Organizaciones ambientales han lanzado una fuerte crítica contra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por impulsar políticas que, según afirman, favorecen a la industria plástica bajo un modelo de economía circular mal entendido. Greenpeace, El Poder del Consumidor, Fronteras Comunes, Acción Ecológica y No es Basura denunciaron que estas acciones contravienen el mandato judicial que ordena prohibir la producción y comercialización de plásticos de un solo uso en México.

El conflicto pone de relieve la tensión entre la política ambiental, los intereses industriales y las obligaciones del Estado para garantizar un entorno saludable. Las ONG’s exigen el cumplimiento de la sentencia emitida en agosto de 2024, que reconoció la omisión del Congreso de la Unión al no legislar adecuadamente sobre este tema. Para ellas, la solución real no está en reciclar más, sino en frenar desde la raíz la fabricación de productos plásticos desechables.

El amparo que busca frenar la producción de plásticos

De acuerdo con información de Excelsior, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito emitió una sentencia histórica el 15 de agosto de 2024, en la que reconoció la omisión del Congreso de la Unión en legislar para prohibir los plásticos de un solo uso en México. Este fallo establece una obligación constitucional e internacional de proteger el derecho humano a un medio ambiente sano. Sin embargo, organizaciones civiles denuncian que Semarnat ha impulsado leyes contrarias a este mandato.

Entre las principales críticas, destaca que el nuevo enfoque de “economía circular” que promueve la Secretaría es, en realidad, un mecanismo para perpetuar la producción insostenible de plásticos. La senadora Maki Esther Ortiz, el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna y la diputada Laura Ballesteros son algunos de los legisladores que han presentado proyectos de ley que, según las ONG’s, debilitan la regulación vigente.

Estas iniciativas posponen la prohibición de plásticos desechables hasta 2040 o excluyen materiales altamente contaminantes como el PET transparente. Además, promueven procesos como el “waste to energy” (coprocesamiento e incineración), que generan emisiones tóxicas y agravan la contaminación. Para Claudia Romero, representante de Fronteras Comunes, la única solución viable es “una ley que proteja la salud y no los intereses industriales”.

En este sentido, las organizaciones exigen al gobierno federal cumplir con la sentencia judicial y establecer medidas concretas que prioricen la salud pública, el medio ambiente y los derechos humanos por encima de los beneficios económicos de la industria plástica.

Semarnat y la falta de transparencia en su modelo de economía circular

Otro punto de controversia radica en la falta de transparencia de la Semarnat. Las ONG’s aseguran que la Secretaría ha promovido una nueva Ley General de Economía Circular que, aunque presume haber sido consensuada con la sociedad civil y el sector privado, no ha sido publicada ni sometida a consulta abierta. Esta situación genera desconfianza, pues contradice los principios de participación ciudadana y rendición de cuentas.

Viridiana Lázaro, de Greenpeace México, advierte que esta estrategia constituye un caso evidente de greenwashing. Bajo el discurso de la economía circular, se impulsa el reciclaje y la valorización energética como supuestas soluciones al problema del plástico. Sin embargo, la evidencia científica ha demostrado que estas medidas son insuficientes para mitigar el daño ambiental.

De hecho, los procesos de incineración que suelen acompañar al reciclaje industrial generan emisiones contaminantes que afectan a comunidades cercanas y contribuyen al calentamiento global. Para las organizaciones, este modelo solo desplaza la responsabilidad hacia los gobiernos locales y los consumidores, mientras las grandes corporaciones continúan lucrando con la contaminación.

Las ONG’s exigen que cualquier legislación en materia de residuos y economía circular sea elaborada con participación pública efectiva, basada en evidencia y con objetivos claros de reducción y prohibición de plásticos, no solo de gestión de residuos.

Polos de desarrollo industrial: el riesgo de un falso bienestar

El programa gubernamental “Polos de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar” también ha sido señalado como un ejemplo de incoherencia ambiental. Alain Castruita, vocera de la organización No es Basura, advirtió que estos polos, presentados como modelos de sostenibilidad, perpetúan los impactos negativos sobre comunidades ya afectadas por la contaminación industrial.

Este modelo refuerza la dependencia hacia la producción plástica bajo el argumento de que genera empleos y promueve el bienestar económico. Sin embargo, las organizaciones advierten que no se están considerando los efectos en la salud ni los costos sociales y ambientales que implica mantener esta estructura productiva.

Para las ONG’s, la creación de estos polos representa un retroceso en materia de justicia ambiental, pues mantiene a ciertas comunidades en condición de “zonas de sacrificio”. Allí, los impactos del coprocesamiento y la incineración se traducen en enfermedades respiratorias y degradación del suelo y el agua.

Las agrupaciones hacen un llamado a Semarnat y al Congreso de la Unión para frenar este tipo de proyectos y reemplazarlos por estrategias integrales que prioricen la prevención, la reducción de materiales y la transición hacia alternativas realmente sostenibles.

La urgencia de una legislación coherente y con enfoque en derechos humanos

El debate sobre los plásticos de un solo uso en México no solo es ambiental, sino también social y jurídico. El cumplimiento del amparo exige la creación de una ley que garantice el más alto nivel de protección ambiental posible, acorde con los compromisos internacionales asumidos por el país. Las ONG’s advierten que cualquier omisión o retraso en este sentido vulnera los derechos de las comunidades más expuestas a la contaminación.

Además, insisten en la necesidad de políticas públicas que promuevan alternativas ecológicas, incentiven la innovación y aseguren una transición justa para los sectores industriales y laborales implicados. El objetivo no es solo eliminar los plásticos desechables, sino transformar el modelo de producción y consumo hacia uno verdaderamente circular y sostenible.

México enfrenta el reto de abandonar la dependencia del plástico, un material que simboliza la comodidad moderna, pero también la crisis ambiental contemporánea. Cumplir con el mandato judicial y responder a las demandas ciudadanas es, por tanto, una prueba de coherencia política y ética.

Las ONG’s concluyen que no puede haber economía circular sin transparencia, justicia ambiental y responsabilidad corporativa; y que la eliminación progresiva de los plásticos desechables debe ser una prioridad de Estado.

Hacia una verdadera justicia ambiental

La controversia sobre los plásticos de un solo uso en México pone en evidencia el dilema central de la política ambiental actual: ¿apostar por soluciones superficiales o por un cambio estructural? Las organizaciones civiles han dejado claro que el camino hacia la sostenibilidad no pasa por maquillar la contaminación con estrategias de reciclaje, sino por frenar la producción desde su origen.

Cumplir con el amparo, legislar con base en la ciencia y garantizar la participación ciudadana son pasos indispensables para avanzar hacia una verdadera justicia ambiental. El desafío no es menor, pero representa una oportunidad única para que México demuestre que puede ser un líder regional en la lucha contra la contaminación plástica y en la defensa del derecho a un medio ambiente sano.