A México le tomará 40 años salir de los últimos lugares como país corrupto, dicen expertos.

Corrupcion vía Shutterstock

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Pablo Wallentin, ejecutivo de OHL, pregunta: «¿Estamos metiendo gol, verdad?». «La res­puesta es siempre sí», contesta al otro lado de la línea José Luis Muñoz, el director de Planeación Financiera de la misma empresa.

Éste es un fragmento de las llamadas telefónicas fil­tradas a medios de comunicación entre empleados de OHL que expone un supuesto fraude para incrementar las tarifas de las autopistas que opera la empresa en el Estado de México. Luego de la filtración, OHL México aceptó la «renuncia voluntaria» del directivo Wallentin.

En México, «la corrupción alcanza el nivel de norma social», dice la investigadora y politóloga María Amparo Casar, coordinadora del libro México: Anatomía de la co­rrupción, que escribió en colaboración con el Instituto Mexicano para la Competitividad Y el Centro de Investi­gación y Docencia Económicas.

En México, de 2008 a 2014, 46 gobernadores fueron exhibidos y denunciados en actos de corrupción, pero no hubo investigación. Cuatro fueron encarcelados y dos ya salieron. En el mismo lapso, en Estados Unidos, nueve funcionarios fueron acusados y procesaron a los mismos nueve.

México es percibido como el país más corrupto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Está en el lugar 103 de 175 países. «A México le tomaría aproximadamente 40 años dejar el último lugar de entre los de la OCDE», señala María Amparo Casar.

El Banco Mundial reprueba a México con una calificación de 39 (sobre 100) en sus in­dicadores de control de la corrupción y lo coloca en el lugar 127, o sea, es uno de los países más corruptos.

«Parece haber una relación entre la confian­za social en los sistemas judiciales y los índices de corrupción», señaló José Narro Robles, rec­tor de la UNAM, en un seminario en España.

El rector hacía referencia a que en los paí­ses nórdicos también se reportan elevados niveles de confianza de la sociedad en sus instituciones y sistemas judiciales.

«La educación no resuelve todos los pro­blemas de la sociedad, pero sin ella, no se resolvería ninguno en absoluto. Si no avan­zamos en la educación, no vamos a avanzar socialmente», dijo Narro Robles.

El presidente Peña Nieto anunció en fe­brero ocho acciones para prevenir la corrup­ción. Organizaciones especializadas en transparencia y académicos coinciden: las medidas son insuficientes, incongruentes y no van acompañadas de cambios en la Ley de Administración Pública Federal.

«El presidente pudo haber mandado la iniciativa para modificar la Secretaría de la Función Pública, la Ley de Administración Pública Federal, para restablecer las funciones de la SFP e incluso fortalecerla más», asegura el investigador Marco Fernández de Tecnológico de Monterrey.

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