La sostenibilidad empresarial suele abordar asuntos como el cambio climático, la diversidad, la ética corporativa y los derechos laborales. Sin embargo, existe un grupo de interés cuya presencia continúa siendo limitada en las decisiones de negocio: la infancia. Niñas, niños y adolescentes interactúan con las empresas como consumidores, integrantes de familias trabajadoras, habitantes de comunidades cercanas a operaciones productivas y usuarios de plataformas, productos y servicios que pueden influir de manera directa en su bienestar.
Un estudio de UNICEF España, elaborado junto con el Centro de Innovación Social y Sostenibilidad de IE University, advierte que siete de cada diez empresas no consideran a la infancia dentro de su modelo de negocio. El análisis, titulado Todas las empresas impactan en la infancia, revisó a 75 compañías de diez sectores de la economía española y revela una brecha relevante: aunque la gestión de derechos humanos ha ganado espacio en la agenda corporativa, los derechos de niñas, niños y adolescentes todavía no se integran de forma explícita, transversal y medible en la toma de decisiones.
La infancia sigue fuera de la estrategia de sostenibilidad
El principal hallazgo del estudio es que las empresas continúan sin reconocer a la infancia como un grupo de interés estratégico. Esta omisión resulta problemática porque el impacto empresarial va mucho más allá de la venta de productos dirigidos a menores. Las decisiones corporativas pueden afectar la calidad del empleo de madres, padres y personas cuidadoras; las condiciones de salud y seguridad en comunidades proveedoras; la publicidad; la privacidad digital; el acceso a bienes esenciales y el entorno ambiental en el que crecen niñas, niños y adolescentes.
Incorporar a la infancia en una estrategia de sostenibilidad no significa crear un programa aislado de donaciones o campañas dirigidas a menores. Implica aplicar un enfoque de debida diligencia que identifique, prevenga, mitigue y repare posibles impactos adversos a lo largo de las operaciones, la cadena de suministro y la relación con consumidores. También supone reconocer que la infancia no es un grupo homogéneo: la edad, el género, la discapacidad, el nivel socioeconómico, la ubicación territorial y el acceso a servicios condicionan el tipo e intensidad de los riesgos.
El estudio identifica que las compañías obtienen una mejor evaluación en la integración de la infancia en políticas y sistemas de gestión, con una puntuación de 0.92 sobre 2 en el indicador de debida diligencia. Sin embargo, la calificación permanece por debajo del aprobado y desciende a 0.57 sobre 2 cuando se analizan medidas específicas vinculadas con la actividad de cada empresa, dentro del indicador de asuntos y funciones. La brecha evidencia que las declaraciones generales aún no se traducen, de manera suficiente, en acciones operativas, controles, indicadores y responsabilidades claras.
Sectores con avances desiguales y riesgos que no se están midiendo
El análisis incluyó empresas de alimentación, consumo, energía, estética, medios de comunicación, salud, servicios financieros, tecnología y gaming, textil y calzado, así como turismo y viajes. Los sectores de energía, consumo y salud registraron los mejores resultados en la integración de derechos de la infancia, aunque incluso en estos casos persiste la falta de prácticas explícitas y sistemáticas para prevenir impactos y proteger a este grupo. En contraste, turismo y viajes, gaming y tecnología, y estética presentaron las puntuaciones medias más bajas.
La diferencia entre sectores muestra que la regulación y la cercanía del vínculo con la infancia influyen en la velocidad de respuesta empresarial. El informe observa que, cuando existen reglas más claras, mayores exigencias o una relación directa con niñas y niños, las compañías reaccionan antes y con mejores resultados. Esto confirma que la autorregulación es insuficiente para garantizar una protección consistente y que los marcos regulatorios pueden acelerar la incorporación de estándares de derechos humanos en la gestión corporativa.
Para las áreas de responsabilidad social, el reto consiste en ampliar la lectura de riesgos. Una estrategia de sostenibilidad que solo revise trabajo infantil pierde de vista otros impactos relevantes, como las condiciones laborales de jóvenes trabajadores, la protección de maternidad y paternidad, la salud y seguridad de trabajadoras embarazadas, los salarios dignos, el acceso al cuidado infantil y las condiciones de vida en comunidades proveedoras. Los riesgos también se expresan en productos, publicidad, prácticas de datos y entornos digitales que pueden exponer a menores a violencia, estereotipos, consumo perjudicial o contenidos no adecuados para su edad.
De la intención a la gestión: cómo incorporar los derechos de la infancia
La inclusión de la infancia en la gestión empresarial exige evolucionar los sistemas existentes, no necesariamente crear estructuras paralelas. José María Vera, director ejecutivo de UNICEF España, ha señalado que el reto principal consiste en adaptar los mecanismos actuales para integrar los derechos de la infancia de forma “explícita, transversal y medible”. Esta aproximación permite que la perspectiva de infancia se incorpore en la gobernanza, la evaluación de riesgos, las compras, el desarrollo de productos, la comunicación, la gestión de talento y las relaciones con proveedores.
Una estrategia de sostenibilidad orientada a los derechos de la infancia debe establecer compromisos verificables y mecanismos de seguimiento. Esto implica reconocer formalmente a niñas, niños y adolescentes como grupo de interés; integrar indicadores específicos en las evaluaciones de impacto; incorporar cláusulas contractuales y auditorías de proveedores; diseñar productos y servicios seguros; y establecer políticas de marketing responsables, especialmente cuando las comunicaciones están dirigidas a públicos infantiles.
También es necesario garantizar entornos digitales seguros y adaptados a la edad, promover mensajes libres de estereotipos y proteger el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en entornos saludables. El estudio plantea, además, la importancia de incorporar la participación significativa de la infancia en decisiones empresariales que puedan afectarla. Escuchar sus experiencias no sustituye la responsabilidad de la empresa, pero puede mejorar la identificación de riesgos, la pertinencia de las medidas y la calidad de las soluciones implementadas.
La infancia como indicador de madurez corporativa
La exclusión de la infancia de la gestión empresarial representa una brecha crítica en la agenda de sostenibilidad. Si siete de cada diez compañías no consideran de manera suficiente a niñas, niños y adolescentes dentro de su modelo de negocio, el desafío no es únicamente reputacional: se trata de una limitación en la capacidad corporativa para identificar riesgos, prevenir daños y construir relaciones responsables con los grupos que dependen directa o indirectamente de sus decisiones.
Integrar los derechos de la infancia en una estrategia de sostenibilidad puede fortalecer la competitividad, la legitimidad y la resiliencia de las empresas. El objetivo no debe ser sumar un nuevo capítulo al reporte ESG, sino transformar la manera en que se diseñan productos, se gestionan cadenas de suministro, se comunican marcas y se toman decisiones. Una empresa que protege a la infancia no solo reduce impactos negativos; contribuye a construir condiciones sociales más justas, seguras y sostenibles para el presente y el futuro.
