ESG es prioridad pese a Trump

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La escena parecía escrita para el retroceso: desregulación federal, salida del Acuerdo de París y un discurso político que relativiza la urgencia climática. Sin embargo, en los pasillos corporativos de Estados Unidos ocurre algo distinto. Lejos de frenar, muchas compañías han decidido sostener —e incluso profundizar— sus compromisos de sostenibilidad, aunque ahora lo hagan con un perfil más bajo. El mensaje es claro para quienes saben leer entre líneas: ESG es prioridad aun cuando el entorno no lo favorece.

De acuerdo con Waste 360, este movimiento no es romántico ni ingenuo. Está impulsado por una combinación de presión de inversionistas, expectativas de clientes y una visión de largo plazo que entiende la sostenibilidad como un factor de resiliencia. El contexto ha cambiado, pero no el rumbo estratégico. En una era de mayor escrutinio, donde el greenwashing se castiga con rapidez, las empresas se mueven con cautela, pero no con indiferencia. El nuevo consenso es pragmático: avanzar sin ruido, pero con impacto real.

ESG es prioridad: cuando el mercado marca el ritmo

Un estudio del MIT que encuestó a 1,200 empresas revela que el 73% no modificó sus compromisos de sostenibilidad tras la desregulación en EE. UU. y la retirada del país del Acuerdo de París. Más aún, un 12% declaró haber incrementado sus esfuerzos. Estos datos desarman la narrativa de retroceso y confirman que la inercia del mercado es más fuerte que la coyuntura política.

Los factores que sostienen esta decisión son contundentes: expectativas de los inversionistas, demanda de consumidores informados y la rentabilidad a largo plazo. No se trata solo de reputación, sino de continuidad del negocio. Como resume el Dr. Josué Velázquez Martínez, del MIT, la sostenibilidad hoy es sinónimo de viabilidad.

ESG es prioridad

La rentabilidad como argumento central

“La sostenibilidad es realmente rentable”, afirma Velázquez Martínez. Las organizaciones con visión entienden que las inversiones ESG fortalecen la resiliencia operativa y reducen riesgos futuros. La ecuación ya no enfrenta ética contra beneficios: los integra.

El caso de UPS es ilustrativo. Gracias a un sistema de enrutamiento dinámico, la empresa ahorró entre 300 y 400 millones de dólares, recorrió 160 millones de kilómetros menos y redujo 38 millones de litros de combustible al año, evitando 100,000 toneladas métricas de CO₂. Aquí, la eficiencia es la nueva sostenibilidad.

ESG es prioridad: invertir hoy para no pagar mañana

Pero el tiempo importa. Algunas compañías apuestan por biocombustibles compatibles con la infraestructura actual; otras miran hacia la electrificación o esperan la madurez del hidrógeno. La tentación de postergar es grande, pero el riesgo es mayor.

La Dra. Sreedevi Rajagopalan advierte que existen inversiones seguras y probadas —como la optimización de rutas y la gestión del combustible— que reducen emisiones y costos hoy, evitando transiciones más caras mañana. Esperar no es neutral: es una decisión estratégica con consecuencias.

Las empresas líderes concentran sus esfuerzos en cuatro frentes clave. El primero es el compromiso con proveedores y la reducción de emisiones de Alcance 3, donde se concentra entre el 70% y el 90% de la huella total.

Le siguen la electrificación y los combustibles alternativos; la optimización de embalajes y materiales; y la mejora de redes e inventarios. Estas palancas no solo reducen emisiones, también transforman costos, tiempos y resiliencia logística.

Innovar sin prometer de más

El informe de TIME y Statista, que identifica a 101 empresas líderes en sostenibilidad, muestra que solo 17 tienen sede en EE. UU., pero destacan casos como Nvidia. La compañía, sexta en el ranking, logró un crecimiento colosal al desarrollar una red de IA hasta 25 veces más eficiente energéticamente que generaciones anteriores.

Sin embargo, no todas cumplen lo que anuncian. Un estudio de UC Berkeley revela que solo el 60% alcanzó sus objetivos de emisiones; 9% fracasó y 31% dejó de informar. El desafío ya no es prometer, sino demostrar.

Las tasas de éxito son mayores en países con entornos institucionales sólidos, libertad de prensa y mayor escrutinio. Para el Dr. Shawn Kim, esto subraya la importancia del monitoreo externo: reguladores, inversionistas, clientes y empleados generan incentivos reales.

Los informes de terceros y la divulgación estandarizada refuerzan la credibilidad y la confianza. Incluso cuando los objetivos no se alcanzan, la transparencia permite distinguir entre límites reales y abandono silencioso.

Presiones distintas, mismo destino

En América del Norte, el motor es el mercado: inversionistas, juntas directivas y liderazgo ejecutivo. En Europa, la regulación marca el paso, con directivas que exigen transparencia y aceleran la descarbonización.

Ambos caminos convergen en el mismo punto: la sostenibilidad ya no es opcional. Las empresas que lideran entienden que la descarbonización de la cadena de suministro es una palanca estratégica para la competitividad a largo plazo.

El contexto político puede oscilar, pero la lógica empresarial es clara: ESG es prioridad porque define quién estará preparado para el futuro. Las compañías que avanzan lo hacen con pragmatismo, integrando impacto y rentabilidad en una misma estrategia.

En un mundo donde la confianza es un activo escaso, la transparencia, la innovación y la coherencia se convierten en ventaja. Más allá de Trump o de cualquier administración, el mensaje persiste: ESG es prioridad porque es, en esencia, una apuesta por la permanencia.

Impuesto a refrescos y cigarros: no cambió hábitos, solo empujó a marcas más económicas

El inicio de 2026 marcó un punto de inflexión en la conversación pública sobre los llamados “impuestos saludables”. En cuestión de días, las tienditas de barrio comenzaron a recibir nuevas listas de precios que reflejaban aumentos de hasta 20 por ciento en cigarros y refrescos, productos que forman parte de la vida cotidiana de millones de personas en México. La intención oficial era clara: desincentivar el consumo de bienes asociados con enfermedades crónicas y mejorar los indicadores de salud pública a largo plazo.

Sin embargo, el impacto real no se ha manifestado en un cambio de hábitos, sino en un reajuste de decisiones. De acuerdo con El Economista, los consumidores que no están dispuestos —o no pueden— abandonar estos productos, ahora buscan alternativas más económicas o presentaciones más pequeñas para mantener su consumo sin desbalancear su presupuesto. Así, el impuesto a refrescos y cigarros no ha transformado comportamientos, sino que ha desplazado la demanda hacia nuevas marcas, nuevos tamaños y, en algunos casos, hacia mercados informales.

Impuesto a refrescos y cigarros: el alza que sacudió los precios

A sólo unos días de la entrada de 2026, los comercios de todo el país comenzaron a circular listas con los nuevos precios derivados del ajuste al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, el aumento en cigarros va de 15 a 22 pesos por cajetilla, mientras que en refrescos los incrementos oscilan entre uno y ocho pesos, dependiendo de la presentación.

En el caso del tabaco, marcas como Pall Mall ya alcanzan los 96 pesos por cajetilla, Lucky Strike los 103 y algunas versiones de Marlboro superan los 106 pesos. Otras marcas se mantienen en rangos más bajos, entre 50 y 87 pesos, lo que ha abierto un abanico de opciones para quienes buscan reducir su gasto sin abandonar el consumo.

Impuesto a refrescos y cigarros

En bebidas, el IEPS por litro pasó de 1.64 a 3.08 pesos en productos con azúcares añadidos y se añadió un impuesto de 1.5 pesos por litro a bebidas con edulcorantes no calóricos. Así, una Pepsi de 600 mililitros ahora cuesta 20 pesos, una de litro 25 y una Coca-Cola de litro y medio ronda los 35 pesos, configurando un nuevo escenario de precios en los anaqueles.

Impuesto a refrescos y cigarros y la promesa de cambiar hábitos

La Secretaría de Hacienda ha insistido en que el objetivo del ajuste no es recaudatorio, sino preventivo. Para el tabaco, diseñó un esquema de actualización gradual que elevará la cuota por cigarro de forma progresiva hasta 2030, con la expectativa de que el encarecimiento sostenido reduzca su consumo en el tiempo.

No obstante, los primeros resultados muestran una realidad distinta. Comerciantes de distintos estados coinciden en que sus clientes no están dejando de comprar, sino modificando su elección: cambian de marca, reducen el tamaño del producto o espacia su compra, pero no eliminan el hábito.

Esta respuesta sugiere que, sin un acompañamiento educativo y cultural, los impuestos funcionan como un factor de presión económica, pero no como una herramienta efectiva para transformar patrones de consumo profundamente arraigados.

La elasticidad que no cede

Especialistas del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas han señalado que la demanda de estos bienes es altamente inelástica, es decir, no responde de manera proporcional a los cambios en el precio.

Aunque el costo suba, el consumo se mantiene relativamente estable en el largo plazo.

Esta característica se explica porque se trata de productos con fuerte carga social, emocional y cultural. El refresco acompaña celebraciones, comidas y reuniones, mientras que el cigarro está asociado a rutinas y espacios de socialización, lo que dificulta su abandono.

Bajo este contexto, el precio se convierte en un obstáculo parcial, pero no en un catalizador de cambio, generando únicamente ajustes en la forma de consumir, no en la decisión de hacerlo.

La sustitución como nueva norma

En las tiendas de abarrotes, el fenómeno es evidente. Donde antes se vendían marcas líderes, ahora crecen las opciones más económicas. Consumidores que solían comprar Coca-Cola optan por Red Cola; quienes elegían Marlboro ahora prefieren Pall Mall o Winston.

La diferencia de ocho o diez pesos por producto, multiplicada por el consumo mensual, representa un alivio tangible para las familias. Así, el criterio de compra se desplaza de la preferencia a la accesibilidad. La sustitución no sólo redefine el mercado, sino que revela cómo las personas priorizan su economía sin renunciar por completo a hábitos que forman parte de su vida cotidiana.

En el caso del tabaco, el aumento ha fortalecido de forma significativa al contrabando. Según la Anpec, tres de cada diez cigarros que se venden en México ya son ilegales, impulsados por una brecha de más de 75 pesos entre una cajetilla legal y una de contrabando. Esta realidad no sólo afecta la recaudación, sino que expone a los consumidores a productos sin controles sanitarios y fortalece redes de comercio ilícito.

El efecto colateral del impuesto, lejos de reducir el consumo, ha sido abrir un espacio a prácticas que ponen en riesgo tanto la salud como la legalidad.

Aunque las marcas tradicionales siguen dominando el mercado, su participación comienza a fragmentarse. La competencia más económica gana terreno y obliga a los grandes jugadores a ajustar precios y estrategias. Recientemente, algunas refresqueras redujeron hasta 15 por ciento el costo de ciertas presentaciones, buscando recuperar volumen tras el alza generalizada. Este reajuste confirma que el consumo no desaparece: se redistribuye, reconfigurando el equilibrio del mercado.

Educación: la pieza que falta

Economistas y analistas coinciden en que el cambio real no vendrá sólo de los impuestos. La transformación de hábitos requiere campañas sostenidas de concientización, educación desde edades tempranas y entornos que faciliten decisiones saludables. Sin estos elementos, el impuesto a refrescos y cigarros se limita a encarecer productos sin modificar las razones que sostienen su consumo.

La prevención necesita una estrategia integral que combine regulación, información y corresponsabilidad social.

El aumento de precios ha revelado que el consumo persiste, adaptándose a nuevas condiciones económicas. Más que abandonar, las personas buscan cómo seguir comprando sin gastar de más.

Si el objetivo es cuidar la salud pública, el desafío no está sólo en el gravamen, sino en construir una cultura que permita tomar decisiones distintas. Sólo así, el cambio dejará de ser un ajuste en la marca para convertirse en una transformación real de hábitos.

Time Ceramics reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la economía y el desarrollo del país

Time Ceramics, la líder fabricante de porcelanatos de México, reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la producción nacional, el impulso a la calidad y el incremento del contenido nacional como pilares para el desarrollo económico del país.

Compañía mexicana de capital chino, asentada en el estado de Hidalgo, es una de las 4 mil empresas nacionales a las que la Secretaría de Economía le otorgó en 2025, los distintivos “Hecho en México” y “Made in Mexico”, por haber cumplido con los criterios de manufactura nacional, sustentabilidad y calidad, establecidos en la normatividad federal.

La dependencia que encabeza Marcelo Ebrard Casaubond, consideró que Time Ceramics cumple con las reglas de uso, como la implementación de acciones de desarrollo sustentable, la promoción del crecimiento económico inclusivo, sostenible y el trabajo decente.

El programa “Hecho en México”, agrega la Secretaría de Economía, reconoce a las “empresas que cumplen con altos estándares de calidad, contribuyen al crecimiento económico y al incremento de la competitividad regional y nacional, fortaleciendo la confianza de las personas consumidoras de lo que se produce en México”.

Marcelo Ebrard mencionó recientemente que “mientras más hagamos en México, mejor le irá a nuestra economía. Con ello tendremos más empleos y mejor calidad de vida y bienestar”.

Time Ceramics

Al respecto, el vocero de Time Ceramics, Alan Sánchez, destacó que esta empresa opera con materias primas mexicanas y mano de obra nacional. Actualmente, dijo, cuenta con casi 700 trabajadores, de un total de mil 200 que requiere para sus tres líneas de producción, de las cuales actualmente sólo opera una.

Todos son mexicanos procedentes de comunidades cercanas de los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, y el Estado de México, con salarios y prestaciones de ley, lo cual ha dado gran impulso económico a la región y frenado la migración de trabajadores que antes iban a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de vida.

Precisó que el 60 por ciento de sus trabajadores son de comunidades del Municipio de Emiliano Zapata y otros limítrofes con este, por ello tienen el respaldo y apoyo de las autoridades de estas, quienes consideran que la planta ha traído grandes beneficios a la región y confían en que en breve plazo esta se convierta en un importante polo de desarrollo para el estado de Hidalgo.

Time Ceramics

Además, dijo que Time Ceramics, realiza un sin número de apoyos a la comunidad, la cual está de acuerdo con su permanencia en la zona.

Time Ceramics, dijo, está comprometida también con la normatividad ambiental vigente, ya que en su proceso productivo utiliza exclusivamente agua tratada y el aprovechamiento de agua de lluvia la cual pasa por sistemas de recuperación que permiten reutilizar hasta el 99%; el 1% restante se evapora.

Time Ceramics no es como otras industrias, que utilizan grandes cantidades de agua ya que sólo ocupa 350 mil metros cúbicos anuales, contra millones de metros cúbicos que requieren otras empresas en sus procesos productivos.

Alan Sánchez, señaló que Time Ceramics agradece el reconocimiento del que ha sido objeto de parte de las autoridades locales, estatales y federales, lo cual confirma una vez más su confianza de haber elegido a México como el lugar ideal para el establecimiento de su fábrica de porcelanatos, con una inversión récord de 3 mil millones de pesos que permitirá la contratación de mil 200 empleos directos y más de 2 mil indirectos, convirtiéndose en un importante motor económico para el desarrollo del país.

4 formas en las que los recortes a la EPA afectarán a nivel ambiental

Durante décadas, la política ambiental en Estados Unidos ha funcionado como una red de contención: imperfecta, sí, pero clave para reducir riesgos invisibles y daños acumulativos. Hoy, esa red muestra signos de debilitamiento acelerado, con decisiones que reconfiguran la capacidad del Estado para prevenir impactos ambientales y sanitarios.

Este cambio no ocurre en el vacío. Comunidades, empresas y organizaciones sociales observan cómo la desregulación ambiental se presenta como una promesa de crecimiento económico, mientras expertos advierten que los costos reales podrían pagarse en salud pública, deterioro ecológico y mayor desigualdad ambiental.

Una reconfiguración profunda del rol ambiental del Estado

De acuerdo con The Guardian, en el último año, la Agencia de Protección Ambiental ha impulsado más de 60 acciones para revertir o debilitar normas existentes. El volumen y la velocidad de estos cambios indican una estrategia estructural, no ajustes marginales.

Este giro plantea un dilema central para la responsabilidad social: ¿quién protege cuando el marco regulatorio se retrae? La respuesta, cada vez más, parece desplazarse hacia gobiernos locales, sociedad civil y actores privados con compromisos voluntarios.

4 formas en las que los recortes a la EPA afectarán a nivel ambiental

1. El aire que respiramos

La calidad del aire es uno de los primeros frentes en resentirse. Las exenciones otorgadas a industrias altamente contaminantes reducen la efectividad de la Ley de Aire Limpio, una de las políticas más exitosas en la historia ambiental del país.

La eliminación de comités científicos y el cambio en la forma de valorar beneficios sanitarios —priorizando costos empresariales— alteran el equilibrio entre economía y salud. Para las comunidades cercanas a refinerías o plantas de carbón, esto implica mayor exposición a contaminantes con efectos directos en enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

recortes a la EPA

2. El agua que bebemos

El agua potable enfrenta riesgos silenciosos. La redefinición de qué cuerpos de agua están protegidos deja fuera arroyos, humedales y fuentes esenciales para la filtración natural, facilitando descargas contaminantes desde actividades agrícolas e industriales.

A esto se suma la flexibilización de límites sobre sustancias persistentes como los PFAS. Millones de personas podrían quedar expuestas a contaminantes asociados con cáncer y trastornos del desarrollo, trasladando la carga del riesgo del sistema regulatorio al ámbito doméstico.

3. Los químicos que nos rodean todos los días

La revisión de las evaluaciones de riesgo químico limita el análisis a usos específicos, ignorando exposiciones acumulativas. Esto debilita la capacidad de anticipar daños reales en contextos cotidianos como hogares, escuelas y centros de trabajo.

La relajación de restricciones sobre sustancias como el formaldehído o el cloruro de metileno plantea un escenario donde la protección depende menos de la ciencia preventiva y más de decisiones políticas. Para la responsabilidad social empresarial, el desafío es decidir si cumplir solo lo mínimo o ir más allá.

4. El clima como eje que conecta todos los impactos

El intento de derogar la base legal de las regulaciones climáticas federales representa uno de los movimientos más significativos. Transporte, energía y emisiones industriales quedarían con controles debilitados en un momento crítico para la acción climática.

La reducción de oficinas de investigación y la eliminación del lenguaje climático en plataformas oficiales refuerzan una narrativa que minimiza la crisis. Sin datos ni seguimiento, la capacidad de respuesta se fragmenta y los impactos recaen de forma desigual.

Implicaciones sociales y responsabilidad compartida

Cuando la regulación se reduce, la expectativa social sobre otros actores aumenta. Empresas, organizaciones civiles y gobiernos locales se convierten en la primera línea de defensa frente a riesgos ambientales crecientes.

En este contexto, la responsabilidad social deja de ser complementaria y se vuelve estratégica: gestión de riesgos, transparencia y enfoque preventivo ya no son solo buenas prácticas, sino condiciones para la sostenibilidad.

Los recortes a la EPA redefinen el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental. Sus efectos no se limitan a indicadores técnicos, sino que atraviesan la vida cotidiana de millones de personas, especialmente de las comunidades más vulnerables.

Frente a este escenario, comprender las cuatro áreas de impacto es el primer paso. El siguiente es asumir que la sostenibilidad, hoy más que nunca, requiere liderazgo informado, decisiones éticas y una visión de largo plazo que trascienda los ciclos políticos.

Qué es Mundial Social México 2026

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El Mundial de Fútbol 2026 no solo se juega en los estadios ni se mide en goles. En México, la conversación va mucho más allá del espectáculo deportivo y se convierte en una apuesta por el tejido social, la inclusión y la participación comunitaria. Desde las aulas escolares hasta los barrios, desde la infancia hasta la vejez, el fútbol se plantea como un vehículo para generar bienestar colectivo.

En este contexto surge una iniciativa que entiende al deporte como política pública y como herramienta de transformación social. El Mundial Social 2026 articula esfuerzos institucionales, territoriales y comunitarios para que la Copa del Mundo deje capacidades instaladas, oportunidades reales y una narrativa distinta: la de un país que se reconoce diverso, participativo y con talento en todos sus rincones.

Qué es Mundial Social México: una visión social del Mundial 2026

Responder a la pregunta qué es Mundial Social México implica entender que se trata de una estrategia nacional que pone a las personas en el centro del mayor evento deportivo del planeta. No es un programa aislado, sino un ecosistema de torneos, actividades culturales y acciones comunitarias que acompañarán todo el año 2026.

https://twitter.com/Secihti_Mx/status/2018515026462888218?s=20

La iniciativa contempla la realización de 74 Mundialitos y Copas de Fútbol en los 32 estados del país, coordinadas por distintas dependencias federales. El objetivo es claro:

Llevar el fútbol a donde históricamente no ha llegado y convertirlo en un motor de inclusión, desarrollo y cohesión social.

Seis copas, un mismo propósito

El corazón del Mundial Social 2026 está en sus seis copas, concebidas como una gran cantera nacional. La Copa Escolar destaca por su alcance sin precedentes, con una proyección de participación de 22 millones de estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato, organizados en más de 125 mil equipos de 25 mil escuelas.

A esta se suman la Copa Conade, orientada a jóvenes talentos; la Copa Paralímpica, que visibiliza el deporte adaptado; la Copa Barrio, que recupera el fútbol comunitario; la Copa Edad de Oro, enfocada en personas adultas mayores; y la Copa Trabajadores, que reconoce el derecho al deporte en el ámbito laboral. Todas dialogan bajo una misma lógica de inclusión.

Instituciones que juegan en equipo

Una de las fortalezas del Mundial Social 2026 es la coordinación interinstitucional. Secretarías como Educación Pública, Mujeres y Ciencia, junto con Conade, IMSS e Imjuve, suman capacidades para ampliar el impacto del proyecto. Esta articulación permite llegar a públicos diversos y responder a realidades muy distintas entre sí.

Desde torneos escolares hasta competencias de robótica vinculadas al fútbol, la estrategia reconoce que el desarrollo deportivo también se cruza con la ciencia, la tecnología, la salud y la igualdad de género. El mensaje es potente: el deporte no es un compartimento aislado, sino una plataforma transversal de desarrollo social.

Fútbol con enfoque de derechos e inclusión

El Mundial Social 2026 incorpora una mirada explícita de derechos humanos. Ejemplo de ello son los torneos impulsados por el IMSS, que incluyen categorías como fútbol sin correr para personas mayores y fútbol para adolescentes y adultos con síndrome de Down, además de competencias femeniles y encuentros internacionales con enfoque social.

Estas acciones amplían la noción tradicional de competencia y colocan en el centro la dignidad, la participación y el acceso al deporte como un derecho. El fútbol se adapta a las personas, y no al revés, rompiendo barreras físicas, sociales y culturales que históricamente han limitado la participación.

Juventudes, mujeres y ciencia en la cancha

Las juventudes tienen un rol protagónico a través de jornadas nacionales, torneos comunitarios y la recuperación de espacios públicos. Se estima que al menos medio millón de jóvenes participen en actividades que combinan deporte, convivencia y apropiación del territorio.

Qué es Mundial Social México

Por su parte, el Torneo Nacional Mundial Mujeres Libres y las actividades en los Centros LIBRE para Mujeres colocan la agenda de igualdad en el centro del Mundial Social. A esto se suma la Copa FutBotMx, que integra ciencia y tecnología, demostrando que el fútbol también puede ser un laboratorio de innovación y pensamiento estratégico.

Qué es Mundial Social México y por qué importa

Volver a preguntarse qué es Mundial Social México permite dimensionar su relevancia como legado social del Mundial 2026. No se trata solo de organizar torneos, sino de generar rutas de detección de talento, promover hábitos saludables y fortalecer el sentido de comunidad en todo el país.

La presencia de visores y reclutadores en las distintas copas abre oportunidades reales para niñas, niños y jóvenes que, de otro modo, quedarían fuera del radar profesional. El fútbol se convierte así en una herramienta de movilidad social y de reconocimiento del talento local.

El Mundial Social 2026 plantea una narrativa distinta sobre el impacto de los grandes eventos deportivos. Al apostar por la inclusión, la participación masiva y la coordinación institucional, México propone un modelo donde el éxito no se mide solo en resultados deportivos, sino en beneficios sociales tangibles y duraderos.

Entender qué es Mundial Social México es reconocer que el verdadero legado del Mundial no estará únicamente en la infraestructura o en la memoria colectiva del torneo, sino en millones de personas que encontraron en el fútbol un espacio de encuentro, desarrollo y dignidad compartida.

‘Coalie’: la polémica mascota con la que Trump normaliza el carbón como energía “limpia”

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La imagen es tan llamativa como inquietante: un trozo de carbón con ojos enormes, sonrisa permanente y vestimenta de minero aparece de pronto como símbolo oficial de una política energética. No se trata de una broma ni de una campaña infantil, sino de una estrategia cuidadosamente diseñada para reconfigurar el relato alrededor de uno de los combustibles más cuestionados del mundo.

De acuerdo con The Guardian, en un contexto de urgencia climática, debates regulatorios y tensiones sociales en territorios históricamente mineros, la administración Trump apostó por el poder del storytelling visual. Así nació Coalie, un personaje que busca suavizar décadas de impactos ambientales y sanitarios mediante una estética amable, casi tierna, que interpela tanto al público general como a audiencias menos familiarizadas con los costos reales del carbón.

De meme interno a emblema político

Aunque hoy aparece como portavoz oficial, Coalie no surgió en un laboratorio de comunicación política. Sus orígenes se remontan a 2018, cuando una imagen informal —un trozo de carbón con ojos saltones— comenzó a circular en redes sociales vinculadas a la Oficina de Recuperación y Cumplimiento de la Minería a Cielo Abierto (OSMRE).

Lo que en su momento fue un recurso lúdico terminó convirtiéndose en un activo estratégico. Con el paso del tiempo, el personaje fue adquiriendo atributos: casco, botas, guantes y un discurso alineado con la promesa de revitalizar una industria en declive.

El salto definitivo ocurrió cuando la imagen, aparentemente generada por inteligencia artificial, fue retomada por altos funcionarios del gobierno para encarnar la llamada “Agenda de Dominación Energética Estadounidense”.

La irrupción de la mascota Coalie en la narrativa energética

La presentación pública del personaje marcó un punto de inflexión. Doug Burgum, entonces secretario del Interior, no solo compartió la imagen en redes sociales, sino que le asignó un rol político explícito, dotándolo de voz y misión institucional.

Desde ese momento, la mascota Coalie comenzó a aparecer como embajadora de una visión que busca resignificar el carbón, desligándolo de su carga histórica de contaminación y asociándolo a conceptos como orgullo nacional y seguridad energética. Este recurso no es casual:

Humanizar objetos o industrias controvertidas permite generar cercanía emocional, diluir el conflicto y desplazar el debate técnico hacia el terreno simbólico.

Estética kawaii, mensaje duro

Uno de los elementos más discutidos es el contraste entre la estética del personaje y la realidad que representa. Sus grandes ojos y sonrisa remiten a un estilo japonés de ternura ampliamente utilizado en juguetes y marcas dirigidas al consumo masivo.

Las imágenes difundidas lo muestran en escenas idílicas: reuniones de oficina, familias sonrientes o antiguas minas convertidas en áreas de picnic. Todo parece indicar una intención clara de reescribir visualmente el pasado y el presente del carbón.

Esta narrativa choca frontalmente con la experiencia de comunidades afectadas por la minería a cielo abierto y la quema del combustible fósil más contaminante.

El impacto simbólico de la mascota Coalie en la opinión pública

El uso de este personaje representa una forma de banalización del daño. La mascota Coalie no solo invisibiliza las emisiones y la contaminación, sino también los problemas de salud que han marcado a generaciones de trabajadores mineros.

Voces como la de Junior Walk, desde Virginia Occidental, han denunciado el uso de inteligencia artificial y comunicación amable para “ponerle una cara sonriente” a una industria vinculada a enfermedades mortales como el pulmón negro.

El debate, entonces, trasciende lo comunicacional: interpela la ética de las políticas públicas y el rol del Estado en la construcción de relatos que afectan la percepción social del riesgo.

Mercado, regulaciones y contradicciones

Más allá del esfuerzo simbólico, la realidad económica sigue imponiendo límites. El carbón enfrenta la competencia de fuentes más baratas y limpias como la solar y la eólica, mientras la automatización reduce la necesidad de mano de obra. A esto se suman decisiones políticas controvertidas: flexibilización de normas ambientales, retrocesos en protecciones laborales y recortes a fondos destinados a la remediación de minas abandonadas.

El resultado es una paradoja evidente: se promueve una imagen optimista mientras se profundizan tensiones sociales y ambientales que el personaje no puede ocultar.

Coalie no es solo una curiosidad gráfica, sino un síntoma de cómo la comunicación puede ser utilizada para moldear percepciones en momentos de crisis. En lugar de abrir un diálogo honesto sobre transición energética justa, la estrategia apuesta por el maquillaje simbólico de un problema estructural.

Para quienes trabajan y reflexionan en el ámbito de la responsabilidad social, el caso invita a una pregunta incómoda pero necesaria: ¿hasta qué punto el storytelling puede —o debe— sustituir a la rendición de cuentas? La respuesta, como el propio carbón, sigue siendo densa y difícil de disimular.

¿Cómo lograr una IA ética y responsable?: 10 principios

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La humanidad atraviesa una de las transformaciones tecnológicas más profundas de su historia. La inteligencia artificial dejó de ser una herramienta exclusiva de laboratorios o grandes corporaciones para convertirse en una tecnología de dominio público, integrada en procesos productivos, decisiones gubernamentales y dinámicas sociales cotidianas. Este avance acelerado ha abierto oportunidades inéditas, pero también riesgos éticos, sociales y de seguridad que no pueden ignorarse.

La automatización de decisiones, el uso masivo de datos y la opacidad de algunos sistemas algorítmicos han puesto sobre la mesa dilemas complejos relacionados con derechos humanos, desigualdad y rendición de cuentas. En este contexto, hablar de innovación sin regulación resulta insuficiente. El verdadero reto ya no es solo desarrollar IA más potente, sino asegurar que su despliegue sea justo, transparente y alineado con el bienestar colectivo.

Por ello, las grandes tecnológicas, los gobiernos y la sociedad civil enfrentan la responsabilidad compartida de establecer límites claros. Avanzar hacia una IA ética en México implica reconocer que la tecnología no es neutral y que su diseño y aplicación deben observar principios que protejan a las personas, fortalezcan la democracia y eviten la reproducción de desigualdades estructurales.

IA ética en México

Principios de Chapultepec: un marco ético para la IA en México

Conscientes de que el desarrollo tecnológico debe avanzar acompañado de regulación, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), que tiene como misión articular la política pública en ciencia y tecnología con una visión de derechos humanos y desarrollo social, presentó los llamados Principios de Chapultepec, un conjunto de diez lineamientos normativos orientados a establecer criterios éticos y de gobernanza para la inteligencia artificial en el país.

Estos principios parten de una premisa central: no existe neutralidad técnica en los sistemas complejos, tal como lo explicó Rosaura Ruiz Gutiérrez, Ministra de la SECIHTI, durante la presentación de este marco:

“Los avances tecnológicos nunca son socialmente neutrales. La IA representa uno de los desarrollos científicos y tecnológicos más relevantes de nuestro tiempo”

Desde esta perspectiva, la IA ética en México no es un freno a la innovación, sino una condición necesaria para que esta no profundice desigualdades ni genere nuevas formas de discriminación.

La iniciativa identifica riesgos críticos como el sesgo algorítmico, la opacidad en los modelos de aprendizaje profundo y la automatización de decisiones sin supervisión humana. Frente a ello, los Principios de Chapultepec buscan garantizar que la IA solo tenga valor estratégico si genera bienestar social y protege el derecho a la información y buscan orientar tanto al sector público, como al privado en el diseño, implementación y supervisión de sistemas de inteligencia artificial que respondan a criterios de responsabilidad, transparencia y justicia social.

IA ética en México

10 principios para una IA ética y responsable en México

A continuación, se presentan los 10 principios propuestos por la SECIHTI para avanzar hacia una IA ética en México, capaz de equilibrar la innovación tecnológica con la protección de los derechos humanos, la gobernanza democrática y el bienestar social:

1. “La IA debería ampliar los derechos, nunca reducirlos.”

Este principio establece que la inteligencia artificial debe concebirse como una herramienta para fortalecer derechos humanos y no como un mecanismo que los limite. En la práctica, implica evaluar si los sistemas de IA amplían el acceso a servicios, información o justicia, o si, por el contrario, generan exclusiones. Una IA ética en México debe evitar reproducir desigualdades estructurales ya existentes. De no observarse este criterio, la tecnología corre el riesgo de institucionalizar nuevas formas de discriminación.

2. “Toda decisión respaldada por IA debe tener responsabilidad humana, basada en marcos institucionales claros.”

La automatización de decisiones no exime a las organizaciones de su responsabilidad ética y legal. Este principio subraya la necesidad de que siempre exista una persona o institución claramente identificable que responda por los impactos de la IA. Sin responsabilidad humana, los errores algorítmicos pueden diluirse en sistemas opacos. Contar con marcos institucionales sólidos es clave para garantizar rendición de cuentas.

3. “Si una decisión no se puede explicar, no debe automatizarse.”

La explicabilidad se vuelve un requisito indispensable para la confianza social en la IA. Los modelos que no permiten comprender cómo se llega a una decisión dificultan la detección de sesgos y errores. Este principio protege el derecho a la información y a la defensa frente a decisiones automatizadas. Una IA ética en México debe ser auditable y comprensible para las personas afectadas.

IA ética en México

4. “La IA se gestiona mejor cuando las decisiones se toman colectivamente.”

La gobernanza de la IA no puede recaer únicamente en actores tecnológicos o gubernamentales. Este principio promueve la participación de la academia, la sociedad civil y el sector privado en la toma de decisiones. La gestión colectiva reduce asimetrías de poder y fortalece la legitimidad de las políticas públicas. Además, permite incorporar perspectivas diversas en el diseño de sistemas más justos.

5. “La IA sólo es valiosa si genera bienestar para las personas.”

Este principio redefine el valor de la inteligencia artificial desde una lógica social y no únicamente económica. La eficiencia o la innovación pierden sentido si no se traducen en mejoras reales para la calidad de vida. Evaluar el impacto social de la IA es esencial para evitar desarrollos tecnológicamente avanzados pero socialmente dañinos. La IA ética en México debe medirse por su capacidad de generar bienestar colectivo.

6. “Antes de automatizar, es necesario comprender a quién y a qué afecta.”

Este principio obliga a realizar evaluaciones de impacto social antes de implementar sistemas de IA. Automatizar sin este análisis puede profundizar brechas existentes y afectar de forma desproporcionada a ciertos grupos. Comprender a quién impacta una decisión permite anticipar riesgos y corregir sesgos desde el diseño. En el contexto de una IA ética en México, este enfoque es clave para proteger a poblaciones vulnerables.

IA ética en México

7. “La tecnología estratégica debe responder a las necesidades del país.”

No toda innovación tecnológica es pertinente si no atiende problemáticas locales. Este principio promueve el desarrollo de soluciones alineadas con prioridades nacionales, sociales y económicas. Una IA ética en México debe contribuir al desarrollo sostenible y a la soberanía tecnológica. De lo contrario, la adopción acrítica de sistemas externos puede generar dependencia y desigualdad.

8. “El desarrollo de la IA requiere fortalecer la educación y el conocimiento en el país.”

Sin capacidades técnicas y éticas locales, la implementación responsable de la IA resulta inviable. Este principio destaca la necesidad de invertir en educación, investigación y formación de talento. Fortalecer el conocimiento permite evaluar, auditar y mejorar los sistemas utilizados. Una IA ética en México depende directamente de contar con profesionales preparados y críticos.

9. “La IA no puede ser ajena a la diversidad cultural y lingüística del país.”

La exclusión de contextos culturales y lenguas indígenas en los sistemas de IA reproduce desigualdades históricas. Este principio exige tecnologías sensibles a la pluralidad social de México. Incorporar la diversidad fortalece la inclusión y la representatividad en los modelos algorítmicos. Una IA ética en México debe reflejar la complejidad cultural del país.

IA ética en México

10. “Los datos son un bien público que debe gestionarse con responsabilidad.”

Los datos son el insumo central de la inteligencia artificial y su uso indebido puede vulnerar derechos fundamentales. Este principio subraya la importancia de proteger la privacidad y garantizar una gestión ética de la información. Considerar los datos como un bien público implica transparencia y corresponsabilidad. Sin este enfoque, la confianza social en la IA se ve seriamente comprometida.

Regular para innovar con responsabilidad

La adopción de estos principios marca un paso decisivo hacia una IA ética en México que coloque a las personas en el centro del desarrollo tecnológico. Integrar estos lineamientos desde el diseño de los sistemas permite anticipar riesgos y construir confianza social en la innovación. Ignorarlos, en cambio, abre la puerta a impactos negativos difíciles de revertir.

Para los creadores y desarrolladores de IA, incorporar estos principios no es una carga adicional, sino una inversión en sostenibilidad y legitimidad. La historia reciente demuestra que la falta de regulación puede erosionar derechos y generar costos sociales significativos. Una tecnología sin ética es un riesgo latente para la humanidad.

En última instancia, el desafío no es solo crear tecnología avanzada, sino crear tecnología segura, justa y responsable. Apostar por una IA ética en México implica reconocer que el progreso verdadero se mide por su capacidad de mejorar la vida de las personas sin comprometer su dignidad ni sus derechos.

¿Progreso desigual? Jornada de 40 horas solo beneficiará a 3 de cada 10 colaboradores

En México está en marcha una de las discusiones laborales más importantes de los últimos años: la gradual transición hacia la jornada de 40 horas en México. Presentada formalmente el 3 de diciembre de 2025, la iniciativa busca reformar la Constitución y la Ley Federal del Trabajo para reducir progresivamente la semana laboral hasta 2030, incorporando nuevos mecanismos de regulación de horas extraordinarias, registro electrónico y mayores protecciones para las y los trabajadores.

Aunque en teoría esta propuesta representa un avance hacia condiciones laborales más dignas y un mejor equilibrio entre vida y trabajo, su alcance real se ve limitado por la estructura del mercado laboral mexicano, la predominancia de la informalidad y las brechas regionales y sectoriales existentes. El resultado es una reforma con potencial transformador —en papel— que enfrenta desafíos estructurales profundos.

¿Qué propone realmente la reducción de la jornada de 40 horas en México?

La reforma presentada contempla una reducción gradual de la jornada laboral estándar, que pasaría de las actuales 48 horas a un máximo de 40 horas por semana en 2030. El calendario establecido por la iniciativa es progresivo: a partir de enero de 2027 la jornada sería de 46 horas; en 2028, 44; en 2029, 42; y finalmente, en 2030, 40 horas.

Este enfoque escalonado busca dar tiempo a las empresas para reorganizar sus estructuras, ajustar procesos productivos y mantener productividad mientras cumplen con la normativa. En paralelo, se proponen mecanismos para regular y remunerar las horas extraordinarias, así como la obligatoriedad de llevar un registro electrónico de jornadas a partir de 2027.

Entre los objetivos declarados están mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras, alinear México con estándares internacionales de tiempo de trabajo y reforzar derechos laborales, sin disminuir salarios ni prestaciones.

Una reforma que suena bien… pero con alcance limitado

Pese al potencial simbólico de la reforma, su impacto inmediato será limitado. Según un análisis del área de Análisis Económico de Banorte con datos de la ENOE, solo alrededor de 15.9 millones de personas forman parte del universo objetivo de la regulación, es decir, trabajadores formales con un solo patrón que laboran más de 40 horas a la semana. Esto representa apenas el 26% de la población ocupada en México.

Incluso dentro del sector formal, una parte significativa (9.6 millones) ya trabaja 40 horas o menos semanalmente, por lo que no vería cambios significativos con esta reforma. La Secretaría del Trabajo ofrece estimaciones aún más conservadoras: unos 13.4 millones de trabajadores serían los que realmente verían un beneficio tangible en sus condiciones de trabajo.

Estas cifras muestran que la jornada de 40 horas en México podría beneficiar de manera directa a aproximadamente 3 de cada 10 personas en condiciones laborales formales, subrayando la naturaleza parcial de este avance.

El obstáculo estructural de la informalidad

De acuerdo con un artículo de El Economista, una de las barreras más relevantes para ampliar el impacto de la reducción de la jornada es la informalidad laboral. Millones de personas trabajan sin contrato formal, sin seguridad social ni protección legal, lo que de entrada los excluye de los beneficios de la reforma. Cuando se incluye a trabajadores con empleador, tanto formal como informal, el universo potencial de beneficiarios podría duplicarse, llegando a cerca de 31.3 millones de personas (el 52% de la fuerza laboral).

Sin embargo, alcanzar este escenario implicaría transformar las condiciones de contratación en México, un reto de largo plazo que requiere políticas públicas complementarias, incentivos a la formalización y diálogos sostenidos con sectores productivos.

Mientras la informalidad siga siendo una opción estructural para empleadores y trabajadores, el impacto social de la jornada de 40 horas en México será más simbólico que real.

El efecto de la reducción de la jornada no será homogéneo. Algunos sectores concentran una proporción significativa de trabajadores con jornadas extensas: los corporativos lideran con 62% de su fuerza laboral por encima de las 40 horas, seguidos por minería (59%) y comercio al por mayor (54%).

En cambio, sectores como educación (6%), primario (9%) y construcción (15%) muestran porcentajes bajos de jornadas prolongadas, lo que sugiere que la reforma generará beneficios desiguales entre las distintas actividades económicas. Estos contrastes destacan que la reducción no solo es una cuestión de normas, sino de prácticas productivas y demandas específicas de cada industria.

Geografía laboral: desigualdad regional

La reforma también tendrá efectos heterogéneos por región. Estados con fuerte perfil industrial, como Coahuila (44%), Nuevo León (42%) y Chihuahua (41%), concentran mayores porcentajes de trabajadores con jornadas superiores a 40 horas.

En contraste, en Oaxaca, Guerrero y Chiapas los porcentajes son significativamente menores, alrededor de 10-13%. Incluso entre las zonas más pobladas del país, como el Estado de México y la Ciudad de México, la incidencia de jornadas largas es menor al 30%, lo que sugiere que la jornada de 40 horas en México podría tener un impacto más marcado en regiones industriales medianas que en grandes metrópolis.

Estas diferencias reflejan economías regionales diversas y subrayan la necesidad de enfoques adaptados a contextos locales para maximizar los beneficios sociales y productivos de la reforma.

Nuevas reglas y retos para la implementación

Además de reducir horas, la reforma propone cambios importantes en la gestión del tiempo de trabajo. Por ejemplo, establece límites al tiempo extraordinario de hasta 12 horas por semana con distintos pagos según el exceso, prohíbe horas extra para menores y exige registro electrónico de jornadas para mayor transparencia y cumplimiento.

Estos ajustes implican cambios organizativos y financieros para las empresas: inversiones en sistemas de control de tiempo, rediseño de turnos y estrategias para equilibrar productividad con bienestar. También abren espacios para el diálogo con empleados en la gestión de horarios y conciliación trabajo–vida.

No obstante, estos requerimientos pueden representar cargas administrativas adicionales para pequeñas y medianas empresas, lo que demanda enfoques diferenciados para facilitar la transición sin sacrificar competitividad.

La propuesta de reducción gradual de la jornada laboral hacia las 40 horas en México representa un hito en la discusión de derechos laborales y estándares de trabajo. En términos normativos, introduce avances relevantes que buscan mejorar las condiciones laborales y alinear al país con prácticas internacionales.

Sin embargo, su impacto será desigual y limitado si no se acompaña de políticas que atiendan problemas estructurales como la informalidad, las brechas sectoriales y las capacidades de adaptación de las empresas. La clave para que la jornada de 40 horas en México se traduzca en beneficios reales no está solo en reducir horas, sino en transformar las condiciones laborales de manera integrada y sostenible.

Mars lidera acciones y refuerza su compromiso ante los perros y gatos en situación de calle

De acuerdo con el Índice de Mascotas Sin Hogar realizado por Mars a nivel global, México enfrenta una de las crisis más severas del mundo con más de 29.7 millones de perros y gatos viviendo en las calles del país. Es por ello que, Mars Petcare, líder global en nutrición y bienestar animal, reafirma su propósito de crear “Un Mundo Mejor para las Mascotas“, mediante sus programas Pedigree Adóptame™ y Ciudad Para las Mascotas, consolidando las campañas de esterilización como un pilar preventivo ante esta problemática.

En colaboración con el Instituto de Protección Animal y el Gobierno Municipal de El Marqués, Mars anuncia jornadas gratuitas de esterilización y vacunación en la comunidad de Matanzas. Esta iniciativa es histórica, ya que busca convertir a Matanzas en la primera comunidad en Querétaro con una población de perros y gatos 100% esterilizada.

“Como líderes de la categoría de alimento para mascotas, sentimos la responsabilidad de mitigar esta problemática desde sus diversos frentes. Este fin de semana marcará, para muchas familias de la comunidad de Matanzas, un primer acceso a servicios veterinarios confiables y accesibles, lo que se vuelve imprescindible en un contexto en donde, sin un manejo responsable de la reproducción, la cantidad de perros puede duplicarse cada seis meses, pasando de 2 a 2,048 en tan sólo cinco años”, señaló Daniel Cosío, Gerente de Asuntos Públicos de Mars Pet Nutrition.

perros y gatos en situación de calle

Tan solo en nuestro país, Mars en su división de mascotas ha facilitado más de 490,000 esterilizaciones y ha ayudado a más de 83,000 animales a encontrar un hogar. El Índice de Mascotas Sin Hogar de Mars revela que, en México, la tasa de esterilización en perros es de apenas el 25%, una cifra que Mars busca elevar mediante esfuerzos que transformen esta realidad.

Con acciones como esta, Mars Petcare no solo atiende una urgencia de salud pública, sino que establece un modelo de colaboración replicable entre iniciativa privada y gobierno. La meta es clara: asegurar que cada mascota en México tenga la oportunidad de vivir en un entorno seguro, saludable y con un hogar responsable.

FONATUR impulsará un modelo turístico más sostenible, inclusivo y diversificado en México, con apoyo del BID

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) de México anunciaron, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 que se llevó a cabo en Madrid, una colaboración para impulsar un modelo turístico más sostenible, inclusivo y diversificado en México y posicionarlo entre los cinco lugares más visitados del mundo hacia 2030.

Los trabajos se enfocarán en el fortalecimiento institucional de FONATUR y en su evolución hacia un FONATUR 2.0, mediante la modernización de procesos, el fortalecimiento de capacidades técnicas y la actualización de su modelo de negocio.

La colaboración también impulsará la diversificación de la oferta hacia segmentos de mayor valor agregado, como el turismo comunitario, cultural, de naturaleza, gastronómico, de bienestar y de reuniones.

“El turismo es un motor efectivo de desarrollo regional cuando se planea con una visión de largo plazo, reglas claras y una adecuada coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Esta colaboración con el BID nos permitirá fortalecer nuestra capacidad institucional y enfrentar desafíos como el cuidado ambiental y la gestión responsable del crecimiento urbano”, señaló Sebastián Ramírez Mendoza, director general de FONATUR.

modelo turístico sostenible

“En el BID entendemos que el turismo es clave para impulsar la productividad y la competitividad del país. Este sector puede ser un motor que mueve varias agujas al mismo tiempo: actividad económica, empleo, divisas y oportunidades en los territorios. Estamos listos para acompañar a México a convertir este potencial en resultados concretos”, afirmó Fabrizio Opertti, gerente del Sector de Productividad, Comercio e Innovación del BID.

La iniciativa también contribuirá a identificar oportunidades para el desarrollo de nuevos destinos turísticos y al fortalecimiento de cadenas regionales de valor, con el objetivo de ampliar la derrama económica del turismo en distintas regiones del país.

Con esta colaboración, el BID reafirma su compromiso como socio estratégico del gobierno de México, combinando asistencia técnica, conocimiento especializado y capacidad de articulación para fortalecer instituciones clave y apoyar la implementación de una agenda turística alineada con las metas nacionales de desarrollo.