La protesta comenzó en uno de los lugares más simbólicos de México y apuntó hacia un conflicto que ocurre a cientos de kilómetros de distancia. La mañana de este lunes, activistas de Greenpeace escalaron el asta bandera del Zócalo de la Ciudad de México para colocar una lona contra la construcción de una megaplanta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa. El mensaje dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue directo: “Presidenta: Proteja Topolobambo”. Con esta acción pacífica, la organización pidió cancelar el proyecto y puso nuevamente sobre la mesa sus posibles impactos ambientales.
De acuerdo con El Economista, mientras dos activistas permanecían en el asta, cerca de 20 integrantes de Greenpeace formaron un círculo en la plancha del Zócalo con carteles en los que expresaron su rechazo a la planta. Para la organización, el proyecto representa una amenaza para un ecosistema del que dependen comunidades, actividades pesqueras y numerosas especies. El episodio también refleja una discusión cada vez más relevante para la responsabilidad social: cómo conciliar inversiones industriales de gran escala con la protección ambiental y los derechos e intereses de las comunidades que habitan los territorios donde se desarrollan.
Greenpeace protesta en el Zócalo por el futuro de Topolobampo
La elección del Zócalo como escenario no fue menor. Desde la capital del país, Greenpeace buscó llevar el conflicto local hasta la agenda política nacional y exigir una definición de las autoridades frente a un proyecto que lleva años avanzando. La organización ambientalista sostiene que Grupo Pronam, empresa suizo-alemana dedicada a la producción de metanol, amoníaco y otros derivados del gas natural, y su filial mexicana Petroquímica de Occidente (GPO), podrían generar impactos relevantes en la región.
El reclamo se concentra especialmente en la ubicación de la planta, en las inmediaciones de la Bahía de Ohuira, en el municipio de Ahome. Greenpeace, ambientalistas, pescadores y comunidades Mayo-Yoreme han expresado preocupación por la posible afectación de un territorio con importancia ecológica y social. Así, lo que comenzó como una protesta visible en la capital conecta con una pregunta de fondo: ¿qué costo ambiental y comunitario puede tener el desarrollo de una infraestructura industrial de esta magnitud?
Greenpeace protesta en el Zócalo y lleva el conflicto a la agenda nacional
La planta contempla una capacidad de producción cercana a las 2,200 toneladas de amoníaco diarias. Su dimensión ayuda a entender por qué el proyecto ha generado atención más allá del ámbito local: no se trata únicamente de una instalación industrial, sino de una operación que se desarrollaría en un ecosistema particularmente sensible. La Bahía de Ohuira forma parte de un sitio Ramsar y de un Área Natural Protegida, y alberga más de 100,000 aves playeras, además de especies como tortugas, delfines, peces y crustáceos.
Uno de los principales cuestionamientos ambientales está relacionado con el agua necesaria para mantener refrigerado el amoníaco. De acuerdo con los señalamientos de los ambientalistas, la operación requeriría aproximadamente dos millones de litros de agua de mar por hora, que posteriormente serían descargados nuevamente en la bahía con una temperatura entre uno y tres grados mayor. A esto se suman las preocupaciones por el ruido, las obras y los riesgos inherentes al manejo de amoníaco, factores que podrían modificar las condiciones del ecosistema y repercutir en actividades como la pesca.
¿Qué respondió Claudia Sheinbaum sobre la planta de amoniaco?
La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum llegó durante su conferencia mañanera. La mandataria explicó que el gobierno federal está realizando consultas con la población de la zona para conocer sus solicitudes y las razones de quienes se oponen al proyecto. También recordó que la construcción comenzó durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y señaló que, en su momento, la población había aceptado el proyecto.
Sheinbaum informó que un equipo integrado por dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), entre otras, trabaja directamente en la zona mediante asambleas. La presidenta sostuvo que la empresa se comprometió a realizar diversas acciones alrededor del proyecto y que las autoridades verificarán su cumplimiento, particularmente en lo relacionado con evitar la contaminación de la laguna.
Una decisión que todavía está pendiente
La posición del gobierno federal, de acuerdo con lo expresado por Sheinbaum, es esperar a que concluyan las consultas antes de tomar una decisión. La presidenta también manifestó su expectativa de que el estudio de impacto ambiental esté correctamente elaborado. El punto resulta especialmente relevante porque la obra presenta un avance considerable y, hasta ahora, su construcción no ha sido cancelada.
El caso coloca sobre la mesa uno de los desafíos más complejos para la responsabilidad social empresarial: la licencia social para operar no depende únicamente de contar con permisos o de cumplir compromisos técnicos. También implica construir confianza con las comunidades, escuchar sus preocupaciones y demostrar, con información verificable, que los riesgos ambientales y sociales están siendo identificados y gestionados. En proyectos ubicados en territorios ecológicamente sensibles, esa conversación puede resultar tan determinante como la propia viabilidad económica de la inversión.
La protesta de Greenpeace en el Zócalo funciona, en ese sentido, como un megáfono para una disputa que lleva tiempo desarrollándose en Sinaloa. La organización busca que la discusión no se limite a la capacidad productiva de la planta, sino que incorpore el valor ecológico de la Bahía de Ohuira, los posibles efectos sobre la pesca y las inquietudes de las comunidades Mayo-Yoreme. Del otro lado, la empresa sostiene que contará con protocolos de seguridad, filtros y mecanismos de monitoreo ambiental para operar.
El desenlace todavía está abierto. Mientras las autoridades consultan a las comunidades y revisan los compromisos asociados con el proyecto, la Greenpeace protesta en el Zócalo deja una pregunta difícil de ignorar: ¿cómo debe evaluarse un proyecto industrial cuando los beneficios económicos potenciales conviven con riesgos ambientales y preocupaciones sociales? La respuesta no solo definirá el futuro de una planta de amoníaco; también puede convertirse en un referente sobre cómo México aborda la relación entre industria, territorio, participación comunitaria y protección ambiental.
