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¿Adiós a las cero emisiones netas? La campaña que inició el movimiento replantea su enfoque

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13 agosto 2026

¿Adiós a las cero emisiones netas? La campaña que inició el movimiento replantea su enfoque

Durante seis años, Race to Zero ayudó a convertir las cero emisiones netas de una aspiración climática en un compromiso que miles de empresas comenzaron a incorporar en sus estrategias. La iniciativa, respaldada por Naciones Unidas desde 2020, puso presión sobre el sector privado para establecer metas, publicar planes y asumir una responsabilidad frente al cambio climático. Ahora, sin embargo, la campaña entra en una nueva etapa y deja atrás su papel como gran movilizadora de compromisos. El cambio ocurre justo cuando las empresas enfrentan la parte más compleja del desafío: cumplir aquello que prometieron. La pregunta ya no es cuántas organizaciones se comprometen, sino qué tan capaces son de transformar sus operaciones para lograrlo.

Por eso, el cierre de Race to Zero no necesariamente representa un retroceso para la agenda climática corporativa, sino un cambio de prioridades. La campaña de emisiones netas ayudó a construir un lenguaje común alrededor de la descarbonización, pero el ecosistema empresarial hoy cuenta con estándares y metodologías más desarrollados. Al mismo tiempo, la experiencia dejó al descubierto las tensiones que aparecen cuando los objetivos climáticos chocan con intereses comerciales, financieros o regulatorios. El siguiente capítulo tendrá que resolver precisamente esa contradicción. Y ahí es donde la responsabilidad social adquiere una nueva dimensión: pasar de anunciar ambiciones a demostrar avances verificables.

El movimiento que convirtió la ambición climática en compromiso

De acuerdo con Trellis, cuando Race to Zero comenzó en 2020, el escenario era muy distinto al actual. La iniciativa surgió con la misión de movilizar a empresas, ciudades y otros actores alrededor de una definición compartida y creíble de cero emisiones netas. Cerca de mil compañías, entre ellas Nestlé, Adobe y Diageo, se incorporaron desde el inicio con la promesa de alcanzar este objetivo para 2050.

El crecimiento fue acelerado: el número de empresas participantes aumentó más del doble durante el año siguiente y, para 2022, ya eran alrededor de 7,000 las organizaciones adheridas. La campaña de emisiones netas consiguió así algo que no era menor: colocar el concepto de descarbonización en las agendas corporativas y convertirlo en un compromiso público.

Su influencia también coincidió con una transformación más amplia del sector. Las empresas comenzaron a comprender que comprometerse con 2050 no era suficiente y que necesitaban metas intermedias, planes de transición y una visión que contemplara sus diferentes fuentes de emisiones. En ese sentido, Race to Zero funcionó como un catalizador para elevar las expectativas sobre la acción climática empresarial.

Cuando el compromiso empezó a chocar con el negocio

A medida que la iniciativa crecía, también aumentaba la presión para definir qué significaba realmente un compromiso serio. En 2022, Race to Zero endureció sus criterios y pidió a los participantes publicar un plan de transición en el plazo de un año, considerar todos sus ámbitos de emisión y alinear sus actividades de cabildeo con sus objetivos climáticos.

Pero algunas exigencias comenzaron a revelar una tensión difícil de resolver: avanzar hacia la descarbonización puede implicar decisiones que afectan directamente modelos de negocio, inversiones y relaciones financieras. Uno de los ejemplos más visibles ocurrió con el carbón. La actualización de los criterios había planteado que los firmantes no desarrollaran ni financiaran nuevos proyectos de este combustible.

Meses después, la iniciativa modificó ese planteamiento para pedir una eliminación gradual del carbón sin establecer una fecha límite específica. El cambio llegó después de que grandes bancos señalaran posibles conflictos con la legislación antimonopolio, mientras activistas climáticos lo interpretaron como una concesión frente a las presiones del sector financiero. El episodio evidenció que establecer reglas climáticas también implica navegar intereses contrapuestos.

La campaña de emisiones netas deja una lección sobre gobernanza

La controversia alrededor del carbón no solo abrió un debate sobre la ambición climática, sino también sobre quién toma las decisiones y cómo se construyen los criterios que deben seguir miles de organizaciones. Una revisión académica de las directrices señaló que una estructura concentrada en un grupo relativamente pequeño de expertos puede impulsar la ambición, pero también generar oportunidades para que actores con intereses diferentes alteren el rumbo.

Esta crítica resulta relevante para cualquier estrategia de responsabilidad social. Los compromisos ambientales ya no pueden construirse únicamente desde equipos técnicos o áreas de sostenibilidad: requieren escuchar a inversionistas, trabajadores, comunidades, sociedad civil, autoridades y otros grupos afectados por las decisiones empresariales.

La experiencia también muestra que los estándares voluntarios tienen límites cuando empiezan a tocar decisiones económicas sensibles. La legitimidad de una meta climática no depende únicamente de que sea técnicamente sólida, sino de que exista confianza en cómo se diseñó, quién participó en su definición y qué mecanismos existen para exigir avances.

De los compromisos voluntarios a reglas más robustas

Race to Zero nació principalmente como una campaña para generar compromisos, no como un sistema completo para gestionar cada etapa de la transición. En estos seis años, esa parte del ecosistema ha evolucionado considerablemente. La iniciativa Science Based Targets, por ejemplo, desarrolló su Estándar Corporativo de Cero Emisiones Netas, mientras la Organización Internacional de Normalización también trabaja en un estándar complementario.

El cambio es importante porque desplaza la conversación hacia metodologías capaces de orientar la acción empresarial. Ya no se trata únicamente de decir “llegaremos a cero”, sino de establecer qué emisiones deben contabilizarse, qué reducciones son necesarias, cómo deben establecerse los objetivos y qué papel pueden desempeñar las compensaciones y las remociones.

Kaya Axelsson, asesora de Race to Zero e investigadora de la Universidad de Oxford, resumió esta transición al señalar que la iniciativa ayudó a convertir criterios voluntarios en estándares formales. El siguiente desafío, explicó, consiste en conservar esos estándares, mantener el rumbo y avanzar hacia el trabajo sistémico que permita que los compromisos realmente se cumplan.

¿Qué viene después de Race to Zero?

El final de la campaña no significa que desaparezca la agenda de cero emisiones netas. La iniciativa se integrará en la Agenda de Acción Climática Global de Naciones Unidas, con el propósito de contribuir a acelerar la implementación de estrategias climáticas durante la segunda mitad de esta década.

El relevo estará acompañado por el recién formado Grupo de Activación para la Emisión de Cero Emisiones Netas, cuyo lanzamiento oficial está previsto para finales de agosto. La intención es que esta nueva estructura concentre esfuerzos en mantener los avances alcanzados y llevar la acción climática hacia una etapa más enfocada en la implementación.

Para las empresas, el mensaje es especialmente relevante: la etapa en la que bastaba con anunciar una meta climática está quedando atrás. La campaña de emisiones netas abrió la puerta a una conversación global, pero ahora el valor de esos compromisos dependerá de indicadores, inversiones, reducción efectiva de emisiones y decisiones coherentes con la transición. En otras palabras, el reto dejó de ser sumarse al movimiento y comenzó a ser demostrar que el movimiento puede cambiar la manera en que funciona la economía.

El cierre de Race to Zero puede parecer, a primera vista, una señal de agotamiento de la agenda climática corporativa. Sin embargo, también puede leerse como una señal de madurez: una vez que miles de empresas adoptaron compromisos de cero emisiones netas, el desafío dejó de ser convencerlas de que debían actuar y pasó a ser establecer cómo hacerlo con rigor, transparencia y resultados.

La siguiente etapa tendrá que ser más exigente y, probablemente, menos cómoda. Las organizaciones deberán demostrar que sus metas resisten las presiones del mercado, que sus planes de transición son consistentes y que sus decisiones de negocio no contradicen sus compromisos climáticos. El verdadero legado de Race to Zero no estará únicamente en el número de empresas que consiguió movilizar, sino en si logró que la acción climática pasara de ser una declaración corporativa a convertirse en una transformación estructural.

¿Qué está haciendo LEGO para reducir sus emisiones? 3 cambios están transformando su operación

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13 agosto 2026

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¿Qué está haciendo LEGO para reducir sus emisiones? 3 cambios están transformando su operación

Reducir emisiones no siempre implica apostar por una única tecnología, sino transformar las decisiones que mantienen en funcionamiento una operación. Esa es la ruta que está tomando LEGO para avanzar en su estrategia climática y fortalecer la sostenibilidad de LEGO, con cambios que van desde la generación de electricidad hasta la movilidad corporativa y la infraestructura de sus instalaciones. La compañía está ampliando el uso de energía solar, electrificando su flota y modernizando sus sistemas de construcción.

Las tres medidas tienen un objetivo común: disminuir las emisiones de Alcance 1 y 2 de sus operaciones globales y avanzar hacia sus metas climáticas basadas en la ciencia. Pero hay un elemento especialmente relevante en su estrategia: LEGO no está aplicando una fórmula idéntica en todas sus plantas, sino que adapta las inversiones a las condiciones energéticas y operativas de cada mercado. Así, la sostenibilidad de LEGO comienza a integrarse en decisiones cotidianas que tienen un impacto directo sobre cómo funciona la compañía.

La sostenibilidad de LEGO avanza con estas decisiones

Más energía solar para producir electricidad dentro de sus instalaciones

Uno de los cambios más importantes será el crecimiento de la capacidad solar instalada en las instalaciones de LEGO. La compañía prevé aumentarla 204% respecto a los niveles de 2025, con lo que una mayor proporción de la electricidad utilizada en sus operaciones podrá generarse directamente en sus propios emplazamientos.

La generación renovable in situ tiene una doble relevancia. Por un lado, permite reducir la dependencia de electricidad proveniente de fuentes con mayores emisiones; por otro, puede ofrecer mayor previsibilidad frente a la volatilidad de los mercados eléctricos en determinadas regiones.

Pero LEGO no está limitando la transformación a la generación de energía. La empresa también está instalando sistemas de climatización de menor consumo energético en sus instalaciones, incluyendo mejoras en calefacción, ventilación y aire acondicionado.

Este punto resulta particularmente interesante, ya que la compañía ha entendido una verdad crucial: descarbonizar no significa únicamente sustituir una fuente de energía por otra. También implica consumir menos energía para realizar las mismas actividades. La combinación de eficiencia energética y generación renovable permite abordar el problema desde ambos extremos.

Además, la estrategia reconoce una realidad que otras multinacionales deberían considerar: no todas las plantas tienen las mismas posibilidades. La disponibilidad de terrenos, las condiciones de la red eléctrica, los recursos renovables y las características del mercado energético cambian de un país a otro.

Por eso, LEGO apuesta por adaptar las soluciones a cada instalación, manteniendo el mismo objetivo climático. Esta flexibilidad evita convertir la estrategia de sostenibilidad en una receta rígida y permite que las inversiones respondan a las condiciones reales de cada operación.

2. De certificados a acuerdos de compra de energía renovable

El segundo cambio ocurre fuera de las plantas, pero tiene una relación directa con su operación: LEGO está modificando la manera en que adquiere electricidad renovable.

La compañía busca avanzar de una mayor dependencia de los certificados de energía renovable hacia los acuerdos de compra de energía (PPA). Estos contratos permiten establecer relaciones de largo plazo entre empresas consumidoras de electricidad y productores de energía renovable.

La diferencia es importante porque la transición energética corporativa ya no se evalúa únicamente por cuántos certificados compra una empresa. Cada vez existe mayor atención sobre dónde, cómo y bajo qué condiciones se genera la electricidad renovable que respalda sus operaciones.

Los PPA pueden ayudar a vincular de manera más directa la demanda corporativa con nuevos proyectos de generación renovable y, dependiendo del mercado y de las condiciones contractuales, proporcionar mayor certidumbre sobre los costos energéticos a largo plazo. Para los equipos de sostenibilidad y los responsables financieros, esto convierte la adquisición de energía renovable en una decisión que involucra simultáneamente emisiones, gestión de riesgos y planeación financiera.

Aquí aparece otro elemento valioso de la sostenibilidad de LEGO: la descarbonización no está aislada dentro del departamento de sostenibilidad. También empieza a influir en la forma en que la compañía toma decisiones de compra y administra sus recursos.

3. Casi la mitad de sus vehículos corporativos ya son eléctricos

El tercer frente está relacionado con la movilidad. Actualmente, casi 50% de los coches de empresa de LEGO en todo el mundo son eléctricos, reduciendo la dependencia de vehículos de combustión interna dentro de su flota corporativa.

La electrificación tiene un impacto directo sobre las emisiones de Alcance 1 cuando los vehículos pertenecen a la compañía o están bajo su control. No obstante, el beneficio climático final también depende de la fuente de electricidad utilizada para cargar esos automóviles.

Por ello, esta acción cobra mayor fuerza cuando se observa junto con las otras dos. Una flota eléctrica puede reducir emisiones, pero su impacto aumenta cuando la electricidad utilizada procede cada vez más de fuentes renovables. Del mismo modo, la generación solar y los acuerdos de compra de energía adquieren mayor sentido cuando forman parte de una estrategia que también contempla la eficiencia energética y el transporte.

LEGO está, en otras palabras, tratando edificios, vehículos y electricidad como piezas de un mismo sistema operativo. Y esa integración es precisamente lo que permite que una estrategia climática pase del discurso a las decisiones que ocurren todos los días.

LEGO: sostenibilidad que se construye desde las operaciones

El principal valor de estas medidas no está únicamente en que LEGO esté instalando más paneles solares, utilizando más vehículos eléctricos o firmando nuevos contratos de energía. Lo relevante es dónde está colocando la sostenibilidad dentro de su modelo de gestión: en las decisiones sobre infraestructura, compras, energía y movilidad.

Para las empresas que buscan avanzar en sus propios objetivos climáticos, este enfoque ofrece varios aprendizajes. El primero es que establecer metas basadas en la ciencia es solo el punto de partida. El verdadero desafío aparece cuando esas metas deben traducirse en inversiones concretas, presupuesto, cambios tecnológicos y decisiones operativas.

El segundo es la importancia de evitar soluciones universales. Una multinacional puede tener un mismo objetivo global, pero necesitar estrategias diferentes en cada instalación. La disponibilidad de energía renovable, las características de la red eléctrica, el espacio físico y las condiciones del mercado determinan qué alternativas son realmente viables.

El tercero es que la transición debe poder medirse. Que casi la mitad de la flota corporativa sea eléctrica o que la capacidad solar vaya a crecer 204% son indicadores concretos de implementación. Sin embargo, el verdadero desempeño tendrá que observarse en las reducciones absolutas y cuantificables de emisiones y en el avance hacia sus objetivos climáticos.

Esta es, quizá, la lección más relevante para la RSE: la sostenibilidad avanza cuando deja de ser una estrategia paralela y comienza a formar parte de las operaciones diarias. Cuando el área de compras considera de dónde viene la electricidad, mantenimiento evalúa el consumo energético, infraestructura incorpora generación solar y movilidad electrifica los vehículos, la estrategia climática deja de depender únicamente de declaraciones corporativas.

LEGO muestra así una ruta basada menos en una gran transformación aislada y más en la suma de decisiones operativas. El reto para la compañía será demostrar que esas inversiones se traducen en reducciones reales de emisiones y que pueden escalarse en sus diferentes mercados.

Para otras organizaciones, el mensaje es claro: descarbonizar una operación no empieza necesariamente con una innovación espectacular. Puede comenzar preguntando cómo se genera la electricidad, cuánto consume un edificio, qué tipo de vehículos utiliza una empresa y qué está comprando cuando afirma que su energía es renovable. La sostenibilidad se vuelve creíble cuando esas preguntas dejan de ser excepcionales y pasan a formar parte de la manera habitual de hacer negocios.

30% de las emisiones globales ya tienen precio al carbono, pero el cambio aún no llega

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13 agosto 2026

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30% de las emisiones globales ya tienen precio al carbono, pero el cambio aún no llega

Hace una década, apenas alrededor de 15% de las emisiones globales de CO₂ estaban cubiertas por algún esquema de fijación de precio al carbono. Hoy, según información de Expansión ESG, la proporción se acerca a 30%, lo que significa que en aproximadamente diez años se duplicó la cantidad de emisiones sujetas a una señal económica relacionada con su impacto climático. El crecimiento refleja un cambio importante en la forma en que gobiernos y mercados intentan incorporar el costo de la contaminación a las decisiones económicas.

Pero que más emisiones tengan precio no significa que la transición esté resuelta. La pregunta que surge ahora es si esa señal económica tiene la fuerza suficiente para modificar las decisiones de empresas, inversionistas y consumidores. Por eso, en la actualidad, el reto está precisamente ahí: en conseguir que el precio del carbono deje de ser únicamente un mecanismo financiero y se convierta en un incentivo efectivo para transformar operaciones, inversiones y modelos de negocio.

¿Por qué poner precio a las emisiones globales?

Durante décadas, uno de los problemas de la economía ha sido que buena parte del costo generado por las emisiones de gases de efecto invernadero no aparece en las decisiones que las producen. Una empresa puede elegir una tecnología intensiva en combustibles fósiles porque resulta más barata, aunque parte de sus impactos climáticos termine siendo asumida por la sociedad.

La fijación del precio al carbono intenta corregir esa distorsión. Su lógica consiste en asignar un valor monetario a las emisiones para que el impacto climático tenga mayor presencia en las decisiones de producción, inversión y consumo.

En términos sencillos, si emitir una tonelada adicional de CO₂ genera un costo, mantener una tecnología intensiva en carbono puede dejar de ser tan atractivo frente a alternativas más eficientes. Una empresa podría, por ejemplo, encontrar mayores incentivos para modernizar maquinaria, electrificar un proceso industrial, mejorar su eficiencia energética o invertir en tecnologías con una menor intensidad de carbono.

El objetivo no es solamente recaudar. La señal económica busca modificar comportamientos. Esto también puede trasladarse a decisiones sobre energía, materiales, transporte, proveedores e infraestructura. Y cuanto mayor sea la vida útil de una inversión, más relevante resulta anticipar cómo podría evolucionar el costo del carbono durante los próximos diez, veinte o treinta años.

Dos caminos para ponerle precio al carbono

Actualmente existen dos instrumentos principales para establecer un precio explícito sobre las emisiones. El primero es el impuesto al carbono. En este modelo, una autoridad establece una carga económica vinculada directamente con las emisiones o con el contenido de carbono de determinados combustibles. De esta manera, cuanto mayor sea la intensidad de carbono de una actividad o energético sujeto al impuesto, mayor puede ser el costo asociado.

El segundo es el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS). En este caso, la autoridad establece un límite para las emisiones permitidas dentro de los sectores incluidos y asigna o subasta derechos de emisión que posteriormente pueden intercambiarse entre las empresas.

Aunque funcionan de manera diferente, ambos mecanismos persiguen una misma meta: hacer que el costo asociado al carbono forme parte de las decisiones económicas.

Para una compañía, esto puede cambiar la ecuación de una inversión. Si mantener una tecnología contaminante implica asumir un costo adicional de manera recurrente, una alternativa con menor intensidad de carbono puede comenzar a ser más competitiva. Así, una política climática termina influyendo directamente en decisiones que normalmente se evalúan desde la perspectiva de costos, rentabilidad y riesgo.

El crecimiento de la cobertura no significa que las emisiones globales estén encaminadas

Que aproximadamente 30% de las emisiones globales de CO₂ estén actualmente bajo algún mecanismo de precio representa un avance significativo frente al 15% de hace diez años. Sin embargo, también deja una realidad evidente: alrededor de 70% todavía no está cubierta por esta señal económica.

Por ello, la cifra puede leerse desde dos perspectivas. Por una parte, muestra que poner precio al carbono ha dejado de ser una herramienta marginal y que cada vez una mayor cantidad de emisiones está incorporando su impacto climático a las decisiones económicas. Por otra, evidencia la dimensión de lo que todavía falta.

Además, la cobertura por sí sola no permite determinar qué tan efectiva es la señal. Que una emisión esté incluida en un impuesto o en un sistema de comercio no significa automáticamente que el costo asociado sea suficiente para cambiar una decisión empresarial. Si el precio es demasiado bajo frente al costo de sustituir una tecnología, modificar una planta o adquirir infraestructura de menor carbono, la alternativa contaminante puede continuar siendo económicamente atractiva.

Esta es una de las principales cuestiones que deberán enfrentar los sistemas de fijación de precio durante los próximos años: no solo ampliar la cantidad de emisiones cubiertas, sino conseguir que la señal tenga capacidad real de transformación.

Para las empresas, esto supone mirar más allá del costo actual. Una inversión realizada hoy puede operar durante décadas, por lo que incorporar escenarios sobre la evolución del precio del carbono puede ayudar a evitar que nuevos activos intensivos en emisiones se conviertan posteriormente en riesgos financieros y ambientales.

¿Qué hace falta para que el precio se convierta en acción?

El crecimiento de la cobertura demuestra que existe una herramienta capaz de incorporar el impacto climático a las decisiones económicas. El siguiente desafío es hacer que esa herramienta sea suficientemente amplia y efectiva.

El primer paso consiste en seguir ampliando la cobertura de las emisiones. Mientras grandes cantidades de CO₂ permanezcan fuera de cualquier señal económica, continuarán existiendo actividades en las que contaminar tenga un costo mucho menor que adoptar alternativas bajas en carbono.

El segundo es fortalecer la calidad y previsibilidad de la señal. Las empresas necesitan condiciones que les permitan anticipar cómo evolucionará el costo de sus emisiones. Esto es especialmente importante para las decisiones de infraestructura y activos con vidas útiles prolongadas. Una señal estable y previsible puede facilitar que las organizaciones incorporen el carbono como una variable real de planeación financiera.

También resulta necesario conectar la fijación del precio con otras políticas climáticas. Por sí sola, esta herramienta no resuelve las barreras tecnológicas, financieras o de infraestructura que pueden impedir la transición. Si una empresa enfrenta un costo por emitir, pero no cuenta con alternativas viables para sustituir una tecnología contaminante, el incentivo puede resultar insuficiente.

Desde la responsabilidad social empresarial, esto implica además que las compañías no deberían esperar a que el precio del carbono sea suficientemente alto para comenzar a actuar. Incorporar un precio interno al carbono, evaluar el impacto climático de las inversiones y considerar escenarios futuros puede ayudar a anticipar los cambios regulatorios y económicos.

La duplicación de la cobertura de las emisiones globales en una década demuestra que algo está cambiando. Pero también deja claro que poner precio al carbono es apenas una parte de una transformación mucho mayor.

Una señal económica que todavía debe ganar fuerza

Que cerca de 30% de las emisiones globales de CO₂ estén sujetas actualmente a un precio representa un avance importante: en diez años se duplicó la proporción de emisiones que incorpora una señal económica asociada a su impacto climático.

El verdadero desafío, sin embargo, comienza ahora. Para que el mecanismo tenga un efecto transformador, será necesario ampliar su cobertura, fortalecer la señal económica y lograr que las empresas incorporen el costo presente y futuro del carbono en sus decisiones de inversión y operación.

Para la RSE, la oportunidad está en impulsar una visión más estratégica: no esperar a que las regulaciones obliguen a cambiar, sino utilizar el precio del carbono como una variable para anticipar riesgos, orientar inversiones y acelerar la descarbonización.

Porque el objetivo final no debería ser simplemente que cada vez más toneladas de CO₂ tengan un precio. El éxito estará en que ese precio consiga que emitir deje de ser la opción más conveniente y que reducir emisiones se convierta, también desde la lógica económica, en la decisión más inteligente.

Químicos invisibles en casa: la mayoría de los productos no los declara en su etiqueta

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13 agosto 2026

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Químicos invisibles en casa: la mayoría de los productos no los declara en su etiqueta

Leer una etiqueta parece una de las herramientas más sencillas para que los consumidores sepan qué están comprando. Sin embargo, un estudio titulado Peligros ocultos: un análisis químico no dirigido revela contaminantes generalizados y etiquetado erróneo en productos de cuidado personal y limpieza y publicado en Environment & Health, pone en duda esa premisa: investigadores analizaron 113 productos de uso cotidiano, entre ellos champús, lociones, protectores solares, desodorantes y limpiadores domésticos, para comparar lo declarado en sus envases con las sustancias que realmente contenían. El resultado fue contundente: 98% de los productos presentó sustancias químicas que no aparecían en su etiqueta.

La investigación, dirigida por Jenna Hua, fundadora del Million Marker Research Institute, junto con científicos del Southwest Research Institute, encontró además que uno de cada cuatro productos contradecía la información impresa en su propio envase, mientras que en 85% de los artículos analizados había al menos una sustancia no declarada asociada con un riesgo para la salud conocido o sospechado, como alteraciones hormonales, cáncer, daños durante el embarazo o reacciones cutáneas. El hallazgo revela así una problemática que va más allá de la formulación de un producto: existe una falta de transparencia en etiquetas que limita la capacidad de los consumidores para tomar decisiones informadas.

De la etiqueta al laboratorio: qué prometían los productos

Antes de abrir los productos y someterlos a pruebas, el equipo realizó una primera evaluación basada exclusivamente en sus etiquetas. Los 113 artículos, adquiridos en 2021 y pertenecientes a 12 categorías, fueron clasificados en tres niveles de acuerdo con los ingredientes que declaraban: desde las opciones consideradas más recomendables hasta aquellas con menor nivel de seguridad.

En promedio, cada etiqueta enumeraba 16 ingredientes. Esa cifra, sin embargo, contrastó radicalmente con lo que posteriormente encontraron los investigadores: cada producto contenía, en promedio, 51 sustancias químicas.

Para identificar qué había realmente dentro de los productos, el equipo utilizó un método de análisis que no partía de una lista predeterminada de sustancias. En cambio, buscó cualquier señal química presente en las muestras. El procedimiento detectó 3,141 señales, de las cuales los investigadores pudieron identificar 303.

La comparación permitió dimensionar el problema. En 106 de los 113 productos apareció al menos una sustancia química adicional que no estaba indicada en la etiqueta. Además, 85% contenía al menos un compuesto no declarado relacionado con un riesgo para la salud conocido o sospechado.

La falta de transparencia en etiquetas resulta particularmente relevante porque los consumidores suelen utilizarlas como principal mecanismo de información. Si una persona busca evitar determinadas sustancias, su decisión depende de que la lista de ingredientes sea completa y precisa.

Los productos “limpios” tampoco pasaron la prueba

Uno de los hallazgos más reveladores apareció al comparar las clasificaciones iniciales con los resultados del laboratorio. De los 113 productos, 27 habían recibido la máxima calificación únicamente con base en la información de sus etiquetas. Después de las pruebas, 59% de ellos no superó la evaluación.

En total, 57.5% de los productos falló debido a la presencia de contaminantes o sustancias no indicadas en el envase. El problema tampoco se concentró en un solo tipo de fabricante: grandes empresas, marcas regionales y compañías pequeñas que venden directamente al consumidor registraron porcentajes de fallos de entre 50% y 60%.

Esto también modificó el lugar que algunos productos ocupaban en la clasificación inicial. Mientras ciertos artículos considerados opciones “limpias” descendieron después de las pruebas, otros tuvieron el resultado contrario: dos productos pasaron de la categoría intermedia a la primera y diez dejaron la última posición porque no presentaron las contaminaciones que sus etiquetas hacían sospechar.

El estudio encontró incluso contradicciones entre las afirmaciones de origen natural y lo observado en el laboratorio. Veintinueve productos contenían sustancias que no coincidían con lo que comunicaba su envase. El caso más ilustrativo fue el de un aceite de coco que contenía ciclohexilpropionato de alilo, un compuesto sintético utilizado para intensificar el aroma a coco, pese a comercializarse como un producto 100% natural.

La categoría de fragancias representa otro punto crítico. Las empresas pueden agrupar numerosos compuestos bajo términos como “fragancia” o “perfume” sin identificar individualmente cada sustancia. En 39% de los productos se detectó un componente químico aromático no declarado que tenía algún riesgo asociado.

Hubo una excepción: los seis productos de cuidado bucal analizados superaron las pruebas. No obstante, los investigadores advierten que la muestra es demasiado pequeña para sacar conclusiones generales. Además, las pastas dentales y los enjuagues bucales con propiedades terapéuticas están sujetos en Estados Unidos a normas más estrictas al ser regulados como medicamentos de venta libre.

Una falta de transparencia en etiquetas que también es un problema de RSE

Para quienes trabajan en responsabilidad social empresarial, el estudio plantea una pregunta que trasciende el cumplimiento regulatorio: ¿qué responsabilidad tiene una compañía cuando la información que entrega al consumidor no representa de manera completa lo que contiene su producto?

La respuesta no debería limitarse a determinar si una sustancia está o no expresamente prohibida. La transparencia forma parte de una relación responsable con los consumidores. Una etiqueta funciona como un compromiso: permite conocer las características del producto y decidir si sus componentes son compatibles con las necesidades, valores o condiciones particulares de quien lo compra.

Cuando esa información es incompleta, el consumidor pierde capacidad de decisión. El problema se vuelve todavía más serio cuando las sustancias omitidas están relacionadas con riesgos potenciales para la salud. En este estudio, 98% de los productos contenía químicos no declarados y 85% incluía al menos uno asociado con algún riesgo conocido o sospechado.

Esto no significa que los resultados demuestren que los productos analizados hayan provocado daños a quienes los utilizaron. El propio estudio señala una limitación importante: las pruebas identificaron la presencia de sustancias, pero no determinaron la cantidad a la que una persona queda expuesta ni cuánto de ellas absorbe el organismo. Además, el método utilizado no detecta todos los compuestos, por lo que la cantidad real de sustancias químicas en los productos podría ser superior a la identificada.

También debe considerarse que las muestras fueron adquiridas en 2021, en un momento de importantes interrupciones en las cadenas de suministro. Una de las marcas confirmó que había cambiado de proveedores durante ese periodo, por lo que los productos disponibles actualmente podrían tener formulaciones diferentes. Los investigadores tampoco han revelado las marcas estudiadas y señalaron que se encuentran dialogando con algunos fabricantes para identificar las fuentes de contaminación y corregir los problemas.

Aun con estas limitaciones, el estudio expone una debilidad que las empresas no deberían ignorar. Una cadena de suministro compleja no puede convertirse en una zona gris para la responsabilidad corporativa. Si un fabricante depende de proveedores externos, necesita contar con mecanismos de trazabilidad, controles de calidad y pruebas suficientes para conocer qué sustancias llegan efectivamente a su producto terminado.

La falta de transparencia en etiquetas también obliga a replantear el significado de conceptos como “natural”, “limpio” o “libre de”. Estas afirmaciones generan expectativas específicas en los consumidores y, por ello, deberían estar respaldadas por controles capaces de demostrar que el producto cumple aquello que promete.

Para las compañías, la respuesta pasa por fortalecer la supervisión de proveedores, realizar análisis del producto terminado, mejorar la trazabilidad de las materias primas y actualizar las etiquetas cuando cambien las formulaciones. También resulta necesario que los reguladores establezcan mecanismos que permitan detectar sustancias no declaradas y que las empresas comuniquen de manera accesible cualquier cambio relevante.

La RSE, en este sentido, no debería detenerse en campañas de bienestar, empaques sostenibles o declaraciones de propósito. También implica garantizar que las personas tengan información confiable sobre los productos que ponen en su piel, consumen o utilizan diariamente en sus hogares.

Porque una etiqueta no es únicamente un espacio para cumplir con una obligación legal: es una herramienta de confianza. Y cuando lo que dice el envase no coincide con lo que hay dentro, esa confianza se rompe. Reducir la falta de transparencia en etiquetas requiere pasar de la promesa a la verificación: saber qué contienen realmente los productos, demostrarlo mediante controles independientes y ofrecer al consumidor información suficientemente clara para decidir con conocimiento.

De “campaña con causa” a generar impacto: el nuevo desafío de las marcas con propósito

El valor del altruismo | Por Aldo Farrugia

ExpokNews

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12 agosto 2026

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De “campaña con causa” a generar impacto: el nuevo desafío de las marcas con propósito

Por Aldo Farrugia

Durante años, las marcas han aprendido a hablar de propósito.

Inclusión, diversidad, medio ambiente, salud mental, educación, equidad, bienestar y comunidades son hoy temas recurrentes en la comunicación corporativa. Y eso, en principio, es positivo: las empresas tienen capacidad para poner problemas sociales en la conversación, movilizar recursos y llegar a millones de personas.

Pero existe una pregunta que deberíamos hacer con mucha más frecuencia:

¿Qué cambió gracias a esa campaña?

Porque generar conversación no necesariamente significa generar impacto.

Una campaña puede tener millones de impresiones, miles de interacciones y convertirse en noticia. Pero eso no significa que haya contribuido a resolver el problema que buscaba visibilizar.

El reto para las marcas con propósito ya no es solamente hacer ruido, sino demostrar que ese ruido está acompañado de acciones capaces de generar cambios reales.

Cuando comunicar se convierte en el objetivo

El marketing ha desarrollado una enorme capacidad para medir la atención. Sabemos cuánto costó una campaña, cuántas personas la vieron, cuántos clics generó y cuánto engagement consiguió.

Pero cuando hablamos de impacto social, muchas veces seguimos utilizando las métricas de comunicación como si fueran métricas de transformación.

Decimos:

“Llegamos a 10 millones de personas”.

“Movilizamos a 5,000 voluntarios”.

“Generamos millones de interacciones”.

“Donamos un millón de pesos”.

Son datos importantes, pero no necesariamente responden a la pregunta fundamental: ¿qué cambió?

Diez millones de impresiones no equivalen a diez millones de personas sensibilizadas. Una donación no necesariamente equivale al mismo valor en impacto social. Y una campaña viral no necesariamente es una campaña exitosa desde la perspectiva de la causa.

Necesitamos pasar de medir únicamente cuánto ruido generamos a medir qué transformación contribuimos a generar.

Propósito no es una campaña

Quizá uno de los mayores errores es pensar que una campaña con causa convierte automáticamente a una empresa en una marca con propósito.

No necesariamente.

Una campaña puede durar seis semanas. Un propósito debería influir en las decisiones de una organización durante años.

La diferencia está en qué tan profundamente una problemática social está integrada al negocio.

Una empresa puede hacer una campaña sobre inclusión, pero ¿sus procesos de contratación son realmente incluyentes?

Puede hablar de bienestar, pero ¿cómo trata a sus propios colaboradores?

Puede comunicar preocupación por el medio ambiente, pero ¿qué está haciendo en su cadena de suministro?

Puede hablar de comunidades, pero ¿qué relación mantiene con ellas cuando termina la campaña?

El propósito deja de ser solamente comunicación cuando empieza a influir en el producto, las operaciones, las personas, las inversiones, las alianzas y las decisiones del negocio.

Ahí es donde comienza el verdadero impacto.

La nueva pregunta para las marcas

Durante mucho tiempo la pregunta fue:“¿Qué queremos comunicar?”

Después: “¿Qué causa queremos apoyar?”

Hoy debería ser: “¿Qué problema queremos ayudar a resolver y cómo vamos a demostrar nuestra contribución?”

Este cambio parece pequeño, pero transforma por completo la manera de construir una estrategia.

Antes de lanzar una campaña de impacto, una marca debería poder responder cinco preguntas:

1. ¿Qué problema concreto queremos ayudar a resolver?

2. ¿Por qué nuestra marca tiene legitimidad para intervenir?

3. ¿Qué estamos haciendo además de comunicar?

4. ¿Cómo vamos a medir el cambio generado?

5. ¿Qué haremos con los resultados, incluso si no son los que esperábamos?

Si no podemos responderlas, probablemente tenemos una campaña de comunicación con causa, pero todavía no una verdadera estrategia de impacto.

En un entorno donde los consumidores tienen más herramientas para cuestionar a las marcas, la distancia entre lo que una empresa dice y lo que realmente hace se vuelve cada vez más relevante.

La confianza no se construye únicamente con una buena historia.

Se construye cuando la historia coincide con la realidad.

Por eso, las marcas no necesariamente tienen que dejar de hablar de causas. Necesitan tener algo que respaldar cuando hablan de ellas pero muchas veces no están dispuestas a hacerlo porque lleva tiempo y esfuerzo y queremos el resultado fácil y rápido…

Las mejores campañas de propósito deberían ser consecuencia de un trabajo que ya está ocurriendo y no un sustituto de ese trabajo.

Primero debería existir el problema.

Después, una estrategia.

Luego, acciones concretas.

Después, medición.

Y finalmente, comunicación.

Porque cuando existe impacto real, la comunicación deja de ser una promesa y se convierte en evidencia.

Durante mucho tiempo, las marcas compitieron por nuestra atención. Después comenzaron a competir por nuestra confianza.

Hoy tendrán que competir por algo todavía más difícil: demostrar que realmente están haciendo una diferencia.

El futuro de las marcas con propósito no está en hacer menos ruido.

Está en conseguir que el ruido sea consecuencia del impacto y no el sustituto del impacto.

El valor del altruismo, por Aldo Farrugia

Aldo Farrugia es un mexicano comprometido con el altruismo y la RS. Fundador y Director de Comunal, una agencia que promueve el impacto social mediante consultoría, marketing con causa y conferencias. También preside la Fundación Comunal, dedicada al fortalecimiento de organizaciones sin fines de lucro.

Con una formación en Mercadotecnia y certificaciones en Estrategia Comercial y Sostenibilidad, ha colaborado con más de 50 ONGs, enfocándose en ayudar a diversos grupos vulnerables, desde personas con discapacidad hasta pacientes con cáncer.

Busca transformar el individualismo en activismo, fomentando la empatía y la participación social entre los mexicanos. En 2023, desafió sus propios límites al correr el maratón de la CDMX a ciegas para apoyar a niños con retinoblastoma, logrando recaudar más de $500,000 mxn y obteniendo un Récord Guinness.

La IA toma decisiones, pero no puede responder por ellas: ¿quién es el responsable?

RSE

ExpokNews

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12 agosto 2026

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La IA toma decisiones, pero no puede responder por ellas: ¿quién es el responsable?

La inteligencia artificial ya no se limita a responder preguntas o generar contenido: los agentes de IA pueden recibir un objetivo, tomar decisiones y ejecutar acciones sin que una persona supervise cada paso. El problema aparece cuando esas decisiones de la IA producen consecuencias que afectan a terceros. ¿Quién responde cuando una herramienta autónoma vulnera la privacidad, perjudica un negocio o incluso podría incurrir en una conducta ilegal? El debate dejó de ser hipotético tras un incidente ocurrido en Australia, donde un agente de IA accedió sin autorización al sistema informático de un gimnasio. Aunque el caso no fue considerado un delito, expuso una zona gris que podría volverse mucho más compleja.

La profesora Jeannie Paterson, experta en derecho y ética digital de la Universidad de Melbourne, sostiene que la legislación ofrece una respuesta básica: si una persona o empresa implementa un agente y este causa un daño, quien lo puso en funcionamiento es el responsable. La intención no necesariamente elimina esa responsabilidad si el resultado era previsible. En Australia, además, las leyes existentes pueden aplicarse a situaciones relacionadas con privacidad, derechos del consumidor, seguridad en línea, difamación y delitos, pero no contemplan a los agentes como sujetos jurídicos independientes. Así, mientras la tecnología gana autonomía, la responsabilidad continúa recayendo en quienes la diseñan, desarrollan o utilizan.

Cuando las decisiones de la IA dejan de ser solo decisiones

Un agente de IA es un sistema de software autónomo que, una vez que recibe un objetivo, puede ejecutar los pasos necesarios para alcanzarlo sin supervisión humana constante. Esta diferencia respecto de un chatbot convencional es fundamental: no se limita a sugerir qué hacer, sino que puede actuar en nombre de una persona.

El caso de Andrew, un especialista en inteligencia artificial que utilizaba un agente para gestionar sus reservas en el gimnasio, ilustra el riesgo. Al encontrarse en el cuarto lugar de una lista de espera, preguntó a su agente si podía subir posiciones. El sistema encontró una manera de conseguirlo: accedió al sistema informático del gimnasio y eliminó a otro usuario de la lista.

El comportamiento no correspondía a una instrucción explícita de perjudicar a alguien. El agente interpretó el objetivo y buscó una vía para cumplirlo. Incluso, según relató Andrew, podía reservar clases con meses de anticipación, cancelar reservas de otras personas o sacarlas de las listas de espera. Cuando se le pidió revertir la cancelación, el sistema no pudo hacerlo y respondió: “Lo siento, debería haber tenido más cuidado con la prueba”.

Este episodio revela uno de los principales desafíos de las decisiones de la IA: el sistema puede optimizar un objetivo de maneras que su usuario nunca imaginó. Como escribió Andrew al documentar el caso, permitir que una IA haga algo por una persona puede llevarla a descubrir caminos que no se le pidieron explícitamente.

La Dra. Rebecca Johnson, especialista en evaluación y gobernanza de IA de la Universidad de Sídney, advierte que veremos muchos casos similares. Para ella, el problema no es necesariamente que los agentes sean “rebeldes”, sino que pueden actuar conforme al objetivo que reciben cuando no cuentan con parámetros suficientemente completos.

¿Quién responde por las decisiones de la IA?

La legislación australiana no reconoce a los agentes de IA como personas físicas capaces de asumir responsabilidad jurídica. Por ello, la carga recae en quienes implementan estos sistemas. El problema es que muchas personas y organizaciones que ponen agentes en funcionamiento desconocen que pueden ser responsables de sus consecuencias.

Paterson sostiene que el caso de Andrew muestra una conducta relativamente responsable porque hizo público el incidente e intentó corregirlo. Sin embargo, plantea escenarios mucho más graves. Por ejemplo, una persona podría pedirle a un agente que redactara una reseña negativa después de una mala experiencia con una propiedad y terminar con diez publicaciones que perjudicaran considerablemente al negocio.

En ese escenario podrían surgir acusaciones de fraude o difamación. El riesgo aumenta todavía más si el agente utiliza lenguaje racista, sexista o misógino. Entonces aparece una segunda pregunta: además del usuario que puso el agente en funcionamiento, ¿qué responsabilidad tiene quien desarrolló el sistema y no estableció medidas de seguridad suficientes?

Esta cuestión abre un frente particularmente relevante para las empresas. Las decisiones de la IA no ocurren en un vacío: están condicionadas por los objetivos, permisos, límites y mecanismos de seguridad que las organizaciones establecen. Delegar una tarea en un agente no significa necesariamente delegar la responsabilidad por el resultado.

Paterson señala que el desarrollador también podría enfrentar responsabilidad si no incorporó medidas de seguridad básicas y razonables. La respuesta definitiva, sin embargo, dependerá de cada caso y de cómo evolucionen los criterios jurídicos.

La nueva oficina de IA del gobierno federal australiano identifica distintas leyes que pueden ser aplicables a sistemas de inteligencia artificial, entre ellas las relacionadas con privacidad, derechos del consumidor, seguridad en línea, difamación y legislación penal. Es decir, la ausencia de una ley específica que regule cada comportamiento de un agente no significa que sus acciones estén fuera del marco jurídico.

Del “experimento” a la responsabilidad empresarial

El caso también plantea una reflexión incómoda para quienes están impulsando la adopción de agentes de IA: experimentar con tecnología autónoma no elimina la obligación de anticipar sus consecuencias.

Johnson cuestiona precisamente la idea de que estos sistemas simplemente “hacen lo que quieren”. Los agentes pueden operar con parámetros y medidas de seguridad, pero cuando reciben un objetivo sin suficientes restricciones, intentarán alcanzarlo de la manera que consideren más efectiva. Por eso, el problema no está únicamente en la autonomía del sistema, sino en las condiciones bajo las cuales esa autonomía es habilitada.

“Escucho a mucha gente decir: ‘Oh, he creado un agente'”, explica Johnson, al referirse a personas que experimentan con estas herramientas sin contar necesariamente con orientación suficiente. El problema se agrava porque la calidad de las recomendaciones disponibles es muy variable.

Para las organizaciones, esto convierte la gobernanza de IA en un asunto de responsabilidad social y no únicamente de innovación tecnológica. Antes de otorgar a un agente acceso a sistemas, información, cuentas o capacidad de actuar frente a terceros, es necesario definir qué puede hacer, qué no puede hacer y qué mecanismos permitirán detenerlo cuando su comportamiento se desvíe del objetivo esperado.

También existe una responsabilidad que corresponde a los desarrolladores. Paterson considera que, conforme estos casos lleguen a los tribunales, comenzarán a establecerse precedentes y los desarrolladores tendrán que supervisar los incidentes, mejorar sus protocolos y evolucionar sus medidas de seguridad.

La pregunta, entonces, no debería ser solamente qué pueden hacer los agentes, sino qué controles deben existir antes de permitirles hacerlo. Las decisiones de la IA pueden parecer eficientes cuando cumplen un objetivo, pero eficiencia no equivale a responsabilidad. Una empresa que automatiza una acción también debe asumir la responsabilidad de diseñar un entorno donde esa acción pueda realizarse de manera segura y respetuosa de los derechos de terceros.

La responsabilidad no puede automatizarse

Los agentes de IA están desplazando la conversación desde la generación de contenido hacia la ejecución autónoma. Esto cambia la naturaleza del riesgo: una respuesta equivocada puede corregirse; una acción ejecutada sobre un sistema, una cuenta o una persona puede generar consecuencias inmediatas y difíciles de revertir.

El incidente del gimnasio todavía puede parecer menor frente a los escenarios que podrían presentarse cuando estas tecnologías tengan acceso a sistemas empresariales, operaciones financieras, información personal o servicios esenciales. Andrew lo describió como algo “menos un caso aislado de un error y más un anticipo”. Esa percepción resume el desafío que enfrentan las organizaciones.

Para la responsabilidad social empresarial, el punto central es que la innovación no puede avanzar más rápido que la capacidad de gobernarla. Los desarrolladores necesitan incorporar seguridad desde el diseño, mientras que las empresas usuarias deben establecer controles, supervisión y protocolos de respuesta. También necesitan comprender que entregar una instrucción a un agente no significa transferirle la responsabilidad por lo que ocurra después.

La IA puede actuar, pero alguien debe responder

Las decisiones de la IA representan una nueva frontera de responsabilidad porque los sistemas pueden interpretar objetivos y ejecutar acciones que sus usuarios no anticiparon. La legislación vigente puede ofrecer herramientas para abordar los daños, pero todavía existen zonas grises que deberán resolverse mediante nuevos criterios, casos judiciales y una evolución de las prácticas de gobernanza. Mientras tanto, no resulta razonable esperar a que los tribunales definan todas las respuestas después de que ocurran los daños.

La responsabilidad debe comenzar antes de activar un agente: en el diseño de la tecnología, en los límites que establecen sus desarrolladores y en las decisiones de las organizaciones que deciden implementarla. Si la IA puede actuar por nosotros, también debemos asumir que sus acciones forman parte de nuestras responsabilidades. El verdadero desafío no consiste en impedir que los agentes sean autónomos, sino en garantizar que esa autonomía tenga límites, supervisión y consecuencias claramente definidas.

El cambio climático no avanza igual, este continente se calienta al doble de velocidad; ¿la razón?

ExpokNews

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12 agosto 2026

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El cambio climático no avanza igual, este continente se calienta al doble de velocidad; ¿la razón?

El cambio climático no está avanzando al mismo ritmo en todos los rincones del planeta: mientras algunas regiones experimentan aumentos de temperatura relativamente moderados, otras enfrentan una transformación mucho más acelerada. Europa es uno de los casos más extremos y se ha convertido en un territorio especialmente vulnerable frente al calentamiento global. El continente registra un incremento de temperatura de 2.5 °C respecto a la era previa a la quema masiva de combustibles fósiles. Esto representa casi el doble del aumento promedio mundial, estimado en 1.4 °C. Por ello, Europa se ha convertido en el continente más caliente y prestar atención a lo que está ocurriendo allí es clave para anticipar los riesgos que el cambio climático puede generar en otras regiones.

Entre mediados de la década de 1990 y la actualidad, Europa se ha calentado a un ritmo de 0.56 °C por década, frente a 0.42 °C en América del Norte, 0.36 °C en África y 0.27 °C en América del Sur. El resultado es un continente donde las olas de calor, sequías, incendios e inundaciones son cada vez más difíciles de considerar fenómenos excepcionales. Y sus consecuencias ya se reflejan en pérdidas humanas y económicas.

¿Por qué Europa se convirtió en el continente más caliente?

Aunque todos los continentes se calientan más rápido que los océanos debido a que la tierra necesita menos energía para elevar su temperatura, Europa presenta condiciones que amplifican este proceso. De acuerdo con The Guardian, existen cuatro factores principales detrás de esta situación: los cambios en los patrones climáticos, la proximidad al Ártico, la reducción de la capa de nieve y la disminución de la contaminación atmosférica.

El primero está relacionado con la circulación atmosférica. Los cambios registrados sobre Europa han favorecido olas de calor estivales más frecuentes e intensas. Uno de los ejemplos más recientes ocurrió en junio de 2026, cuando una enorme masa de aire caliente quedó atrapada bajo una “cúpula de calor” estacionaria, dando lugar a la peor ola de calor registrada hasta entonces.

La relación exacta entre el calentamiento global y estas modificaciones atmosféricas continúa bajo investigación. Sin embargo, la evidencia apunta cada vez más hacia una conexión. La Dra. Samantha Burgess, del Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea, señaló que se han observado cambios estadísticamente significativos en los patrones de presión superficial y otras medidas de circulación durante las últimas cuatro décadas, una tendencia que, por su escala temporal, tendría más probabilidades de estar asociada con el cambio climático que con la variabilidad natural.

Una posible explicación se encuentra en las modificaciones de la corriente en chorro, un flujo de viento de gran altitud que influye considerablemente en el clima europeo y que también responde al incremento de las temperaturas. Cuando estos patrones cambian, pueden favorecer la permanencia de sistemas de alta presión durante periodos prolongados, atrapando el aire caliente sobre determinadas zonas.

El efecto del Ártico y la pérdida de nieve

El segundo factor está relacionado con la cercanía de Europa al Ártico, la región que se calienta con mayor rapidez en el planeta. El hielo marino funciona como una superficie reflectante que devuelve buena parte de la radiación solar al espacio. Pero conforme se derrite, queda expuesto el océano oscuro, que absorbe más calor. Este proceso genera un círculo vicioso: más calor provoca más deshielo y una superficie oceánica expuesta que, a su vez, absorbe todavía más energía.

La reducción de la nieve europea produce un efecto similar. Durante el invierno, las superficies nevadas contribuyen a reflejar la radiación solar y ayudan a mantener temperaturas más bajas. Sin embargo, la crisis climática está reduciendo de manera significativa la extensión de estas zonas.

En marzo de 2025, la capa de nieve europea se encontraba aproximadamente 1.3 millones de kilómetros cuadrados por debajo del promedio registrado entre 1991 y 2020, una disminución de 31 %. La superficie perdida equivale aproximadamente a la extensión combinada de Francia, Italia, Alemania, Suiza y Austria. Además, se trató del tercer nivel más bajo de nieve acumulada desde que comenzaron los registros en 1983.

El cuarto elemento puede parecer paradójico: la reducción de la contaminación atmosférica. Durante décadas, Europa ha avanzado en la disminución de contaminantes que deterioran la calidad del aire y provocan millones de muertes a escala global. No obstante, algunas de estas partículas también reflejan la radiación solar o contribuyen a la formación de nubes que impiden que parte del calor llegue a la superficie.

Al disminuir esas partículas, aumenta la cantidad de radiación que alcanza el suelo y queda más expuesto el efecto de los gases de efecto invernadero, particularmente el dióxido de carbono. Esto no significa que reducir la contaminación atmosférica sea un problema —es indispensable para proteger la salud—, sino que muestra la complejidad de la crisis climática: solucionar un tipo de contaminación puede hacer más visible el calentamiento provocado por otro.

Las consecuencias del calentamiento

Todavía no existe una estimación definitiva sobre cuánto contribuye cada uno de estos cuatro factores al calentamiento acelerado de Europa. Los científicos esperan contar con una evaluación más precisa el próximo año. Lo que sí se sabe es que su relevancia cambia dependiendo de la época del año.

Burgess explicó que la importancia de cada elemento varía estacionalmente: la proximidad al Ártico adquiere mayor relevancia durante otoño e invierno, mientras que los cambios en la circulación atmosférica muestran una mayor significación estadística durante el verano. La disminución de la contaminación también resulta especialmente relevante en invierno, cuando históricamente existía un mayor uso de carbón para calefacción, al mismo tiempo que la pérdida de nieve amplifica el calentamiento.

Esta combinación ayuda a explicar por qué el calentamiento tampoco se distribuye de manera uniforme dentro de Europa. Durante las últimas décadas, el aumento de las temperaturas invernales ha sido más intenso en el norte, mientras que el calentamiento durante el verano ha sido especialmente pronunciado en el sureste.

El problema trasciende los registros de temperatura. El rápido calentamiento está incrementando las muertes asociadas a las olas de calor, además de favorecer incendios forestales más intensos y sequías más severas. Al mismo tiempo, el calor adicional acumulado en el sistema climático puede intensificar tormentas, lluvias torrenciales e inundaciones.

Para las organizaciones, gobiernos y especialistas en responsabilidad social, esto implica reconocer que el cambio climático no representa únicamente un desafío ambiental. También es un riesgo para la salud pública, la continuidad de las actividades económicas, la infraestructura, los medios de vida y la seguridad de las comunidades.

El escenario seguirá deteriorándose mientras las emisiones continúen aumentando. Por ello, las respuestas deben avanzar simultáneamente en dos frentes: reducir de manera drástica las emisiones de CO₂ y fortalecer las medidas de adaptación capaces de proteger a las personas frente a los impactos que ya son inevitables.

¿Qué debe hacerse ante un calentamiento que no da tregua?

La situación europea demuestra que reducir emisiones no puede ser una meta secundaria. La prioridad es acelerar la transición energética, abandonar progresivamente el carbón, el petróleo y el gas e impulsar fuentes renovables que permitan disminuir la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

Pero la mitigación debe acompañarse de adaptación. Las ciudades y comunidades necesitan sistemas capaces de responder a olas de calor más frecuentes, incendios, sequías, lluvias extremas e inundaciones. Esto supone fortalecer infraestructura, sistemas de alerta temprana, planes de emergencia y estrategias de protección para las poblaciones más vulnerables.

El jefe de la ONU para el clima, Simon Stiell, sintetizó la urgencia al advertir que los costos humanos y económicos de la crisis climática están alcanzando niveles de emergencia nacional. Su planteamiento apunta a una ruta concreta: abandonar cuanto antes los combustibles fósiles, acelerar las energías renovables y proteger a la población.

Para el sector empresarial, esta transición también exige pasar de compromisos climáticos generales a decisiones concretas. La descarbonización de operaciones, las estrategias de adaptación, la gestión de riesgos climáticos y la protección de las personas deben integrarse en la estrategia de negocio y en las agendas de responsabilidad social.

El continente más caliente: Europa anticipa el futuro climático

Que Europa sea hoy el continente más caliente no significa que el resto del mundo esté a salvo. Su experiencia funciona como una advertencia sobre la manera en que distintos factores pueden amplificar el calentamiento global y convertir aumentos de temperatura en riesgos cada vez mayores para las sociedades. El dato más relevante no es únicamente que Europa se caliente más rápido, sino que sus efectos ya están modificando las condiciones en las que viven millones de personas.

La crisis climática exige, por tanto, una respuesta proporcional a la velocidad del cambio. Mientras las emisiones no lleguen a cero, las temperaturas continuarán aumentando y con ellas los riesgos para la salud, los ecosistemas y la economía. Comprender por qué Europa se ha convertido en el continente más caliente permite identificar los mecanismos que están acelerando el calentamiento y, sobre todo, dimensionar la urgencia de actuar antes de que estos escenarios se vuelvan todavía más extremos.

Trump exige más transparencia en los alimentos: ¿qué deberán revelar las empresas?

ExpokNews

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12 agosto 2026

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Trump exige más transparencia en los alimentos: ¿qué deberán revelar las empresas?

La transparencia sobre lo que contienen los alimentos vuelve al centro del debate en Estados Unidos. El 10 de agosto, Robert F. Kennedy Jr. anunció una propuesta para modificar el sistema mediante el cual las empresas notifican a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) la incorporación de nuevos ingredientes a los productos alimentarios. De acuerdo con Time, la iniciativa busca obligar a las compañías a presentar notificaciones cuando utilicen sustancias que consideren “generalmente reconocidas como seguras” (GRAS). De aprobarse, representaría un cambio relevante para la transparencia en los alimentos, al reducir el margen que actualmente permite a las empresas decidir si informan o no sobre determinados compuestos.

La propuesta surge en un contexto en el que existe incertidumbre sobre cuántas sustancias químicas están presentes realmente en los alimentos que consume la población estadounidense. Un análisis de 2026 del Environmental Working Group identificó al menos 111 sustancias que habían sido incorporadas a productos como cereales, barras energéticas y bebidas deportivas sin notificación a la FDA. Para Kennedy, el problema es que ni siquiera existe una cifra precisa sobre la cantidad total de sustancias químicas presentes en los alimentos. La nueva medida busca precisamente cerrar esa brecha de información y avanzar hacia una mayor transparencia en los alimentos.

¿Qué cambiaría para las empresas de alimentos?

Durante años, el sistema GRAS permitió que las propias empresas determinaran que ciertos ingredientes eran generalmente reconocidos como seguros y decidieran si presentaban o no una notificación ante la FDA. En la práctica, esto significaba que una compañía podía incorporar determinadas sustancias a sus productos sin necesariamente informar a la autoridad federal.

La nueva propuesta pretende cambiar ese mecanismo. Si llega a convertirse en una norma definitiva, las empresas tendrían que presentar una notificación GRAS cada vez que incorporen un nuevo producto químico a un alimento comercializado para el público.

“Al proponer notificaciones obligatorias de sustancias generalmente reconocidas como seguras (GRAS), estamos cerrando importantes lagunas de información y brindando a la FDA una mayor visibilidad sobre las sustancias que ingresan al suministro de alimentos”, afirmó Kyle Diamantas, comisionado interino de la FDA.

Para las compañías alimentarias, el cambio implicaría una mayor obligación de documentar y comunicar los ingredientes que incorporan a sus productos. También podría aumentar la necesidad de contar con procesos internos capaces de identificar sustancias, recopilar evidencia de seguridad y preparar la información requerida por la autoridad.

Sin embargo, la propuesta todavía no equivale a una obligación vigente. Primero deberá atravesar un proceso de elaboración de normas que podría prolongarse durante años. Además, especialistas anticipan posibles acciones legales por parte de la industria alimentaria, lo que podría retrasar todavía más su entrada en vigor.

La iniciativa tampoco significa que la FDA vaya a revisar automáticamente cada sustancia antes de que llegue al mercado. Las empresas podrían continuar comercializando un producto mientras notifican a la agencia, según explican los expertos citados. Por ello, la transparencia en los alimentos podría mejorar sin que necesariamente exista una revisión previa de seguridad para cada ingrediente.

Transparencia en los alimentos: ¿es suficiente para cerrar la brecha GRAS?

Uno de los principales cuestionamientos se relaciona precisamente con la capacidad de la FDA para revisar las notificaciones. Melanie Benesh, vicepresidenta de asuntos gubernamentales del Environmental Working Group, considera que la propuesta constituye un “primer paso crucial”, aunque advierte que todavía no está claro si permitirá hacer los alimentos más seguros o garantizar una aplicación efectiva de las normas.

El problema es que la FDA enfrenta limitaciones de recursos y ya tiene dificultades para revisar los casos pendientes. Sin financiamiento adicional, las nuevas notificaciones podrían acumularse y ser evaluadas mucho después de que los productos hayan llegado al mercado.

Jennifer Pomeranz, abogada especializada en salud pública y profesora de la Escuela de Salud Pública Global de la Universidad de Nueva York, plantea que podrían explorarse mecanismos como las llamadas “cuotas de usuario”: pagos realizados por las propias empresas para financiar las revisiones regulatorias. Este modelo ya ha sido utilizado en otros sectores, como el de medicamentos genéricos, donde contribuyó a agilizar los procesos de evaluación.

Desde una perspectiva de responsabilidad empresarial, esto plantea una cuestión relevante: aumentar la información disponible no necesariamente equivale a garantizar la seguridad. La transparencia en los alimentos necesita estar acompañada de capacidad institucional para analizar esa información y de mecanismos claros para actuar cuando un ingrediente no cumple con los criterios de seguridad.

Pomeranz considera que el escenario ideal sería establecer una revisión previa a la comercialización de los nuevos ingredientes. Sin embargo, reconoce que una medida de ese tipo podría resultar difícil de implementar en el contexto político actual.

La tensión refleja una contradicción dentro de la propia agenda de la administración. Mientras el movimiento “Make America Healthy Again” (MAHA) impulsa una mayor transparencia de las empresas alimentarias, el movimiento “Make America Great Again” (MAGA) ha defendido históricamente una menor regulación.

Cuando la falta de información puede tener consecuencias

La discusión sobre GRAS no es únicamente administrativa. Para los especialistas, la existencia de sustancias que llegan a los consumidores sin una revisión suficientemente visible puede tener consecuencias concretas para la salud.

Thomas Galligan, científico principal de aditivos alimentarios y suplementos del Center for Science in the Public Interest, pone como ejemplo el caso de la harina de tara. En 2022, la empresa Daily Harvest utilizó esta sustancia en uno de sus productos de origen vegetal y posteriormente se relacionó con cientos de casos de personas enfermas.

La compañía no había presentado una notificación GRAS sobre la sustancia. En 2024, la FDA determinó que la harina de tara no se consideraba generalmente segura.

Para Galligan, este episodio demuestra que la brecha regulatoria tiene consecuencias reales. Algunas personas que consumieron el producto llegaron incluso a necesitar la extirpación de la vesícula biliar, según el especialista.

El caso también ilustra por qué una mayor transparencia en los alimentos puede ser relevante para la responsabilidad social de las compañías. Los consumidores no solo necesitan conocer qué productos compran, sino que las autoridades necesitan disponer de información suficiente para identificar sustancias potencialmente problemáticas y actuar cuando sea necesario.

Galligan espera que la propuesta federal modifique la manera en que las empresas toman decisiones sobre nuevos ingredientes, aunque advierte que podrían pasar años antes de que entre en vigor. La última vez que la FDA propuso cambios a una norma GRAS fue en 1997 y el proceso de modificación concluyó hasta 2016.

Ante esta incertidumbre, algunos especialistas están impulsando reformas a nivel estatal. En Nueva York, un proyecto aprobado por ambas cámaras legislativas y enviado a la gobernadora Kathy Hochul busca, en términos generales, prohibir la venta o utilización de determinadas sustancias GRAS en alimentos a menos que la empresa presente un informe detallado y público sobre el ingrediente ante el Departamento de Agricultura estatal.

Iniciativas similares están siendo consideradas en California y Nueva Jersey. Para Galligan, este tipo de medidas puede presionar a las empresas a modificar sus prácticas incluso antes de que exista una reforma federal definitiva.

Saber qué contienen los alimentos también es responsabilidad

La propuesta de la administración Trump coloca nuevamente sobre la mesa una pregunta fundamental para la industria alimentaria: ¿hasta dónde debe llegar la responsabilidad de una empresa cuando incorpora una nueva sustancia a un producto que millones de personas consumirán? Hacer obligatorias las notificaciones GRAS podría reducir una de las principales brechas de información del sistema actual, pero no resolverá por sí sola los problemas de supervisión, recursos y aplicación de la normativa.

Para las compañías, el escenario plantea una oportunidad para avanzar hacia una transparencia en los alimentos que no dependa únicamente de lo que exige la regulación. Documentar los ingredientes, evaluar rigurosamente su seguridad y comunicar información relevante puede convertirse en parte de una gestión responsable del producto y de la relación con los consumidores. En última instancia, la discusión sobre GRAS muestra que la confianza en la industria alimentaria no depende solo de cumplir con la ley, sino también de ofrecer información suficiente para que consumidores y autoridades puedan saber qué llega realmente a sus alimentos.

Gamificar: ¿la clave para que los empleados actúen de forma más sostenible?

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12 agosto 2026

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Gamificar: ¿la clave para que los empleados actúen de forma más sostenible?

La sostenibilidad suele competir con otras prioridades dentro de las empresas: requiere inversión, cambios operativos y, sobre todo, modificar hábitos que durante años se han realizado de una determinada manera. Pero ¿qué pasaría si parte de ese esfuerzo pudiera convertirse en un reto? La gamificación está demostrando que introducir dinámicas de juego, competencia y reconocimiento puede ayudar a que los equipos se involucren en objetivos ambientales que también generan beneficios económicos para las organizaciones.

Un ejemplo concreto de ello se encuentra en el sector farmacéutico, donde AstraZeneca y Amgen estuvieron entre los ganadores del Freezer Challenge 2026, una competencia que invitó a laboratorios y organizaciones a reducir el consumo energético de los congeladores utilizados para almacenar muestras biológicas. Más de 4,000 laboratorios y cerca de 270 organizaciones participaron en las acciones que permitieron ahorrar casi 30 gigavatios hora (GWh) de energía. El resultado muestra que fomentar la sostenibilidad no necesariamente implica comenzar con grandes inversiones: también puede depender de conseguir que las personas cambien la manera en que realizan tareas cotidianas.

¿Cómo puede la gamificación fomentar la sostenibilidad?

La gamificación consiste en incorporar elementos propios de los juegos —como retos, rankings, premios, reconocimientos o metas— en actividades que no son necesariamente lúdicas. En el ámbito corporativo, esta estrategia puede convertir una meta ambiental en un desafío colectivo y hacer visible quién está avanzando, qué prácticas están funcionando y qué resultados pueden conseguirse.

El Freezer Challenge es un ejemplo particularmente claro porque vincula el comportamiento de los trabajadores con un indicador ambiental concreto: el consumo de energía. Los laboratorios participantes modificaron la forma en que operaban y mantenían sus congeladores de muestras biológicas. Una de las principales acciones consistió en elevar la temperatura de almacenamiento de -80 °C a -70 °C, un ajuste que no afecta a la mayoría de las muestras, además de garantizar un mantenimiento adecuado de los equipos.

El potencial de estas medidas se explica por el elevado consumo energético de estos aparatos. James Connelly, director ejecutivo de My Green Lab, organización que gestiona el desafío, estima que un solo congelador de ultrabaja temperatura puede consumir tanta energía como dos hogares estadounidenses.

Por eso, convertir este tipo de acciones en una competencia puede ser más que una estrategia para mejorar la participación. Permite relacionar una práctica cotidiana con un resultado medible: menos energía utilizada, menores emisiones asociadas y, al mismo tiempo, potencialmente menores costos operativos.

Para las áreas de responsabilidad social y sostenibilidad, este punto es especialmente relevante. Fomentar la sostenibilidad requiere que los objetivos ambientales lleguen a las personas que toman decisiones todos los días, incluso cuando esas decisiones parecen pequeñas. Una dinámica gamificada puede hacer visible el impacto acumulado de miles de acciones.

AstraZeneca y Amgen: cuando ahorrar energía se convierte en un reto

El Freezer Challenge 2026 reunió a más de 4,000 laboratorios y cerca de 270 organizaciones, que en conjunto consiguieron ahorrar casi 30 GWh de energía al modificar la operación y mantenimiento de sus congeladores.

Entre los participantes destacados estuvieron dos gigantes farmacéuticos. Amgen obtuvo el premio a la Mejor Organización después de conseguir un ahorro promedio de 5,314 kWh diarios durante la primera mitad de 2026.

Por su parte, AstraZeneca, con sede en Reino Unido, alcanzó un ahorro diario de 5,244 kWh, resultado que le permitió obtener el reconocimiento a la Racha Ganadora debido a su desempeño constante a lo largo del desafío.

Los resultados permiten dimensionar el potencial de convertir una meta ambiental en una competencia. En lugar de plantear únicamente que los laboratorios deben consumir menos energía, el desafío proporciona una estructura que incentiva a los equipos a identificar oportunidades, aplicar cambios y comparar resultados.

Además de Amgen y AstraZeneca, Siemens Healthineers obtuvo el reconocimiento a Mejor Organización en la categoría de hospitales, mientras que el Instituto de Investigación del Cáncer del Reino Unido ganó en la sección académica.

Para Connelly, la gamificación del ahorro energético es “una de las estrategias que utilizamos para generar impacto”. Su valor radica en que introduce una dinámica diferente en una conversación que con frecuencia se concentra en riesgos, obligaciones y cumplimiento.

“Hoy en día, gran parte de la sostenibilidad se centra en el pesimismo y el cumplimiento normativo”, señaló Connelly. Frente a ello, los premios y reconocimientos pueden ofrecer una motivación adicional para que los equipos hagan algo que ya resulta conveniente para la propia organización: ahorrar energía y dinero.

De la competencia al cambio cultural: el valor de reconocer los avances

El caso también plantea una cuestión importante para las empresas que buscan fomentar la sostenibilidad: ¿qué motiva realmente a los empleados y directivos a cambiar sus prácticas?

Una competición no necesariamente tiene que ofrecer una recompensa económica. El reconocimiento público, la comparación entre equipos y la posibilidad de destacar por un buen desempeño pueden ser suficientes para generar participación. En el Freezer Challenge, la recompensa es principalmente el reconocimiento, pero los participantes también pueden obtener un beneficio directo al reducir su consumo energético.

Esta lógica puede trasladarse a otros ámbitos de la gestión ambiental. Una empresa podría establecer desafíos para reducir residuos, disminuir el consumo de agua, optimizar el uso de energía o reducir desplazamientos contaminantes. La clave estaría en convertir cada objetivo en una acción que pueda medirse y en proporcionar retroalimentación sobre los resultados.

La gamificación también puede funcionar hacia arriba en la estructura corporativa. Los profesionales de sostenibilidad señalan que las clasificaciones empresariales pueden motivar a altos directivos y consejos de administración a financiar proyectos ambientales, incluso cuando el premio es reconocimiento y no dinero.

Existen diversos ejemplos de este mecanismo en el ámbito corporativo. Entre ellos se encuentran la Corporate A List de CDP, que reconoce a empresas con altos niveles de desempeño y transparencia ambiental; el Green Power Partnership National Top 100 de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que clasifica organizaciones de acuerdo con sus compras de energía limpia; y la lista Global 100 de Corporate Knights.

Estos mecanismos tienen un elemento en común con el Freezer Challenge: hacen visible el desempeño. Cuando una organización puede comparar sus resultados con los de otras, la sostenibilidad deja de ser únicamente una meta interna y puede convertirse también en un elemento de reconocimiento y reputación.

Para las empresas, esto abre una oportunidad: diseñar sistemas de gamificación que no se limiten a generar entusiasmo temporal, sino que estén conectados con indicadores ambientales relevantes para su estrategia. De esa manera, el juego puede convertirse en una herramienta de gestión capaz de movilizar comportamientos y acelerar objetivos.

Jugar para convertir la sostenibilidad en acción

El Freezer Challenge 2026 demuestra que fomentar la sostenibilidad también puede pasar por cambiar la manera en que las organizaciones involucran a sus colaboradores. Los resultados de AstraZeneca y Amgen muestran que una dinámica de competencia y reconocimiento puede impulsar modificaciones concretas en las operaciones: solo estas dos compañías consiguieron ahorros diarios superiores a 5,000 kWh durante el desafío. En conjunto, los participantes alcanzaron casi 30 GWh de ahorro energético.

El verdadero potencial de la gamificación está en convertir objetivos ambientales en comportamientos visibles, medibles y compartidos. No sustituye las inversiones en tecnología, infraestructura o eficiencia, pero puede ayudar a que las personas adopten y mantengan nuevas prácticas. Para las áreas de RSE y sostenibilidad, fomentar la sostenibilidad mediante retos puede ser una forma de conectar cultura organizacional, eficiencia operativa e impacto ambiental. Al final, el objetivo no es simplemente ganar una competencia, sino conseguir que las prácticas que hicieron posible esa victoria se conviertan en parte de la manera habitual de trabajar.

Mientras cae la inversión pública, Fundación Gates destina 540 millones de dólares a la ciencia

ExpokNews

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12 agosto 2026

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Mientras cae la inversión pública, Fundación Gates destina 540 millones de dólares a la ciencia

La ciencia atraviesa un momento de incertidumbre: mientras los gobiernos enfrentan presupuestos cada vez más limitados y replantean dónde colocar sus recursos, algunas investigaciones dependen de fuentes alternativas para mantener su continuidad. En este escenario, la filantropía puede convertirse en un respaldo estratégico para proyectos cuyo impacto trasciende a las instituciones que los desarrollan. Un ejemplo de ello es la reciente donación de la Fundación Gates por 540.2 millones de dólares al Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington (UW). La aportación financiará una década de trabajo y representa la mayor donación individual recibida en la historia de esta universidad.

El apoyo llega, además, a una institución cuya labor consiste en producir uno de los recursos más importantes para la toma de decisiones públicas: evidencia. El IHME recopila y analiza datos sobre la salud de poblaciones de todo el mundo para ayudar a gobiernos, investigadores y organismos a identificar dónde existen mayores necesidades y qué intervenciones pueden generar mejores resultados. En un momento en que los recursos para ciencia y salud son más inciertos, esta donación de la Fundación Gates no solo busca sostener una organización de investigación, sino garantizar que durante los próximos diez años continúe disponible información capaz de orientar políticas que pueden afectar millones de vidas.

Donación de la Fundación Gates: una década de estabilidad para el IHME

La aportación representa un nuevo capítulo en una relación que comenzó incluso antes de que el IHME existiera formalmente. En 2007, cuando el instituto estuvo cerca de establecerse en la Universidad de Harvard, la falta de financiamiento puso en riesgo su creación. La Fundación Gates intervino entonces con 105 millones de dólares para ayudar a trasladarlo a la Universidad de Washington, mientras la institución universitaria aportó otros 20 millones.

Casi dos décadas después, la fundación vuelve a respaldar al instituto con una cifra que multiplica aquella inversión inicial. Los 540.2 millones de dólares permitirán financiar diez años de trabajo, una perspectiva que ofrece algo especialmente valioso en un entorno de incertidumbre: tiempo para planificar, desarrollar investigaciones y mantener capacidades científicas.

“Esta subvención de la Fundación Gates es importantísima porque nos da estabilidad durante otros 10 años. Podremos seguir ofreciendo los bienes públicos globales en los que tanto nos hemos esforzado y, de hecho, esperamos que sean aún más útiles para la gente”.
Dr. Christopher Murray, director del IHME.

El momento de la aportación resulta particularmente relevante para la Universidad de Washington. El respaldo federal estadounidense a la investigación científica y sanitaria se ha vuelto más impredecible, por lo que la institución está buscando diversificar sus fuentes de financiamiento.

El Dr. Tim Dellit, decano de la Facultad de Medicina de la UW y director ejecutivo de UW Medicine, reconoció que esta nueva aportación llega en un momento crucial. También expresó su agradecimiento por el respaldo que la Fundación Gates ha brindado durante las últimas dos décadas y destacó que el instituto es “verdaderamente un líder mundial”.

Actualmente, aproximadamente 60% del financiamiento del IHME procede de la Fundación Gates. El resto se integra con subvenciones federales estadounidenses, proyectos con distintos países y apoyo de otras organizaciones filantrópicas. En 2025, el instituto recibió aproximadamente 7.1 millones de dólares en subvenciones federales y alrededor de 7.3 millones en 2026; para el próximo año fiscal se prevén 4.8 millones, aunque esta cifra todavía puede modificarse.

Por ello, la nueva aportación representa más que una inyección de recursos: ofrece previsibilidad a una organización que necesita continuidad para desarrollar investigaciones de largo plazo.

¿En qué se utilizarán los 540 millones de dólares?

La donación de la Fundación Gates permitirá fortalecer tres grandes líneas de trabajo del IHME. Una de las principales será ampliar el Estudio de la Carga Mundial de Enfermedades, Lesiones y Factores de Riesgo, conocido como GBD, considerado una de las evaluaciones más completas sobre las tendencias y condiciones de salud a escala global.

Actualmente, el estudio cubre 925 sitios. Con el nuevo financiamiento, el instituto pretende ampliar esa cobertura a casi 5,000 lugares, más de cinco veces la cifra actual. El objetivo es obtener información cada vez más localizada sobre las condiciones sanitarias de las poblaciones.

La importancia de esta escala está en que los promedios nacionales pueden ocultar desigualdades importantes. Como explicó Murray: “Los detalles importan porque los gobiernos siempre quieren conocer las desigualdades dentro de su país, y esto proporciona una perspectiva estandarizada al respecto”.

Los datos pueden ayudar a identificar, por ejemplo, aumentos de mortalidad materna e infantil, enfermedades que ejercen una presión creciente sobre los sistemas sanitarios o zonas donde las medidas preventivas no están funcionando suficientemente. De acuerdo con el IHME, las estimaciones del estudio han sido citadas en casi 8,000 documentos de política pública en todo el mundo.

El financiamiento también permitirá mantener el trabajo de previsión sanitaria y el seguimiento del gasto que realizan los países en atención médica. Esta información puede ser especialmente relevante cuando los gobiernos necesitan justificar nuevas inversiones en salud.

Murray explicó que los ministerios de Finanzas o Hacienda suelen preguntar si las inversiones anteriores realmente produjeron resultados antes de asignar más recursos. Contar con bases de datos organizadas sobre gasto sanitario y proyecciones permite responder mejor a esa pregunta.

La utilidad del IHME quedó especialmente visible durante la pandemia de COVID-19. El instituto generó estimaciones periódicas sobre casos, hospitalizaciones y muertes a escala mundial, además de desarrollar modelos relacionados con vacunación, uso de mascarillas y posibles escenarios de propagación.

“Esos datos fueron increíblemente útiles no solo para comprender qué podría estar surgiendo, sino también qué podíamos hacer para intervenir”, señaló Dellit.

Una inversión en evidencia para generar impacto social

Más allá del monto, la donación de la Fundación Gates representa un reconocimiento al valor de la evidencia científica como infraestructura para la toma de decisiones. Los datos por sí mismos no solucionan una crisis sanitaria, pero permiten identificar dónde se concentra, dimensionar sus consecuencias y decidir dónde puede ser más efectivo utilizar recursos limitados.

Mark Suzman, director ejecutivo de la Fundación Gates, destacó precisamente esta función. Señaló que el IHME ha sido fundamental para ayudar a gobiernos e investigadores a comprender dónde está mejorando la salud, dónde se está estancando el progreso y dónde se necesita actuar con mayor urgencia.

“Todos los gobiernos y financiadores se enfrentan a decisiones difíciles sobre dónde invertir recursos limitados para lograr el mayor impacto, y esas decisiones dependen de evidencia confiable”, afirmó Suzman.

Three big goals. One shared future.

Haven’t had a chance to read @MSuzman’s annual letter just yet? Here are three things you should know.👇
Read the letter: https://t.co/3hap23LNoJ pic.twitter.com/iLc5XmRl6g
— Gates Foundation (@gatesfoundation) February 3, 2026

Por supuesto, contribuir a generar inversión social con base en estudios resulta particularmente relevante, ya que esta no consiste únicamente en entregar recursos a una causa, sino también en fortalecer las capacidades que permiten que esos recursos produzcan mejores resultados. En este caso, financiar la generación de evidencia puede ayudar a que futuras decisiones públicas sean más precisas y respondan mejor a las necesidades de las poblaciones.

Dellit destacó que el IHME es diferente de una organización de investigación tradicional porque genera conocimientos que pueden utilizarse para reflexionar sobre cómo aprovechar mejor recursos limitados para mejorar la salud en determinados territorios.

La lógica detrás de esta aportación coincide con una preocupación que actualmente enfrentan gobiernos y financiadores: cómo conseguir el mayor impacto social posible cuando existen menos recursos disponibles. En ese contexto, disponer de información comparable, localizada y actualizada se vuelve todavía más importante.

Filantropía y ciencia frente a la incertidumbre pública

La nueva aportación también evidencia una transformación en el ecosistema de financiamiento científico. Cuando los recursos públicos se reducen o se vuelven impredecibles, las universidades y centros de investigación necesitan encontrar mecanismos que les permitan mantener proyectos cuya relevancia puede extenderse durante décadas.

Para la Universidad de Washington, la situación ya está impulsando una estrategia de diversificación. “Como universidad, estamos pensando en cómo diversificar nuestras fuentes de financiación”, explicó Dellit.

La donación de la Fundación Gates no sustituye por completo al financiamiento público, pero sí puede ofrecer un margen de estabilidad para una institución que depende de diferentes fuentes. También muestra el papel que pueden desempeñar las organizaciones filantrópicas cuando una investigación requiere continuidad y sus beneficios no necesariamente se materializan en el corto plazo.

La Fundación Gates no señaló directamente la incertidumbre del financiamiento federal como motivo de la aportación, pero sí reconoció que gobiernos y otros financiadores enfrentan “presupuestos cada vez más limitados”.

Esta situación vuelve especialmente relevante el debate sobre quién debe financiar la generación de conocimiento que funciona como un bien público. Si los datos producidos por una institución son utilizados por gobiernos, investigadores y responsables de políticas en distintos países, su valor no se limita a quien recibe originalmente la subvención.

La salud pública y global es uno de los campos donde esta dinámica puede tener mayores consecuencias. Como afirmó Dellit:

“La salud pública y la salud global representan un verdadero desafío en la actualidad. Una contribución en ese ámbito es especialmente crucial”.

Financiar ciencia también es invertir en decisiones

La donación de la Fundación Gates al IHME muestra que la filantropía puede desempeñar un papel estratégico cuando la investigación científica enfrenta incertidumbre financiera. Los 540.2 millones de dólares no solo permitirán mantener operaciones durante una década: ampliarán la capacidad para generar información sobre desigualdades sanitarias, enfermedades, gasto en salud y posibles escenarios futuros. El impacto potencial, por tanto, se encuentra en las decisiones que esos datos pueden ayudar a tomar.

En un contexto donde cada vez más gobiernos y financiadores deben decidir cómo utilizar recursos limitados, contar con evidencia confiable es una condición para maximizar el impacto social. La apuesta de la Fundación Gates por el IHME pone de manifiesto que apoyar la ciencia también significa fortalecer las herramientas con las que las sociedades pueden identificar problemas, asignar recursos y proteger vidas. La pregunta ya no es únicamente cuánto se invierte en investigación, sino qué capacidades científicas se necesitan para tomar mejores decisiones cuando los recursos son cada vez más escasos.

Delfines en Xcaret: los amparos de Delphinus abren el debate sobre responsabilidad empresarial

RSE

Edgar López Pimentel

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12 agosto 2026

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Delfines en Xcaret: los amparos de Delphinus abren el debate sobre responsabilidad empresarial

Por Edgar López Pimentel

La discusión ya no se limita a quién opera los delfinarios. También alcanza a las marcas que incorporan esas experiencias a su oferta y a la manera en que supervisan a sus socios comerciales.

Quien contrata una experiencia con delfines dentro de Xcaret o Xel-Há puede asociarla naturalmente con la marca del parque. Sin embargo, la operación y el cuidado especializado de los ejemplares corresponden a Delphinus, una institución zoológica independiente que presta ese servicio dentro de ambos recintos. La distinción adquirió relevancia después de que Delphinus promoviera juicios de amparo contra disposiciones de la reforma mexicana sobre mamíferos marinos.

Expok solicitó directamente la posición de ambas organizaciones. Sus respuestas y reportes de sostenibilidad muestran responsabilidades diferenciadas, pero conectadas. Delphinus se reconoce como responsable de la operación y del cuidado de los animales. Grupo Xcaret aclara que Delphinus no forma parte de la empresa, aunque reconoce una responsabilidad propia de seguimiento sobre las actividades desarrolladas dentro de sus parques. La independencia jurídica, por tanto, no elimina la integración de la experiencia en la cadena de valor turística.

¿Qué cambió con la reforma?

La reforma del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025. El texto vigente prohíbe la posesión y utilización de mamíferos marinos para actividades distintas de los supuestos permitidos, así como su reproducción, salvo cuando tenga fines de conservación mediante recuperación, reintroducción o repoblación de especies amenazadas o en peligro de extinción.

Para los cetáceos, la ley establece además que los ejemplares deben estar ubicados en corrales marinos y no en instalaciones de concreto. Cuando la geografía no lo permita, prevé instalaciones abiertas con intercambio de agua exterior por mareas o bombeo. El incumplimiento del artículo puede ser causa de revocación de autorizaciones.

Es dentro de ese nuevo marco donde Delphinus promovió los recursos legales. La institución sostiene que no ha solicitado ni busca una excepción al cumplimiento de la ley, sino que pretende proteger el bienestar de los delfines bajo su cuidado e incorporar elementos técnicos y científicos al análisis regulatorio.

Delphinus: una prohibición absoluta también puede generar riesgos

En su respuesta a Expok, Delphinus concentró uno de sus argumentos en la prohibición de reproducción. Desde su interpretación del modelo de los Cinco Dominios —nutrición, entorno, salud, comportamiento y estado mental—, impedir de manera permanente las conductas reproductivas puede afectar el comportamiento y el estado mental de los animales.

La institución señaló que el cumplimiento de esa restricción puede obligar a separar permanentemente a machos y hembras que integran grupos consolidados, con la posible ruptura de vínculos sociales, o a recurrir al control hormonal de las hembras para evitar nacimientos. También afirmó que todavía no existe un criterio oficial que oriente esas decisiones.

“Nuestra prioridad no ha cambiado nunca. Son los animales que están a nuestro cuidado”, afirmó Delphinus, institución zoológica, en la postura entregada a Expok.

Otro de los recursos cuestiona las restricciones para construir o ampliar instalaciones en aguas costeras. Delphinus argumentó que el bienestar físico y mental no depende únicamente de que el ambiente sea natural o artificial, sino del acceso a cuidados adecuados, atención veterinaria, enriquecimiento, estimulación cognitiva y social, y espacios diseñados con criterios técnicos.

La institución advirtió que una transición sin reglamento, protocolos de traslado, permisos e infraestructura suficiente podría exponer a los ejemplares a riesgos que hoy no enfrentan. También subrayó que los operadores privados han sostenido capacidades de rescate y atención veterinaria de mamíferos marinos que, a su juicio, no deberían debilitarse, sino integrarse a una política pública de bienestar animal.

La pregunta que Delphinus dejó sin precisar

Después de recibir la postura, Expok preguntó qué buscan concretamente que resuelvan los jueces y qué cambiaría en la operación actual de Delphinus si los amparos fueran concedidos. La institución indicó que, por el momento, no agregaría más información y solicitó que la declaración fuera atribuida a Delphinus como institución zoológica.

Por ello, su respuesta permite conocer la justificación técnica y de bienestar animal que atribuye a los recursos, pero no precisa el efecto operativo concreto que busca obtener mediante una eventual sentencia favorable.

Lo que Delphinus reporta sobre su operación

El Reporte de Sostenibilidad 2024 de Delphinus permite dimensionar la operación involucrada en el debate. La institución informa que opera siete hábitats para la interacción con mamíferos marinos en el Caribe mexicano, recibió 357,868 visitantes durante 2024 y contaba con 544 colaboradores. También reporta acreditaciones de American Humane, la Alliance of Marine Mammal Parks and Aquariums y la International Marine Animal Trainers’ Association. Estas referencias se presentan aquí como información declarada por Delphinus; por sí mismas no sustituyen la revisión de su alcance, vigencia o metodología.

El documento dedica un apartado al modelo de los Cinco Dominios. Afirma que las dietas son personalizadas; que realiza monitoreos de sangre, orina, copro y contenido gástrico; que integra grupos sociales estables; que emplea condicionamiento operante con refuerzo positivo, y que las decisiones sobre nutrición, entorno, salud y comportamiento se valoran por su posible efecto en el estado mental de los animales.

Del modelo declarado a los resultados publicados

El reporte explica políticas, instalaciones y prácticas, pero no publica indicadores que permitan evaluar sus resultados sobre los ejemplares. No informa el número total de delfines bajo cuidado, nacimientos y fallecimientos del periodo, edades, padecimientos, tratamientos, uso de control hormonal, incidentes, resultados individualizados de bienestar ni hallazgos de evaluaciones veterinarias externas.

La ausencia de esos datos no demuestra que exista un problema de bienestar animal. Sí marca una brecha de transparencia: mientras Delphinus utiliza los Cinco Dominios como argumento técnico de sus amparos, su informe público no ofrece métricas suficientes para que terceros comparen ese modelo con resultados observables. En una controversia centrada precisamente en el bienestar de los animales, esa información sería material.

Xcaret: la operación es de Delphinus, pero existe responsabilidad de seguimiento

Grupo Xcaret confirmó a Expok que mantiene una relación comercial con Delphinus y que la operación y el cuidado especializado de los delfines corresponden a esa institución zoológica. Sin embargo, la compañía no redujo el asunto a la separación corporativa.

“Como parte de nuestra responsabilidad, damos seguimiento a las condiciones en las que estas experiencias se desarrollan dentro de nuestros parques”, señaló Grupo Xcaret en su respuesta formal.

El grupo agregó que cualquier actividad realizada en sus parques debe apegarse al marco legal vigente y a criterios sólidos de bienestar animal. Afirmó además que Delphinus ha demostrado de manera consistente su compromiso de cumplir la normatividad aplicable.

Xcaret no manifestó apoyo ni rechazo a los amparos. Su postura se concentró en delimitar responsabilidades, confirmar la supervisión y reconocer que tanto el marco regulatorio como la conversación social sobre estas actividades están evolucionando. Según la empresa, su análisis coloca en el centro el bienestar de los animales, la evidencia científica, el cumplimiento de la ley y una experiencia responsable para los visitantes.

¿Qué reporta Xcaret sobre bienestar animal?

La Memoria de Xostenibilidad 2024 de Grupo Xcaret aporta contexto sobre su estructura interna. El documento reporta que ese año constituyó un Comité de Bioética y Bienestar Animal para procurar que las acciones vinculadas con el manejo de fauna respeten principios éticos, legales y políticas institucionales, con referencias a marcos de la World Association of Zoos and Aquariums (WAZA) y la Asociación Latinoamericana de Parques, Zoológicos y Acuarios (ALPZA).

La memoria también señala que fueron evaluados 1,041 estándares operativos relacionados con el bienestar y cuidado de especies bajo resguardo del grupo, y reporta un nivel de control de 99.9% en la calidad de las exhibiciones.

El informe no menciona expresamente a Delphinus, a los delfines ni a los mamíferos marinos, y tampoco permite determinar si esos 1,041 estándares abarcan actividades operadas por terceros. La declaración entregada posteriormente a Expok complementa ese punto al afirmar que Xcaret sí da seguimiento a las condiciones de las experiencias, aunque no detalla el método, los indicadores ni el alcance de dicha supervisión.

Una relación comercial que también forma parte de la cadena de valor

El caso muestra por qué el bienestar animal ya no puede analizarse únicamente dentro de los límites jurídicos de cada empresa. Para el visitante, una experiencia desarrollada dentro de un parque queda asociada con la marca del recinto, aunque la operación y el cuidado correspondan a otra institución. En este caso, la relación tampoco es reciente ni invisible: el reporte de Delphinus señala que inició operaciones en Xcaret en 1992 y en Xel-Há en 1998.

El informe de Delphinus presenta los hábitats de Xcaret y Xel-Há mediante composiciones que reúnen las marcas de ambas organizaciones. La imagen no acredita propiedad o control corporativo, pero sí documenta una integración comercial y de cara al visitante. Por su parte, la memoria de Xcaret describe el desarrollo de su cadena de valor como un proceso estratégico destinado a garantizar relaciones comerciales responsables, éticas y sostenibles; en 2024 reportó compras a 1,546 proveedores.

Los documentos y las respuestas introducen una distinción relevante: Delphinus conserva la responsabilidad operativa y profesional sobre los ejemplares; el grupo turístico reconoce una responsabilidad de seguimiento porque la actividad ocurre dentro de sus parques y se integra a la experiencia ofrecida al visitante. No son responsabilidades idénticas, pero tampoco son excluyentes. La responsabilidad de la cadena de valor no exige afirmar que ambas empresas sean una sola; exige explicar qué controla, supervisa y transparenta cada una.

Lo que falta por resolver

El debate continuará en dos espacios. En los tribunales deberá precisarse el alcance de los amparos y el efecto de las resoluciones sobre las disposiciones impugnadas. En la política pública deberán definirse condiciones técnicas que permitan aplicar la reforma sin trasladar nuevos riesgos a los animales que ya se encuentran bajo cuidado profesional.

Para las empresas, el caso abre otra pregunta: ¿hasta dónde llega su responsabilidad cuando una actividad no es operada directamente por ellas, pero se integra a la experiencia ofrecida a sus clientes? La respuesta de Xcaret reconoce al menos tres obligaciones propias: exigir cumplimiento legal, observar criterios de bienestar animal y dar seguimiento a las condiciones del servicio. Los reportes revisados dejan pendiente conocer con qué indicadores se cumple y se comunica ese seguimiento.

La discusión sobre los delfines ya no se limita, por tanto, a determinar quién es propietario del operador. También alcanza a la selección y supervisión de socios comerciales, a la transparencia frente al visitante y a la capacidad de las marcas para responder cuando cambian la regulación, la ciencia y las expectativas sociales.

Fuentes consultadas

Ley General de Vida Silvestre, texto vigente de la Cámara de Diputados
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025
Memoria de Xostenibilidad 2024 de Grupo Xcaret
Reporte de Sostenibilidad 2024 de Delphinus
Postura institucional de Delphinus entregada directamente a Expok
Respuesta formal de Grupo Xcaret entregada directamente a Expok

FUNO® anuncia la exitosa colocación de bonos quirografarios locales con etiqueta verde por Ps. $7,500

Comunicados de Prensa

ExpokNews

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12 agosto 2026

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FUNO® anuncia la exitosa colocación de bonos quirografarios locales con etiqueta verde por Ps. $7,500

Fibra Uno (BMV: FUNO11) (“FUNO” o “Fideicomiso F/1401”), el primer y mayor Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces en México y América Latina anuncia que el viernes 7 de agosto del presente año, se llevó a cabo de manera exitosa la oferta pública y colocación de dos bonos quirografarios y con etiqueta verde, emitidos en el mercado nacional por un monto de Ps. $7,500 millones.

Los recursos de la oferta serán utilizados para refinanciar deuda. Del total, Ps. $4,300 millones corresponden al bono 26V-2V con tasa fija de MBONO + 170 pbs (o 10.81% fija) con vencimiento en julio de 2036. Asimismo, Ps. $3,200 millones corresponden al bono 26V a tasa variable de TIIE + 85 pbs con vencimiento en agosto de 2029. Con estas emisiones, el nuevo plazo promedio de nuestra deuda es de 7.6 años.

Asimismo, a Fibra Uno le complace anunciar que el libro tuvo una demanda de más de Ps. 18,000 millones, es decir, una sobresuscripción de 2.5 veces.

Con esta emisión verde, FUNO® reafirma su liderazgo en ASG en la industria, así como la fortaleza de su valor crediticio y la confianza de sus inversionistas en México, en la compañía y en su modelo de negocio. La emisión tiene una calificación de AAA(mex) / HR AAA por parte de Fitch y HR Ratings, respectivamente.

FUNO® agradece a todos las autoridades y a los colaboradores que ayudaron a que esta emisión fuera posible.

Agenda 2030: más de la mitad de las empresas reporta mayor presión para demostrar sus avances en sostenibilidad

Comunicados de Prensa

ExpokNews

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12 agosto 2026

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Agenda 2030: más de la mitad de las empresas reporta mayor presión para demostrar sus avances en sostenibilidad

Durante años, para muchas organizaciones, adoptar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU significó incorporar compromisos ambientales, sociales y de gobernanza en sus estrategias corporativas. Sin embargo, a menos de cinco años de que concluya la Agenda 2030, el reto ha cambiado: ya no es suficiente declarar el respaldo a estos objetivos, sino demostrar con evidencia los avances alcanzados.

Inversionistas, reguladores y otros grupos de interés demandan cada vez mayor transparencia sobre el desempeño ambiental, social y de gobernanza de las organizaciones. De acuerdo con PwC, más de la mitad de las empresas a nivel global asegura que la presión para proporcionar información sobre sostenibilidad aumentó durante el último año. Para ZYGHT, esta tendencia confirma que los ODS han entrado en una nueva etapa, en la que demostrar avances con información verificable resulta tan importante como asumir el compromiso de cumplirlos.

“Durante mucho tiempo, la conversación se centró en que las empresas adoptaran compromisos de sostenibilidad. Hoy el desafío es distinto: demostrar que esos compromisos se traducen en acciones concretas y resultados medibles. Para lograrlo, las organizaciones necesitan contar con información confiable, trazable y actualizada que les permita identificar oportunidades de mejora, tomar decisiones con base en datos y comunicar sus avances con transparencia“, señaló Liliana Luna, Representante de Desarrollo de Negocios en México y Centroamérica para ZYGHT.

A pesar de este cambio, muchas organizaciones aún gestionan la información necesaria para medir sus avances mediante procesos manuales o registros dispersos. De acuerdo con estimaciones de ZYGHT, la gestión manual y fragmentada de información puede incrementar hasta en 30% el tiempo destinado a consolidar y elaborar reportes de sostenibilidad, lo que dificulta el seguimiento oportuno de indicadores, retrasa la implementación de acciones correctivas y puede aumentar el riesgo de incumplimientos frente a las obligaciones ambientales y los marcos regulatorios que las empresas deben atender.

Demostrar avances hacia los ODS ya no depende únicamente de fijar metas, sino de contar con procesos que permitan medir, documentar y dar seguimiento a cada acción de manera continua. La integración de información, la automatización de indicadores y la trazabilidad de los datos se han convertido en elementos indispensables para fortalecer el cumplimiento ambiental, responder a las exigencias regulatorias y transformar los compromisos de sostenibilidad en resultados verificables.

“Los ODS no representan una meta que se revisa al final del camino, sino una guía para la gestión diaria de las organizaciones. Aquellas empresas que incorporen la medición y el seguimiento continuo de sus indicadores estarán mejor preparadas para responder a los desafíos regulatorios, mejorar su desempeño ambiental y demostrar que sus compromisos en materia de sostenibilidad se traducen en resultados tangibles“, concluyó Liliana Luna.

Bachoco x Panam, ejemplo de innovación en marketing sostenible

Marketing y sustentabilidad | Por Luis Maram

Luis Maram

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12 agosto 2026

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Bachoco x Panam, ejemplo de innovación en marketing sostenible

Por Luis Maram

El mejor truco de marketing es no parecer marketing (y además convertir huevos en tenis). Hola tenis Bachoco x Panam

Existe una práctica recurrente en las estrategias de marca actuales: gastar miles en campañas publicitarias que generan mucho engagement artificial en redes sociales, pero cero impacto en la caja registradora. Esto sirve de poco, especialmente cuando Finanzas cuestiona a Marketing. Para resolver esto habría que recordar qué es innovación y por qué es fundamental en días como los actuales.

Diferencia práctica entre innovación e invención: a nadie le importa lo genial de tu producto a menos que se venda

En la teoría de negocios y gestión estratégica, entender la diferencia entre invención e innovación es fundamental.

Invención: Es la creación de una nueva idea, tecnología, producto o proceso que resuelve un problema o satisface una necesidad teórica.
Adopción / Difusión: El proceso mediante el cual el mercado o los usuarios aceptan y utilizan dicha invención.
Innovación: Es la combinación de ambas. Ocurre cuando la invención es introducida con éxito en el mercado, genera valor sostenible y es adoptada por los usuarios o clientes.

De modo que la verdadera esencia del marketing es crear un activo de marca que no solo llame la atención, sino que abra un canal comercial real.

Bachoco x Panam, un ejemplo de innovación en marketing sostenible y algo de reputación

La reciente colaboración entre el gigante avícola (Grupo Bachoco) y un ícono del calzado urbano (Panam) es una joya de estrategia comercial y co-branding.

No se trata de una campaña publicitaria tradicional para “verse bien”. Se trata de cómo transformar un gasto publicitario que ya caducó en un producto que la gente realmente quiera comprar.

¿Por qué el caso es brillante? Aquí tres características:

1. Co-Branding inteligente: Cómo crear un activo donde antes había un gasto

¿Qué ganan estas marcas de una asociación así?

Transferencia de Brand Equity: Bachoco aporta su brutal penetración de mercado y reconocimiento de marca; Panam aporta el factor cool, el diseño y la cultura urbana.
Hackeo del punto de venta: En lugar de pagar por espacios publicitarios tradicionales, Bachoco coloca su marca directamente en los pies de la gente y en los aparadores de las tiendas de calzado.
Monetización del mensaje: La publicidad tradicional cuesta dinero; esta colaboración genera un producto de edición especial con margen comercial.

Lo que hizo Bachoco con las lonas de sus espectaculares no fue mero reciclaje. Fue una jugada astuta: llamar a Panam para transformar ese insumo en la suela de un par de tenis y llevar a los clientes directamente a la tienda física y al e-commerce.

2. La fórmula del marketing y la innovación

Para que un lanzamiento sea una innovación de producto y no un simple truco publicitario, la regla es implacable:

Innovación de Marca = Creatividad X Comercialización

Si el factor de comercialización es cero, no tienes una estrategia de marketing; tienes un experimento costoso.

El marketing tradicional	El enfoque Bachoco × Panam
Apela a mensajes abstractos o sermones que la gente ignora.	Crea un objeto de deseo tangible (streetwear de edición especial).
Gasta presupuesto en medios donde la atención dura pocos segundos.	Transforma la marca en un producto físico que el usuario presume y camina.
Se queda en boletines de prensa o relaciones públicas.	Entra directo a los canales de distribución (retail y e-commerce).

3. La lección para los profesionales de la sustentabilidad

Es en acciones como esta que la economía circular brilla pero como motor de negocio, no como un discurso que podamos pavonear en discursos o publicidad. Ojo que aquí cabe señalar que dado que la iniciativa efectivamente es una innovación, es un motivo excelente para hacer marketing de reputación.

Si un proyecto de impacto ambiental no genera tracción comercial, depende enteramente de subsidios corporativos o presupuestos de PR que se cortan a la primera crisis financiera, es un proyecto inútil. Le duela a quien le duela. Al empaquetar la sustentabilidad en un producto que la gente corriente realmente desea comprar, la iniciativa adquiere flujo de caja y vida propia.

Al lograr que esta edición especial se venda en las tiendas de Panam, la iniciativa se valida en el mercado real. Y cuando un producto se vende, se vuelve a fabricar, logrando que el impacto ambiental finalmente escala a gran nivel.

Y por si fuera poco, todo esto… sin que nadie lo mencione… genera una reputación de marca brutal. Bachoco x Panam, un negocio redondo… er, quise decir circular.

La lección es que la próxima vez que diseñemos una campaña de posicionamiento o un proyecto de desarrollo de producto que tenga que ver con la sostenibilidad, la primera pregunta no debe ser qué tan cool se ve la idea, sino: ¿Cómo vamos a convertir esto en tracción comercial y quién va a pagar por ello?

Sin esa respuesta, no hay innovación de mercado; solo un anuncio caro que nadie va a recordar.

El artículo “Bachoco x Panam: Ejemplo de innovación en marketing y sostenibilidad” se publicó inicialmente en la web del autor.

Luis Maram, Marketing y sostenibilidad
Marketer, Speaker, Experto en Marketing y Reputación
Linkedin | Creo en el poder transformador de las marcas

Luis Maram es estratega digital especializado en desarrollo de contenidos orientados a visibilidad de marca, reputación y responsabilidad corporativa. Durante años ha acompañado a marcas en el diseño de acciones digitales que inspiran a sus audiencias, generan conexión y producen resultados concretos —desde el content marketing y el social media hasta la inteligencia artificial.

Es Director de Marketing y Media en Expok, donde lidera la estrategia digital de la empresa y sus clientes. Asimismo, edita uno de los blogs de estrategia de contenido y marketing digital más reconocidos de México, LuisMaram.com, y ha impartido más de un centenar de conferencias en México y el extranjero.

Bachoco y Panam impulsan la economía circular con una colaboración que transforma materiales en nuevos productos

Comunicados de Prensa

ExpokNews

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12 agosto 2026

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Bachoco y Panam impulsan la economía circular con una colaboración que transforma materiales en nuevos productos

Como parte de su compromiso con la sustentabilidad y la búsqueda constante de nuevas formas de generar impacto positivo, Grupo Bachoco presenta, a través de Bachoco, una colaboración con Panam que da vida a una edición especial de calzado elaborada a partir de materiales que anteriormente formaron parte de elementos de comunicación de la compañía.

Esta iniciativa representa una muestra tangible de cómo la innovación y la creatividad pueden contribuir al aprovechamiento responsable de los recursos, promoviendo prácticas alineadas con los principios de economía circular y reducción de residuos, al tiempo que generan nuevas oportunidades para transformar materiales en productos con valor agregado.

La colaboración forma parte de los esfuerzos que Grupo Bachoco impulsa para integrar la sustentabilidad en distintos ámbitos de su operación y cultura organizacional, explorando alternativas que permitan extender la vida útil de los materiales y reducir su impacto ambiental. Este enfoque es consistente con la visión de la compañía de generar valor compartido para sus grupos de interés y fortalecer un crecimiento sostenible a largo plazo, incorporando la innovación como un habilitador clave para desarrollar soluciones con impacto positivo.

La edición especial incorpora una suela elaborada con material reciclado proveniente de las icónicas carteleras Bachoco, transformando elementos que formaron parte de la comunicación de la compañía en un nuevo producto con valor. La colección, que podrá adquirirse en tiendas físicas Panam y a través de su sitio web oficial, demuestra cómo la innovación y la economía circular pueden dar una segunda vida a los materiales, contribuyendo al aprovechamiento responsable de los recursos y ejemplificando cómo las empresas pueden encontrar usos alternativos para materiales que normalmente concluirían su ciclo de vida.

“En Grupo Bachoco buscamos constantemente nuevas formas de generar valor a partir de los recursos disponibles, impulsando iniciativas que reflejen nuestro compromiso con la sustentabilidad y la innovación. Esta colaboración con Panam es un ejemplo de cómo, mediante la creatividad y el trabajo conjunto, podemos transformar materiales en desuso en productos con un nuevo propósito, contribuyendo al fortalecimiento de una cultura de aprovechamiento responsable y economía circular”, destaca la compañía.

Con acciones como esta, Grupo Bachoco reafirma su compromiso con una operación responsable y con la implementación de iniciativas que contribuyan al cuidado del entorno, impulsando una cultura de sostenibilidad que trasciende sus procesos y conecta con colaboradores, consumidores y comunidades, fortaleciendo su visión de largo plazo en materia ambiental y de creación de valor compartido.

Generar confianza en la era de la IA: Genesys reporta avances en acción climática, gobernanza y comunidad

Comunicados de Prensa

ExpokNews

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12 agosto 2026

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Generar confianza en la era de la IA: Genesys reporta avances en acción climática, gobernanza y comunidad

Genesys®, líder mundial en la nube para la orquestación de experiencias impulsadas por inteligencia artificial (IA), publicó hoy su sexto Informe Anual de Sostenibilidad, en el que detalla los avances alcanzados durante su año fiscal 2026 (del 1 de febrero de 2025 al 31 de enero de 2026) en materia de IA responsable, acción climática e impacto comunitario, mientras la compañía continuó impulsando la adopción empresarial de la plataforma Genesys Cloud™ y de sus capacidades de inteligencia artificial.

A medida que las organizaciones recurren cada vez más a la inteligencia artificial para transformar las experiencias de clientes y colaboradores, Genesys continuó fortaleciendo la gobernanza, la sostenibilidad y la confianza, factores esenciales para escalar esta tecnología de manera responsable. Los avances destacados a lo largo del informe reflejan la convicción de la compañía de que la innovación responsable requiere progresos significativos en la gestión ambiental, la inteligencia artificial responsable y la resiliencia empresarial a largo plazo.

La acción climática se mantuvo como un eje central de la estrategia de sostenibilidad de Genesys durante el ejercicio fiscal 2026. La compañía redujo sus emisiones totales de gases de efecto invernadero en un 15 % de manera orgánica en comparación con el año anterior, al tiempo que mantuvo la neutralidad de carbono en las operaciones de su plataforma Genesys Cloud™. La validación de los objetivos de corto plazo de la iniciativa Science Based Targets (SBTi) reforzó su ruta hacia el logro de emisiones netas cero para 2040. Asimismo, la certificación LEED Platinum obtenida para su oficina de Chennai, India, junto con las certificaciones LEED Gold de sus oficinas en París y Brest, Francia, ampliaron su portafolio global a ocho centros de trabajo con certificación LEED, incluidos cuatro con nivel Platinum y cuatro con nivel Gold.

El informe destaca diversos hitos que reforzaron el compromiso de la compañía con la inteligencia artificial responsable. Genesys obtuvo la certificación ISO/IEC 42001 para la plataforma Genesys Cloud™, lanzó el Genesys Cloud Trust Center para ofrecer a los clientes una mayor transparencia sobre sus prácticas de seguridad, privacidad y gobernanza de la IA, y se convirtió en socio del Centro para la Excelencia en IA del Foro Económico Mundial (WEF).

“La sostenibilidad es la forma en que generamos valor a largo plazo para nuestros clientes, colaboradores, socios, comunidades y para el planeta”, afirmó Bridgette Bell McAdoo, directora de sostenibilidad de Genesys. “A medida que la IA transforma la experiencia del cliente, estamos enfocados en impulsar la innovación de manera responsable, reducir nuestro impacto ambiental y ayudar a las organizaciones a generar mejores resultados para las personas a las que sirven. Consideramos que la innovación responsable y el crecimiento sostenible del negocio van de la mano”.

Aspectos destacados adicionales del año fiscal 2026 incluyen:

Más de 33 millones de conversaciones entre organizaciones benéficas y personas necesitadas fueron posibles gracias al Programa de Descuentos para Organizaciones Benéficas de Genesys desde el ejercicio fiscal 2024, avanzando hacia el objetivo de la compañía de facilitar 80 millones de conversaciones benéficas para el ejercicio fiscal 2031.
Genesys obtuvo su cuarta Medalla de Oro EcoVadis consecutiva, posicionándose entre las empresas con mejor desempeño a nivel mundial en sostenibilidad y abastecimiento responsable.
Los colaboradores registraron casi 12,000 horas de voluntariado, apoyando a más de 1,000 organizaciones sin fines de lucro en todo el mundo.

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Derechos humanos contra Trump: demandan a su administración por sanciones a la CPI

ExpokNews

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11 agosto 2026

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Derechos humanos contra Trump: demandan a su administración por sanciones a la CPI

La disputa entre Estados Unidos y la Corte Penal Internacional (CPI) entró en una nueva fase: cuatro organizaciones estadounidenses de derechos humanos llevaron a la administración de Donald Trump ante un tribunal federal por las sanciones impuestas contra funcionarios y colaboradores del organismo. La acusación apunta a una preocupación que trasciende la política exterior: el posible debilitamiento de los mecanismos internacionales creados para investigar crímenes de guerra y de lesa humanidad.

El caso coloca nuevamente en el centro el debate sobre hasta dónde puede llegar un gobierno cuando busca impedir que una institución internacional investigue delitos graves. De acuerdo con The Guardian, para las organizaciones demandantes, las medidas estadounidenses no solo afectan a jueces y fiscales de la CPI, sino también a abogados, defensores y grupos de la sociedad civil que colaboran con las víctimas. En otras palabras, sostienen que el costo de las sanciones puede terminar recayendo precisamente sobre quienes buscan justicia.

Derechos humanos contra Trump: una batalla que llega a los tribunales

El Comité de Servicio de los Amigos Estadounidenses, el Centro de Derechos Constitucionales, Human Rights Watch y el Instituto de la Sociedad Abierta presentaron la demanda ante un tribunal federal. Los grupos argumentan que las sanciones y las acciones emprendidas contra personas y organizaciones vinculadas con la CPI constituyen un ataque ilegal contra la justicia internacional y limitan su capacidad para investigar violaciones graves.

El origen inmediato de la disputa está en una orden ejecutiva firmada por Trump en febrero de 2025, mediante la cual se autorizaron sanciones contra funcionarios, jueces y otras personas relacionadas con el trabajo de la CPI. La medida se produjo después de que el tribunal emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes cometidos en Gaza.

La confrontación, sin embargo, tiene antecedentes más amplios. Estados Unidos no forma parte de la CPI y durante años ha cuestionado su jurisdicción y sus investigaciones. Bajo la actual administración, esa oposición se intensificó hasta convertirse en una estrategia que, según los demandantes, busca obstaculizar directamente el funcionamiento del tribunal.

¿Qué está en juego para los defensores de derechos humanos?

Las consecuencias de las sanciones no se limitan a una disputa diplomática. Las personas castigadas por Estados Unidos han enfrentado restricciones de viaje, congelamiento o cierre de cuentas bancarias y dificultades para acceder a servicios digitales. El peso global de las instituciones financieras y tecnológicas estadounidenses puede hacer que esas medidas tengan efectos incluso fuera del territorio estadounidense.

Para los grupos demandantes, el problema adquiere otra dimensión cuando las sanciones afectan indirectamente a organizaciones que no fueron designadas como objetivo. Los cuatro demandantes sostienen que las restricciones han dificultado representar a víctimas ante la CPI, presentar argumentos legales y políticos, investigar casos y colaborar con organizaciones palestinas sancionadas.

La preocupación también alcanza a los abogados. Katherine Gallagher, del Centro de Derechos Constitucionales, señaló que el riesgo de enfrentar sanciones civiles o penales la llevó a dejar de ejercer activamente ante la CPI. El caso plantea así una pregunta incómoda: ¿puede un gobierno determinar qué víctimas pueden ser representadas, qué casos pueden investigarse y ante qué tribunal puede buscarse justicia?

Una sanción puede detener mucho más que una cuenta bancaria

El impacto sobre Al Haq, una organización palestina de derechos humanos sancionada por la administración Trump, ilustra la dimensión social del conflicto. Su director, Shawan Jabarin, explicó que las restricciones llegaron a impedir el acceso a cuentas bancarias y el procesamiento de donaciones, dejando a alrededor de 45 personas sin salario.

Pero el efecto más profundo, según Jabarin, fue menos visible. Organizaciones y aliados estadounidenses que habían colaborado durante años con Al Haq comenzaron a cortar comunicaciones para evitar exponerse a posibles sanciones. El resultado fue un clima de temor que, más allá de los recursos financieros, afectó redes de investigación, defensa y cooperación.

Ese fenómeno revela una de las principales preocupaciones de la demanda: que el régimen de sanciones produzca un efecto disuasorio mucho mayor que el de las personas oficialmente castigadas. Si abogados, organizaciones, investigadores y donantes dejan de colaborar por temor a consecuencias legales, la capacidad de las víctimas para acceder a mecanismos de justicia también se reduce.

Derechos humanos contra Trump: el pulso por la independencia judicial

La ofensiva estadounidense contra la CPI tampoco se ha limitado a las sanciones. A principios del verano, el secretario de Estado Marco Rubio anunció una campaña para presionar a los países miembros con el objetivo de que abandonen el tribunal y contribuir a su desmantelamiento. Para las organizaciones demandantes, estas acciones forman parte de un mismo esfuerzo para debilitar una institución encargada de investigar crímenes internacionales.

James Goldston, director ejecutivo de Open Society Justice Initiative, calificó las medidas como un ataque al Estado de derecho, a jueces y fiscales independientes y a la sociedad civil. Desde esta perspectiva, el conflicto no se reduce a la relación entre Washington y La Haya: también involucra las condiciones necesarias para que defensores y organizaciones puedan trabajar sin temor a represalias políticas.

La demanda sostiene que las medidas podrían vulnerar las garantías constitucionales estadounidenses relacionadas con la libertad de expresión y asociación, además de entrar en tensión con obligaciones derivadas del derecho internacional. La disputa jurídica, por tanto, podría convertirse en un precedente relevante sobre los límites del poder ejecutivo frente a organizaciones que participan en mecanismos internacionales de rendición de cuentas.

Un litigio que se suma a una ofensiva más amplia

El nuevo caso no ocurre de manera aislada. En julio, Democracy in the Arab World Now (Dawn) y Taxpayer Alliance Against Genocide presentaron otra demanda relacionada con las sanciones. A estas acciones se agregan impugnaciones promovidas por algunas de las personas directamente sancionadas, entre ellas familiares de Francesca Albanese y tres jueces en ejercicio de la CPI.

La acumulación de litigios muestra que las medidas estadounidenses están generando una respuesta legal desde distintos frentes. Para las organizaciones de derechos humanos, el objetivo no es únicamente revertir sanciones individuales, sino cuestionar un sistema que, a su juicio, puede castigar a quienes colaboran con investigaciones sobre crímenes internacionales.

En el fondo aparece una discusión central para la responsabilidad social y la defensa de los derechos humanos: qué ocurre cuando las instituciones encargadas de exigir rendición de cuentas también se convierten en blanco de presiones políticas. Para los demandantes, permitir que el temor a sanciones determine quién puede investigar, representar o acompañar a las víctimas significaría erosionar uno de los principios básicos de la justicia: que la ley debe aplicarse sin favoritismos.

La demanda contra la administración Trump coloca a la CPI en el centro de una batalla que va mucho más allá de Palestina. Sudán, Ucrania, Afganistán y otros escenarios donde existen investigaciones por crímenes internacionales dependen, en distinta medida, de que los mecanismos de justicia puedan operar con independencia. Si quienes participan en esos procesos enfrentan sanciones por hacerlo, el riesgo es que la impunidad deje de ser una consecuencia involuntaria y se convierta en un efecto estructural.

Los derechos humanos contra Trump encuentran ahora un nuevo escenario en los tribunales estadounidenses, donde deberá discutirse si el poder de sancionar puede utilizarse para limitar la libertad de abogados, organizaciones y defensores que buscan justicia internacional. La resolución será relevante no solo para las partes involucradas, sino para la sociedad civil global: porque la independencia de la justicia también se mide por la capacidad de quienes la defienden para hacerlo sin miedo.

México acelera su apuesta solar: 37 proyectos buscan sumar nueva capacidad renovable

ExpokNews

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11 agosto 2026

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México acelera su apuesta solar: 37 proyectos buscan sumar nueva capacidad renovable

El sol podría convertirse en una de las principales cartas de México para avanzar hacia una mayor soberanía energética. En un escenario marcado por la presión sobre los mercados internacionales de petróleo y gas, el país busca ampliar su capacidad de generación con fuentes renovables. La energía solar en México aparece así como una oportunidad estratégica que combina disponibilidad de recursos, reducción de costos y menores impactos ambientales. Pero detrás de cada panel existe una pregunta menos visible: ¿quién fabrica la tecnología que permite aprovechar esa radiación? La respuesta revela uno de los principales desafíos de la transición energética nacional.

La planeación eléctrica hacia 2030 ya coloca a la generación solar como la principal fuente para añadir nueva capacidad al sistema. Los contratos de asociación mixta anunciados por la Secretaría de Energía contemplan 37 proyectos capaces de sumar 6,500 megavatios (MW) de capacidad renovable. Cerca de 60% de ese volumen provendría de esquemas de generación solar. El movimiento abre una ventana para acelerar la descarbonización del sector eléctrico y fortalecer la seguridad energética. Sin embargo, también pone sobre la mesa la necesidad de construir una cadena de suministro menos dependiente del exterior.

La energía solar en México toma velocidad con 37 nuevos proyectos

La dimensión de esta apuesta puede entenderse a partir de los números: 37 proyectos y 6,500 MW representan una expansión relevante de la capacidad renovable del país. De acuerdo con Jorge Guillermo Musalem Ruben, comisionado en la Coordinación de Proyectos de Energías Limpias de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la planeación del sistema eléctrico hacia 2030 contempla a la solar como la principal fuente de adición de capacidad.

Para Musalem, el escenario podría ser todavía más ambicioso si las nuevas inversiones incorporaran generación fotovoltaica acompañada de almacenamiento. Durante una mesa de diálogo en el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), señaló que México podría acercarse más rápido a la soberanía energética si las inversiones en generación se orientaran hacia plantas solares con sistemas de almacenamiento.

La clave está en que producir electricidad cuando hay sol no necesariamente resuelve el desafío de abastecer la demanda durante todo el día. Por ello, el desarrollo de baterías y otros sistemas de almacenamiento será determinante. La regulación y los modelos de negocio para estas tecnologías se encuentran en proceso de diseño, con el objetivo de establecer reglas claras para su desarrollo en México.

Energía solar en México: el reto detrás de los paneles

La expansión fotovoltaica también revela una paradoja industrial. México tiene uno de los territorios con mayor potencial para aprovechar la radiación solar, pero buena parte de la tecnología necesaria para hacerlo depende de un solo país: China. Sergio Aceves Borbolla, coordinador del Comité de Energía del CICM, advirtió que esta dependencia representa un desafío desde la perspectiva de la soberanía energética.

China concentra actualmente alrededor de 80% de la producción mundial de paneles solares y 95% del polisilicio, material fundamental para fabricar células fotovoltaicas. La dimensión de esta concentración permite entender por qué una transición hacia fuentes renovables no significa automáticamente independencia energética. Si México aumenta su generación solar, pero continúa dependiendo del exterior para obtener los componentes esenciales, la soberanía tendrá un límite.

Guillermo Musalem explicó que en México sí existe manufactura de paneles, aunque principalmente mediante el ensamblaje de componentes como aluminio, vidrio y cableado. En contraste, las grandes fábricas asiáticas pueden producir entre 1 y 10 GW de módulos fotovoltaicos al año gracias a procesos altamente automatizados y a fuertes inversiones. El desafío, por tanto, no consiste únicamente en instalar más paneles, sino en desarrollar capacidades industriales propias.

Un recurso abundante frente a una matriz dominada por el gas

La oportunidad resulta especialmente relevante porque la matriz eléctrica mexicana todavía depende ampliamente de los combustibles fósiles. Actualmente, la generación solar representa alrededor de 6% de la electricidad nacional, mientras que el gas natural concentra 57.7%. Esta diferencia muestra tanto la magnitud del reto como el espacio disponible para que las renovables ganen terreno.

México cuenta, además, con una ventaja geográfica difícil de ignorar. Alrededor de 70% del territorio nacional tiene condiciones para producir cerca de 1,700 kilovatios-hora (kWh) por cada kW instalado, una cifra superior al promedio mundial. El recurso está disponible; la discusión gira ahora en torno a la infraestructura, la inversión, la regulación y la capacidad de convertir esa ventaja natural en electricidad confiable.

El descenso de los costos también ha cambiado las reglas del juego. La instalación fotovoltaica pasó de costar alrededor de 100 dólares por watt hace cinco décadas a aproximadamente 10 centavos en la actualidad. Esta transformación ayuda a explicar por qué la generación solar dejó de ser una alternativa marginal para convertirse en una pieza cada vez más relevante de las estrategias energéticas globales.

¿Puede la energía solar en México convertirse en soberanía?

Para los especialistas, la respuesta apunta hacia un escenario en el que la generación solar tendrá un peso cada vez mayor. Musalem incluso planteó que, antes de 2050, podría convertirse en la principal fuente de energía del mundo, desplazando gradualmente a una matriz que todavía está dominada por el carbón. México, con sus condiciones de radiación, tiene posibilidades de formar parte de ese cambio.

Pero el verdadero desafío será evitar que la transición se limite a importar tecnología e instalar infraestructura. Una estrategia de soberanía energética tendría que considerar también el desarrollo de proveedores nacionales, investigación, talento especializado, manufactura de componentes, reciclaje de paneles y sistemas de almacenamiento. La transición energética, vista desde la responsabilidad social, también implica preguntarse quién captura el valor económico de esa transformación.

En ese sentido, los 37 proyectos anunciados pueden representar mucho más que una cifra de capacidad renovable. Pueden ser el punto de partida para construir un ecosistema energético con mayor participación de tecnologías limpias y, al mismo tiempo, impulsar nuevas capacidades industriales dentro del país. El reto será que el crecimiento de la generación solar se traduzca también en empleos, innovación y resiliencia para las comunidades.

El siguiente paso no está solo en el cielo

México tiene un recurso solar extraordinario y una oportunidad concreta para acelerar la transformación de su sistema eléctrico. Los 6,500 MW contemplados en los nuevos proyectos muestran que la generación renovable puede pasar de la conversación a una expansión de escala nacional. Pero alcanzar una verdadera soberanía energética exigirá mirar más allá de la cantidad de electricidad generada.

La transición será más sólida si México consigue desarrollar las capacidades que hoy están concentradas en otros mercados. Aprovechar el sol puede reducir emisiones y diversificar la matriz eléctrica, pero convertir ese recurso en soberanía requerirá almacenamiento, infraestructura, regulación e industria nacional. El futuro energético del país podría estar, literalmente, sobre nuestras cabezas; la cuestión será cuánto valor logramos construir alrededor de él.

¿Cuánto CO₂ genera la IA que usan las empresas? Ya existe una forma de calcularlo

ExpokNews

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11 agosto 2026

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¿Cuánto CO₂ genera la IA que usan las empresas? Ya existe una forma de calcularlo

La inteligencia artificial está entrando a las empresas a una velocidad que no siempre ha dado tiempo a sus equipos de sostenibilidad para medir sus consecuencias ambientales. Mientras los modelos se multiplican y las organizaciones los incorporan para automatizar tareas, analizar datos o generar contenido, una pregunta empieza a ganar relevancia: ¿cuánto CO₂ produce realmente su uso?

El problema es que responderla no resulta sencillo. Los datos sobre consumo energético, emisiones y agua asociados con la IA todavía son limitados, y las métricas disponibles suelen quedarse en cifras generales. Ante este vacío, Watershed propuso una metodología que busca ofrecer a las compañías un primer punto de partida para estimar la huella ambiental de la IA que utilizan.

La IA de las empresas también necesita una métrica climática

Según un artículo de Trellis, una de las dificultades para contabilizar las emisiones de la inteligencia artificial está en traducir su uso cotidiano a una unidad que pueda ser medida. Watershed propone hacerlo a partir de los tokens, pequeños fragmentos de código que componen las solicitudes realizadas a los modelos de IA.

Su metodología plantea estimar las emisiones promedio en kilogramos de dióxido de carbono equivalente por millón de tokens, acompañadas por el consumo de electricidad asociado. Con ello, las organizaciones podrían comenzar a relacionar el volumen de uso de IA con su impacto climático y, posteriormente, identificar oportunidades para reducirlo.

La propuesta resulta especialmente relevante porque los tokens ya son utilizados por muchas empresas para controlar cuánto cuesta operar con inteligencia artificial. Si esa misma métrica incorpora una dimensión ambiental, los equipos de sostenibilidad y tecnología pueden empezar a hablar el mismo idioma: el costo de una consulta podría analizarse junto con su costo climático.

¿Por qué es tan difícil medir la IA de las empresas?

El desafío comienza con la falta de información. Aunque existen iniciativas que intentan rastrear las emisiones de compañías vinculadas con centros de datos de IA, todavía son pocas las que ofrecen el nivel de detalle necesario para realizar una contabilidad ambiental precisa.

Los desarrolladores de modelos de frontera, como Anthropic y OpenAI, no han priorizado públicamente este nivel de transparencia. Los grandes proveedores de servicios en la nube han avanzado un poco más debido a sus compromisos climáticos, pero sus divulgaciones tampoco suelen separar con suficiente precisión el impacto específico de la inteligencia artificial.

Hay algunos avances. Amazon cuenta con recursos para que sus clientes de servicios en la nube consulten determinadas métricas ambientales, aunque sin aislar específicamente la IA. Google publicó en agosto de 2025 un documento sobre el consumo energético, las emisiones y el agua asociados con las indicaciones de Gemini, mientras Microsoft presentó una perspectiva similar en junio de ese mismo año.

Medir ahora para no reaccionar después

Frente a estas limitaciones, Watershed plantea que las empresas no deberían esperar a contar con información perfecta para comenzar a calcular su exposición. Su informe técnico, de 43 páginas, propone utilizar los datos disponibles y mejorar progresivamente la precisión conforme los proveedores incrementen su transparencia.

El primer paso consiste en elaborar un inventario de proveedores de IA y distinguir entre herramientas independientes y funcionalidades integradas dentro de plataformas empresariales. Después, las organizaciones pueden comenzar a estimar emisiones utilizando información como la intensidad de carbono de la red eléctrica donde se realizan el entrenamiento y la inferencia de los modelos.

La tercera acción implica convertir la falta de información en una demanda concreta hacia los proveedores. Entre los datos que las empresas podrían solicitar están la intensidad energética por token, las emisiones del entrenamiento, el carbono incorporado en el hardware y la ubicación física de la infraestructura que aloja los sistemas de IA.

De la medición a las decisiones de compra

Medir la huella ambiental de la IA no tendría que convertirse en un ejercicio aislado de reporte. La propuesta de Watershed apunta a que estos datos puedan influir directamente en las decisiones de ingeniería, compras y gestión energética de las compañías.

Entre las posibles medidas están fomentar instrucciones más específicas, utilizar modelos adecuados para cada tarea, dirigir las inferencias hacia redes eléctricas con menor intensidad de carbono o hacer coincidir el consumo con periodos de mayor disponibilidad de electricidad renovable. También podría contemplarse la compra de energía limpia equivalente como una vía para gestionar parte de las emisiones.

La lógica es sencilla: si una empresa sabe qué modelos utiliza, cuánto los utiliza y qué impacto tiene ese uso, puede comparar alternativas. Con mayor transparencia de los proveedores, la IA de las empresas podría incorporarse a las decisiones de adquisición, establecer metas de eficiencia y dar seguimiento a las mejoras ambientales año tras año.

La discusión sobre la inteligencia artificial corporativa está entrando en una nueva etapa. Ya no basta con preguntar qué tan eficiente, productiva o rentable es una herramienta: también será necesario conocer qué recursos consume para funcionar y qué emisiones genera detrás de cada interacción. El reto es particularmente importante porque la expansión de la IA también puede incrementar otros impactos, como la demanda de agua dulce asociada con los centros de datos.

La metodología de Watershed no elimina las incertidumbres ni sustituye una medición directa y completa, pero ofrece algo que hoy resulta valioso: un punto de partida. Para los responsables de sostenibilidad, comenzar a estimar, exigir información y vincular esos datos con las decisiones empresariales puede ser la diferencia entre observar el crecimiento de la IA desde fuera o participar activamente en la construcción de una adopción tecnológica más responsable.

La FIFA enfrenta una rebelión: UEFA, AFC y CONCACAF denuncian falta de transparencia

ExpokNews

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11 agosto 2026

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La FIFA enfrenta una rebelión: UEFA, AFC y CONCACAF denuncian falta de transparencia

Para una organización que presume que el fútbol pertenece a todos, pocas cosas resultan tan delicadas como que tres de sus principales confederaciones cuestionen públicamente la manera en que se ejerce el liderazgo. UEFA, AFC y CONCACAF dieron este paso al publicar una carta abierta en la que reclamaron unidad, rendición de cuentas y transparencia en la FIFA. El mensaje no fue dirigido únicamente a Gianni Infantino, sino a toda la estructura que sostiene al fútbol internacional.

El detonante fue el fallido proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), mediante el cual la FIFA pretendía vender a inversionistas privados una participación de los derechos comerciales y operativos del Mundial y otras competiciones. Aunque la propuesta ya fue descartada y el organismo reconoció errores en la forma de comunicarla, sus consecuencias continúan creciendo. Lo que comenzó como una disputa alrededor de una decisión comercial ahora se convirtió en una discusión mucho más profunda: quién tiene el poder, cómo lo ejerce y ante quién debe rendir cuentas.

Transparencia en la FIFA: cuando una decisión comercial se convierte en una crisis de confianza

Las tres confederaciones dejaron claro que, desde su perspectiva, el problema no se reduce al dinero ni a la posibilidad de perder apoyos o modificar el crecimiento de las competiciones. Lo que está en juego, señalaron, es la integridad del fútbol y de quienes fueron elegidos para dirigirlo. En otras palabras, el debate dejó de ser financiero para convertirse en uno de gobernanza.

El cuestionamiento central apunta a la forma en que se presentó la propuesta de FFE. UEFA, AFC y CONCACAF consideraron que se trató de una iniciativa presentada con un plazo demasiado reducido, sin una consulta significativa y con una fecha límite que habría limitado la posibilidad de que las federaciones analizaran adecuadamente sus términos. Para las confederaciones, esto no parece un simple descuido administrativo, sino una forma de reducir el escrutinio.

La crítica resulta especialmente relevante desde la perspectiva de la responsabilidad social: una institución puede tener autoridad formal y, aun así, perder legitimidad si quienes forman parte de ella perciben que las decisiones se toman sin suficiente diálogo.

La exigencia de una revisión independiente

Otro de los puntos que elevó la tensión fue la revisión del informe que será presentado al Consejo de la FIFA. Las confederaciones cuestionaron que este proceso no haya sido realizado por un tercero completamente independiente, una demanda que coloca la autonomía de los mecanismos de supervisión en el centro de la discusión.

También señalaron la reunión de la dirección celebrada recientemente en Marruecos, donde fue convocado un grupo seleccionado de integrantes del Comité de Gestión de la FIFA y no el órgano completo. Para UEFA, AFC y CONCACAF, este tipo de decisiones refuerza un patrón que genera preocupación sobre la manera en que se está conduciendo la organización.

Desde una óptica de gobernanza, el mensaje es contundente: cuando una institución enfrenta una controversia sobre sus propios procesos, la supervisión independiente puede ser determinante para recuperar credibilidad. No basta con afirmar que existe control; también es necesario que las partes interesadas puedan confiar en que ese control es imparcial.

El liderazgo bajo escrutinio

La carta contiene uno de los cuestionamientos más duros contra Infantino: el liderazgo, sostienen las confederaciones, no es una propiedad que alguien pueda poseer. Es un deber de servicio otorgado por la comunidad que deposita su confianza en quien dirige.

La frase adquiere mayor peso porque proviene de tres confederaciones que representan regiones fundamentales para el fútbol mundial. Su posición plantea una pregunta que trasciende a la FIFA: ¿qué ocurre cuando quienes forman parte de una organización consideran que su liderazgo dejó de representar los intereses del colectivo?

La respuesta de UEFA, AFC y CONCACAF fue actuar conjuntamente. En lugar de presentar sus desacuerdos como diferencias aisladas, decidieron convertirlos en una postura común y pública, aumentando la presión sobre la dirección de la FIFA.

Una FIFA dividida frente a un mensaje de unidad

El conflicto, sin embargo, no ha producido una posición completamente uniforme dentro del fútbol. La Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha expresado respaldo a Infantino en los últimos días, mientras que las asociaciones de Argentina y México también han mostrado apoyo al presidente de la FIFA.

El caso mexicano resulta particularmente significativo porque la postura de su asociación se distancia de la posición adoptada por CONCACAF, la confederación a la que pertenece. Esto revela hasta qué punto el episodio ha generado divisiones entre organizaciones que, en teoría, forman parte de una misma estructura.

La tensión pone sobre la mesa otro desafío de gobernanza: mantener la unidad no significa evitar el desacuerdo, sino contar con mecanismos capaces de procesarlo de manera abierta, institucional y confiable.

El costo de decidir sin consultar

La FIFA ya había reconocido errores y ofrecido disculpas por la manera inesperada en que presentó la propuesta de FFE a sus miembros. Posteriormente, el organismo también denunció lo que calificó como un esfuerzo concertado para socavar a la institución y a su presidente.

Pero las explicaciones no parecen haber cerrado la discusión. Para las confederaciones críticas, el problema no desaparece simplemente porque la iniciativa haya sido retirada. La controversia abrió interrogantes sobre cómo se toman las decisiones estratégicas y qué espacio tienen las federaciones miembro para examinarlas antes de que avancen.

En materia de responsabilidad institucional, esta diferencia es fundamental: corregir una decisión puede resolver el problema inmediato, pero reconstruir la confianza exige demostrar que los procesos que llevaron a esa decisión también serán revisados.

¿Quién debe rendir cuentas en el fútbol?

La UEFA también mantiene una postura especialmente dura. El organismo europeo ha llegado a amenazar con boicotear futuros torneos de la FIFA, incluido el Mundial Femenino Sub-20 previsto para septiembre. Esto convierte el desacuerdo institucional en una amenaza potencial para la operación de futuras competiciones.

La carta de UEFA, AFC y CONCACAF resume su preocupación con una imagen poderosa: silencio donde debería existir rendición de cuentas y distancia donde debería existir apertura. El reclamo no es solamente contra una decisión específica, sino contra una manera de ejercer el liderazgo.

Aquí aparece una de las principales lecciones para cualquier organización: la confianza de sus grupos de interés no se construye únicamente con resultados. También depende de la calidad de los procesos, la capacidad de escuchar críticas, la independencia de los mecanismos de supervisión y la disposición a explicar las decisiones difíciles.

El verdadero partido que juega la FIFA

La crisis coloca a Infantino en una posición especialmente compleja. Aunque todavía cuenta con aliados dentro del ecosistema internacional del fútbol, la oposición pública de UEFA, AFC y CONCACAF representa un desafío político e institucional de gran magnitud. La discusión ya no gira únicamente alrededor de una propuesta comercial descartada, sino de la relación entre poder, legitimidad y responsabilidad.

Por eso, la transparencia en la FIFA se ha convertido en mucho más que una exigencia comunicativa. Es el elemento sobre el que ahora se mide la capacidad del organismo para recuperar la confianza de quienes participan en su estructura. Una institución global no solo necesita tomar decisiones; necesita demostrar que sus decisiones pueden ser examinadas, cuestionadas y, cuando sea necesario, corregidas.

El fútbol internacional ha construido buena parte de su fuerza alrededor de la idea de que se trata de un deporte colectivo. Ahora, sus principales confederaciones le están recordando a la FIFA que esa lógica también debería aplicarse a su gobernanza. El mensaje de UEFA, AFC y CONCACAF es claro: el liderazgo no consiste en mandar sobre el fútbol, sino en responder ante quienes lo hacen posible.

La pelota, por ahora, sigue en la cancha de Infantino. La diferencia es que esta vez el partido no se juega por un trofeo, un contrato o una competencia, sino por algo mucho más difícil de recuperar una vez perdido: la confianza.