punto de inflexión. Figuras como Lien Vandamme, del Centro para el Derecho Ambiental Internacional, acusan a las negociaciones climáticas de haber fracasado durante tres décadas en entregar justicia climática real y permitir que los sectores contaminantes redacten las reglas del juego.
Rachitaa Gupta, de la Campaña Global para Exigir Justicia Climática, fue contundente: “el sistema debe reinventarse radicalmente”. Los activistas vs la ONU denuncian que la estructura actual favorece los intereses de unos pocos, mientras silencia las voces de quienes enfrentan la crisis en primera línea.
El llamado al voto, en lugar del consenso, es el eje central del reclamo. Argumentan que decisiones clave como el abandono de los combustibles fósiles han sido bloqueadas por un puñado de países. Sin procedimientos claros para decidir por mayoría, el progreso queda rehén de intereses particulares.
La sombra de los combustibles fósiles
Otro foco del Llamado Unido es la fuerte presencia de la industria fósil en las COP. Solo en la última cumbre climática asistieron al menos 1,800 cabilderos de este sector. Para los activistas, esta presencia desvirtúa las negociaciones y mina la credibilidad de la ONU como mediador de soluciones climáticas urgentes.
Los activistas vs la ONU también cuestionan que los países anfitriones establezcan alianzas corporativas con empresas de alta huella de carbono. Sostienen que estos patrocinios comprometen la imparcialidad del proceso, especialmente cuando se trata de organizaciones directamente implicadas en la crisis.
Lien Vandamme propone que los países anfitriones sean financiados colectivamente por los Estados miembros, eliminando la necesidad de depender del sector privado. Solo así se podrá garantizar la integridad de las conferencias y limitar la influencia de los grandes emisores.
Reformas necesarias en la elección de sedes
El Llamado Unido exige que las futuras sedes de la COP sean seleccionadas con base en su compromiso climático y su historial en derechos humanos. Las últimas conferencias se han realizado en países productores de petróleo y gas, lo que ha encendido alarmas entre quienes exigen integridad y coherencia en el liderazgo climático.
Los activistas vs la ONU instan a que se establezcan criterios mínimos para definir qué países pueden ser anfitriones. Estos criterios incluirían transparencia logística, avances verificables en acción climática y respeto por los derechos civiles de participantes y ciudadanos locales.
Aunque las rotaciones por región son necesarias para mantener un enfoque global, se insiste en que no debe haber concesiones que comprometan los objetivos de la CMNUCC. La urgencia climática requiere consistencia entre discurso, actores y escenarios.
Acceso equitativo y voz para el Sur Global
Las restricciones migratorias se han convertido en un nuevo obstáculo. En la última ronda de negociaciones en Bonn, muchos representantes del Sur Global no pudieron asistir por falta de visados oportunos. Este patrón se repite año tras año, afectando la representatividad de quienes sufren con mayor fuerza los efectos del cambio climático.
En respuesta, los activistas exigen la creación de un sistema de visado digital global, equitativo y garantizado, que permita a todos los delegados acreditados participar en igualdad de condiciones. Sin inclusión, afirman, no hay justicia climática posible.
El desequilibrio en la representación acentúa el descontento de los activistas vs la ONU, quienes argumentan que, mientras las industrias contaminantes se sientan en las mesas de decisión, muchas comunidades vulnerables permanecen al margen del debate.
¿Un punto de quiebre para la gobernanza climática?
El creciente enfrentamiento entre activistas vs la ONU pone en evidencia las fallas estructurales del sistema actual. La frustración acumulada durante décadas ha llegado a un nivel en que las organizaciones ya no están dispuestas a participar sin condiciones mínimas de equidad, justicia e impacto real.
La presión pública y la movilización global podrían obligar a los gobiernos a repensar las reglas del juego. Si la ONU quiere mantener su papel de liderazgo en la lucha climática, deberá escuchar a quienes han llevado esta causa por generaciones y construir un sistema más justo, transparente y efectivo.
