Una donación política puede tener un valor concreto el día en que se entrega. Pero ¿qué pasa cuando, después de esa aportación, llegan cambios fiscales, subsidios y decisiones regulatorias que pueden favorecer a la misma industria que puso el dinero? Un nuevo informe de los senadores estadounidenses Sheldon Whitehouse y Chuck Schumer intenta responder esa pregunta a partir de la relación entre la industria de los combustibles fósiles y la administración de Donald Trump.
La cifra que concentra la atención es de 190.000 millones de dólares. Esa es la estimación de los beneficios fiscales y subsidios que la industria podría obtener durante la próxima década, según el análisis citado en el informe. Para sus autores, los beneficios para empresas de combustibles fósiles tienen otra cara: costos que podrían terminar repartidos entre los contribuyentes, los consumidores y la sociedad estadounidense.
Todo comenzó con una petición de mil millones de dólares
De acuerdo con un artículo de The Guardian, la historia que reconstruye el informe tiene uno de sus puntos de partida en abril de 2024. En una recaudación de fondos celebrada en Mar-a-Lago, Florida, Donald Trump habría pedido a ejecutivos de la industria hasta 1.000 millones de dólares en contribuciones para su campaña, a cambio de exenciones fiscales y desregulación, según el documento.
La industria no llegó a esa cantidad, pero sí realizó aportaciones importantes. El informe calcula que los ejecutivos y empresas del sector destinaron 201 millones de dólares a la campaña de reelección de Trump y otros 19 millones de dólares a su fondo inaugural.
Los senadores describen esta última cifra como la mayor inversión política que la industria había realizado hasta entonces. Lo que ocurrió después es el centro de su investigación: una serie de decisiones que, según el informe, terminaron favoreciendo a los combustibles fósiles mediante incentivos fiscales, subsidios y cambios regulatorios.
¿De dónde salen los beneficios para empresas de combustibles fósiles?
Los beneficios para empresas de combustibles fósiles que calcula el informe no corresponden a un solo programa ni a un pago directo. La estimación de 190.000 millones de dólares reúne las exenciones fiscales y subsidios que ya existían para la industria durante los siguientes 10 años, junto con nuevos beneficios incluidos en la llamada One Big Beautiful Bill.
Uno de ellos es un fondo de 1.000 millones de dólares en subsidios directos para combustibles fósiles, creado utilizando la autoridad de la Ley de Producción de Defensa. Según el informe, el dinero de los contribuyentes puede utilizarse para respaldar proyectos de combustibles fósiles que los mercados de capitales privados consideran económicamente riesgosos.
La misma legislación contempla una deducción permanente del 20% sobre los ingresos empresariales para compañías de petróleo y gas. El informe cita un cálculo según el cual esta medida tendría un costo de 737.000 millones de dólares para el gobierno.
Cuando cambiar las reglas también tiene valor
El dinero no es la única parte de la historia. El informe también pone la lupa sobre las reglas ambientales que han cambiado durante la administración Trump.
Los senadores señalan que más de 180 instalaciones contaminantes fueron eximidas de determinados controles de contaminación. Según el documento, las normas en cuestión buscaban limitar emisiones de neurotoxinas y carcinógenos conocidos.
También se mencionan la derogación de las normas federales sobre gases de efecto invernadero para vehículos y las medidas para revertir las reglas de emisiones aplicables a centrales eléctricas y a instalaciones de petróleo y gas.
Para el informe, estos cambios pueden representar una ventaja para la industria porque modifican las condiciones bajo las cuales opera. Y hay otro dato que los autores colocan en este mismo contexto: durante la segunda administración de Trump, el Departamento de Justicia presentó 76% menos casos civiles relacionados con la aplicación de la legislación ambiental que durante el primer año de Joe Biden y 81% menos que durante el primer mandato de Trump.
El otro frente: frenar a la competencia
La investigación no se queda en lo que recibió la industria. También observa lo que ocurrió con una de sus principales alternativas: la energía eólica.
Según el informe, el gobierno utilizó 1.800 millones de dólares de fondos públicos para pagar a empresas a cambio de cancelar proyectos eólicos en distintos puntos del país. Hasta mayo, más de 160 proyectos, todos propuestos en terrenos privados, habían sido paralizados.
El impacto potencial de esos proyectos tampoco era menor. El informe calcula que representaban alrededor de 30 gigavatios de capacidad de generación, 54.000 millones de dólares en inversión de capital y electricidad suficiente para abastecer a más de 8,5 millones de hogares.
Los senadores relacionan estas decisiones con una promesa que Trump hizo a principios de este año: impedir la construcción de cualquier aerogenerador. Desde la perspectiva del informe, el uso de recursos públicos para cancelar proyectos de energía limpia supone además retirar competencia de bajo costo frente a los combustibles fósiles.
¿Y quién termina pagando?
Aquí es donde la historia deja de ser solamente sobre empresas energéticas y política. El informe advierte que algunas de las decisiones analizadas podrían terminar reflejándose en los costos que pagan los consumidores.
Una estimación basada en modelos citada en el documento calcula que las facturas promedio de energía de los hogares podrían ser entre 78 y 192 dólares más altas al año para 2035. Para la industria, los costos energéticos aumentarían entre 7.000 y 11.000 millones de dólares durante el mismo periodo.
También existe una diferencia importante entre las proyecciones de la administración y las citadas por el informe. Mientras la administración Trump estimó que los cambios permitirían ahorrar 1,3 billones de dólares a los estadounidenses, el documento cita una estimación de la EPA de 1,5 billones de dólares en costos adicionales de combustible, reparación y mantenimiento para los consumidores.
Por separado, la EPA estimó al menos 580.000 millones de dólares en costos adicionales de combustible durante las próximas tres décadas. El informe considera que esta política podría representar el mayor beneficio que la administración Trump ha otorgado a la industria de los combustibles fósiles.
El costo que no aparece en la factura de luz
Pero hay gastos que tampoco llegan necesariamente como una factura de energía. El informe incorpora los costos asociados con la contaminación y los daños relacionados con el clima.
Según sus estimaciones, la contaminación atmosférica vinculada con los combustibles fósiles y los daños relacionados con el clima cuestan aproximadamente 820.000 millones de dólares al año, unos 2.500 dólares por persona en costos sanitarios adicionales. El documento plantea que incluso quienes no padecen enfermedades cardíacas o respiratorias provocadas por la contaminación pueden terminar pagando parte de esos costos, por ejemplo, a través del sistema de seguros médicos.
Algo similar ocurre con los seguros de vivienda. El informe señala que el propietario estadounidense promedio paga actualmente alrededor de 2.948 dólares anuales en primas, casi 12% más que un año antes, mientras los desastres relacionados con el cambio climático se vuelven más frecuentes y severos.
¿Por qué esto importa para la responsabilidad social?
Para la responsabilidad social, el caso resulta relevante porque pone sobre la mesa algo que suele quedar fuera cuando se habla únicamente de resultados empresariales: quién absorbe los costos de una actividad económica y quién recibe sus beneficios.
Un subsidio, una deducción fiscal o un cambio regulatorio pueden favorecer directamente a determinadas empresas. Pero, como muestra el informe, sus efectos también pueden extenderse a consumidores, contribuyentes, otras industrias, sistemas de salud o propietarios de viviendas. La discusión deja entonces de ser solamente financiera y entra en terrenos como la gobernanza, la rendición de cuentas y los impactos sobre los grupos de interés.
También aparece una pregunta fundamental para la responsabilidad empresarial: ¿qué ocurre cuando los costos ambientales o sociales de una actividad no aparecen directamente en los resultados de la compañía, pero sí terminan siendo asumidos por la sociedad? En este caso, el informe pone cifras a algunos de esos costos y los coloca frente a los incentivos recibidos por la industria.
Una relación que también llegó al gobierno
El informe señala que la influencia de la industria no se habría limitado a las contribuciones económicas. Según sus autores, Trump nombró a 26 altos funcionarios con experiencia previa en industrias de combustibles fósiles, químicas u otras industrias contaminantes en distintas agencias gubernamentales.
Entre ellas estuvieron la Agencia de Protección Ambiental y los departamentos de Energía e Interior. Para los senadores, estos nombramientos forman parte de la amplia influencia que la industria tuvo sobre la administración.
La investigación también señala que la administración Trump mostró una “negativa casi total” a cooperar con la supervisión legítima del Congreso, lo que, según los senadores, complicó su trabajo. Esta es la caracterización de los autores del informe.
La Casa Blanca tiene otra lectura
La administración Trump rechazó las conclusiones del documento. Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca, cuestionó los vínculos de los senadores con la llamada industria de la energía “verde” y calificó el informe como partidista.
La administración ha defendido su agenda de “dominio energético” bajo el argumento de que beneficia a la industria, a los trabajadores del sector energético y al público estadounidense. También sostiene que la reforma de permisos puede ayudar a mejorar la infraestructura energética y reducir los costos.
Los autores del informe presentan una lectura distinta y señalan que los mayores aumentos de costos podrían incluso recaer en estados gobernados por republicanos que no cuentan con políticas estatales que apoyen el desarrollo de energías renovables.
El informe de Sheldon Whitehouse y Chuck Schumer plantea una relación entre las contribuciones de la industria de los combustibles fósiles y las decisiones fiscales, regulatorias y energéticas adoptadas durante la administración Trump. Su estimación de 190.000 millones de dólares en exenciones fiscales y subsidios durante la próxima década permite dimensionar el posible valor económico de esas medidas, aunque se trata de una proyección construida a partir de distintos incentivos.
Pero quizá el dato más relevante está en lo que ocurre después de esa cifra. El informe plantea que, mientras la industria obtiene beneficios económicos y regulatorios, otros costos pueden distribuirse entre quienes pagan energía, impuestos, seguros médicos o seguros de vivienda, así como entre otras actividades que compiten dentro del sistema energético.
Ese es el punto que vuelve este caso relevante para la responsabilidad social: no se trata únicamente de cuánto gana una industria, sino de qué costos quedan fuera de esa cuenta, quién los asume y qué tan transparente es esa distribución. En un contexto donde empresas y gobiernos hablan cada vez más de sostenibilidad, gobernanza e impacto, esas preguntas también forman parte de la responsabilidad.
