Texas ha propuesto una medida que podría transformar por completo la manera en que se etiquetan los alimentos procesados en Estados Unidos. Según información del New York Post, el Senado estatal del estado pretende que productos ampliamente consumidos como M&M’s, Skittles, Doritos y Mountain Dew sean etiquetados como productos no aptos para el consumo humano, si contienen ciertos aditivos restringidos o prohibidos en países como Canadá, Australia, Reino Unido o los miembros de la Unión Europea.
La propuesta ha encendido el debate entre defensores de la salud pública, fabricantes, minoristas y expertos en responsabilidad social empresarial. En un contexto donde la confianza en la industria alimentaria está siendo severamente cuestionada, el Proyecto de Ley del Senado 25 no solo pone la lupa sobre ingredientes controversiales, sino también sobre los procesos regulatorios de Estados Unidos frente a estándares más rigurosos que han sido adoptados en otras partes del mundo.
¿Qué dice el Proyecto de Ley del Senado 25 en Texas?
La legislación propuesta en Texas exige que, a partir de 2027, los alimentos que contengan colorantes artificiales, harina blanqueada u otros aditivos controvertidos incluyan una advertencia visible. Esta deberá decir: “ADVERTENCIA: Este producto contiene un ingrediente que no está recomendado para el consumo humano por la autoridad correspondiente en Australia, Canadá, la Unión Europea o el Reino Unido”. La etiqueta deberá tener un tamaño de fuente visible y un contraste que la destaque en el empaque.
Este nivel de transparencia busca alinear el mercado texano con las regulaciones de otros países donde ciertos ingredientes ya han sido eliminados del suministro alimentario por sus posibles riesgos a largo plazo. El enfoque no busca prohibir directamente estos alimentos, sino advertir al consumidor con base en criterios internacionales, ampliando el alcance del derecho a saber.
Desde la perspectiva de salud pública, el etiquetado obligatorio representa una forma preventiva de proteger a los consumidores. Aunque los productos pueden ser legales bajo la normativa de la FDA, el hecho de que sean clasificados como productos no aptos para el consumo humano en otros países plantea una alerta ética y científica que el proyecto busca visibilizar.
M&M’s, Skittles y Doritos, ¿productos no aptos para el consumo humano?
Una de las principales críticas a la propuesta ha venido de los propios fabricantes y minoristas. En una carta conjunta enviada al Congreso texano, empresas como PepsiCo, Coca-Cola, Mondelez, Conagra y Walmart expresaron su preocupación sobre el lenguaje del proyecto, que consideran “excesivamente amplio” y basado en decisiones regulatorias extranjeras. Estas empresas aseguran que sus productos cumplen con todos los requerimientos establecidos por la FDA y que las advertencias podrían inducir al error o pánico innecesario entre los consumidores.
El vicepresidente senior de la Asociación de Marcas de Consumo, John Hewitt, también se pronunció, argumentando que los ingredientes en cuestión han pasado por rigurosas evaluaciones de riesgo en Estados Unidos. A su juicio, la medida generaría confusión, aumentaría los costos legales y dañaría injustamente la reputación de productos consolidados en el mercado. “Etiquetar algo como no recomendado para el consumo humano, cuando ha sido aprobado por la FDA, es jurídicamente problemático”, declaró.
Sin embargo, para los impulsores del proyecto, como Robert F. Kennedy Jr., estas etiquetas no son una exageración, sino una advertencia responsable. Desde su iniciativa Make America Healthy Again, Kennedy ha hecho énfasis en la necesidad de advertir sobre riesgos potenciales a largo plazo, incluso si estos aún no son regulados de forma estricta por las autoridades estadounidenses. En este enfoque, anticiparse vale más que lamentar.
El rol de las grandes marcas y sus estrategias de mitigación
Más allá de la batalla legal o de imagen, el Proyecto de Ley SB 25 obliga a las empresas a repensar su modelo de producción y distribución. Reformular productos para eliminar ingredientes objetados por otras jurisdicciones puede convertirse en una ventaja competitiva. De hecho, muchas marcas ya han adoptado versiones “libres de aditivos” de sus productos en Europa o Canadá, mientras mantienen versiones con ingredientes diferentes en Estados Unidos.
Esta doble fórmula ha sido cada vez más cuestionada. ¿Por qué ofrecer un producto más limpio en Europa y uno más aditivado en EE. UU.? Esa pregunta ha generado presión social y mediática sobre las empresas, especialmente aquellas que se comprometen públicamente con políticas de responsabilidad social empresarial. Desde esta perspectiva, identificar sus alimentos como productos no aptos para el consumo humano en otros países y no actuar en consecuencia en Estados Unidos contradice sus propios principios éticos.
Walmart, uno de los minoristas que firmó la carta de protesta, aseguró que monitorea de cerca cualquier legislación que afecte sus operaciones. Sin embargo, en privado, algunos asesores del sector retail ya consideran que será más fácil rediseñar el contenido de ciertos productos que enfrentar el rechazo del consumidor informado. De aprobarse la ley en Texas, su efecto podría extenderse a otros estados, modificando toda la cadena de valor.
Salud pública y responsabilidad social: una intersección inevitable
Para quienes trabajan en responsabilidad social, esta discusión no es meramente técnica: es estructural. Reconocer que un producto ampliamente distribuido podría ser considerado como riesgoso bajo otros estándares y no tomar acción preventiva, debilita la ética corporativa. En este sentido, el SB 25 se convierte en un instrumento que obliga a las empresas a definirse: ¿seguirán defendiendo lo mínimo legal o avanzarán hacia lo que es científicamente recomendable?
Si las advertencias se aprueban, marcarán un parteaguas en la relación entre industria alimentaria, salud pública y consumidores. El lenguaje claro y directo de “no recomendado para el consumo humano” pondrá en primer plano una discusión que durante años ha estado limitada a círculos científicos o de defensa del consumidor. Las empresas tendrán que adaptar su discurso y sus prácticas ante una ciudadanía que exige coherencia entre publicidad, ética y composición real de los productos.
Desde un enfoque más amplio, esto abre una oportunidad para repensar las políticas alimentarias en Estados Unidos. Más allá de Texas, legisladores de otros estados podrían replicar iniciativas similares, y el país podría ver el inicio de una transformación en sus estándares de seguridad alimentaria, adoptando una visión más precautoria, alineada con las expectativas globales en materia de salud y transparencia.
Una advertencia que abre caminos
La posible clasificación de productos populares como M&M’s, Skittles o Doritos como productos no aptos para el consumo humano no es solo un tema de etiquetado: es un debate profundo sobre el rumbo ético y sanitario de la industria alimentaria. En un mundo donde los consumidores tienen cada vez más acceso a la información, ofrecer transparencia y coherencia no es un lujo, sino una obligación.
Para los actores involucrados en responsabilidad social, esta es una oportunidad de alinear el discurso empresarial con acciones tangibles que protejan la salud pública y anticipen riesgos. Si bien el camino legal aún no está definido, el mensaje es claro: el futuro de la alimentación pasa por la honestidad, la prevención y un compromiso real con el bienestar colectivo.
