La industria de los combustibles fósiles ha logrado sostener por décadas una narrativa favorable a sus intereses, aun cuando la evidencia científica demuestra sus consecuencias devastadoras sobre el clima, la salud y los derechos humanos.
En este contexto, Elisa Morgera, relatora especial de la ONU sobre derechos humanos y cambio climático y una voz autorizada dentro del sistema internacional, ha presentado un informe donde propone criminalizar la desinformación climática y erradicar la influencia de esta industria en todos los niveles de la vida pública.
Morgera sostiene que no basta con promover energías limpias: los Estados tienen una obligación legal, derivada del derecho internacional, de desmantelar el sistema fósil y proteger a las comunidades más vulnerables. En su visión, desinformar sobre combustibles fósiles constituye un ataque directo a los derechos fundamentales, y por tanto debe ser penalizado, tal como señaló en su informe ante la Asamblea General de la ONU en Ginebra:
“El ciclo de vida de los combustibles fósiles ha socavado la protección de todos los derechos humanos durante más de seis décadas”.
El costo humano del modelo fósil
El documento presentado por Morgera detalla cómo el petróleo, el gas y el carbón no solo agravan la crisis climática, sino que afectan casi todos los derechos humanos. Desde el acceso al agua y la salud hasta la educación y los medios de vida, los impactos del modelo energético basado en fósiles son severos, acumulativos y profundamente desiguales. Las comunidades indígenas y rurales, así como las naciones insulares, figuran entre las más afectadas.
La relatora denuncia que las potencias ricas como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia no han cumplido su deber internacional de eliminar progresivamente los combustibles fósiles para 2030. Lejos de eso, siguen subsidiando la industria y respaldando prácticas como el fracking o la quema de gas, agravando la crisis y advirtió:
“Estos países han obtenido y siguen obteniendo enormes ganancias de los combustibles fósiles, y aún no están tomando medidas decisivas”.
El informe también resalta la responsabilidad de estas naciones de compensar a las comunidades afectadas por décadas de daños ambientales. La devolución o restauración de tierras, el financiamiento de proyectos de adaptación y la eliminación de subsidios aparecen como medidas urgentes y posibles, si se prioriza el interés público por encima de los intereses corporativos.
Desinformar sobre combustibles fósiles: una amenaza global
Uno de los aspectos más duros del informe es la denuncia del aparato de desinformación que ha sostenido a la industria fósil durante más de medio siglo. “La gente tiene derecho a saber cómo la industria –y sus aliados– han obstruido sistemáticamente durante 60 años el acceso a este conocimiento”, afirma Morgera. Por ello, propone que desinformar sobre combustibles fósiles se convierta en delito, junto con el lavado verde y otras estrategias de tergiversación.
Según la relatora, la publicidad y el cabildeo de la industria deben prohibirse, así como los espacios que permiten su influencia en políticas públicas y negociaciones internacionales. También pide castigar con firmeza los ataques y amenazas contra defensores del clima. “Los estados deben criminalizar el lavado verde por parte de la industria y aplicar duras penas por los ataques a activistas”, advierte el documento.
Esta desinformación ha contribuido a que la transición energética parezca una propuesta radical, cuando en realidad es más económica, segura y saludable para las sociedades, declaró Morgera a The Guardian:
“Paradójicamente, lo que puede parecer radical o poco realista –una transición a una economía basada en energías renovables– es ahora más barato y seguro para nuestras economías y una opción más saludable para nuestras sociedades”
En ese sentido, desinformar sobre combustibles fósiles no es solo una falta ética, sino una barrera activa al progreso climático y social.
¿Qué papel deben asumir los Estados?
El informe de la ONU deja claro que los gobiernos no pueden seguir actuando con tibieza. Tienen la obligación legal de informar con veracidad a sus ciudadanos sobre los efectos nocivos de los combustibles fósiles y adoptar medidas estructurales para su erradicación. Esto incluye no solo eliminar gradualmente el petróleo, el gas y el carbón, sino también transformar los sistemas de financiamiento, alimentación, comunicación y conocimiento que dependen de ellos.
Eliminar los subsidios a los combustibles fósiles, que superaron los 1.4 billones de dólares en 2023 en los países de la OCDE y otros 48 Estados, es una de las recomendaciones centrales del informe. Esta medida podría reducir las emisiones globales hasta en un 10 % para 2030. Además, los recursos liberados podrían dirigirse a medidas de adaptación climática, salud pública y protección social.
Morgera también propone la creación de superfondos financiados por impuestos a la riqueza, sanciones a las empresas fósiles y recuperación de ingresos evadidos, para apoyar la transición justa en países en desarrollo. Así, los Estados podrían cumplir sus obligaciones de reparación por los daños ya causados y evitar que estos se profundicen. La justicia climática, en esta visión, no es un ideal lejano, sino un deber inmediato y verificable.
¿Es viable lo que propone la ONU?
Para algunos sectores, las recomendaciones del informe pueden sonar extremas. Pero sus fundamentos se sostienen en principios jurídicos sólidos y en una lectura realista del colapso ambiental que ya estamos viviendo. Prohibir la publicidad de combustibles fósiles o sancionar a quienes difunden información falsa no es una censura, sino una acción de protección pública.
La relatora argumenta que los Estados no solo pueden tomar estas medidas, sino que deben hacerlo para cumplir con el derecho internacional de los derechos humanos. “No se trata de castigar opiniones, sino de limitar la capacidad de actores poderosos de desviar la verdad científica y frenar el progreso”, explicó Morgera.
Implementar estas medidas exige valentía política y voluntad multilateral. Requiere también el respaldo de las sociedades civiles, de las comunidades académicas y de las empresas responsables. Porque si desinformar sobre combustibles fósiles sigue siendo una práctica impune, las consecuencias sociales y ambientales serán cada vez más irreversibles.
Priorizar derechos, no beneficios
La propuesta de criminalizar la desinformación fósil se inscribe en una visión que coloca la vida humana y la justicia climática por encima del lucro corporativo. En palabras de Morgera, “las ganancias de unos pocos no pueden seguir teniendo prioridad sobre los derechos fundamentales de la mayoría”. El desafío es lograr que esta prioridad se traduzca en políticas concretas y duraderas.
Como señala el informe, la transición energética no es solo una necesidad ambiental, sino una oportunidad histórica para mejorar la equidad, la salud pública y la estabilidad global. Pero para que esa oportunidad sea real, el primer paso es reconocer —y sancionar— la manipulación informativa que impide avanzar. Porque desinformar sobre combustibles fósiles es una forma de violencia: silenciosa, pero profundamente destructiva.
