Durante décadas, las espumas utilizadas para combatir incendios fueron asociadas con una idea simple: apagar el fuego y proteger vidas. Sin embargo, una demanda presentada por el gobierno australiano contra 3M plantea una historia mucho más compleja, en la que la protección inmediata habría convivido con riesgos ambientales y sanitarios conocidos desde hace décadas. Los documentos judiciales reúnen más de 1,600 páginas de información sobre el uso de sustancias PFAS en productos de la compañía. Y en ellos aparece una pregunta difícil de ignorar: ¿cuánto sabía la empresa y desde cuándo?
El caso pone nuevamente bajo la lupa el papel que tienen las empresas cuando conocen posibles impactos adversos de sus productos. La discusión no se limita a la contaminación de 28 bases de defensa australianas ni a una demanda que supera los 2,000 millones de dólares australianos. También plantea un debate sobre transparencia, prevención y rendición de cuentas, elementos centrales de la responsabilidad social corporativa. En este contexto, la responsabilidad social de 3M enfrenta uno de sus cuestionamientos más serios: qué ocurrió entre las primeras advertencias y las decisiones que se tomaron posteriormente.
Una demanda que podría cambiar la historia de los PFAS
De acuerdo con un artículo de The Guardian, en mayo, la fiscal general australiana Michelle Rowland anunció la demanda del gobierno federal contra 3M y su filial en el país por la contaminación asociada con sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, conocidas como PFAS. El gobierno reclama más de 2,000 millones de dólares australianos por daños ambientales y económicos relacionados con el uso de estos compuestos en bases de defensa.
La magnitud del litigio es excepcional. De acuerdo con los documentos presentados ante el Tribunal Federal, existen cientos de millones de dólares asociados con acuerdos legales, investigaciones, monitoreo, remediación y mitigación. Entre las cifras señaladas aparecen 360 millones de dólares en demandas colectivas y más de 214 millones destinados a trabajos relacionados con la contaminación.
El caso adquiere todavía mayor relevancia porque Australia prohibió el año pasado tres sustancias clave del grupo PFAS, después de años de preocupación por sus efectos ambientales y sanitarios. La demanda sostiene que los productos de 3M pudieron haber generado daños que todavía requieren investigación y tratamiento.
La responsabilidad social de 3M queda bajo la lupa
Los PFAS forman parte de una familia de más de 14,000 compuestos químicos caracterizados por su gran persistencia. Algunos pueden permanecer durante largos periodos en el ambiente y acumularse en organismos vivos. Entre ellos se encuentra el PFOA, identificado como cancerígeno para los seres humanos y una de las sustancias prohibidas en Australia.
La documentación gubernamental sostiene que los productos utilizados por las fuerzas de defensa podían permanecer en el agua y el suelo, además de persistir en el organismo humano y en animales. También relaciona la exposición a determinados PFAS con reducción de la función renal, alteraciones inmunológicas, efectos sobre fertilidad y pubertad y menor peso al nacer.
Para las empresas, el desafío de la responsabilidad social no termina cuando un producto cumple la función para la que fue diseñado. También implica comprender qué sucede después de su utilización, qué impactos puede generar su disposición y qué información debe compartirse con quienes están expuestos. El caso de 3M plantea precisamente esa tensión entre desempeño industrial, conocimiento científico y deber de prevención.
Las primeras señales aparecieron mucho antes
La historia se remonta, al menos, a finales de los años sesenta. Documentos judiciales señalan que empleados del Ministerio de Defensa y otras agencias gubernamentales australianas asistieron a demostraciones de productos AFFF de 3M en 1967 y 1968. En ese momento, los folletos de la empresa describían los productos como no tóxicos y ampliamente probados.
Australia comenzó a comprar estos productos en 1972. Incluso, en septiembre de ese año, 3M Australia ofreció grandes cantidades de AFFF a un precio reducido. Según los documentos, antes de diciembre de 1973 la compañía había realizado afirmaciones relacionadas con la seguridad del producto, señalando que no era tóxico ni irritante para los seres humanos, que no dañaría el césped y que era biodegradable.
Pero la investigación del gobierno sostiene que para 1973 las operaciones australianas de 3M ya deberían haber conocido los posibles riesgos. La acusación adquiere mayor peso por la existencia de documentos internos que, décadas después, mostrarían que la propia compañía contaba con información relacionada con la toxicidad de determinados compuestos.
Responsabilidad social de 3M: cuando las advertencias llegan a la empresa
Uno de los documentos citados por los abogados del gobierno está fechado en abril de 1981. Según la demanda, 3M restringía el trabajo de mujeres en edad fértil en una de sus plantas de Alabama para evitar su exposición a un tipo de fluorocarbono asociado con defectos de nacimiento en ratas.
La referencia resulta relevante porque muestra que, al menos dentro de determinadas operaciones, existían preocupaciones sobre los posibles efectos biológicos de sustancias relacionadas con estos productos. Dos años después, en junio de 1983, el propio gobierno australiano preguntó expresamente a 3M Australia si el AFFF tenía algún efecto ambiental perjudicial y si su eliminación después de probar sistemas representaba algún problema.
La pregunta es particularmente significativa vista desde el presente. Para entonces, el producto ya llevaba años utilizándose en Australia. Y aunque la demanda deberá demostrar jurídicamente qué sabía exactamente la compañía, cuándo lo supo y qué obligaciones tenía, la existencia de estas comunicaciones coloca el conocimiento corporativo en el centro del litigio.
Una contaminación que no desaparece cuando termina la venta
Las compras de AFFF de 3M continuaron durante décadas bajo estándares de defensa y cesaron en 2003. Sin embargo, el final de las adquisiciones no significó el final del problema. El Ministerio de Defensa comenzó a retirar gradualmente los PFAS en 2004 y, desde aproximadamente 2011, el gobierno ha realizado investigaciones y monitoreo sobre la contaminación potencial en las bases y sus alrededores.
Los documentos señalan que los PFAS pueden desplazarse desde superficies como concreto, asfalto, suelo y sedimentos hacia aguas subterráneas, aguas superficiales y sistemas de drenaje. En 2016, una lista gubernamental identificaba 24 bases de alta prioridad que requerían evaluaciones adicionales, investigaciones o acciones relacionadas con el impacto potencial de estos compuestos.
Hasta ahora, el gobierno ha destinado más de 51 millones de dólares a investigación y recopilación de evidencia. Además, la remediación continúa en distintas zonas. El problema, por tanto, dejó de ser únicamente una cuestión sobre productos vendidos décadas atrás y se convirtió en un pasivo ambiental que continúa generando costos públicos.
3M deberá responder en un escenario de creciente escrutinio
3M no respondió a una solicitud de comentarios relacionada con la demanda. En mayo, sin embargo, un portavoz de la empresa señaló que 3M nunca fabricó PFAS en Australia y que dejó de vender los productos involucrados hace aproximadamente dos décadas. También sostuvo que el sector de defensa continuó utilizando esos productos durante casi otros 20 años y afirmó que la compañía se defenderá mediante el proceso legal.
La posición de la empresa será puesta a prueba conforme avance el litigio. La jueza federal Catherine Button describió recientemente el caso como algo que nunca había visto y consideró que calificarlo de abrumador sería insuficiente. La próxima audiencia está prevista para octubre y se espera que 3M presente su defensa antes de que termine el año.
Más allá del resultado judicial, el caso vuelve a colocar una cuestión fundamental sobre la mesa: qué responsabilidad tiene una compañía cuando existen indicios de que un producto puede generar daños que trascienden su ciclo comercial. Para la responsabilidad social de 3M, la respuesta ya no dependerá únicamente de declaraciones corporativas, sino de la evidencia sobre conocimiento, decisiones, comunicación y gestión de riesgos.
El caso australiano no es solamente una disputa millonaria por contaminación. Es también una historia sobre lo que ocurre cuando una sustancia diseñada para resolver una emergencia permanece en el ambiente mucho después de que esa emergencia terminó. Las investigaciones, los documentos internos y los costos de remediación muestran cómo una decisión industrial puede extender sus consecuencias durante generaciones.
Todavía corresponde a los tribunales determinar las responsabilidades legales de 3M. Pero el caso deja una lección relevante para cualquier empresa que desarrolle, fabrique o comercialice productos con potencial impacto ambiental: conocer un riesgo cambia la naturaleza de las decisiones que deben tomarse. La verdadera prueba de una estrategia de responsabilidad social no está únicamente en prevenir daños visibles, sino en qué hace una organización cuando las señales de alerta aparecen y cuánto está dispuesta a hacer para enfrentarlas.
