Menos voz, menos derechos: la libertad de expresión retrocede en LATAM

La libertad de expresión ha sido históricamente uno de los pilares fundamentales para la construcción de sociedades democráticas, plurales y participativas. Sin embargo, en los últimos años, este derecho enfrenta un deterioro sostenido en distintas regiones del mundo, y América Latina no es la excepción. Lejos de consolidarse, los avances logrados tras décadas de transición democrática comienzan a erosionarse bajo nuevas formas de censura, intimidación y autocontrol del discurso público.

De acuerdo con la Unesco, la libertad de expresión en LATAM y el acceso a la información registraron una caída del 6.86% entre 2012 y 2024. Aunque esta contracción es menor a la media global, el dato es alarmante si se considera el contexto regional marcado por la violencia contra periodistas, el debilitamiento institucional y la normalización de prácticas que inhiben el ejercicio del periodismo crítico y la libertad académica.

Libertad de expresión en LATAM: un retroceso sostenido y documentado

El informe “World Trends Report 2022/2025” de la Unesco, basado en datos del proyecto V-Dem, ofrece una radiografía precisa del deterioro democrático en la región. A partir de indicadores como censura mediática, acoso a periodistas y restricciones a la libertad académica y cultural, el estudio evidencia una tendencia constante de regresión en la libertad de expresión en LATAM durante más de una década.

Entre 2012 y 2024, el retroceso anual promedio fue del 0.53%. Esta cifra, aunque pueda parecer marginal, revela una degradación acumulativa que afecta directamente la calidad del debate público y la capacidad de las sociedades para exigir rendición de cuentas. No se trata de episodios aislados, sino de un patrón estructural que se ha ido normalizando.

El estudio subraya que estas tendencias reflejan no solo un aumento de la presión sobre medios independientes, sino también un debilitamiento de los entornos institucionales que históricamente protegían el pluralismo. La erosión de estos contrapesos abre la puerta a narrativas oficiales únicas y reduce los márgenes para la crítica informada.

Autocensura, miedo y silencios impuestos

Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es el incremento de la autocensura entre periodistas en América Latina. Entre 2012 y 2024, este indicador creció un 52.14%, convirtiéndose en el factor que más contribuyó al deterioro de la libertad de expresión en LATAM.

La autocensura no surge en el vacío. Es la consecuencia directa de amenazas, campañas de desprestigio, criminalización del ejercicio periodístico y, en muchos casos, violencia física. Informar sobre corrupción, crimen organizado, abusos de poder o violaciones a derechos humanos se ha convertido en una actividad de alto riesgo en varios países de la región.

Entre 2018 y 2024, casi un millar de periodistas en América Latina se vieron forzados al desplazamiento interno o al exilio, una cifra que evidencia el costo humano de la falta de garantías para ejercer la profesión. El silencio, en estos casos, se convierte en un mecanismo de supervivencia.

La autocensura representa una falla sistémica. Cuando el miedo sustituye a la libertad, se rompe el vínculo entre información, ciudadanía y toma de decisiones responsables, tanto en el ámbito público como en el privado.

libertad de expresión en LATAM

Medios restringidos y libertad académica en declive

El deterioro de la libertad de expresión en LATAM no se limita al ámbito periodístico. El informe de la Unesco señala que las restricciones a los medios aumentaron un 41.51% entre 2012 y 2024, mientras que la libertad académica y cultural cayó un 40.23% en el mismo periodo.

Estas restricciones adoptan múltiples formas: marcos regulatorios ambiguos, presiones económicas, uso discrecional de la publicidad oficial, demandas judiciales estratégicas y ataques directos a universidades y espacios culturales críticos. El resultado es un ecosistema cada vez más hostil para la producción y difusión de conocimiento independiente.

La pérdida de libertad académica tiene implicaciones de largo alcance. Limita la investigación crítica, empobrece el debate público y debilita la formación de profesionales comprometidos con valores democráticos. Para las empresas y organizaciones que promueven la innovación y el desarrollo sostenible, este entorno representa un obstáculo estructural.

Además, la convergencia entre restricciones mediáticas y académicas genera un efecto multiplicador: menos información verificada, menos pensamiento crítico y mayor vulnerabilidad frente a la desinformación. En este contexto, la libertad de expresión deja de ser un derecho abstracto para convertirse en una condición habilitante del desarrollo.

libertad de expresión en LATAM

Un deterioro comparable a los peores momentos del siglo XX

A nivel global, la Unesco advierte que el retroceso del 10% en el índice de libertad de expresión es comparable con periodos históricos críticos como la Primera Guerra Mundial, el preludio de la Segunda Guerra Mundial y la etapa más álgida de la Guerra Fría en la década de 1970. Aunque América Latina presenta cifras ligeramente menores, la tendencia es igualmente preocupante.

Este paralelismo histórico no es menor. Sugiere que la contracción de libertades no es un fenómeno coyuntural, sino una señal de alerta sobre el estado de las democracias contemporáneas. En la región, el debilitamiento de la libertad de expresión en LATAM se entrelaza con polarización política, desconfianza institucional y crisis de gobernanza.

Para el sector empresarial y los actores de responsabilidad social, ignorar este contexto implica asumir riesgos reputacionales, operativos y éticos. Las empresas operan en sociedades donde la información fluye —o se bloquea—, y su capacidad de generar impacto positivo depende, en gran medida, de la existencia de espacios abiertos para el diálogo y la crítica.

La defensa de la libertad de expresión, por tanto, no es solo una tarea de periodistas o activistas, sino una responsabilidad compartida que atraviesa al sector público, privado y a la sociedad civil organizada.

libertad de expresión en LATAM

Sin libertad de expresión no hay sostenibilidad posible

El retroceso de la libertad de expresión en América Latina es una señal inequívoca de alarma democrática. Los datos de la Unesco muestran que el silenciamiento, la autocensura y las restricciones institucionales están configurando un entorno cada vez menos propicio para el ejercicio de derechos fundamentales y la construcción de sociedades justas.

Para quienes trabajan en responsabilidad social, derechos humanos y sostenibilidad, defender la libertad de expresión en LATAM implica reconocerla como un habilitador clave del desarrollo, la transparencia y la rendición de cuentas. Sin ella, los compromisos ESG se vacían de contenido y la sostenibilidad se convierte en un discurso sin contrapesos.

Recuperar y proteger este derecho exige voluntad política, marcos legales robustos y una participación activa de todos los sectores. En un contexto donde menos voz implica menos derechos, la defensa de la libertad de expresión no es opcional: es una condición indispensable para un futuro verdaderamente sostenible en la región.

Microsoft apuesta por la eliminación de carbono con un acuerdo histórico de 3.6 millones de toneladas

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La eliminación de carbono se ha convertido en uno de los pilares más relevantes de las estrategias climáticas corporativas, especialmente para aquellas empresas que han asumido compromisos de neutralidad y carbono negativo. En este contexto, Microsoft vuelve a posicionarse como un actor clave al apostar por soluciones de ingeniería con almacenamiento permanente pues, según información de edie, la compañía tecnológica ha firmado un acuerdo histórico de eliminación de carbono con C2X Ltd.

A través de su filial Beaver Lake Renewable Energy LLC, C2X suministrará 3.6 millones de toneladas métricas de carbono eliminado durante un periodo de 12 años, un trato que combina innovación tecnológica, gobernanza robusta y un enfoque integral de sostenibilidad con impacto regional.

Un acuerdo histórico de eliminación de carbono con almacenamiento permanente

El acuerdo garantiza a Microsoft acceso a unidades de eliminación de carbono diseñadas de alta calidad, conocidas como CRU. Cada una de estas unidades representa una tonelada métrica de CO₂ retirada de la atmósfera y almacenada de manera permanente en formaciones geológicas seguras dentro del estado de Luisiana.

A diferencia de los créditos tradicionales, estas eliminaciones se basan en procesos de ingeniería que aseguran durabilidad y trazabilidad. El almacenamiento geológico permanente reduce los riesgos de reversión, uno de los principales cuestionamientos que enfrentan los mercados voluntarios de carbono en la actualidad.

Además, las CRU se emitirán únicamente tras un proceso de verificación independiente por terceros. El proyecto se inscribirá en un registro avalado por ICROA, lo que refuerza la credibilidad del esquema y responde a las crecientes exigencias de transparencia por parte de compradores corporativos e inversionistas.

Este acuerdo histórico de eliminación de carbono también incorpora una contabilidad exhaustiva del ciclo de vida. Todas las emisiones asociadas al abastecimiento de biomasa, la operación de la planta y el transporte posterior serán deducidas para garantizar una eliminación neta de carbono real y verificable.

acuerdo histórico de eliminación de carbono

Eliminación de carbono integrada con combustibles bajos en carbono

El proyecto Beaver Lake está concebido como una planta de producción de biometanol que utiliza residuos forestales de origen local y sostenible. Estos insumos se transforman en biometanol y CO₂ biogénico, el cual será capturado y almacenado bajo tierra como parte del proceso de eliminación de carbono.

A plena capacidad, la instalación producirá más de 500 mil toneladas métricas de biometanol al año. Este combustible bajo en carbono está destinado a sectores como el marítimo, aeronáutico, químico e industrial, donde las opciones de descarbonización siguen siendo limitadas y costosas.

Paralelamente, la planta está diseñada para capturar y almacenar alrededor de un millón de toneladas métricas de CO₂ al año. Esta doble vía —producción de combustibles sostenibles y remoción permanente— posiciona al proyecto como un modelo híbrido de transición energética.

Para evitar la doble contabilización, los beneficios de carbono se distribuirán cuidadosamente entre la producción de biometanol y las CRU. Este enfoque responde a las mejores prácticas internacionales y fortalece la integridad ambiental del acuerdo histórico de eliminación de carbono.

La demanda corporativa impulsa contratos de largo plazo

Para Microsoft, este acuerdo representa una ampliación estratégica de su portafolio de eliminación de carbono. Más allá del volumen, el valor reside en la escala, la duración y la calidad de las remociones, reflejando una tendencia clara hacia contratos de compra a largo plazo.

Phillip Goodman, director de la Cartera de Eliminación de Carbono de Microsoft, destacó que el proyecto ofrece una oportunidad única para la eliminación de carbono a gran escala, al tiempo que impulsa la descarbonización mediante la producción de metanol verde. La empresa subrayó también el compromiso de C2X con la contabilidad rigurosa del carbono y la participación responsable con las comunidades locales.

Este tipo de acuerdos responde al creciente escrutinio sobre los mercados voluntarios de carbono. Las grandes corporaciones están priorizando proyectos con gobernanza sólida, almacenamiento permanente y transparencia total en la medición y verificación de impactos.

En este contexto, el acuerdo histórico de eliminación de carbono entre Microsoft y C2X se perfila como un referente para otras compañías que buscan cumplir metas climáticas ambiciosas con soluciones creíbles y de largo plazo.

Inversión, empleo y desarrollo económico regional

El proyecto Beaver Lake contempla una inversión estimada de 2,500 millones de dólares. Durante la fase de construcción se prevé la creación de hasta 1,150 empleos, mientras que más de 600 puestos directos e indirectos se mantendrán cuando la planta esté plenamente operativa.

Más allá del empleo, el proyecto busca revitalizar el sector forestal de Luisiana, afectado por el cierre de plantas de papel y celulosa en años recientes. El uso de residuos forestales como insumo genera una nueva fuente de demanda y valor agregado para la economía local.

acuerdo histórico de eliminación de carbono

Asimismo, Beaver Lake pretende catalizar inversiones en infraestructura de transporte y secuestro de CO₂ en todo el estado, sentando las bases para un ecosistema regional de eliminación de carbono y combustibles bajos en emisiones.

La combinación de impacto climático, desarrollo industrial y beneficios sociales refuerza el carácter estratégico de este acuerdo histórico de eliminación de carbono dentro de una agenda ESG integral.

Un modelo para la próxima fase del mercado de remoción

El acuerdo entre Microsoft y C2X ilustra cómo la eliminación de carbono puede integrarse de manera efectiva con la descarbonización industrial y el desarrollo económico regional. La estructura de largo plazo reduce riesgos para los desarrolladores, asegura suministro para los compradores y eleva el estándar de calidad del mercado.

A medida que se acelera la demanda de remociones duraderas y se endurecen las expectativas regulatorias, proyectos como Beaver Lake anticipan la evolución del mercado global de eliminación de carbono. Para ejecutivos, inversionistas y responsables de sostenibilidad, este caso ofrece una hoja de ruta clara sobre cómo escalar soluciones climáticas con integridad, impacto y visión de largo plazo.

¿Cómo Toks transforma la miel en oportunidades para comunidades mexicanas?

En regiones apartadas de México, comunidades enteras enfrentan carencias profundas, como la falta de acceso a agua potable, alumbrado público, salud, vialidades seguras o fuentes de empleo dignas, las cuales limitan las oportunidades de desarrollo económico y social de sus habitantes y perpetúan la pobreza.

Conscientes de la necesidad que existe en muchas regiones del país, desde hace décadas Toks, cadena de restaurantes con presencia nivel nacional, ha buscado establecer alianzas con pequeños productores de diferentes regiones del país donde existen manos trabajando la tierra y creando productos de alta calidad, pero no oportunidades de acceder al comercio justo o capacitación.

Así, mediante Proyectos Productivos, una iniciativa que nació de la visión socialmente responsable de Grupo Restaurantero Gigante (GRG), su empresa matriz, Toks ha decidido incorporar a su cadena de suministro a proveedores como Miel de la Montaña Amuzga, productores de miel originarios de Xochistlahuaca, una comunidad amuzga del estado de Guerrero en la que está generando bienestar económico y social a través de la compra de la deliciosa miel que utiliza en sus restaurantes. Te invitamos a conocer como la apuesta por los productos locales en Toks ha generado grandes resultados.

Productos locales en Toks: la historia detrás de Miel de la Montaña Amuzga

Desde 2003, Restaurantes Toks y GRG trabajan de la mano con los productores de Miel de la Montaña Amuzga, originarios de Xochistlahuaca, Guerrero, una de las comunidades pertenecientes a la cultura amuzga y que ha hecho posible que la miel artesanal llegue a las mesas de cada una de las sucursales de la cadena a lo largo del país, a través de un esquema de comercio justo.

Esta alianza se traduce en capacitación, apoyo técnico y un mercado seguro para la comunidad. Gracias a ella, la producción de miel de esta pequeña empresa ha crecido notablemente, alcanzando una compra de 30 toneladas anuales adquiridas tan solo por Toks. Este esfuerzo ha permitido que los productores locales aumenten el número de colmenas, obtengan mayores ingresos y mejoren la calidad de vida de sus familias.

Además, la miel amuzga conserva técnicas tradicionales, como la cosecha manual, uso de extractores manuales y filtrado cuidadoso para garantizar calidad alimentaria. Estas prácticas, además de preservar la biodiversidad, aseguran un producto puro, aromático y de gran sabor, que se ha ganado un lugar privilegiado dentro de los productos locales en Toks.

La colaboración entre Toks y Miel de la Montaña Amuzga también impulsa la protección del ecosistema local, pues se fomenta la diversificación de cultivos y el respeto a los ciclos naturales de las abejas, gracias a las técnicas artesanales que utilizan los productores. Con esta alianza, Toks no solo compra miel, sino que promueve la producción sostenible, consolidando un modelo que beneficia tanto a la comunidad como al medio ambiente.

productos locales en Toks

Una alianza, múltiples impactos locales

La colaboración entre Toks y Miel de la Montaña Amuzga ha generado un impacto notorio, pues ahora, la comunidad cuenta con ingresos estables, lo que ha permitido a las familias mejorar viviendas, ampliar colmenas y fortalecer la economía local. Asimismo, la alianza brinda tranquilidad a los productores, pues les ofrece un mercado seguro que elimina la incertidumbre de no saber si la producción  a la que invierten su capital y esfuerzo hallará algún cliente o no.

Este proyecto también ha impulsado la creación de empleo local. La producción, filtrado y envasado de la miel requieren mano de obra, por lo que generan nuevas oportunidades laborales y evitan la migración forzada de jóvenes en busca de trabajo y la separación de las familias.

Cabe mencionar que el apoyo financiero que Toks brinda a Miel de la Montaña Amuzga con antelación a la entrega del producto ha sido clave para que los productores puedan   no sólo cubrir los gastos inmediatos y planificar sus cosechas sin caer en deudas, sino ampliar su negocio y lograr proporcionar mayor estabilidad económica a los suyos.

Sin duda, esta colaboración crea un círculo virtuoso de desarrollo económico y social e invita a cada cliente de la cadena de restaurantes a saber que al consumir en las sucursales o comprar productos locales en Toks no solo están adquiriendo calidad, sino que se suman a una estrategia que está transformando la vida de comunidades marginadas y que promueve un comercio verdaderamente justo para los productores nacionales.

liderazgo de Grupo Restaurantero Gigante

La voz de los productores: testimonios que inspiran

Evaristo Martín Librado, presidente de la organización Miel de la Montaña Amuzga, explica que para ellos la colaboración con Toks ha significado un parteaguas:

“Antes teníamos pocas colmenas, pero ahora, gracias a Toks, muchos socios han podido ampliarlas y asegurar el gasto de sus familias”.

Este respaldo constante por parte de la cadena de restaurantes ha proporcionado a los productores confianza para invertir y emprender acciones para seguir creciendo, tal como lo explica Hermilo Isidro Santiago, apicultor de Miel de la Montaña Amuzga:

“Trabajar con un mercado seguro como Toks nos ha permitido mejorar nuestra producción y construir infraestructura como casas especiales para el manejo de la miel”.

productos locales en Toks

Para los apicultores, la seguridad de venta ha sido la base de su progreso. Además, la alianza con Toks les ha permitido ampliar la producción y generar más ingresos para sus familias:

“Vendemos alrededor de 30 toneladas al año para Toks y con los anticipos que nos dan, podemos pagar a tiempo a los socios y sus familias, es un beneficio para todos, por eso yo les doy las gracias”.

Joel López de la Cruz, administrador de Miel de la Montaña Amuzga.

Estas voces muestran cómo el impulso a los productos locales en Toks tiene un impacto humano directo y positivo.

Toks: creando oportunidades que endulzan la vida de las comunidades mexicanas

La alianza entre Toks y Miel de la Montaña Amuzga es un ejemplo de cómo las empresas pueden impulsar el desarrollo social. Al integrar a pequeños productores a su cadena de valor, Toks ofrece más que un ingrediente de calidad, pues brinda estabilidad económica y un futuro sostenible para comunidades enteras.

Este modelo demuestra que tanto el comercio, como el consumo responsable pueden transformar vidas. Hoy, cada gota de miel que llega a las mesas de los Restaurantes Toks representa trabajo digno, comercio justo y un compromiso con la biodiversidad.

La apuesta por los productos locales en Toks está ayudando a crear bienestar social y a construir un México más próspero donde la riqueza cultural y productiva de sus comunidades se convierte en un motor de oportunidades y desarrollo.

¿Por qué apoyar causas sociales no garantiza buena reputación?

Durante la última década, cada vez más empresas han incorporado causas sociales en su discurso corporativo. Donaciones, campañas solidarias, alianzas con ONG y mensajes de impacto social se han convertido en parte del ADN comunicacional de marcas de todos los tamaños. En teoría, apoyar causas sociales debería traducirse en una mejor percepción pública, mayor confianza y una reputación positiva sostenida en el tiempo.

Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Consumidores, colaboradores e inversionistas son hoy más críticos, informados y exigentes que nunca. No basta con “hacer el bien” de forma visible: la coherencia, la autenticidad y la forma en que se integran estas causas al negocio determinan si el impacto reputacional será positivo o, por el contrario, contraproducente.

5 razones por las que apoyar causas sociales no garantiza buena reputación

1. Falta de coherencia entre el discurso y las prácticas reales

Uno de los principales riesgos al apoyar causas sociales es la incoherencia. Cuando una empresa promueve públicamente valores sociales que no se reflejan en su operación diaria, la percepción de hipocresía surge de inmediato. Los públicos detectan rápidamente las contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace.

Por ejemplo, una marca que impulsa campañas por la igualdad de género, pero mantiene brechas salariales internas o estructuras laborales discriminatorias, erosiona su credibilidad. En estos casos, apoyar causas sociales no solo no mejora la reputación, sino que puede intensificar el escrutinio y la crítica pública.

Apoyar causas sociales no es un escudo reputacional, sino como un compromiso público que exige coherencia entre discurso y acción y transparencia.

2. Acciones aisladas sin una estrategia de largo plazo

Muchas compañías se acercan a las causas sociales desde la lógica de la campaña puntual. Una donación en fechas clave o una acción reactiva ante una crisis social puede generar visibilidad momentánea, pero difícilmente construye reputación sostenible.

La reputación se construye con consistencia y continuidad. Cuando apoyar causas sociales no forma parte de una estrategia clara, alineada al propósito del negocio y sostenida en el tiempo, el impacto se diluye rápidamente y puede ser percibido como oportunismo.

3. Comunicación centrada en la marca, no en el impacto

Otro error frecuente es comunicar las acciones sociales desde una lógica excesivamente autopromocional. Cuando el foco está en “lo buena que es la empresa” y no en el problema social que se busca atender, el mensaje pierde legitimidad.

Las audiencias actuales esperan información clara sobre el impacto real, los aprendizajes y también las limitaciones. Apoyar causas sociales con una narrativa centrada únicamente en la marca puede generar rechazo, especialmente entre públicos jóvenes y especializados en responsabilidad social.

Apoyar causas sociales no es un escudo reputacional, sino como un compromiso público que exige coherencia entre discurso y acción y transparencia.

4. Desconexión con las expectativas de los grupos de interés

No todas las causas sociales son relevantes para todos los públicos. Cuando una empresa elige causas sin escuchar a sus grupos de interés —colaboradores, comunidades, clientes o inversionistas— corre el riesgo de invertir recursos en iniciativas que no generan valor compartido.

La reputación se fortalece cuando las acciones sociales responden a necesidades reales del entorno. En ausencia de este diálogo, apoyar causas sociales puede percibirse como un gesto superficial, ajeno a las problemáticas que realmente importan a los stakeholders.

5. Mayor escrutinio y estándares más altos

Paradójicamente, las empresas que visibilizan su compromiso social también se exponen a estándares más elevados. Al posicionarse como actores responsables, se espera que cumplan con prácticas ejemplares en toda su cadena de valor.

Esto implica que cualquier inconsistencia será más visible y criticada. En este contexto, apoyar causas sociales no actúa como un escudo reputacional, sino como un compromiso público que exige mayor transparencia, rendición de cuentas y mejora continua.

Más allá de la causa: cómo construir reputación desde lo social

Para que las acciones sociales contribuyan genuinamente a la reputación, deben integrarse al modelo de negocio. Esto implica alinear las causas con la actividad principal de la empresa, definir objetivos medibles y establecer indicadores claros de impacto social.

Asimismo, la gobernanza juega un papel clave. Contar con procesos internos, políticas claras y liderazgo comprometido permite que apoyar causas sociales deje de ser un esfuerzo aislado y se convierta en una palanca de transformación organizacional.

apoyar causas sociales

Finalmente, la comunicación debe ser honesta y proporcional. Reconocer avances, pero también desafíos pendientes, fortalece la confianza. En un entorno saturado de mensajes, la autenticidad se convierte en uno de los activos reputacionales más valiosos.

Reputación no se compra, se construye

Apoyar causas sociales es, sin duda, una oportunidad para que las empresas contribuyan a un desarrollo más justo y sostenible. Sin embargo, los datos y la experiencia muestran que estas acciones, por sí solas, no garantizan una buena reputación ni blindan a las compañías frente a la crítica.

La reputación se construye cuando apoyar causas sociales es coherente con la cultura interna, la estrategia del negocio y las expectativas de la sociedad. Solo así las empresas podrán trascender la lógica de la filantropía superficial y generar un impacto real, creíble y duradero.

Hambre, crisis y retiro de donantes: El 2026 podría redefinir el orden mundial

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Todo apunta a que 2026 inaugurará una etapa de desorden global caracterizado no por nuevas reglas, sino por la ausencia de ellas. La revista TIME ha señalado en un artículo reciente que factores como el deterioro de la cooperación internacional, la normalización del conflicto y la erosión del derecho internacional están redefiniendo las prioridades globales y causando un incremento sin precedentes de las crisis humanitarias.

Hoy, casi 240 millones de personas necesitan asistencia humanitaria en el mundo. La Lista de Vigilancia de Emergencias 2026 del International Rescue Committee (IRC) advierte que los países más afectados concentran el mayor riesgo de empeoramiento, en un contexto donde las instituciones creadas tras la Segunda Guerra Mundial parecen incapaces de responder. Este escenario anticipa un orden mundial en 2026 profundamente fragmentado, con consecuencias directas para la seguridad, la estabilidad y la vida de millones de personas.

El orden mundial en 2026: poder sin reglas y cooperación debilitada

Según TIME, el nuevo desorden global estará definido por potencias en competencia, alianzas cambiantes y acuerdos transaccionales que priorizan intereses inmediatos sobre principios compartidos. Este entorno ha debilitado la cooperación internacional y ha reducido la capacidad colectiva para prevenir conflictos o responder a crisis humanitarias de gran escala.

A diferencia de otros periodos de tensión global, el orden mundial en 2026 no se articula alrededor de un equilibrio claro de poder ni de consensos mínimos sobre derechos humanos. Por el contrario, se caracteriza por la parálisis de los organismos multilaterales y la instrumentalización de la ayuda y la diplomacia como herramientas geopolíticas.

orden mundial en 2026

Un ejemplo claro es el uso creciente del veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. En la última década, los cinco miembros permanentes lo han utilizado 49 veces, más del doble que en la década anterior, bloqueando resoluciones relacionadas con las mismas crisis que hoy encabezan las alertas humanitarias.

Este estancamiento institucional tiene un costo humano enorme. Más conflictos activos que en cualquier momento desde la Segunda Guerra Mundial, ataques contra civiles en aumento y un sistema internacional cada vez menos capaz de proteger a los más vulnerables son señales inequívocas de un orden global en deterioro.

Hambre, desplazamiento y conflictos: el costo humano del desorden

Las consecuencias del nuevo desorden mundial se miden en sufrimiento humano. Actualmente, 117 millones de personas han sido desplazadas por la fuerza y casi 40 millones enfrentan niveles severos de hambre. Los países incluidos en la Lista de Vigilancia del IRC concentran el 89% de las personas con necesidades humanitarias, pese a representar solo el 12% de la población mundial.

Sudán ejemplifica esta crisis sistémica. Por tercer año consecutivo encabeza la lista del IRC y enfrenta la mayor crisis humanitaria registrada. Más de 21 millones de personas padecen hambre crítica, 12 millones han sido desplazadas y decenas de miles de civiles permanecen desaparecidos en regiones como Darfur.

Este conflicto ya no es una guerra civil aislada, sino un nodo de interferencias externas, economías de guerra y competencia regional por recursos estratégicos. La diplomacia ha sido superada por intereses geopolíticos, reflejando con crudeza el funcionamiento real del orden mundial en 2026.

A esta violencia se suma el deterioro de la seguridad sanitaria global. Las emergencias de salud pública en África han aumentado 40%, mientras que la financiación sanitaria internacional se encuentra en su nivel más bajo en 15 años, incrementando el riesgo de crisis transfronterizas.

Retiro de donantes: menos recursos cuando más se necesitan

En paralelo al aumento de las crisis, el financiamiento humanitario se ha desplomado. Para el primer trimestre del año, el 83% de los programas de USAID habían sido cancelados. Países tradicionalmente donantes como Alemania, Reino Unido y Francia han reducido significativamente sus aportaciones.

Como consecuencia, la financiación humanitaria global es hoy apenas el 50% de lo que fue en 2024. Solo este año, dos millones de personas atendidas por el IRC perdieron acceso a servicios esenciales, incluidos refugiados sudaneses en Sudán del Sur.

Este retiro de donantes no responde a la disminución de las necesidades, sino a prioridades políticas internas, fatiga de la ayuda y una visión cortoplacista del riesgo global. En el orden mundial en 2026, esta desconexión entre crisis y recursos amenaza con revertir décadas de avances en desarrollo y derechos humanos.

La paradoja es clara: existe evidencia sólida de que la ayuda funciona. Transferencias económicas, tratamiento simplificado de la desnutrición, campañas de vacunación y acción anticipada frente a crisis climáticas son intervenciones costo-efectivas y transformadoras que hoy están siendo subfinanciadas.

orden mundial en 2026

Cómo deberían ser las donaciones efectivas en 2026

Frente a este panorama, la respuesta no puede ser simplemente “más ayuda”, sino mejor ayuda. En el orden mundial en 2026, las donaciones deben concentrarse en quienes más lo necesitan y en los contextos donde el riesgo de colapso es mayor.

De acuerdo con TIME, para que la ayuda logre ser efectiva, al menos el 60% de la Ayuda Oficial al Desarrollo debería dirigirse a Estados frágiles y afectados por conflictos, y un 30% específicamente a los países en la Lista de Vigilancia del IRC. La financiación para adaptación climática debe alinearse con las necesidades reales y priorizar territorios donde el cambio climático actúa como multiplicador de crisis.

Asimismo, los grandes donantes e instituciones multilaterales deben innovar en sus mecanismos de financiamiento, asociándose directamente con actores locales y organizaciones de la sociedad civil, que suelen ser las únicas capaces de operar en contextos de conflicto.

Finalmente, la ayuda debe ir acompañada de diplomacia, rendición de cuentas y respeto al derecho internacional humanitario. Condicionar la venta de armas, proteger los corredores humanitarios y reforzar los mecanismos de justicia internacional no es solo un imperativo ético, sino una inversión en estabilidad global.

orden mundial en 2026

El desorden no es inevitable, la inacción sí es una elección

El escenario que perfila el orden mundial en 2026 no es el resultado de una fatalidad histórica, sino de decisiones políticas, económicas y financieras concretas. El hambre, el desplazamiento y la multiplicación de conflictos son síntomas de un sistema que ha dejado de priorizar la protección de la vida.

Para quienes trabajan en responsabilidad social, filantropía estratégica y desarrollo sostenible, el momento exige repensar el rol de las donaciones y la cooperación internacional. No se trata solo de solidaridad, sino de interés propio: las crisis ignoradas hoy se convierten en amenazas compartidas mañana.

Cambiar el rumbo aún es posible. Reorientar los recursos, fortalecer la acción humanitaria basada en evidencia y recuperar el valor del derecho internacional son pasos indispensables para evitar que este nuevo desorden se consolide. De no hacerlo, el costo del orden mundial en 2026 no solo lo pagarán los países en crisis, sino el conjunto de la comunidad global.

A veces aflojar el cinturón permite seguir avanzando

Por Edgar López

Europa, el Omnibus Ambiental y el nuevo momento de la sostenibilidad

Imagina que después de una comida pesada —o simplemente porque has ganado unos kilos—, tu cinturón te aprieta tanto que no puedes sentarte cómodo ni respirar con facilidad. Aflojar el cinturón no soluciona el problema de fondo, pero devuelve movilidad, claridad y la posibilidad de seguir avanzando.

Algo parecido está ocurriendo hoy en Europa con su regulación ambiental, uno de los pilares centrales de la agenda ESG.

Durante años, Europa fue el punto de referencia. El lugar hacia donde miraban reguladores, empresas y consultores cuando se hablaba de sostenibilidad, ESG y regulación ambiental. Si algo se aprobaba en Bruselas, tarde o temprano —se decía— terminaba marcando pauta en otros mercados como el mexicano.

Por eso, lo que está ocurriendo hoy en esas latitudes merece atención. Los tiempos de “apretar más” parecen haber quedado atrás. El mensaje ahora es ajustar: no retroceder —al menos no de forma explícita—, sino aflojar el cinturón para poder seguir avanzando.

¿Qué está pasando en Europa?

En los últimos meses, la Comisión Europea ha impulsado una serie de ajustes conocidos como el Omnibus Ambiental: un paquete de simplificación normativa que busca reducir la carga administrativa asociada a diversas regulaciones ambientales.

Este movimiento no ocurre en el vacío. Llega después de que el Parlamento Europeo validara la necesidad de aligerar la carga regulatoria asociada a marcos exigentes —como la debida diligencia en sostenibilidad corporativa y derechos humanos—, y se traduce ahora, desde la Comisión Europea, en ajustes para hacerla viable.

El diagnóstico de fondo es incómodo, pero realista: la ambición regulatoria creció más rápido que la capacidad de implementación de empresas, autoridades y sistemas de supervisión.

Europa no abandona el discurso verde ni los marcos aprobados por su Parlamento. Lo que hace ahora es ajustar la forma en que esas exigencias se traducen en procesos, reportes y cargas operativas. Reconoce la fatiga regulatoria. Y decide actuar.

¿De qué va realmente la “relajación” del Omnibus Ambiental?

Conviene decirlo con claridad: no se trata de borrar metas climáticas ni de desmantelar el Pacto Verde Europeo. Lo que se está ajustando es el cómo.

El Omnibus Ambiental introduce cambios que, en conjunto, buscan hacer más ejecutable la regulación. La Comisión Europea estima que estas simplificaciones podrían generar ahorros administrativos cercanos a los 1.000 millones de euros anuales y facilitar inversiones por al menos 30.000 millones de euros al año.

Entre los principales ajustes destacan: menos obligaciones de reporte y duplicidades; sistemas de gestión ambiental más flexibles; evaluaciones y permisos más ágiles; y alivios específicos para pymes y ciertos sectores.

En términos prácticos: menos formatos, menos burocracia y menor fricción administrativa. Las metas permanecen, pero el camino se vuelve menos empinado.

El argumento oficial es claro: competitividad, viabilidad económica y capacidad real de cumplimiento, con un recorte general del 25 % en cargas administrativas para todas las empresas y 35 % para pymes. Europa empieza a asumir algo incómodo: apretar demasiado el cinturón no siempre acelera la transición; en ocasiones, la paraliza.

Asimilar el momento (sin ingenuidad)

Durante años, algunos asumieron que la sostenibilidad ambiental avanzaría de la mano de la regulación. Que endurecer el marco normativo era, por sí mismo, garantía de avance. Lo que hoy vemos es una corrección de rumbo: la sostenibilidad necesita pragmatismo para no volverse inviable.

Como era de esperarse, el giro genera tensiones. Organizaciones ambientales advierten un posible debilitamiento de la regulación ambiental; del otro lado, sectores empresariales celebran la reducción de cargas y la agilización de inversiones clave. Ambas lecturas conviven. Y ambas tienen algo de razón. Este movimiento no hace a Europa menos ambiciosa, pero sí más consciente de los límites operativos de su propio modelo. Y ese reconocimiento no se queda en el continente: en un mundo de cadenas de suministro globales, la exigencia no desaparece; se redefine.

¿Qué viene para las empresas?

Para las empresas la sostenibilidad no desaparece como expectativa estratégica ni como condición de acceso a mercados, capital o cadenas de suministro. Lo que cambia es el énfasis.

Se deja de lado la obsesión por el reporteo y se pone más atención a la ejecución real, a las decisiones estratégicas y a los impactos que verdaderamente mueven la aguja del negocio.

Esto abre un espacio exigente para replantear prioridades: invertir mejor, concentrar esfuerzos y distinguir con mayor claridad qué iniciativas generan impacto sustantivo y cuáles solo cumplen una función administrativa o reputacional.

El riesgo es confundir simplificación con relajación.

¿Y ahora qué pasa con empresarios y líderes?

Para algunos empresarios, este giro significará algo simple: si deja de sentirse como obligación, algunos dejarán el tema. Cuando la sostenibilidad solo se sostiene por presión externa, basta con que esa presión afloje para que el “pendiente” se diluya.

Para otros, será una llamada de atención. Tocará entender de qué va realmente esto, más allá de la regulación, los formatos y los discursos de riesgo vs cumplimiento.

Ahí el peso recae en los líderes ESG internos. Serán ellos quienes tengan que explicar a sus suoperiores qué está cambiando, qué no está desapareciendo y qué decisiones deberían venir después.

El problema es que no todos (los líderes ESG) tienen —ni han desarrollado— capacidad estratégica para hacerlo. Durante años bastó con decir “la regulación viene fuerte”. Hoy eso ya no alcanza.

Este escenario no premia al que más reporta, sino al que mejor piensa; y no todos estarán preparados —ni dispuestos— para ese cambio.

Aflojar… para luego lograr cortarle un pedazo al cinturón…

Aflojar el cinturón no es negar que hay un problema de fondo. Es recuperar aire y movilidad cuando la presión acumulada empieza a inmovilizar. Es crear margen para volver a pensar y actuar con criterio.

Pero aflojar no es el objetivo final.

Como en la vida cotidiana (y más en estas fechas decembrinas), primero aflojas para poder respirar, sentarte cómodo y disfrutar la cena. Luego, si haces bien las cosas, vendrá el momento de volver a ajustarlo. Incluso hasta cambiar de talla.

Eso es lo que parece estar intentando Europa: no renunciar a la ambición, sino evitar que el exceso de presión termine por hacerla inviable.

Por ahora, a aflojarnos un poco el cinturón, que las fiestas ya están encima. Ya en enero, tocará decidir con qué criterio y disciplina volvemos a ajustarlo.


Edgar López Pimentel, es actualmente Director en Expok, ejerciendo su liderazgo día a día con pasión por la responsabilidad social y el desarrollo sustentable. Su labor ha contribuido significativamente al posicionamiento de empresas líderes en materia de responsabilidad social.

Su formación académica, enriquecida por programas de Alta Dirección de Empresas en el IPADE e IE Business School, así como una maestría en Responsabilidad Social Empresarial en la Universidad Anáhuac Norte, respaldan su liderazgo.

¿Por qué la equidad de género mejora la competitividad empresarial?

Hablar de equidad de género en las empresas ya no es únicamente una conversación ética o vinculada a la responsabilidad social. En un contexto de mercados altamente competitivos, disrupción tecnológica y presión por resultados sostenibles, la equidad se ha convertido en un factor estratégico que impacta directamente en el desempeño del negocio.

Cada vez más estudios, casos empresariales y análisis financieros confirman que la equidad de género mejora la competitividad al fortalecer la toma de decisiones, la innovación y la resiliencia organizacional. Entender esta relación resulta clave tanto para líderes empresariales como para personas que comienzan a acercarse a la agenda de igualdad desde una perspectiva económica.

La incorporación de mujeres en todos los niveles de la organización no solo responde a una deuda histórica, sino a una lógica de eficiencia. Las empresas que desaprovechan el talento femenino limitan su capacidad de crecimiento y su adaptación a entornos complejos y cambiantes.

En este sentido, analizar por qué la equidad de género mejora la competitividad empresarial permite conectar la agenda social con la creación de valor económico, un enfoque cada vez más relevante para consejos de administración, áreas de sostenibilidad y tomadores de decisión.

5 razones por las que la equidad de género mejora la competitividad empresarial

1. Mejora la calidad de la toma de decisiones

Diversos estudios demuestran que los equipos diversos toman decisiones más informadas y equilibradas. Cuando hombres y mujeres participan en igualdad de condiciones, se incorporan distintas perspectivas que reducen sesgos y errores estratégicos, especialmente en contextos de incertidumbre.

La equidad de género mejora la competitividad porque amplía el análisis de riesgos, clientes y oportunidades. Las decisiones dejan de basarse en visiones homogéneas y se nutren de experiencias variadas que reflejan mejor la complejidad del mercado real.

equidad de género mejora la competitividad

2. Impulsa la innovación y la creatividad organizacional

La innovación no surge en entornos uniformes. La equidad de género fomenta espacios donde coexisten diferentes formas de pensar, resolver problemas y diseñar soluciones, lo que se traduce en productos y servicios más creativos y relevantes.

Desde esta lógica, la equidad de género mejora la competitividad al fortalecer la capacidad de las empresas para diferenciarse. Organizaciones con mayor diversidad de género suelen tener portafolios más innovadores y una mayor velocidad de adaptación al cambio.

3. Fortalece la atracción y retención de talento

Las nuevas generaciones buscan trabajar en empresas alineadas con valores de inclusión y justicia social. Contar con políticas de equidad de género envía una señal clara de compromiso con el desarrollo profesional sin discriminación.

Cuando las personas perciben oportunidades reales de crecimiento, la rotación disminuye y el compromiso aumenta. Por ello, la equidad de género mejora la competitividad al reducir costos asociados a la pérdida de talento y fortalecer la estabilidad del capital humano.

4. Mejora el desempeño financiero y la rentabilidad

Cada vez existe más evidencia que vincula la equidad de género con mejores resultados financieros. Empresas con mayor participación de mujeres en puestos directivos tienden a mostrar mayores márgenes, mejor retorno sobre la inversión y mayor solidez a largo plazo.

La relación no es casual. La equidad de género mejora la competitividad porque combina liderazgo diverso, mejor gobernanza y decisiones más sostenibles, factores que los mercados y los inversionistas valoran cada vez más.

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5. Refuerza la reputación y la confianza de los grupos de interés

Clientes, inversionistas y aliados estratégicos observan con mayor atención cómo operan las empresas más allá de sus resultados económicos. La equidad de género se ha convertido en un indicador clave de buena gestión y responsabilidad corporativa.

Una reputación sólida basada en prácticas equitativas fortalece la licencia social para operar. En este contexto, la equidad de género mejora la competitividad al generar confianza y diferenciar positivamente a la empresa frente a sus competidores.

Más allá de las razones: equidad de género como ventaja estructural

La equidad de género no debe entenderse como una iniciativa aislada o un proyecto temporal. Se trata de una transformación estructural que implica revisar procesos de reclutamiento, promoción, liderazgo, cultura organizacional y esquemas de conciliación entre la vida laboral y personal.

Desde una perspectiva de sostenibilidad, integrar la equidad de género permite a las empresas anticiparse a riesgos sociales, regulatorios y reputacionales. Además, alinea la operación con estándares internacionales de derechos humanos y con los criterios ESG que hoy influyen en el acceso a capital.

Para quienes se inician en el tema, es importante comprender que la equidad de género mejora la competitividad no solo porque beneficia a las mujeres, sino porque eleva el desempeño general de la organización. Es una estrategia de negocio con impacto social positivo.

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Equidad de género como estrategia empresarial

La evidencia es clara: las empresas que integran la equidad de género en su estrategia no solo contribuyen a una sociedad más justa, sino que también fortalecen su posición en el mercado. En un entorno donde la competitividad depende de la innovación, el talento y la confianza, la igualdad se convierte en un activo clave.

Entender que la equidad de género mejora la competitividad permite superar la falsa dicotomía entre rentabilidad y responsabilidad social. Para las organizaciones del presente y del futuro, apostar por la equidad no es una opción ideológica, sino una decisión estratégica que impulsa el crecimiento sostenible y el valor a largo plazo.

Shell, Holcim y TotalEnergies: entre las empresas que enfrentarán juicios climáticos en 2026

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Los litigios climáticos han pasado de ser una herramienta marginal de activismo a convertirse en un mecanismo central para exigir rendición de cuentas frente a la crisis climática. Ante la incapacidad de la política internacional y de las negociaciones multilaterales para generar compromisos vinculantes, cada vez más comunidades recurren a los tribunales como último recurso para proteger sus medios de vida.

Este cambio de estrategia tiene implicaciones profundas para la agenda de responsabilidad social empresarial. Lo que durante años fue considerado una responsabilidad ética hoy se perfila como una obligación jurídica, especialmente frente a los juicios climáticos en 2026, que colocarán a grandes corporaciones bajo el escrutinio de cortes nacionales e internacionales.

Empresas bajo la lupa: Shell, Holcim y TotalEnergies ante los juicios climáticos en 2026

En 2026 se prevén decisiones clave en procesos judiciales contra Shell, TotalEnergies y el gigante cementero suizo Holcim. Estos casos marcan un punto de inflexión, al buscar atribuir responsabilidad legal directa a empresas por su contribución histórica y actual al calentamiento global, más allá de los compromisos voluntarios asumidos en materia climática.

Las demandas provienen de contextos diversos. En Filipinas, sobrevivientes de un tifón ocurrido en 2021 reclaman daños y perjuicios a Shell por su papel en el calentamiento global. En Indonesia, habitantes de una isla vulnerable a inundaciones acusan a Holcim de no reducir de forma suficiente sus emisiones, sentando un precedente inédito para empresas suizas.

TotalEnergies también se encuentra en la mira de los tribunales, como parte de una ola de litigios que cuestionan la coherencia entre los discursos de transición energética y las decisiones de inversión en combustibles fósiles. Estos casos reflejan una creciente exigencia de alineación entre estrategia corporativa y ciencia climática.

De cara a los juicios climáticos en 2026, el mensaje es claro: la responsabilidad climática ya no se limita al ámbito reputacional. Para las empresas con alta huella ambiental, el riesgo legal comienza a consolidarse como un componente crítico de la gestión ESG y de la gobernanza corporativa.

juicios climáticos en 2026

El auge global del litigio climático y su expansión al Sur Global

El contexto en el que se desarrollan estos procesos explica su creciente relevancia. De acuerdo con Naciones Unidas, solo en 2024 se presentaron más de 200 nuevos casos climáticos, y desde el primer litigio registrado en 1986 hasta junio de 2025 se han acumulado cerca de 3,000 demandas en 60 países.

Una característica central de esta tendencia es su expansión en el Sur Global, que representa casi el 60% de los casos presentados desde 2020. Países como Brasil se han posicionado como actores clave, con 135 casos, muchos de ellos relacionados con deforestación ilegal y daños ambientales.

Estados Unidos sigue siendo el país más litigioso, con casi 2,000 casos acumulados, pero el aumento de demandas en América Latina, Asia y África revela una búsqueda de justicia climática por parte de comunidades altamente vulnerables a los impactos del cambio climático.

Para la agenda de responsabilidad social, este escenario refuerza la necesidad de una diligencia debida climática con enfoque territorial. Los juicios climáticos en 2026 podrían consolidar estándares legales que obliguen a las empresas a considerar impactos más allá de sus países de origen.

juicios climáticos en 2026

Precedentes, tensiones legales y riesgos de retroceso climático

Algunos fallos recientes ya han sentado bases jurídicas relevantes. En Alemania, aunque un tribunal desestimó la demanda de un agricultor peruano contra la empresa energética RWE, reconoció que las compañías pueden ser responsables de sus emisiones, un precedente clave para futuros casos.

A nivel internacional, el tribunal más alto de las Naciones Unidas emitió una opinión señalando que los Estados deben cumplir sus compromisos de reducción de emisiones o enfrentar posibles compensaciones. Esta interpretación fortalece los argumentos legales que vinculan derechos humanos y acción climática.

No obstante, el litigio climático también enfrenta tensiones. A través del mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS), empresas energéticas han demandado a gobiernos por políticas climáticas que afectan sus ganancias, generando un efecto disuasivo sobre la regulación ambiental.

Según el Grantham Research Institute, en 2024 el 27% de los nuevos casos climáticos buscaron retrasar o debilitar políticas públicas, principalmente en tribunales estadounidenses. Este contexto complejiza el impacto real de los juicios climáticos en 2026, al coexistir avances y retrocesos legales.

juicios climáticos en 2026

Cuando la justicia climática redefine el rol de las empresas

Las resoluciones que se dicten en 2026 en los casos contra Shell, Holcim y TotalEnergies podrían marcar un antes y un después en la relación entre empresa, clima y derechos humanos. Más allá de los resultados individuales, estos procesos están redefiniendo los límites de la responsabilidad corporativa en un contexto de emergencia climática.

Para las organizaciones comprometidas con la responsabilidad social y los criterios ESG, los juicios climáticos en 2026 son una señal inequívoca: la inacción climática conlleva riesgos legales, financieros y reputacionales crecientes. Anticiparse a este escenario implica pasar del discurso a la acción, integrando el clima como un eje central de la estrategia de negocio y de la gobernanza corporativa.

¿Qué iniciativas están marcando la diferencia en la lucha contra la desigualdad?

Las fundaciones empresariales han demostrado que el sector privado puede ser un actor decisivo en la reducción de las brechas sociales. Al implementar programas integrales que ayudan a fortalecer el acceso a derechos básicos, estas instituciones se han convertido en aliadas estratégicas que ayudan a reducir desigualdades desde la RSE e impulsar transformaciones sostenibles en comunidades de alta vulnerabilidad.

Ese compromiso se hace visible en modelos de intervención que no solo atienden carencias inmediatas, sino que brindan herramientas para construir trayectorias de vida más dignas. Mediante alianzas, intervenciones especializadas y el fortalecimiento de capacidades locales, las fundaciones empresariales generan impactos medibles que fortalecen el bienestar y la movilidad social de distintos grupos de la población.

Un ejemplo claro de este enfoque es Fundación Gigante, el brazo social de Grupo Gigante y Grupo Presidente, cuyo trabajo se ha convertido en un motor de cambio social. Con programas de educación, salud, acceso a alimentación y proyectos de desarrollo comunitario, la organización está contribuyendo a disminuir las brechas sociales, económicas y de acceso a derechos, demostrando que la responsabilidad social puede convertirse en un catalizador de oportunidades para quienes más lo necesitan.

Fundación Gigante ayuda a reducir desigualdades desde la RSE

A lo largo de los años, el trabajo de Fundación Gigante ha destacado por su capacidad para articular esfuerzos junto a aliados especializados y llevar soluciones directas a comunidades que enfrentan desigualdades estructurales mediante acciones como:

Brindar alimentación digna para la niñez mexicana

La falta de acceso a alimentos nutritivos es una de las desigualdades más urgentes en México. Para contribuir a atender esta problemática, Fundación Gigante se unió a Comer y Crecer, una alianza que ha fortalecido su capacidad para mejorar la nutrición de niñas y niños en comunidades vulnerables. 

En 2023, la alianza benefició a 645 familias mediante la entrega de despensas y permitió servir 296,460 comidas en los comedores de Comer y Crecer, impactando directamente a 1,647 niñas y niños. Así, el programa se ha convertido en una red de apoyo para miles de menores que, al recibir una alimentación adecuada, pueden mejorar su desempeño escolar y alcanzar mayor bienestar general.

reducir desigualdades desde la RSE

Ampliar el acceso a servicios médicos

El acceso a servicios médicos especializados continúa siendo una brecha profunda en México, especialmente para las familias que enfrentan condiciones económicas adversas. Como parte de sus acciones para combatir esta desigualdad, Fundación Gigante ha impulsado una serie de jornadas de cirugías para niñas, niños y adolescentes con labio y paladar hendido, un padecimiento que no solo afecta la salud, sino también la autoestima, el desarrollo del lenguaje y la inclusión social de quienes lo padecen y cuya atención  resulta inaccesible para muchas personas debido a sus altos costos.

Solo en 2023, la fundación realizó 5 jornadas de cirugías en Chiapas, Guadalajara, Monterrey y Puebla, beneficiando a 565 personas con intervenciones quirúrgicas y la realización de 975 valoraciones médicas. Además, la organización mantiene una campaña de cirugías mensuales en Guadalajara y Monterterrey, garantizando atención continua para quienes se enfrentan a esta condición. Con este programa, Fundación Gigante contribuye a reducir desigualdades desde la RSE y a devolver salud, funcionalidad y oportunidades de desarrollo a quienes carecen de recursos para costear un procedimiento de este tipo.

Apoyar la educación de menores en situaciones vulnerables

La educación es uno de los pilares más poderosos para romper ciclos de pobreza. Sin embargo, miles de niñas y niños enfrentan dificultades académicas debido a problemas de visión no atendidos. Para cerrar esta brecha, Fundación Gigante, en alianza con Fundación Ver Bien para Aprender Mejor, implementó un programa que entrega lentes a estudiantes de escuelas públicas, asegurando que puedan ver adecuadamente y aprovechar al máximo su etapa escolar.

Gracias a este esfuerzo, se entregaron 4,347 pares de anteojos a niñas y niños en todo el país, mejorando su salud visual y con ello su concentración, participación en clase y rendimiento académico. Además de su impacto directo, este programa se ha convertido en una herramienta eficaz para reducir desigualdades desde la RSE, ya que permite que los estudiantes continúen su trayectoria educativa sin barreras visuales que limiten su aprendizaje o desempeño.

reducir desigualdades desde la RSE

Impulsar el desarrollo comunitario y fortalecimiento de capacidades

La desigualdad también se manifiesta en la falta de acceso a infraestructura básica, servicios esenciales y alternativas productivas. Para atender estas necesidades, Fundación Gigante impulsó, junto con Fundación Obras Educativas, la implementación del Modelo de Uso Sustentable de Agua (MUSA) en la región Chontal de Oaxaca, el cual consta de sistemas de captación de agua, pozos, baños ecológicos y biofiltros para el manejo de aguas grises. 

Hasta ahora, 65 familias han sido beneficiadas con los materiales y capacitación para construir estos sistemas, hacerlos funcionar y mantenerlos. Además, la organización impulsó la creación de 30 huertos de traspatio, los cuales ayudan a esforzar la seguridad alimentaria de la región y generar nuevas oportunidades de producción familiar. Con iniciativas como esta, Fundación Gigante demuestra que es posible reducir desigualdades desde la RSE mediante proyectos que fortalecen capacidades locales y promueven la autonomía comunitaria.

reducir desigualdades desde la RSE

¡Construir un futuro más justo es posible!

Las acciones de Fundación Gigante evidencian que las empresas pueden desempeñar un papel crucial en la construcción de un México más igualitario. A través de alianzas estratégicas, diagnósticos adecuados y programas que responden a necesidades reales, la organización ha contribuido a mejorar la calidad de vida de miles de personas, mostrando que cuando la responsabilidad social se ejerce con visión y compromiso, tiene un impacto profundo y duradero.

Los programas de alimentación, salud, educación y desarrollo comunitario de FG ejemplifican cómo la colaboración entre sectores permite crear soluciones que transforman la vida de quienes enfrentan mayores barreras, pues cada intervención no solo atiende una necesidad inmediata, sino que siembra oportunidades futuras, fortalece capacidades y disminuye brechas estructurales que limitan el desarrollo integral de miles de familias.

Fundación Gigante demuestra su compromiso con reducir desigualdades desde la RSE y demuestra que, cuando el sector empresarial actúa con empatía y estrategia, es posible generar un impacto que trasciende cifras y se convierte en esperanza, movilidad social y bienestar para las comunidades que más lo necesitan.

¿Cuánto dinero aportan las mujeres en México por trabajo no remunerado?

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El trabajo no remunerado sostiene silenciosamente a la economía mexicana, aunque rara vez se reconoce como un pilar del desarrollo. Las tareas domésticas, de cuidado y de apoyo emocional permiten que millones de personas participen en el mercado laboral formal, sin que estas actividades se reflejen de manera directa en las cuentas nacionales ni en las políticas públicas.

Sin embargo, medir su valor económico revela una realidad contundente: el aporte de las mujeres en México por trabajo no remunerado expone un problema de justicia social, de diseño institucional y de corresponsabilidad.

El peso económico de las mujeres en México por trabajo no remunerado

El valor económico del trabajo no remunerado en México alcanzó los 8 billones de pesos en 2024, equivalente al 23.9% del PIB nacional, según información de Forbes. Esta cifra, reportada por el Inegi, confirma que estas actividades generan casi una cuarta parte de la riqueza del país, aunque no se traduzcan en ingresos, prestaciones ni seguridad social para quienes las realizan.

Del total de este valor, las mujeres aportaron el 72.6%, mientras que los hombres contribuyeron con apenas el 27.4%. En términos comparativos, las labores domésticas y de cuidados realizadas por mujeres generaron 2.7 veces más valor económico que las realizadas por los hombres, evidenciando una distribución profundamente desigual del tiempo y el esfuerzo.

Aunque el 53.9% de las personas que realizan trabajo no remunerado son mujeres y el 46.1% hombres, la brecha se amplía al medir horas y valor económico. Las mujeres en México por trabajo no remunerado concentran casi tres cuartas partes del tiempo invertido en estas actividades, lo que limita su participación plena en el mercado laboral y en espacios de toma de decisiones.

Este desequilibrio no es producto de decisiones individuales aisladas, sino de normas sociales arraigadas y de una falta histórica de políticas de corresponsabilidad. La economía mexicana descansa sobre un esquema que asume el trabajo femenino como un recurso ilimitado y gratuito, reproduciendo desigualdades de género de largo plazo.

mujeres en México por trabajo no remunerado

El costo individual de una desigualdad estructural

El valor económico anual promedio del trabajo no remunerado se ubicó en 60,379 pesos por persona durante 2024. No obstante, esta cifra esconde una brecha significativa: cada mujer aportó en promedio 82,339 pesos anuales en trabajo doméstico y de cuidados, mientras que los hombres generaron solo 34,695 pesos.

Esta diferencia implica que las mujeres aportan más del doble de valor económico sin recibir compensación monetaria. Para muchas, esto se traduce en trayectorias laborales fragmentadas, menor acceso a puestos de liderazgo y pensiones más bajas, profundizando la feminización de la pobreza a lo largo del ciclo de vida.

Desde una perspectiva de responsabilidad social, esta situación representa un riesgo sistémico. Las empresas que no consideran el impacto del trabajo no remunerado en la vida de sus colaboradoras reproducen desigualdades que afectan la productividad, la retención de talento y la sostenibilidad organizacional.

Reconocer el aporte de las mujeres en México por trabajo no remunerado no es solo una cuestión ética, sino estratégica. Implica repensar esquemas de flexibilidad laboral, licencias de cuidado y servicios de apoyo que permitan redistribuir el tiempo y cerrar brechas estructurales.

Cuidados emocionales y desigualdad territorial

Un avance relevante de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México (CSTNRHM) 2024 fue la incorporación, por primera vez, de información sobre cuidados emocionales. Al considerar esta dimensión, el valor total del trabajo no remunerado se eleva hasta el 26.3% del PIB, confirmando que una parte sustantiva del bienestar social depende de tareas históricamente invisibilizadas.

En este nuevo cálculo, las mujeres aportan el 71.2% del valor económico total, frente al 28.8% generado por los hombres. Los cuidados emocionales, fundamentales para la salud mental y la cohesión social, siguen recayendo mayoritariamente en las mujeres, reforzando una carga que rara vez se reconoce en políticas públicas o estrategias empresariales.

A nivel territorial, cinco entidades concentran la mayor parte del valor económico generado: Estado de México (11.6%), Ciudad de México (6.7%), Jalisco (6.6%), Veracruz (6.3%) y Nuevo León (5.6%). Estas cifras muestran que la desigualdad de género en el trabajo no remunerado también tiene expresiones regionales que deben ser consideradas en el diseño de políticas locales.

Visibilizar el aporte de las mujeres en México por trabajo no remunerado exige una mirada integral que incluya cuidados físicos, domésticos y emocionales. Solo así es posible dimensionar el verdadero costo de sostener la economía sin mecanismos adecuados de redistribución y reconocimiento.

https://twitter.com/EthosInnovacion/status/1983550208605614199?s=20

Del reconocimiento a la corresponsabilidad

Los datos son claros: sin el trabajo no remunerado, principalmente realizado por mujeres, la economía mexicana simplemente no funcionaría. Sin embargo, mientras este aporte siga siendo invisible y desigualmente distribuido, las brechas de género continuarán reproduciéndose en el empleo, los ingresos y el acceso a derechos.

Avanzar hacia la corresponsabilidad implica transformar normas sociales, fortalecer sistemas públicos de cuidado y promover un rol activo del sector empresarial. Reconocer el valor que generan las mujeres en México por trabajo no remunerado es el primer paso; el siguiente es traducir ese reconocimiento en políticas, prácticas y decisiones que distribuyan de manera justa el tiempo, el cuidado y las oportunidades.