La elaboración del séptimo informe de evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) enfrenta una disputa que podría retrasar su publicación hasta 2029. Aunque el documento estaba previsto para 2028, algunos países buscan aplazarlo debido a desacuerdos sobre la representación de las naciones en desarrollo y el papel del organismo científico. La controversia no es menor: su resultado podría afectar el calendario de las decisiones internacionales para reducir emisiones y evaluar el cumplimiento del Acuerdo de París.
Además, el retraso del informe IPCC pondría en riesgo la disponibilidad de una evaluación científica actualizada justo antes de la COP33, prevista para el otoño de 2028, cuando los gobiernos deberán realizar el segundo balance mundial del Acuerdo de París. En un momento en que las proyecciones apuntan a un calentamiento de 2.8 °C, posponer esa información podría restar tiempo y margen de acción a los países que necesitan fortalecer sus compromisos climáticos.
¿Por qué quieren retrasar el séptimo informe del IPCC?
El AR7, como se conoce a la séptima evaluación del IPCC, reúne el conocimiento científico sobre el estado del clima y sus posibles escenarios futuros. Su elaboración está dividida en tres informes correspondientes a los grupos de trabajo del organismo y se esperaba que concluyera en 2028.
Sin embargo, Rusia, India y el grupo de países árabes, incluida Arabia Saudita, han planteado aplazar su publicación hasta 2029, una vez que haya terminado el segundo balance mundial. El argumento central es que los países en desarrollo enfrentan desventajas para aportar información científica y participar en las evaluaciones.
Algunas voces sostienen que los escenarios del IPCC para reducir las emisiones contienen sesgos que perjudican al Sur global. Lidy Nacpil, coordinadora del Movimiento de los Pueblos Asiáticos sobre la Deuda y el Desarrollo, cuestionó que ciertos modelos partan de la premisa de que las reducciones deben realizarse donde resulte más barato.
«¿Y dónde es barato mitigar el cambio climático? En el Sur global», señaló. Desde su perspectiva, modificar esos supuestos permitiría construir escenarios que consideren de otra manera los intereses de las economías en desarrollo.
La discusión también incluye una crítica histórica: Nacpil cuestionó que se responsabilice a países productores de petróleo sin considerar el papel que tuvieron las economías desarrolladas y las multinacionales en el crecimiento de las industrias de combustibles fósiles.
¿El IPCC tiene sesgos en sus evaluaciones científicas?
El cuestionamiento sobre la representación y la equidad ha abierto una disputa sobre la legitimidad del organismo. No obstante, Johan Rockström, director del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático, defendió el carácter científico del proceso y advirtió que utilizar la evaluación como escenario para resolver disputas políticas podría debilitar su función.
«El IPCC se basa en la ciencia objetiva y fundamentada en la evidencia, y es el único fundamento fiable para la formulación de nuestras políticas», afirmó durante la COP31.
Los datos de participación muestran que el organismo ha incorporado medidas para ampliar la diversidad de sus equipos. De los 664 autores designados que participaron en los borradores de los tres grupos de trabajo del AR7:
- 51% procede de países en desarrollo y economías en transición.
- La proporción representa un aumento de casi la mitad respecto al informe anterior, publicado en 2021.
- Cada capítulo de los tres informes incluye al menos un científico de un país en desarrollo.
El IPCC también señaló que, durante su séptimo ciclo, introdujo medidas institucionales para promover la equidad, la inclusión y la diversidad. Sin embargo, quienes participan en el proceso reconocen que parte de la investigación continúa dominada por científicos europeos.
La discusión, por tanto, no se limita a defender o cuestionar la ciencia climática. También plantea cómo garantizar que las distintas regiones y realidades socioeconómicas estén representadas en las evaluaciones sin comprometer la independencia científica.
¿Cómo perjudicaría el retraso del informe IPCC a la lucha climática?
El calendario es uno de los principales motivos de preocupación. El trabajo del IPCC sirve como referencia científica para las negociaciones climáticas de Naciones Unidas y para evaluar si los compromisos de los gobiernos son suficientes frente a los objetivos del Acuerdo de París.
La próxima evaluación estaba prevista para concluir en 2028, el mismo año en que se realizará la COP33 y se discutirá el segundo balance mundial. Si el informe se publica hasta 2029, los gobiernos podrían llegar a esa revisión sin una síntesis científica actualizada. Esto importa por tres razones:
Menos evidencia disponible para elevar la ambición climática. El balance mundial permitirá evaluar el avance hacia el objetivo de limitar el calentamiento a 1.5 °C. Una evaluación retrasada podría reducir el tiempo para incorporar nuevos hallazgos científicos en las decisiones y compromisos nacionales.
Mayor margen para aplazar decisiones. La ONU ya estima que el mundo se encamina hacia un calentamiento de 2.8 °C. Informes anteriores del IPCC advierten que ese escenario tendría consecuencias graves y, en algunos casos, irreversibles, como el derretimiento de glaciares y casquetes polares, el aumento del nivel del mar, el blanqueamiento de corales y los fenómenos meteorológicos extremos.
Riesgo de nuevas disputas institucionales. Algunos expertos temen que el desacuerdo sobre el AR7 se extienda al propio balance mundial y genere nuevas solicitudes para modificar o aplazar ese proceso. Esto añadiría obstáculos a una agenda climática que ya enfrenta dificultades para traducir los compromisos en reducciones efectivas de emisiones.
Rockström considera que la evidencia del sexto informe, publicado en el ciclo anterior, ya es suficiente para demostrar que los compromisos climáticos actuales deben mejorar considerablemente. Sin embargo, contar con información actualizada permitiría incorporar nuevos hallazgos y fortalecer las decisiones futuras.
El presupuesto del IPCC también está en juego
La controversia tiene además una dimensión operativa. La disputa se ha prolongado durante todo el año y se acerca a un punto crítico por la próxima reunión en la que el organismo deberá acordar su presupuesto. Aunque cuenta con reservas de efectivo, la falta de un acuerdo financiero podría impedir que los informes estén listos antes de la reunión de 2028.
Aunque la COP31 no tiene facultades para resolver directamente las diferencias internas del IPCC, los gobiernos reunidos en Turquía podrían encontrar un compromiso político. El presidente del organismo, Jim Skea, extendió su participación en la cumbre para continuar las conversaciones.
El primer borrador de la decisión de portada de la COP31 ya reconoce el papel central de la mejor ciencia disponible y del IPCC. También destaca la importancia de ampliar la participación de pueblos indígenas, comunidades locales, personas de ascendencia africana, regiones de habla no inglesa y países en desarrollo, además de garantizar tiempo suficiente para elaborar evaluaciones científicas rigurosas.
El retraso del informe IPCC no es únicamente una discusión sobre fechas o procedimientos: pone sobre la mesa la capacidad de la cooperación internacional para sostener una base científica común frente a una crisis que no espera a que los gobiernos resuelvan sus diferencias. La inclusión de más voces y perspectivas es necesaria, pero también lo es evitar que las disputas políticas comprometan el calendario de la evidencia que orienta la acción climática. Si el AR7 llega después del segundo balance mundial, el mundo podría perder una oportunidad importante para ajustar sus compromisos con información científica oportuna.












