Nuestra jerarquía simplificada de las luces y sombras, de lo que todos hablan y lo que pocos saben en el mundo de la responsabilidad corporativa y la sostenibilidad.

Mermelada Santa Rosa de Toks, un producto que no sólo acompaña desayunos y platillos dentro de la cadena restaurantera, sino que también representa una historia de crecimiento comunitario, colaboración y orgullo por lo hecho en México. Pero, ¿de dónde viene esta deliciosa mermelada y quién la elabora?
¿Qué ocurre cuando el propietario de una de las principales plataformas de comunicación del mundo es señalado por utilizar su alcance para influir en el debate político? La pregunta está en el centro de las acusaciones que el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, dirigió contra Elon Musk durante una conferencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El funcionario denunció supuestas campañas masivas de acoso digital contra dirigentes europeos y advirtió sobre los riesgos que representan las redes sociales para la estabilidad democrática.
El señalamiento llega antes de las elecciones presidenciales francesas de 2027 y plantea un problema que trasciende la confrontación política: la responsabilidad de las grandes tecnológicas frente a los derechos humanos, la integridad informativa y la rendición de cuentas. El caso pone sobre la mesa una cuestión central para los criterios ESG: ¿qué mecanismos de gobernanza deben existir cuando el poder empresarial también puede influir en la conversación pública?
Durante su intervención ante la OCDE, Barrot afirmó que Musk había impulsado campañas de acoso en línea contra líderes europeos para influir en los debates nacionales, aprovechando la viralidad de X, la plataforma que posee.
Barrot señaló que distintos actores explotan temas sensibles, como la inmigración, el laicismo y el conflicto entre Israel y Palestina, para intensificar las divisiones sociales.
También advirtió sobre la difusión de narrativas hostiles alrededor de las protestas estudiantiles y sindicales que se han extendido por Francia desde septiembre de 2026. Las movilizaciones responden a problemas como la falta de profesores, la saturación de las aulas y la escasez de recursos educativos. Según el ministro, actores procedentes de Rusia, China e Irán, así como personas vinculadas al movimiento MAGA estadounidense, han aprovechado estos acontecimientos para promover sus propias interpretaciones. Tras los señalamientos, Barrot agregó:
“No toleramos ninguna injerencia extranjera, venga de donde venga. Es una cuestión de soberanía”.
Las acusaciones francesas también evidencian una tensión entre la soberanía de los Estados y el poder transnacional de las plataformas privadas.
Una parte creciente del debate público ocurre en servicios cuyos propietarios pueden influir en la distribución de información, las condiciones de participación y la visibilidad de determinadas voces. Cuando estas decisiones se concentran en pocas empresas, los gobiernos enfrentan dificultades para responder a operaciones que atraviesan fronteras y se difunden con rapidez.
El problema no consiste en que las plataformas determinen automáticamente lo que piensa la ciudadanía, sino en que pueden modificar las condiciones bajo las cuales las personas acceden a la información y forman sus opiniones.
Esta vulnerabilidad se manifiesta en tres riesgos:

El reto para los gobiernos es proteger la integridad del debate democrático sin convertir la lucha contra la desinformación en una justificación para censurar críticas legítimas. Esto requiere investigaciones sustentadas en pruebas, reglas transparentes y mecanismos de supervisión que también limiten los posibles abusos de las autoridades.
La soberanía digital, por tanto, no significa que los Estados deban controlar toda la información que circula en internet. Implica que tengan capacidad para hacer cumplir la ley, proteger los derechos de sus ciudadanos y exigir responsabilidades a los actores que operan en sus territorios.
Las acusaciones de Francia podrían incrementar el escrutinio público sobre Musk y la gobernanza de X. Para el empresario, el riesgo es reputacional: si la percepción de que utiliza su plataforma para favorecer intereses políticos particulares se consolida, puede debilitar la confianza en la imparcialidad de sus reglas.
Para X, la cuestión es más estructural. Su credibilidad depende de que pueda demostrar que los mecanismos de seguridad, moderación y transparencia funcionan de manera consistente, independientemente de quién publique el contenido o de la posición política de las personas involucradas.
El caso también ofrece una advertencia sobre los límites de evaluar a las compañías exclusivamente mediante sus compromisos declarados. Una empresa puede contar con políticas formales y, aun así, enfrentar cuestionamientos sobre su implementación, sus controles internos o la supervisión de sus principales directivos.

Por ello, el presunto acoso de Elon Musk no debe darse por demostrado a partir de las declaraciones del ministro francés, pero tampoco conviene reducir la controversia a un enfrentamiento entre dos figuras públicas. Lo que está en juego es la capacidad de las instituciones para exigir responsabilidades a quienes concentran poder sobre infraestructuras esenciales para la comunicación contemporánea.
La gobernanza de las plataformas necesita mecanismos verificables para prevenir abusos, proteger los derechos humanos y garantizar transparencia. En un entorno donde las decisiones empresariales pueden repercutir en el debate político de varios países, la responsabilidad social no puede limitarse a declaraciones de principios: debe reflejarse en controles efectivos, rendición de cuentas y evidencia de resultados.
El desafío consiste en impedir que el poder digital opere sin contrapesos, sin otorgar a los gobiernos facultades ilimitadas para decidir qué opiniones pueden circular. La credibilidad de las empresas tecnológicas y la resiliencia de las democracias dependen, en buena medida, de que existan reglas capaces de proteger simultáneamente la libertad de expresión, la integridad informativa y los derechos de las personas.
La representación femenina en los consejos de administración de las empresas estadounidenses registró una nueva caída. Durante el segundo trimestre, las mujeres ocuparon el 29.2% de los puestos en las compañías del índice Russell 3000, frente al 30.1% del mismo periodo del año anterior, de acuerdo con un análisis de 50/50 Women on Boards. La tendencia confirma que el acceso de las mujeres a los máximos niveles de decisión corporativa continúa enfrentando obstáculos y que los avances en diversidad no son irreversibles.
El retroceso también plantea una cuestión de gobernanza: ¿las empresas están transformando sus procesos de selección y sucesión para ampliar la participación femenina o mantienen dinámicas que limitan el acceso al liderazgo? Para los responsables de sostenibilidad, recursos humanos y gobierno corporativo, la igualdad de género en las empresas exige evaluar no solo los compromisos públicos, sino también los resultados de las decisiones que determinan quién ocupa los puestos de mayor influencia.
Las cifras recopiladas por 50/50 Women on Boards y Equilar muestran un deterioro progresivo en la participación de las mujeres en los consejos de administración del Russell 3000. La representación pasó del 30.4% en el primer trimestre del año anterior al 29.9% en el primer trimestre del año actual, y descendió nuevamente al 29.2% durante el segundo trimestre.
Más allá de la variación porcentual, el dato relevante es la continuidad de la caída. La presencia femenina no solo dejó de crecer: retrocedió por debajo del 30% en el periodo analizado. Aunque estos resultados corresponden al mercado estadounidense y no pueden extrapolarse automáticamente a otros países, sí constituyen una señal de alerta sobre la capacidad de las empresas para sostener los avances en diversidad en sus órganos de gobierno.

Otro hallazgo ayuda a dimensionar el desafío: solo el 13.8% de las mujeres recién nombradas en los consejos reemplazaron a hombres. La mayoría accedió a puestos de nueva creación. Este dato no explica por sí mismo la disminución de la representación femenina, pero pone de relieve la importancia de examinar cómo se distribuyen las vacantes existentes y qué criterios determinan las nuevas designaciones.
Heather Spilsbury, directora ejecutiva de 50/50 Women on Boards, resumió el problema con una afirmación contundente: “El mérito es el criterio; el acceso es el problema”.
La declaración dirige la atención hacia los mecanismos que conectan el talento con las oportunidades. La experiencia y las capacidades profesionales no siempre se traducen en posibilidades equivalentes de promoción. Las redes de contacto, la visibilidad ante quienes toman decisiones y los procesos de sucesión pueden influir en quién es considerado para integrar un consejo o asumir una posición directiva.
Por ello, la organización plantea fortalecer las prácticas de sucesión y conectar a quienes deciden los nombramientos con talento femenino. Para las empresas, esto implica revisar si sus procesos identifican candidatas con las competencias necesarias, si las listas de posibles sucesores son suficientemente amplias y si los criterios de selección se aplican de manera consistente.
La igualdad de género en las empresas no se garantiza únicamente mediante políticas de diversidad. También requiere mecanismos de acceso transparentes, responsabilidades definidas y seguimiento de los resultados.

Las barreras al liderazgo comienzan mucho antes de una posible designación en un consejo de administración. La formación, la mentoría, el respaldo de los empleadores y el acceso a proyectos relevantes influyen en las oportunidades de crecimiento profesional.
Una encuesta de HiBob citada en la información del estudio encontró que solo el 36% de las mujeres consultadas se sentían capacitadas para rendir al máximo en el trabajo y apenas el 28% percibían el apoyo activo de su empleador. El informe también señaló que las oportunidades de mentoría eran menos frecuentes para ellas que para los hombres.
Estas cifras apuntan a una brecha entre el talento de las colaboradoras y las condiciones que las organizaciones les ofrecen para desarrollarlo. Si las mujeres cuentan con menos acompañamiento, apoyo o acceso a oportunidades de crecimiento, las empresas pueden limitar la formación de una cantera diversa para sus futuras posiciones de liderazgo.
Los equipos de recursos humanos pueden contribuir con programas de mentoría y patrocinio ejecutivo, criterios de promoción explícitos, acceso equitativo a proyectos estratégicos y revisiones periódicas de las trayectorias profesionales. No obstante, estas acciones necesitan el respaldo de la alta dirección: ampliar las oportunidades de desarrollo pierde alcance si las decisiones finales de promoción y sucesión no siguen criterios congruentes.
La disminución de la representación femenina también debe analizarse a la luz de las prioridades corporativas. Un informe de LeanIn.org y McKinsey & Company advirtió que, si las empresas estadounidenses reducen sus compromisos con la diversidad y la inclusión, podrían perder los avances logrados para las mujeres.
La advertencia señala un riesgo para la gestión empresarial: cuando las iniciativas de inclusión pierden continuidad, las políticas pueden mantenerse formalmente mientras disminuye su efecto sobre las oportunidades reales. Por ello, evaluar el progreso exige observar los resultados y no limitarse a contabilizar programas, declaraciones o compromisos públicos.

Para los responsables de sostenibilidad y gobernanza, esto supone integrar la representación femenina en los mecanismos de seguimiento corporativo. Entre las medidas relevantes están:
La caída registrada en el Russell 3000 no significa que todas las compañías estén siguiendo la misma trayectoria, pero sí cuestiona la idea de que una mayor representación femenina se mantendrá por inercia. Los datos muestran la necesidad de observar cómo se toman las decisiones de nombramiento, qué oportunidades reciben las mujeres durante su carrera y si los compromisos de diversidad se traducen en cambios medibles.
Para los consejos de administración, la alta dirección y los equipos de recursos humanos, el reto consiste en convertir la igualdad de género en las empresas en una responsabilidad de gestión, con procesos transparentes, oportunidades de desarrollo y rendición de cuentas. La diversidad en los espacios de decisión no depende únicamente de que exista talento femenino, sino de que las organizaciones permitan que ese talento acceda a posiciones de influencia.
Por Luis Maram
Dice el Buen Libro en Apocalipsis 3:16… “A los tibios los vomitaré de mi boca”. ¿Qué tiene que ver eso con marcas o con negocios? Todo. Cuando has enarbolado una bandera, no puedes cambiarte de bando ni quedarte a medias en el compromiso, necesitas ir a fondo si quieres ver el éxito. Esa es la estrategia de marketing de Sydney Sweeney con Novig: Go all the way!
Y quiero dejar algo en claro: no estoy defendiendo si la postura es responsable o no, ética o desprovista de ella, feminista o cuestionable en materia de equidad… lo que estoy asentando es que Sydney, como buena accionista de Novig, dobló la apuesta y creo que le funcionará como estrategia de negocio y marca personal.
Esta semana, cientos de medios te contaron lo mismo: Sydney Sweeney volvió a quitarse la ropa para un anuncio… bla bla…
Pero si nos quedamos ahí, nos atascamos solo en el gossip. Pero lo que acaba de pasar no es un chisme de farándula: es una estrategia de marketing de Sydney Sweeney y Novig pensada con mucho detalle. Es una clase lo que en marketing, y quizá en la vida misma, debería ser regla: if you’re gonna go, go all the way.
Y para entenderlo, hay que ver la jugada completa (para seguir hablando con los términos adecuados); incluida la respuesta de una marca gigante que, curiosamente, llega al debate un paso tarde.
En septiembre, Novig, una plataforma de predicciones centrada solo en deportes, lanzó su primera campaña nacional: Just Sports. La protagonista fue Sydney Sweeney, casi desnuda, cubierta únicamente por accesorios de “deportes”.
La reacción fue inmediata. Varias atletas, entre ellas la nadadora olímpica Ariarne Titmus, criticaron que el anuncio reducía el deporte femenino a un truco publicitario. A Sweeney la tacharon de antifeminista y de hacer retroceder décadas la imagen de la mujer en el deporte. Analizamos ese caso aquí.
Lo esperable en un mundo políticamente correcto era una disculpa, un comunicado o un silencio estratégico. Pero el 11 de octubre, Sweeney publicó en Instagram un segundo anuncio, aún más subido de tono: sin nada en la parte de arriba del cuerpo, con ropa interior de Novig y cubriéndose con balones de fútbol americano. El copy: No BS. Just sports.
Y el guion es lo más interesante. Abre burlándose de que haya hombres adultos haciendo hojas de cálculo para apostar por el color de su ropa interior. Luego remata con el argumento de fondo que parece incluso ético: hay plataformas donde la gente apuesta por guerras y eventos mundiales; Novig solo es deportes.
Páginas como Polymarket permiten a los usuarios crear contratos y apostar dinero real sobre prácticamente cualquier acontecimiento del mundo real.

Primero: no retrocedió. Cuando una marca o una persona recula a medias, pierde dos veces. Pierde a quienes la criticaban, porque nunca la van a perdonar del todo, y pierde a quienes la apoyaban, porque la ven débil. Sweeney no reculó: dobló la apuesta.

Segundo: convirtió la crítica en el mensaje. No ignoró la polémica, la puso en el centro del anuncio. La burla sobre su ropa interior es un jiu-jitsu narrativo: usa la fuerza de aquello con que la atacaban para impulsar la secuela de la campaña. Aquí cabe señalar que muchas mujeres apoyan su decisión inicial señalando que es su cuerpo, su decisión.
Tercero: escondió un argumento serio y le pegó a su competencia. El contraste “nosotros solo deportes, otros apuestan con guerras” es casi un posicionamiento ético. El propósito del discurso es marcar una línea clara de separación. Mientras sus rivales comercian con guerras, política o su propia ropa interior, Novig promueve “Just Sports” (Solo Deportes). La plataforma busca posicionarse como un mercado regulado y transparente enfocado única y exclusivamente en estadísticas de partidos, atletas y ligas deportivas tradicionales.
Cuarto: usa una accionista, no un influencer. Sweeney no es solo la cara contratada; es accionista de Novig. No puede dar un paso atrás sin dañar su propia inversión. Por eso puede ir con todo: su incentivo y el de la marca son el mismo.
Ahora la historia se pone todavía más interesante. Powerade, propiedad de Coca-Cola, respondió con su campaña Never Just Sports, creada por Ogilvy. Su mensaje es completamente ético, responsable, feminista: en el deporte no hay nada “solo”. La pautó en Times Square, el mismo lugar donde Novig había mostrado a Sweeney, con atletas reales sudando, compitiendo y llevando su cuerpo al límite.
Es una buena campaña. El concepto es inteligente, el insight es correcto y la causa es noble. Entonces, ¿cuál es el problema?
El timing. Novig lanzó Just Sports en septiembre. Powerade publicó su respuesta el 12 de octubre, un día después de que Sweeney ya había lanzado su segunda jugada. Para cuando Coca-Cola contestó el primer movimiento, Novig ya iba en el segundo.
Es como en el ajedrez: Novig juega con blancas y lleva la delantera; Powerade apenas reacciona. Y lo extraño es que estamos hablando de Coca-Cola, una de las empresas con más recursos y más experiencia publicitaria del planeta. Lo que nos dice algo que en marketing es común pero lamentable: animal grande, animal lento.
No necesitas a Sydney Sweeney ni un espectacular en Times Square para hacer marketing de polémica que funcione. Antes de lanzar tu próxima campaña polémica (o de responder a una crítica), pásala por este filtro de cinco preguntas:
Una advertencia honesta: ir all the way no significa ir sin límites. Define antes tus líneas rojas, lo que nunca harías por ética aunque genere atención. La valentía sin criterio no es estrategia, es imprudencia... por decir un eufemismo.
Puedes estar de acuerdo o no con Sydney Sweeney. Puedes pensar que el anuncio es brillante o que es un retroceso. Las dos posturas tienen argumentos.
Lo que no puedes negar es que, mientras una de las marcas más grandes del mundo seguía armando su respuesta, una startup y una actriz ya habían movido dos veces el tablero. Esa es la verdadera lección de la estrategia de marketing de Sydney Sweeney.
En marketing, como en la vida, las medias tintas casi nunca se recuerdan. Recuerda: “A los tibios los vomitaré de mi boca”. Así que la próxima vez que dudes entre tibio y valiente, recuerda: if you’re gonna go, go all the way.
Este artículo se publicó primero en el sitio del autor.

Luis Maram, Marketing y sostenibilidad
Marketer, Speaker, Experto en Marketing y Reputación
Linkedin | Creo en el poder transformador de las marcas
Luis Maram es estratega especializado en marketing digital y el desarrollo de contenidos para visibilidad de marca, reputación y responsabilidad corporativa. Durante años ha acompañado a marcas en el diseño de acciones digitales que inspiran a sus audiencias, generan conexión y producen resultados concretos —desde el content marketing y el social media hasta la inteligencia artificial.
Luis Maram es speaker internacional y actualmente Director de Marketing y Media en Expok, donde lidera la estrategia digital de la empresa y sus clientes. Asimismo, edita uno de los blogs de estrategia de contenido y marketing digital más reconocidos de México, LuisMaram.com. Ha impartido más de un centenar de conferencias en México y el extranjero.
México ocupó el lugar 18 en el Índice de Comercio Sostenible Hinrich-IMD (STI) 2026, la misma posición que en la edición anterior. Aunque no avanzó en la clasificación general, mejoró sus resultados en los pilares económico y social, mientras que en el ambiental descendió un puesto. El balance revela una combinación de fortalezas y desafíos que permite evaluar qué tan preparado está el país para impulsar un modelo comercial más sostenible.
Elaborado por la Fundación Hinrich y el IMD World Competitiveness Center (WCC), el índice evalúa 30 economías mediante 79 indicadores distribuidos en tres dimensiones: económica, social y ambiental. En el caso mexicano, destacan el quinto lugar ambiental y el primer puesto compartido en indicadores de no discriminación de género en la contratación y de estándares ambientales comerciales y fijación de precios del carbono. Sin embargo, la calidad institucional, la desigualdad de ingresos y la inversión en investigación y desarrollo siguen representando retos.
El Índice de Comercio Sostenible Hinrich-IMD mide la capacidad de las economías para aprovechar los beneficios del comercio internacional y reducir sus posibles efectos negativos. Para ello, considera factores económicos, sociales y ambientales que permiten comparar el desempeño de los países desde una perspectiva integral.
La edición 2026 analiza 30 economías que son miembros o aspirantes a integrar importantes acuerdos y organizaciones comerciales, entre ellos el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), la Asociación Económica Integral Regional (RCEP) y el Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA).
Esta metodología permite identificar desequilibrios que una clasificación general no muestra por sí sola. Una economía puede destacar por sus resultados ambientales y, al mismo tiempo, presentar debilidades sociales o económicas. Por ello, la posición global debe interpretarse junto con los resultados de cada pilar para comprender las condiciones que sostienen la competitividad de un país.

En la edición 2026, México pasó del puesto 20 al 18 en el pilar social y del 22 al 21 en el económico. En contraste, retrocedió una posición en el componente ambiental, aunque conservó el quinto lugar. Estas variaciones muestran que el desempeño nacional evoluciona de manera distinta en cada dimensión, sin que las mejoras individuales se traduzcan necesariamente en un ascenso general.
Uno de los resultados sociales más relevantes fue el primer lugar compartido en el indicador de no discriminación de género en la contratación. Este resultado destaca el desempeño mexicano en materia de inclusión laboral dentro de los criterios evaluados por el índice.
Sin embargo, el país se ubicó en el puesto 22 en desigualdad de ingresos. La diferencia entre ambos indicadores muestra que los avances relacionados con la igualdad de oportunidades en la contratación coexisten con desafíos distributivos. Para fortalecer el desempeño social, resulta importante considerar ambas dimensiones y evitar que un buen resultado puntual oculte otras brechas.
El pilar ambiental es una de las principales fortalezas de México en el Índice de Comercio Sostenible Hinrich-IMD 2026. A pesar de perder una posición respecto al año anterior, el país permaneció entre las cinco economías mejor evaluadas en esta dimensión.
Entre los resultados destacados se encuentran el primer lugar compartido en los indicadores de estándares ambientales comerciales y fijación de precios del carbono. Además, los recursos naturales representan el 9.37% del comercio mexicano, según los datos del informe, un indicador que contribuye a caracterizar la composición de sus intercambios comerciales.
Estos resultados sitúan al componente ambiental como un área de fortaleza relativa para el país. El desafío consiste en mantener ese desempeño mientras se atienden las brechas de los otros dos pilares, de modo que la sostenibilidad comercial no dependa únicamente de los resultados obtenidos en materia ambiental.

En el ámbito económico, México avanzó una posición, pero el informe identifica desafíos relacionados con la calidad institucional, especialmente en la percepción de la corrupción y el Estado de derecho. Estos factores forman parte de las condiciones que influyen en el entorno económico y en la capacidad de las economías para sostener su competitividad.
El estudio también señala una elevada concentración de los mercados de exportación y una inversión en investigación y desarrollo equivalente al 0.25% del producto interno bruto (PIB). Ambos datos permiten identificar áreas de oportunidad relacionadas con la diversificación comercial y la generación de capacidades de innovación.
La posición económica de México refleja, por tanto, retos que van más allá del intercambio de bienes y servicios. Fortalecer las instituciones, ampliar la inversión en investigación y desarrollo y diversificar los mercados de exportación son aspectos relevantes para consolidar una estructura comercial más competitiva y preparada para responder a las exigencias de sostenibilidad.
El Reino Unido ocupó el primer lugar general del índice y fue la única economía que se mantuvo entre las primeras posiciones de los tres pilares. Alcanzó el cuarto puesto en las dimensiones económica y social, y el segundo en la ambiental. Su desempeño equilibrado le permitió encabezar la clasificación.
Singapur se ubicó en el segundo lugar general, respaldado por su liderazgo en el pilar económico y un ascenso de nueve posiciones en el ambiental. Nueva Zelanda, que encabezó el índice entre 2022 y 2024, quedó en tercer lugar. Aunque superó al Reino Unido en los componentes social y ambiental, sus resultados económicos menos favorables influyeron en su posición final. Hong Kong y Australia completaron los cinco primeros lugares.
Las diferencias entre dimensiones también son visibles en otras economías. Estados Unidos ocupó el décimo lugar general, pero se situó en el segundo puesto económico y el 27 ambiental. China quedó en la posición 19 general, con el séptimo lugar económico, el 23 social y el 26 ambiental. Estos contrastes confirman que el desempeño comercial sostenible depende de múltiples factores y que una posición general no refleja por sí sola todas las fortalezas y debilidades de una economía.
México conserva fortalezas importantes en materia ambiental y presenta avances en indicadores sociales y económicos, pero todavía enfrenta obstáculos para mejorar su desempeño integral. Los resultados del Índice de Comercio Sostenible Hinrich-IMD 2026 muestran que el país necesita atender las brechas institucionales, la desigualdad de ingresos y la inversión limitada en investigación y desarrollo para fortalecer su competitividad.
El siguiente paso para el comercio sostenible en México consiste en consolidar los avances existentes y atender los factores que limitan su desarrollo. Más que mejorar una posición en el ranking, el reto es construir condiciones para que el comercio contribuya al crecimiento económico, la inclusión social y la protección ambiental. En ese sentido, el índice funciona como una herramienta para identificar prioridades y evaluar el equilibrio entre las distintas dimensiones de la sostenibilidad.
Como señaló José Caballero, economista jefe del IMD World Competitiveness Center, la posición general de una economía indica dónde se encuentra, pero no sobre qué se sostiene. Esta perspectiva resulta relevante para México: comprender las razones detrás de sus resultados puede ayudar a orientar los esfuerzos necesarios para fortalecer su desempeño comercial y avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible.
Más de 130 empresas e instituciones financieras, entre ellas Nestlé, Unilever y Danone, pidieron a los gobiernos reformar los incentivos públicos que favorecen el agotamiento de los recursos naturales. En una carta abierta publicada el 6 de octubre, la coalición señaló que al menos 2.6 billones de dólares anuales de gasto público están vinculados con apoyos que dañan la naturaleza, una cifra equivalente a cerca del 2.5% del producto interno bruto (PIB) mundial.
De acuerdo con ESG news, la petición busca acelerar la acción gubernamental antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (COP17), que comenzará el 19 de octubre en Ereván, Armenia. Las empresas solicitan establecer procesos nacionales interministeriales en los próximos 12 meses y elaborar planes de reforma junto con el sector privado, las instituciones financieras, los productores, la sociedad civil, las comunidades locales y los pueblos indígenas. El objetivo es reorientar el gasto público sin ignorar sus consecuencias económicas y sociales.
La carta, impulsada por Business for Nature y la Fundación Finance for Biodiversity, estima que al menos 2.6 billones de dólares anuales se destinan a incentivos públicos que perjudican al medio ambiente. Según los firmantes, estos mecanismos distorsionan las señales del mercado, ocultan riesgos ambientales en los precios de los activos y generan condiciones desiguales para las empresas.
El problema también alcanza a las compañías que invierten en cadenas de suministro resilientes. Cuando los incentivos favorecen actividades que degradan los ecosistemas, las organizaciones que incorporan criterios ambientales pueden enfrentar costos superiores frente a competidores que no realizan inversiones similares. Esta diferencia puede dificultar que las prácticas empresariales responsables compitan en igualdad de condiciones.
Por ello, la coalición sostiene que no necesariamente se requiere dinero público adicional, sino revisar cómo se distribuyen los recursos existentes. La propuesta consiste en modificar los criterios presupuestarios de manera gradual, con la participación de los productores y medidas para proteger los medios de subsistencia. El desafío será identificar qué incentivos deben reformarse y cómo evitar que los cambios generen consecuencias sociales adversas.

La petición empresarial se relaciona con el Objetivo 18 del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, mediante el cual 196 países acordaron identificar los incentivos perjudiciales para 2025 y reducirlos en al menos 500 mil millones de dólares anuales para 2030. Sin embargo, según Business for Nature, solo el 5% de los países ha establecido objetivos nacionales integrales.
Este retraso sitúa a la COP17 en un momento decisivo para evaluar los avances. La conferencia revisará el progreso de los países en la implementación del marco mundial, mientras que el primer plazo para identificar estos incentivos ya venció. Para Hans Stegeman, economista jefe de Triodos Bank, cada año de demora desvía el dinero en la dirección equivocada. El especialista también ha cuestionado la continuidad del apoyo público a los combustibles fósiles.
La reforma es relevante para los mercados financieros porque las decisiones gubernamentales influyen en la dirección del capital. Anita de Horde, cofundadora y directora ejecutiva de la Fundación Finance for Biodiversity, advirtió que las instituciones financieras no pueden alinear sus carteras con la naturaleza mientras los incentivos públicos atraigan las inversiones en sentido contrario. En consecuencia, revisar el gasto gubernamental también implica reducir las contradicciones entre las políticas económicas y los compromisos internacionales de biodiversidad.
La coalición reúne organizaciones de los sectores de alimentos, bienes de consumo, comercio minorista, energía y servicios financieros. Entre los firmantes se encuentran Nestlé, Unilever, Danone, H&M Group, Aldi Süd, Mahindra Group, Ørsted, Vattenfall, Legal & General, Rabobank, BNP Paribas Asset Management y Storebrand Asset Management.
Algunas compañías explicaron por qué la conservación de la naturaleza es relevante para sus operaciones. L’Occitane en Provence señaló que aproximadamente el 90% de sus materias primas contiene al menos un ingrediente de origen vegetal. Danone destacó las presiones económicas y ambientales que enfrentan los agricultores, mientras que Vattenfall subrayó la importancia de contar con condiciones predecibles para inversiones en activos de larga vida útil.
No obstante, la composición de la lista también muestra los límites de la iniciativa. La representación se concentra principalmente en Europa, con una participación menor de Japón, Taiwán, India y Brasil. Además, ninguna empresa con sede en Estados Unidos figura entre los 44 firmantes principales, aunque Federated Hermes Limited, con sede en Londres, pertenece a una matriz estadounidense. Tampoco aparecen grandes petroleras, compañías gasísticas, comerciantes de productos agrícolas ni mineras, sectores especialmente expuestos a posibles cambios en los incentivos públicos.

La carta de 2026 concentra su demanda en una sola petición: que los gobiernos desarrollen planes de reforma de los incentivos públicos. La declaración impulsada por Business for Nature antes de la COP16 de 2024 reunió a 132 firmantes, con ingresos combinados estimados en 1.1 billones de dólares, y abordó cinco grandes áreas de política pública. La nueva iniciativa amplía la presencia del sector financiero, medida por los activos bajo gestión, y apuesta por una solicitud más específica.
A cambio, las empresas firmantes se comprometen a evaluar y divulgar sus dependencias e impactos ambientales, integrar la seguridad de los recursos naturales en sus estrategias y proporcionar información práctica a los gobiernos para diseñar las reformas. Sin embargo, estos compromisos no son nuevos ni vinculantes, por lo que su alcance dependerá de la transparencia con que se implementen y de los avances que puedan demostrarse.
La inversión privada también forma parte de la discusión. Emma Toovey, directora de Medio Ambiente de Environment Bank, afirmó que ya existen herramientas para aumentar el financiamiento privado destinado a la naturaleza y citó el régimen de Ganancia Neta de Biodiversidad de Inglaterra. La organización sostiene que ha destinado 240 millones de libras esterlinas a una red nacional de bancos de hábitats. Estos mecanismos pueden complementar la reforma fiscal, pero no sustituyen la revisión de los incentivos que mantienen los gobiernos.
La petición de más de 130 empresas e instituciones financieras plantea una cuestión central para la agenda de biodiversidad: ¿cómo pueden los gobiernos cumplir sus objetivos ambientales si sus presupuestos siguen favoreciendo actividades que deterioran los ecosistemas? La respuesta dependerá de que las autoridades conviertan sus compromisos internacionales en procesos de reforma con responsabilidades definidas, participación de distintos sectores y medidas que consideren las consecuencias económicas y sociales.
Para las empresas y los inversionistas, tres señales serán especialmente relevantes: si los resultados de la COP17 incluyen mecanismos de seguimiento para el Objetivo 18, si los gobiernos establecen procesos interministeriales dentro del plazo de 12 meses y si las compañías traducen sus compromisos ambientales en información verificable sobre sus dependencias y riesgos. Más allá de la declaración, el avance se medirá por la capacidad de cambiar el destino de los recursos públicos y acercar las decisiones económicas a los objetivos de conservación de la biodiversidad.
El 80% de los trabajadores en México ha experimentado al menos una afectación a su salud mental relacionada con el trabajo, entre ellas estrés laboral, ansiedad, agotamiento y depresión. El dato, documentado por el estudio Salud Mental en la era de la IA, de MetLife, evidencia un problema que trasciende el bienestar individual y alcanza la productividad, los costos operativos y la calidad del trabajo.
La investigación también advierte que el desgaste no siempre se traduce en ausencias laborales. Cuatro de cada diez personas acuden a trabajar pese a experimentar alguna afectación mental, lo que plantea un desafío para las organizaciones: identificar cuándo la presencia física oculta una capacidad reducida para desempeñar las actividades cotidianas y qué condiciones laborales están contribuyendo al deterioro.
Los resultados del estudio de MetLife muestran que las afectaciones no necesariamente aparecen de manera aislada. Entre las personas que han experimentado problemas de salud mental vinculados con el trabajo, la mitad reporta hasta dos condiciones; el 21% ha padecido tres y el 28% ha experimentado los cuatro trastornos identificados: estrés laboral, ansiedad, agotamiento y depresión.
La acumulación de estos padecimientos revela la complejidad del problema. No se trata únicamente de episodios de estrés que desaparecen al terminar la jornada, sino de experiencias que pueden coincidir y afectar distintas dimensiones del bienestar de las personas.

Para las empresas, estas cifras representan una señal de alerta sobre las condiciones en las que trabajan sus colaboradores. La salud mental de trabajadores requiere evaluarse a partir de los factores que originan el malestar, su intensidad y la capacidad de las organizaciones para prevenirlo y atenderlo.
MetLife resume el origen de buena parte del desgaste en las condiciones cotidianas que enfrentan las personas:
“Gran parte del desgaste proviene de lo inmediato: salarios no competitivos, carga laboral, estabilidad y responsabilidades que no esperan”.
Además agrega que otra parte de esas tensiones provienen de lo que aún no ocurre, por ejemplo asuntos relacionados con la incorporación de nuevas herramientas, la actualización y el cambio en el trabajo, un aspecto en el que la IA se ha convertido en una de las principales preocupaciones, por lo que le documento hace hincapié en la necesidad de los trabajadores de saber qué se esperará de ellos en el futuro y cómo la claridad se convierte así en un recurso que genera bienestar.
Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que el 40% de las personas acude a trabajar con alguna afectación en su salud mental. Esta situación se relaciona con el presentismo: permanecer en el puesto de trabajo a pesar de que el estado físico o emocional reduce la capacidad para desempeñar las tareas.
MetLife advierte que este fenómeno es más difícil de detectar que el ausentismo, porque el trabajador está presente, aunque su rendimiento pueda verse limitado por el cansancio, la ansiedad, el dolor o las preocupaciones.
“El presentismo es más difícil de detectar: la persona está presente, pero trabaja con una capacidad reducida por cansancio, ansiedad, dolor o preocupación”, señala la aseguradora.
La diferencia es relevante para la gestión empresarial. Una organización que evalúa el bienestar únicamente mediante las incapacidades, las faltas o la rotación puede pasar por alto una parte importante del desgaste que experimentan sus equipos.

Los empleadores encuestados reconocen que una mala salud mental afecta principalmente tres dimensiones:
Aunque el estudio no proporciona en la información disponible una estimación monetaria del costo total del problema, sí identifica consecuencias que las empresas deben considerar en su planeación operativa. La salud mental de trabajadores también constituye un factor de gestión de riesgos: ignorar las señales de desgaste puede impedir que las organizaciones detecten problemas antes de que afecten sus resultados.
Las afectaciones no se manifiestan de la misma manera en todos los grupos de edad. El informe de MetLife identifica diferencias en las experiencias y en las formas de expresar el malestar, por lo que advierte que una política uniforme puede resultar insuficiente.
Entre los principales hallazgos generacionales destacan:
Estas diferencias no significan que una generación enfrente necesariamente más problemas que otra. Más bien, apuntan a distintas maneras de experimentar, reconocer y comunicar las afectaciones.
“Las fuentes de presión, las expectativas y las formas de pedir apoyo cambian. Una política uniforme puede ser clara para la organización y, al mismo tiempo, insuficiente para realidades distintas”, subraya la investigación.

Para las áreas de Recursos Humanos, el hallazgo plantea la necesidad de diseñar estrategias que consideren las diferentes experiencias de los colaboradores sin recurrir a estereotipos generacionales. Los mecanismos de escucha, las opciones de apoyo y las prácticas de liderazgo deben responder a las necesidades reales de los equipos.
Aunque existe una mayor conciencia sobre la importancia del bienestar, MetLife identifica obstáculos para incorporar la salud mental a las prioridades empresariales.
Entre las compañías que no cuentan con acciones para cuidar la salud mental de sus colaboradores, el 59% atribuye esta ausencia a la atención de “otros temas estratégicos”, mientras que el 35% señala la falta de impulso desde el liderazgo.
Los datos sugieren que el problema no se limita a la disponibilidad de recursos. También depende de las decisiones que determinan qué asuntos reciben presupuesto, seguimiento y atención directiva.
En las empresas que sí ofrecen herramientas de apoyo, el reto es conseguir que los colaboradores las conozcan y puedan utilizarlas. El informe señala que el 34% de quienes no identifican ninguna herramienta refleja una desconexión entre los recursos disponibles y la experiencia cotidiana de las personas, no necesariamente una ausencia de oferta.
Esta brecha importa porque una política de bienestar tiene un alcance limitado si los trabajadores desconocen los servicios, no saben cómo acceder a ellos o consideran que utilizarlos puede perjudicar su trayectoria profesional.
La disposición de una empresa para hablar de salud mental no garantiza que sus colaboradores se sientan seguros al comunicar una afectación.
De acuerdo con el estudio, cuando se declara un problema de salud mental en el entorno laboral, solo el 33% de las personas recibe apoyo profesional y el 32% consigue conversar con su jefe. En contraste, el 29% no percibe ninguna acción por parte de su empleador.
A estas brechas se suman los temores relacionados con el estigma: el 14% de los trabajadores considera que expresar un problema mental podría provocar un despido, mientras que el 11% cree que sería juzgado.
MetLife advierte que revelar una afectación puede convertirse en una decisión difícil cuando no existe certeza sobre la reacción de los superiores, los compañeros o la organización. En esas condiciones, guardar silencio puede parecer más seguro que solicitar ayuda.
Para las empresas, esta percepción representa un obstáculo tanto para la prevención como para la atención temprana. Si las personas temen consecuencias profesionales por comunicar su situación, es menos probable que recurran oportunamente a los mecanismos disponibles.
Construir un entorno de confianza exige algo más que comunicar políticas institucionales: implica que los líderes respondan de manera adecuada, que los procesos de apoyo sean accesibles y que existan garantías claras contra la discriminación por motivos de salud mental.

El desgaste mental también atraviesa los distintos niveles jerárquicos, aunque sus detonantes pueden variar según las responsabilidades y la dinámica de cada puesto.
El estudio de MetLife señala que una de cada diez personas que experimentan hiperconexión y desgaste ocupa posiciones directivas. En contraste, dos de cada cinco empleados que reportan sobrecarga laboral se encuentran en puestos operativos.
En los niveles directivos, la presión puede estar relacionada con la toma constante de decisiones, el volumen de mensajes y la disponibilidad prolongada. En los equipos operativos, puede manifestarse mediante exigencias de resultados y cargas de trabajo que dificultan la recuperación.
La distinción es importante porque las intervenciones deben considerar las condiciones específicas de cada puesto. Mientras que algunas áreas pueden requerir límites a la disponibilidad fuera de horario, otras podrían necesitar una mejor distribución de tareas, recursos suficientes o ajustes en las metas.
La jerarquía, por sí sola, no elimina el riesgo. La salud mental de trabajadores depende también de cómo se organizan las actividades, qué expectativas se establecen y qué margen tienen las personas para gestionar sus responsabilidades.
Para los líderes empresariales, el desafío consiste en pasar de iniciativas aisladas a una gestión del bienestar que abarque la prevención, el liderazgo, la atención profesional y la evaluación de las condiciones de trabajo. La salud mental de trabajadores no debería medirse únicamente por la existencia de programas, sino también por su accesibilidad y por la experiencia cotidiana de quienes necesitan utilizarlos.
Cuando el malestar se normaliza, la presencia física puede ocultar un deterioro que afecta tanto a las personas como a los resultados de la empresa. Reconocer esa diferencia es un primer paso para convertir el bienestar en una responsabilidad operativa sostenida, en lugar de tratarlo como una iniciativa secundaria.